Contexto Histórico del Sistema Previsional Chileno
Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, el Estado concentró gran parte de sus esfuerzos en diseñar un sistema de previsión que asegurara una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores. En este sentido, las leyes sociales fueron pioneras con normativas como la ley de descanso dominical, accidentes del trabajo y jornada laboral.
Este escenario se mantuvo estable hasta 1924, año en el que comenzaron a funcionar la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, seguidas muy prontamente por la Caja de Empleados Públicos. Estas instituciones se nutrían de las cotizaciones obligatorias que realizaban los trabajadores, empleadores y el Estado.
El Sistema de Reparto en la Década de 1970: Estructura y Funcionamiento
El sistema previsional vigente en la década de 1970 era un Sistema de Reparto. Fue administrado a través de las cajas previsionales, las que establecieron de forma autónoma las condiciones de afiliación y cobertura. Bajo este esquema, los recursos aportados por los trabajadores activos iban a un fondo común con el cual se financiaban las diferentes prestaciones de los trabajadores pasivos y/o sus beneficiarios.
La administración de las pensiones estaba a cargo de Cajas de Previsión relacionadas con un sector productivo determinado, por ejemplo, la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Obreros o la Caja de los Ferrocarriles del Estado. Los fondos se reunían a partir de las cotizaciones individuales y los aportes del empleador, en el caso de la Caja de Empleados Particulares, y con el auxilio complementario del Estado, en el caso de los públicos.
Financiamiento y Requisitos
En el sistema antiguo, cada trabajador cotizaba más del 20% de su sueldo. Para recibir una pensión, en general, se debía haber cotizado durante al menos 15 años. Esto implicaba que algunas personas no recibían pensión aun habiendo aportado parte de su sueldo en sus años trabajados.
Beneficios y Alcance del Sistema Antiguo
El sistema de reparto aseguraba al beneficiario atención médica, pensión de invalidez y una jubilación a partir de los 65 años de edad para los miembros del Seguro Obrero. Las cajas de empleados particulares y públicos otorgaban una pensión de retiro a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad, así como préstamos en dinero deducibles de la cuenta que cada empleado mantenía en la caja.
A partir de 1937, se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él. Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en salud.
Nivel de Cobertura en la Década de 1970
En cuanto al grado de cobertura, la extensión de esta no aumentó en comparación con la vigente en 1975, incluso después de la reforma implementada en 1981 y el crecimiento económico posterior. En esa década, la cobertura alcanzaba aproximadamente dos tercios de la población activa, lo que se traducía en alrededor del 62% de la población activa aportando a un fondo de pensiones privado (en el sistema posterior) mientras que otro 3,7% continuaba aportando al sistema antiguo, sumando una cobertura total similar.
Según datos oficiales de la época, esta cobertura era comparativamente alta en América Latina y abarcaba un porcentaje mayor del sector de menores ingresos. Sin embargo, más de un tercio de la población activa seguía careciendo de cobertura previsional contributiva, especialmente los trabajadores autónomos.
Desafíos y Críticas Previas a la Reforma Previsional de 1981
A pesar de su alcance, el sistema de reparto enfrentaba críticas. El gobierno de Augusto Pinochet, al justificar la reforma, adujo problemas como el bajo nivel de las pensiones y las crecientes dificultades de financiación en una serie de cajas de compensación paralelas. Estos problemas, según algunos análisis, eran causados por parámetros específicos que podían corregirse sin una reforma integral.
De hecho, Jaime Ruiz Tagle, miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, concluye que una reforma parcial del sistema de reparto era perfectamente factible. No obstante, el déficit del sistema previsional público que se registraba en 1980 era de alrededor del 1,8% del PIB antes de que la reforma entrara en vigor.
En 1980, se instauró un modelo llamado “Sistema de AFP” o “Sistema de capitalización individual” (Ley 3.500), aunque algunos afiliados se mantuvieron en el antiguo sistema. En 1981, la dictadura implementó una reforma radical al sistema de pensiones de Chile, basándose en un esquema privado de capitalización individual. Esta reforma buscaba reemplazar el sistema estatal de reparto.
El traspaso del antiguo régimen de reparto al nuevo sistema generó enormes gastos de transición. Los aportes que los afiliados efectuaron antes al sistema público son reconocidos mediante bonos de reconocimiento, transferidos por el Estado a las AFP con un ajuste anual.
La comparación de sistemas previsionales en América Latina ha mostrado que, mientras que en las AFP los gastos administrativos ascienden a 20%, en el caso de las cajas de pensión públicas la cifra rondaba apenas el 3,5%.