La protección de la infancia en Chile ha sido históricamente abordada a través de la internación en residencias, un mecanismo que, si bien busca salvaguardar a los niños del maltrato y la negligencia familiar, paradójicamente puede generar nuevas formas de vulneración y violencia institucional. Cada año, cerca de quince mil niños son atendidos en estos centros, enfrentando no solo la ruptura de vínculos familiares, sino también prácticas que pueden ser percibidas como un castigo en lugar de una oportunidad de mejora.
La separación de un niño de su familia de origen es una medida excepcional y transitoria, dada la evidencia de graves efectos psicológicos que acarrea. Sin embargo, en Chile, la internación ha sido un recurso frecuente desde 1758, extendiéndose en muchos casos a períodos prolongados, superando el promedio de 2,7 años de permanencia observado en estudios anteriores. Las condiciones de visita, a menudo marcadas por horarios restringidos y espacios inadecuados, dificultan la promoción de relaciones familiares saludables, exacerbando la sensación de castigo en los niños y sus familias.
Esta adversidad generalizada crea un entorno de desconfianza y dificulta el desarrollo de lazos de apoyo y solidaridad necesarios para la restitución de derechos vulnerados. El desencuentro cotidiano es un síntoma de un sistema de protección que, en sus cimientos, dificulta la reconstrucción de vínculos. La internación residencial, como mecanismo de protección, no elude el problema del maltrato infantil, sino que, en su afán por proteger, puede replicar y actualizar la violencia sobre niños, familias y profesionales.
La frecuente aparición de situaciones de vulneración en residencias, seguida de negación y silenciamiento, evidencia un sistema de protección segregado, donde la desconfianza impera entre organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Un proyecto que considere a los niños como sujetos plenos de derechos debe evitar la infantilización, reconociendo su dimensión política y abordando el problema más allá de la eficiencia o el voluntarismo.
Abordar el maltrato infantil y las vulneraciones institucionales requiere una reflexión profunda sobre el lugar de los niños y niñas en la sociedad y el contexto en el que se reproduce la violencia. La reparación de los derechos vulnerados no se limita a suplir carencias afectivas o materiales, ni a sustituir adultos o familias. Implica la participación de la familia, educadores, profesionales, directivos y la comunidad, permitiendo que el niño sea reconocido como un sujeto, más allá de su historial y estigma.
El Derecho a la Educación en Centros del SENAME
El derecho a la educación, considerado una herramienta fundamental contra la injusticia, es sistemáticamente negado a niños, niñas y adolescentes en centros del SENAME. A pesar de los avances en cobertura educativa, este derecho sigue siendo esquivo para miles de jóvenes que sufren vulneraciones y transitan por centros del SENAME, residencias o incluso cárceles.
Profesores e investigadores señalan que la educación, vista como un mecanismo de reinserción y ejercicio de ciudadanía, no ha sido adecuadamente considerada en estos casos. El proceso educativo para menores de 18 años en situación de vulnerabilidad o infractores de ley, que deberían incorporarse a procesos educativos regulares y programas de protección especializada, enfrenta serias dificultades.
Retraso Escolar y Falta de Apoyo
Un informe de la ONU revela que un 19,8% de los niños y adolescentes en estos centros presentan retraso escolar, y de ellos, el 21,7% no recibe apoyo en tareas. Un 7% no sabe leer o escribir, y un porcentaje similar no asiste a la escuela.
La mayoría de estos NNA asisten a escuelas públicas donde el personal no está capacitado ni sensibilizado para su situación particular. En algunos casos, las propias residencias cuentan con aulas escolares, lo que genera aislamiento social y no contribuye a compensar los efectos de las vulneraciones, afectando gravemente su desarrollo educativo.
Desafíos en Financiamiento e Infraestructura
A pesar de la complejidad de estos contextos educativos, no existen políticas estatales sistemáticas para garantizar el acceso a la educación. Informes del INDH señalan que la subvención para centros cerrados del SENAME es inferior a la educación regular, y la entrega de recursos depende de la asistencia, un factor variable. Además, los establecimientos de educación para adultos no pueden postular a la Subvención Escolar Preferencial.
Muchos centros del SENAME solo acceden a Proyectos de Reinserción Educativa que deben concursar anualmente. La infraestructura suele ser deficiente y los docentes carecen de preparación para atender a población privada de libertad o en contextos de vulnerabilidad. Los centros de formación docente no preparan para estas realidades, recayendo la especialización en el propio trabajo diario de los educadores, en condiciones laborales precarias.
La Violencia Hacia Profesores: Un Fenómeno Persistente
La violencia hacia los profesores se ha consolidado como un fenómeno permanente, que en dos décadas no ha contado con un desarrollo político, normativo o investigativo suficiente. La falta de estadísticas nacionales precisas, debido a que las denuncias se mezclan con otros agentes educativos, dificulta la dimensión exacta del problema, a pesar de sus graves consecuencias en el bienestar de los profesionales y en el sistema educativo.
La violencia escolar, entendida como agresiones que transgreden los propósitos educativos, se desarrolla principalmente entre miembros de la comunidad educativa. El éxito de un sistema educativo depende en gran medida del profesorado, quienes requieren redes interpersonales de apoyo para enfrentar un trabajo que, como postula Tenti (2009), es "un trabajo con y sobre los otros".
Estadísticas y Tipos de Agresión
Estudios nacionales han revelado la magnitud de la violencia en el ámbito escolar. La Encuesta Nacional de Violencia (2006) indicó que un 31,5% de los docentes declararon haber sido agredidos en el último año, siendo la agresión psicológica la más frecuente (45%), proveniente en un 24% de estudiantes. Los docentes de establecimientos municipales son los más afectados.
La Encuesta Nacional de Violencia en el ámbito escolar (2010) señaló que el 11,8% de los profesores fueron víctimas de agresión en el establecimiento, incluyendo violencia mediante el uso de celulares e internet. La Encuesta Nacional de Violencia Escolar (2014) observó un aumento sostenido de agresiones a profesores, distinguiendo entre verbales, físicas y sociales.
Marco Legal y Políticas de Prevención
Diversas leyes buscan abordar la violencia escolar, como la Ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar y la Ley N° 21.128 de Aula Segura, que vela por la integridad física y psíquica de la comunidad educativa. Sin embargo, la categorización de las denuncias en la Superintendencia de Educación, que incluye "acoso o violencia hacia profesores y/o asistentes de la educación", limita una aproximación precisa al fenómeno específico de la violencia docente.
La investigación sobre violencia hacia profesores es fundamental para generar conocimiento, visibilizar el problema y desarrollar estrategias de intervención. Es necesario impulsar políticas y medidas que reconozcan la singularidad de estas violencias y su impacto en el sistema educativo.
Mecanismos de Denuncia y Apoyo
En caso de presenciar o ser víctima de una vulneración de derechos, es fundamental realizar la denuncia ante el órgano competente. Para el área de Educación, la Superintendencia de Educación es la entidad encargada. Para el área de Salud, la Superintendencia de Salud protege y promueve los derechos relacionados con el sistema de salud.
La Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ofrece orientación e información, y para personas de escasos recursos, proporciona apoyo gratuito para la tramitación de juicios, previa evaluación socioeconómica. La solicitud de protección para iniciar procedimientos no requiere formalidad, solo la petición y, si es posible, documentos que acrediten la amenaza o vulneración de derechos del NNA.