La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha estado marcada por una profunda crisis, evidenciada por múltiples denuncias de maltrato, negligencia y muertes de niños y adolescentes bajo su tutela. Esta problemática ha generado un intenso debate público y político, revelando graves falencias estructurales en la protección de la infancia vulnerable.
El Trágico Caso de Guillermina
La dramática realidad del Sename se ilustra con el caso de Guillermina, una adolescente de 16 años, quien fue ingresada al Centro de Protección Alborada del Sename en circunstancias preocupantes. Eran las 04:19 de la mañana cuando un policía la trajo "medio vestir" y con dinero. El Sename es el organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social.
Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, se resistió violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El Caos Estadístico y la Cifra de Muertes
El caso de Guillermina no es una excepción en un sistema que, según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, está "en estado terminal". Una de las principales problemáticas es la falta de claridad en torno al número de menores vulnerables fallecidos cada año bajo la tutela del Estado.
Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró, entonces, que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección". El sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados, y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Ortiz.
El diputado Saffirio señala a BBC Mundo que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y presentó un informe con 200 medidas urgentes, de las cuales "ninguna se han cumplido".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, añade que no tiene "ninguna confianza en las cifras" y que es "posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Factor "Lissette" y las Denuncias de Maltrato
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, los casos más "críticos" según Ortiz. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia. Incluyen lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza al caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que detonó la crisis: la de Lissette Villa. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono.
Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, una crisis que vivía Lissette fue inicialmente confundida con una de sus "pataletas". Sin embargo, no lo fue. Según el testimonio de una cuidadora, en medio de la crisis, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora.
Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron bomberos y llamaron a los servicios de emergencia, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice Ortiz.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar. Esta explicación, considerada poco satisfactoria y ética, le costó el puesto.
Sobremedicación y Salud Mental
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene su "impresión clínica" de que la menor estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad administrada a Lissette, actuaba como antipsicótico, a pesar de que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños, con la excepción de la fluoxetina. Otro fármaco, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra.
Estrada asegura que la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y manipulación. La mayoría de los menores requieren medicación, y según el senador Alejandro Navarro, "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado".
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. A pesar de esto, "nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave". Ortiz explica la escasez de psiquiatras infantojuveniles, con la mayoría prefiriendo el sector privado, dejando regiones sin especialistas.
Propuestas de Solución y Debate Político
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema se basa en tres pilares: un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado a través de unidades polivalentes, un enfoque que busque la reunificación familiar y una defensa jurídica adecuada para los niños. El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato. Estrada lamenta que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación" y la solución más fácil es internar al niño.
Estela Ortiz coincide, cuestionando por qué no hay niños de niveles socioeconómicos altos en el Sename, a pesar de que el abuso y la violencia son transversales, lo que sugiere una estigmatización de la pobreza. Además, es crucial que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada que "vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo", a diferencia de los menores "infractores de ley" que sí cuentan con "muy buenos defensores".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, los niños no pueden esperar. Los congresistas han reconocido que la responsabilidad es de toda la sociedad: tribunales, parlamentarios y gobiernos. La Sala del Congreso lamentó el informe final del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que asegura que Chile no protege ni hace cumplir los derechos de miles de niños bajo la tutela del Estado.
Senadores de todos los sectores apoyaron, de forma unánime, un proyecto de acuerdo que solicita al Ejecutivo la adopción de medidas de reparación urgentes para los menores víctimas de vulneraciones y maltratos, así como medidas administrativas y financieras para sacarlos de un sistema que los vulnera. La senadora Ximena Rincón detalló el informe en estudio, asegurando que "Chile no protege ni hace cumplir los derechos de miles de niños bajo la tutela del Estado. Esta es la conclusión a la que llega la ONU". La parlamentaria hizo ver que "el Estado ha permitido que se instale un lucrativo negocio donde los niños son una mercancía" y que "aquí lo único que cabe es cumplir con lo que no hemos cumplido. No nos queda más que pedir perdón a los niños".
La iniciativa señala que la Comisión Especial de Infancia será la encargada de proponer medidas de corto, mediano y largo plazo para dar respuesta a las recomendaciones del Comité de la ONU y hacer seguimiento. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, explicó el contexto del informe citando las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y las visitas de los representantes de la ONU. La directora del Sename, Susana Tonda, mencionó los cambios impulsados y el plan de residencias familiares. La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, admitió que "durante estos años los niños han sido invisibilizados dando cuenta de una alta desidia e indolencia, incluso una falta de humanidad". La jueza Mónica Jaldres reconoció que "nos hemos acostumbrado de vivir en esta crisis sin actuar", señalando que se trata de una "vulneración estructural que requiere una modificación igualmente estructural".
Debate Parlamentario sobre la Crisis del Sename
Diversos senadores y diputados han intervenido en el debate sobre la situación del Sename:
- Francisco Chahuán: Subrayó la urgencia de legislar sobre la protección de la infancia y la necesidad de horas psiquiátricas infantiles, proponiendo convertir el Cread de Playa Ancha en un hospital psiquiátrico infantil.
- Felipe Kast: Celebró el proceso de modernización del Sename, criticando el uso político de la institución y el ingreso de personal por "pituto".
- Alejandro Guillier: Destacó que la ONU concluye que Chile viola gravemente los derechos de los menores, enfatizando las responsabilidades políticas compartidas y la necesidad de cambios urgentes.
- Juan Ignacio Latorre: Mencionó que el informe de la ONU "solo habla de la realidad" y que este es un "problema país", no solo de niños pobres. Abogó por una nueva regulación y una comisión ad hoc.
- Jaime Quintana: Señaló la gravedad de la situación y la falta de iniciativas de impacto para niños vulnerables, pese a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño.
- Ena Von Baer: Reconoció la importancia de la denuncia, destacando que la muerte de Lissette Villa fue el detonante.
- Alejandro Navarro: Expresó "profunda impotencia", criticando que las autoridades siempre digan lo mismo y que la responsabilidad, aunque de todos, parezca de nadie.
- Juan Pablo Letelier: Centró el debate en el cuidado de los niños, la desigualdad social y la necesidad de una ley de derechos explícitos para la infancia.
- David Sandoval: Calificó el informe de "vergüenza", instando a la acción inmediata para construir la estructura del nuevo Sename.
- Rafael Prohens: Afirmó que "cuando un niño llega al Sename, es porque la sociedad ha fallado", criticando la precariedad de los recursos y la insuficiencia de personal.
- Ricardo Lagos Weber: Subrayó que lo que ocurre en la niñez es un reflejo de la desigualdad en la sociedad chilena, y que el Estado, en su concepto amplio (gobiernos, legislativo, jueces), ha violado los derechos de los niños.
- Yasna Provoste: Llamó a la adopción de medidas urgentes, como la "desinternación de niños de 0 a 3 años" y la revisión de causas que impiden la adopción.
- Juan Enrique Castro: Expresó "tremenda vergüenza", recordando que de 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas en la red Sename entre 2005 y 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 investigados. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2018 y la Defensoría de la Niñez en 2020 recomendaron establecer mecanismos de reparación, incluyendo una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, sin obtener respuesta del Ejecutivo de la época.
El Impactante Informe de la PDI (2017)
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La muerte de Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos. Sin embargo, el mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a este informe de 257 páginas, resumen de una extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016). El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público, dada su gravedad. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la PDI consideró 240 de un total de 241 a nivel nacional, abarcando a cerca de 6.500 niños.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y, aparentemente, no detectaron estas vulneraciones sistemáticas.
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, que no han logrado resolver la crisis.
Detalles de las Vulneraciones
La PDI desglosó 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños: 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó un informe resumen, identificando casos urgentes, como los 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, información que fue comunicada a los Ministerios de Justicia, Sename y Salud para la adopción de medidas. La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente habían ocurrido, y la mayoría de los directores no contaban con información anterior a 2017.
Los maltratos por adultos se produjeron principalmente en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y 137 en hogares de organismos colaboradores. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, con 310 casos, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que asciende al 76,2% al excluir residencias para lactantes y discapacitados. El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no tiene protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de la experiencia de Lissette Villa. La gran mayoría tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica del Sename, estas son coordinadas previamente, y en algunos casos, los tribunales de familia no realizan las visitas semestrales exigidas.
Problemas de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica, y un 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay encargado de salud, y en 55 la función es ejercida por un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (66,3%), la administración de fármacos diurna es realizada por un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a quienes solo se les exige cuarto medio. Esta situación se agrava, ya que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”.
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