Los procesos judiciales relacionados con la protección de la infancia y las dinámicas familiares son complejos y multifactoriales. En este contexto, la información y las citaciones de atención a los programas del Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus instituciones asociadas juegan un rol crucial, si bien no exento de desafíos y críticas, especialmente en casos de violencia de género. Este circuito implica varias etapas y la participación de diversas entidades.
El Proceso de Evaluación en Tribunales de Familia y el Rol del Sename
El proceso de intervención y evaluación de situaciones familiares comienza con los informes que emiten las instituciones asociadas a Sename. Estas instituciones son las encargadas de evaluar e intervenir, y sus diagnósticos son clave para los tribunales de familia. Algunos de los organismos más destacados son las Oficinas de Protección de Derechos (ODP), Programas de Atención Focalizada (PPF) y los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), siendo estos últimos los más utilizados, como se relata en diversos casos. En principio, son los tribunales de familia los que autorizan la intervención y la realización de diagnósticos ambulatorios, llevados a cabo por profesionales como trabajadores sociales y psicólogos.
Para la elaboración de estos diagnósticos se utilizan metodologías que fundamentalmente se basan en el enfoque de derechos humanos. Aunque en periodos de emergencia, como la pandemia, se han realizado entrevistas vía Zoom, la modalidad regular incluye entrevistas personales con la madre, el padre y los hijos en común. Un aspecto relevante es que la decisión sobre las "habilidades parentales" se desprende directamente de estos informes.
Estereotipos de Género y Violencia Institucional en los Diagnósticos
La aplicación de estas metodologías, sin embargo, ha revelado consecuencias problemáticas. En la experiencia de profesionales y abogadas, se ha detectado que, al emitir estos informes, se hace un uso y abuso de estereotipos de género. En particular, resalta el estereotipo de la "mala madre", especialmente cuando se trata de mujeres que son, a la vez, víctimas de violencia. Esta situación de violencia a menudo queda en segundo plano en los diagnósticos, un hecho que es percibido como normalizado dentro del sistema.
Se recuerdan casos en que los informes señalan que las madres han "interferido" en la dinámica y relación con el padre, incluso cuando ellas mismas han sido víctimas de algún tipo de agresión u hostigamiento. Esto devela "todo tipo de estereotipos", buscando tratar a la madre de "loca", con patologías o incluso que "lucra con sus hijos". Esta situación se suma a la creencia de muchas mujeres de que, al separarse o divorciarse, la violencia cesará, permitiéndoles poner distancia con el maltratador y estar "a salvo". Sin embargo, se explica que, en la relación con un agresor, el divorcio o separación, si existen hijos o hijas menores de edad, puede dar comienzo a un "mayor calvario" para la mujer.
Sesgos en la Evaluación de Habilidades Parentales y sus Consecuencias
Susan Sepúlveda, jueza de familia, confirma que este tipo de diagnósticos "siempre suele tener sesgos" en principio. El informe, al subvalorar la violencia hacia la mujer, puede señalar que esta tiene las habilidades parentales descendidas porque "pone los intereses personales de la mujer por sobre los de madre o que no entiende que el hijo debe relacionarse con el padre". Esta última es, según Sepúlveda, la frase más utilizada.
Frecuentemente, se argumenta que "aunque sea agresor, eso no importa porque puede ser igual un buen padre". Aquí, advierte la jueza, pueden darse dos situaciones que forman parte de un "círculo vicioso": que no se logre desentrañar la situación de victimización que puede estar experimentando una mujer al leer el informe, replicando así el sesgo; o que esos factores deberían estar incorporados en la evaluación para no producir una mayor vulneración en la resolución o en la recomendación que se haga a un programa. Este "círculo" es, en última instancia, consecuencia de la falta de un sistema integral de protección a las víctimas, dejando "todo a cargo de la víctima: denunciar, autoprotegerse y, además, abastecerse económicamente".
Aunque no hay cifras del número de informes que culminan con este tipo de resoluciones en los tribunales, abogadas de AML aseguran que son la mayoría. En respuesta, se están realizando cursos con el Instituto de Estudios Judiciales y otras instituciones sobre perspectiva de género e infancia, integrando este enfoque en el derecho y señalando que no se puede disociar de la protección de la infancia.
Victimización Secundaria y el Impacto en las Mujeres
Alicia Herrera, abogada de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, explica que muchas mujeres, al conocer lo prolongado de los procesos judiciales, optan por silenciarse y seguir soportando la violencia. Esto se debe a la conciencia de que entrarán a un sistema que no solo las juzgará, sino que tampoco les proporcionará las herramientas necesarias para salir adelante. Esta situación genera "depresiones, crisis de pánico", e incluso los abogados a menudo desconocen cómo actuar, ya que "una palabra mal dicha puede producir un caos". La sensación de injusticia, argumenta Herrera, es "la peor de todas en el ser humano".
Cuando el diagnóstico sugiere que "pones tus intereses como mujer antes que los de madre", es un claro llamado del sistema a silenciar la violencia experimentada. El sistema utiliza los estándares de habilidades parentales de tal forma que aquellas que presentan "óptimas condiciones" a menudo terminan acallando todo lo que han vivido como víctimas, convirtiendo el proceso en un "vía crucis" para ellas. Esta situación genera una victimización secundaria: las mujeres terminan más dañadas después de haber recurrido a la justicia buscando frenar la violencia y proteger a sus hijos. El camino judicial provoca "daño en las mujeres, muchos cuestionamientos", y si comenzaron denunciando violencia, muchas terminan con el cartel de "mala madre". Ambas abogadas consideran esto una forma de violencia institucional.
Es grave que muchos hombres, al no estar en tratamientos psicológicos, terminen cometiendo femicidios, y esto tiene "profundos efectos para los niños", quienes se encuentran en medio de dinámicas de violencia. Se hace mención al caso de Ámbar, asesinada por la pareja de su madre, Hugo Bustamante, quien ya tenía antecedentes de doble homicidio. Lamentablemente, los estereotipos se repiten en el proceso, con directoras de dispositivos que minimizan la situación diciendo "él por lo menos está aquí", "él sí quiere ver a sus hijos" o "él perfectamente se pudo haber mandado a cambiar". Esto evidencia la normalización de que los hombres pueden desentenderse de la crianza o la mantención de los hijos, ya que la paternidad no tiene un estándar de cuestionamiento, siempre que "esté ahí", aunque sea un agresor o nunca haya cuidado o criado.
Susan Sepúlveda, finalmente, plantea la necesidad de comprender cómo ocurren estas circunstancias y los efectos psicológicos que tienen para las mujeres y niños, los cuales deben ser incorporados de manera necesaria en los diagnósticos.
¿Qué es violencia institucional?
Iniciativas y Programas de Atención del Sename
Dentro de los esfuerzos por abordar estas problemáticas y ofrecer vías de atención, el Sename desarrolla y participa en diversos programas.
El Programa 24 Horas
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 y puesto en marcha en 2010, es una iniciativa intersectorial. Se gestó a través de la colaboración entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Estos programas actúan como la puerta de entrada para la atención en diversas localidades como Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt. Su focalización es barrial o comunal, insertándose en el territorio, y se plantea como un modelo de gestión territorial intersectorial. Se espera que los proyectos trabajen en complementariedad en casos donde participe más de una modalidad, generando sinergia con otros programas. La Gestión Territorial es un elemento central del programa, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.
Canales de Atención Ciudadana y Acceso a la Información del Sename
La Unidad de Atención Ciudadana se encarga de los servicios ofrecidos a los ciudadanos para facilitar trámites, consultas, reclamos y otras necesidades. A través de una solicitud de información pública, los usuarios pueden pedir lo que necesiten, especificando el formato y la forma de recepción. Esta plataforma también permite gestionar audiencias, viajes y donativos según lo establecido en la Ley Nº 20.730, que regula la publicidad en la actividad de lobby y otras gestiones que representen intereses particulares.
Es importante informar que, debido a circunstancias de fuerza mayor relacionadas con el funcionamiento de sistemas internos, la Plataforma OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias) se encuentra temporalmente deshabilitada desde el 25 de febrero. Al hacer una solicitud anónima, quienes gestionen el requerimiento no tendrán acceso a los datos personales del solicitante, incluso si este ha ingresado con Clave Única. Esta opción se ofrece para casos donde exponer determinados hechos podría presentar un riesgo para la seguridad personal o familiar, por lo que se insta a usarla responsablemente.
Marco Normativo y Acceso a la Información
El Decreto Supremo N° 680 (1990) del Ministerio del Interior aprobó instrucciones para el establecimiento de Oficinas de Información para el público usuario en la Administración del Estado. Su artículo 1° dispone la obligación para Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás servicios públicos de establecer estas oficinas para asistir al ciudadano en su derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos a través de las OIRS. La gestión de las OIRS es regulada por la Ley Nº 19.880 de Procedimientos Administrativos.
El Servicio Nacional de Menores dispone de tres vías formales de acceso a la información, basadas en la Ley de Transparencia Nº 20.285, todas ellas en formato escrito. Además de un formulario para realizar solicitudes por vía electrónica o en formato material, se ofrece la opción de descargarlo para llevarlo o enviarlo a la OIRS. También se proporciona información sobre los canales o vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información y tutoriales sobre el derecho de acceso a la información pública.
En su compromiso por potenciar el actuar de los servicios públicos en materias de probidad y transparencia, el Sename tiene como objetivo reforzar todas las materias relacionadas con esta agenda, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Transparencia N° 20.285, así como también la Ley N° 20.730.
El Sename ofrece tres espacios de atención para la ciudadanía: presencial, telefónico y por internet. Recientemente, la Unidad de Participación Ciudadana del Servicio Nacional de Menores estuvo en Tongoy, tanto en el Registro Civil como en la feria, dando a conocer las alternativas que tiene la comunidad para hacer consultas y solucionar dudas referentes al área de justicia y reinserción juvenil. En dicha ocasión, se brindaron asesorías, atendiendo a los ciudadanos y dándoles a conocer los mecanismos de comunicación disponibles, totalizando 40 atenciones en terreno.
Asimismo, se invita a todos los colegios que necesiten algún taller o charla respecto a estas temáticas a concurrir presencialmente a solicitarla, hacerlo por teléfono o a través del formulario web en la página www.sename.cl. La atención presencial se realiza específicamente a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la Dirección Regional de Coquimbo, ubicada en Colón 641, La Serena.