La Corte Suprema ha consolidado una estructura de trabajo orientada a fortalecer la coordinación interna y la articulación de iniciativas enfocadas en los derechos humanos y la accesibilidad. Este esfuerzo se materializa a través de la Comisión de Ministras y Ministros encargados de estas temáticas, la cual busca optimizar recursos, evitar duplicidades y establecer criterios comunes que orienten la labor institucional.
Gestión transversal de la Comisión de Derechos Humanos
La comisión, coordinada por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH) con el apoyo técnico de la Dirección de Estudios, celebró su primera sesión anual bajo la presidencia del ministro Leopoldo Llanos. La instancia contó con la participación de autoridades que lideran áreas clave:
- Jessica González: encargada de género.
- Mireya López: referente en lenguaje claro.
- María Soledad Melo: responsable de infancia.
- Gonzalo Ruz: titular de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables.
- Omar Astudillo: encargado de causas sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.
La presencia de estas autoridades refleja la relevancia de una mirada transversal para abordar los desafíos en derechos humanos, consolidando una gestión más integrada dentro del máximo tribunal.
Planificación y compromisos institucionales
Durante la jornada se presentaron los avances en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas. Entre las iniciativas destacadas se encuentran:
- Desarrollo de una guía práctica para la aplicación del protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad.
- Fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia.
- Creación de un sistema consolidado de registro y archivo de causas de derechos humanos.
- Actualización de la colección jurídica especializada en empresas y derechos humanos.
Enfoque en accesibilidad y grupos vulnerables
El Poder Judicial ha mantenido un compromiso activo con la inclusión. A través del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, se han desarrollado conversatorios interdisciplinarios, como el dedicado a la discapacidad intelectual, cognitiva y/o psicosocial. En estos espacios se analizan los retos que enfrentan estas personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, considerando barreras sociales y jurídicas profundizadas por factores como la pobreza, el género o la pertenencia a pueblos originarios.
La ministra Jessica González ha enfatizado la necesidad de avanzar en ajustes normativos conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegurando que el deber del Estado es promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social en condiciones de dignidad.
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