En Chile, la problemática de las violencias contra las mujeres posee una historicidad particular, pese a que su tratamiento estaba más bien relegado a la esfera íntima y familiar (Miranda, 2017). Los historiadores René Salinas e Igor Goicovic (1997) rinden cuenta de aquello en sus trabajos, señalando que tal ocultamiento operó a causa de la existencia de un cierto grado de tolerancia social al respecto (Sanz-Gavillon, 2014).
Historia de la Violencia contra las Mujeres en Chile
El Contexto de la Dictadura Militar y la Visibilización de la Violencia
El contexto de la dictadura militar es clave dentro de la historia del pensamiento feminista en Chile (ver Kirkwood, 1983; Ríos y Godoy, 2003). Durante este periodo, por primera vez se comienza a poner en evidencia que las violencias contra las mujeres no solo se ejercen dentro del ámbito privado, sino que también en el ámbito público de manera cotidiana. Experiencias como desapariciones, torturas, violencia sexual e impunidad, entre otros, aquejaron a diversas mujeres opositoras al régimen (Sanz-Gavillon, 2014). De esta manera, muchas de ellas se reflejan en los relatos de otras, construyendo una reflexión no solamente en torno a qué significa ser mujer en este contexto, sino que problematizan que por el hecho de serlo se exponen aún más a violaciones de sus derechos humanos. Así, la demanda por mejorar sus condiciones en el hogar se entrelaza con aquella referente al estado social y político que vive el país.
Impacto del Golpe de Estado y las Redes de Solidaridad Femenina
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, protagonizado por Augusto Pinochet, se presentó en la época como un proceso necesario para combatir el caos social, moral y económico imperante en Chile, caos que, desde la opinión de sectores conservadores, había comenzado durante el gobierno de la Unidad Popular de Allende (1970-1973) (Joignant, 2002). De este modo, el país se transforma de una democracia socialista elegida en las urnas (Gaudichaud, 2006) en una dictadura conocida por sus persecuciones y violaciones a los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas, particularmente con aquellos/as opositores/as al régimen.
La brutalidad de las acciones contra ciertas personas de la oposición generó las primeras iniciativas de solidaridad entre familias que habían sido tocadas por la dictadura. Nuevas redes de solidaridad se gestaron entre mujeres con familiares detenidos/as desaparecidos/as, con familia en el exilio, y también entre aquellas que, por vivir en sectores populares, se vieron expuestas a situaciones de violencia policial cotidiana (Sanz-Gavillon, 2014). La conformación de dichas redes tuvo por objeto crear espacios de apoyo entre las afectadas por la represión política y social. Así, tanto en Santiago como en algunas provincias, emergieron grupos femeninos donde las experiencias de cada una eran expuestas. En consecuencia, las instancias de encuentro se convirtieron rápidamente en espacios de confianza y de desahogo para las mujeres.
El régimen militar y la represión empleada dieron paso a una problematización de las violencias contra las mujeres, facilitando el contexto para poner a la luz las desiguales relaciones de poder y la dimensión determinante de las representaciones de género en la construcción de subjetividades que propenden la vulneración de sus derechos en tanto sujetos. De modo tal que muchas de las mujeres afectadas en términos sociales, como consecuencia de una represión política y económica, se refugiaron en organismos de solidaridad y de caridad.
Entre estos organismos, podemos destacar al Comité de Cooperación para la Paz de Chile, más tarde reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad (en 1976), fundado en octubre de 1973, y el Círculo de Estudios de la Mujer (CEM), creado en 1975. El CEM contó con un grupo de investigadoras empeñadas en producir una reflexión feminista teórica, fuertemente influenciadas por la presencia de mujeres retornadas (Marques-Pereira, 2009), lo cual ayudó al establecimiento de vínculos con el feminismo internacional.
Todas las situaciones descritas, sumadas a la crisis financiera que vivió el país a inicios de los 1980, llevaron a las mujeres a manifestarse en las calles, siendo “las primeras en marchar en contra de las violaciones a los derechos humanos y en generar redes poblacionales para la subsistencia económica” (Amar, 2007: 11). La creación de organismos, redes y solidaridades entre distintas mujeres logró un eco al interior del mundo político, sobre todo, en el seno de las fuerzas políticas que se oponían al régimen militar, las cuales se unieron a las manifestaciones y apoyaron sus causas.
Ciclo feminismo y política en Chile “Mujeres, periodismo y política: testimonios de la dictadura...
El Retorno a la Democracia y la Creación del Sernam
La Respuesta Estatal a las Demandas Femeninas
Con el retorno a los gobiernos civiles en 1990, luego de las elecciones de 1989, cuando ganó Patricio Aylwin (1990-1994), un candidato de centro conservador perteneciente al partido Demócrata Cristiano (DC), el Estado no tardó en diseñar instrumentos para responder a las demandas de los grupos de mujeres y feministas en materia de violencia de pareja en contexto conyugal, que tanto impacto había causado en la década anterior.
Bajo esta lógica, en 1991, se crea el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en tanto que agencia estatal, cuya directora goza del rango de ministra de la República (Marques-Pereira, 2005). El rol del Sernam es la promoción al interior del Estado de medidas y de leyes que ayuden a equiparar la situación de las mujeres en relación con los hombres. De modo tal, surgieron tímidamente planes estratégicos de desarrollo y agendas públicas sobre los desafíos que enfrenta el país en la materia.
La Conformación de Instituciones y las Divisiones Feministas
Durante las negociaciones para la realización del plebiscito de 1988, consulta que buscó conocer la opinión de la ciudadanía respecto de su aprobación o desacuerdo con el régimen militar, las divisiones entre las feministas comenzaron a hacerse presentes. En efecto, se manifestaron grandes diferencias sobre el protagonismo dado a los partidos políticos en la negociación con las autoridades dictatoriales “en desmedro de las organizaciones sociales” (Amar, 2007: 14). De tal forma, surgió una división entre las feministas autónomas, pertenecientes a las organizaciones de base populares, y las políticas, ligadas a los partidos de la Concertación (Forstenzer, 2012). Las feministas autónomas se oponían a negociar con el Estado, ya que consideraban a este como un ente reproductor de desigualdades debido a su herencia conservadora. Por su parte, las políticas creían en las vías institucionales y comenzaron a trabajar en el Estado en la conformación de instituciones de lucha contra las iniquidades que enfrentan las mujeres.
En marzo de 1990, se inició un proceso de transición a la democracia, puesto en marcha por la nueva coalición de gobierno, La Concertación. Lo anterior significó comenzar a materializar las demandas realizadas por las mujeres a la democracia durante los últimos años del régimen dictatorial. Bajo esta lógica y apoyándose en la asesoría de las feministas institucionales, el nuevo gobierno creó, en 1991, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). El Sernam es la primera institución puesta en marcha por el Estado chileno con la intención de promover la creación de políticas públicas y de leyes que favorezcan a las mujeres y sus familias, y también se encarga de negociar con el Estado la firma y el cumplimiento de tratados internacionales en materia de equidad de género.
La Categoría de Género y su Despolitización en la Acción Pública
Retos en la Implementación de Políticas de Género
Con todo, y pese a este gran avance, la categoría de género como categoría de análisis que moviliza la acción pública no generó consenso entre los diversos partidos políticos existentes en el país. Esto ocurrió pese a su incorporación en el discurso internacional a partir de comienzos de los 90, gracias a la realización de Conferencias de Naciones Unidas (1993, 1995) y en el marco latinoamericano de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en 1994 (Maqueda Abreu, 2006).
Cabe mencionar que en la nueva coalición de gobierno también existieron reticencias sobre la utilización de la categoría de género. La división se manifestó en dos posturas que se enfrentaban: una progresista, defendida principalmente por el Partido por la Democracia (PPD), y una conservadora, representada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el cual mantiene lazos directos con la Iglesia católica. Todas estas diferencias impidieron “la politización feminista de las relaciones de género” (Marques-Pereira, 2012: 130). Lo anterior cobra relevancia si consideramos que las dos primeras ministras del Sernam provenían del PDC.
Desde un punto de vista de estrategia política, los gobiernos concertacionistas evitaron hablar de relaciones de dominación o de desigualdad entre los sexos, debido a que son nociones ligadas al discurso feminista. Temáticas sensibles para los gobiernos, como la legalización del aborto y del divorcio, fueron desplazadas de la agenda pública, priorizándose materias menos conflictivas como el acceso de las mujeres al empleo remunerado o bien el tratamiento de las violencias al interior de las familias (Marques Pereira, 2012). De esta manera, se puede dar cuenta en qué condiciones se politiza y judicializa la problemática de las violencias contra las mujeres.
La hipótesis sugerida es que la ola conservadora inicial que tuvo el Servicio Nacional de la Mujer propició los espacios de despolitización de la categoría de género, teniendo efectos concretos sobre la ley, a tal punto que se produjo un quiebre en la enunciación de la problemática de las violencias contra las mujeres. Este análisis se basa en los resultados de dos trabajos de investigación empíricos: la tesis doctoral Action publique et justice dans le Chili post-dictatorial. Le traitement étatique des violences envers les femmes (2017), sobre el tratamiento estatal de las violencias contra las mujeres en Chile posdictatorial, y la tesis de maestría Discursos del Género en la formulación del Programa de Formación de Monitoras y Monitores Comunitarios en Prevención de Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (2017).
La Evolución de la Legislación: De Violencia Doméstica a Violencia Intrafamiliar
La Primera Ley de Violencia Intrafamiliar (1994)
El Estado de Chile inició su lucha contra las violencias en el ámbito legal en 1994 a través de la promulgación de la primera ley de violencia intrafamiliar (Nº19325), luego que un grupo de diputadas y un diputado de centro-izquierda promovieran un proyecto de ley sobre las violencias domésticas. En aquel proyecto se destacaba que las violencias hacia las mujeres por parte de su cónyuge “es una de las expresiones más visibles de las discriminaciones hacia [ellas]” (Biblioteca del Congreso de la Nación, 1997: 1).
Debido a ciertas discrepancias sobre el tono del mensaje entregado por este proyecto, el Sernam nombró una comisión para revisar el proyecto de ley, compuesta en su mayoría por miembros del Partido Demócrata Cristiano. Dicha revisión implicó un cambio de discurso hacia uno que se orienta a la protección de todos los miembros de las familias, sin considerar una protección especial para las mujeres (Araujo, Guzmán y Mauro, 2000). El principal argumento de este cambio es que la ley, al ser solo de violencia doméstica, se restringiría a las situaciones de las mujeres, dejando fuera todos los otros tipos de maltrato dirigidos al resto de los miembros del hogar.
La ley se mantuvo vigente en Chile durante casi una década, configurándose como un dispositivo ineficaz ya que las violencias domésticas no eran consideradas delitos (Rioseco, 2004).
La Segunda Ley de Violencia Intrafamiliar (2005) y sus Avances
Frente a todas estas limitantes, en abril de 1999, dos diputadas de centro-izquierda del Partido por la Democracia (PPD), María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, presentaron un nuevo proyecto de ley en torno a las violencias intrafamiliares (Biblioteca del Congreso de la Nación, 1997: 5). No obstante, hubo que esperar casi seis años para que la nueva ley de violencia intrafamiliar o VIF (Nº20066) fuese publicada en octubre de 2005.
La nueva ley VIF, pese a que mantiene su apelación, aportó nuevos avances. Entre ellos, citamos: la incorporación de la noción de riesgo, que implica la dictaminación más expedita de medidas de protección para las víctimas (Casas y Vargas, 2011); la incorporación de una nueva institución encargada de la Justicia familiar: los Tribunales de Familia; por otra parte, la criminalización de la violencia intrafamiliar a través de la creación del delito de “maltrato habitual”, que permite la actuación del Ministerio Público y de la Justicia penal frente a las denuncias asociadas a delitos en contexto VIF.
Pese a todos estos avances, las leyes y las soluciones gubernamentales se siguen concentrando en las violencias sucedidas en el ámbito privado de las familias. La puesta en marcha de instrumentos de gobierno (Lascoumes y le Galès, 2004), traducidos en programas o políticas públicas, en acciones y en el desarrollo de un discurso en torno a la temática (Miranda, Fabiola, 2015), nos conduce a interesarnos en la implementación de dispositivos gubernamentales (Foucault, 2001), pudiendo así develar la lectura estatal de los modos de intervención de las violencias hacia las mujeres (Miranda, 2015b).
El Rol Actual del Sernam en la Protección de la Mujer
La demanda de las mujeres organizadas, tanto en el interior como al margen de los partidos políticos, dio forma al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Entre los consensos, se entendía que, con su creación, el Estado contribuiría a elevar el estatus de las mujeres por medio de intervenciones en distintas materias: en derechos, en educación, salud, sexualidad, pobreza, entre otras.
Bajo todos estos reparos, en la adopción de la segunda ley de VIF de 2005, el legislador mandató al Servicio Nacional de la Mujer a coordinar políticas públicas en vistas a dar cumplimiento a la legislación. De modo tal, que el Sernam (actualmente SernamEG) asume esta responsabilidad a través del desarrollo de instrumentos que permitan dar protección a las mujeres.
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