La protección de la infancia y adolescencia en Chile ha sido un tema de constante debate y preocupación, evidenciando fallas sistémicas y violaciones a los derechos humanos de los menores a cargo del Estado. A través de diversos informes, investigaciones y casos emblemáticos, se ha puesto de manifiesto la profunda crisis que atraviesa el sistema de protección, anteriormente conocido como SENAME y ahora como Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).
Nuevas líneas de investigación y casos reveladores
El fiscal Marcos Emilfork, encargado de investigar las muertes ocurridas en centros del SENAME en la última década, ha abierto nuevas líneas de indagatoria. Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Yancarla Muñoz Díaz, quien falleció a los 16 años el 30 de junio de 2012, ocho días después de dejar el Centro de Diagnóstico y Tránsito de Pudahuel. A pesar de no haber muerto dentro de las instalaciones del SENAME, la revisión de su historial sugiere que las experiencias negativas vividas en la institución se vincularon con su deceso. Yancarla deambuló en el SENAME desde los 11 hasta los 16 años, pasando por diversos centros sin recibir la atención adecuada.
Otro caso que salió a la luz fue el del niño Benjamín Morales, de tres años, quien murió el 20 de julio de 2009, tres días después de que su madre le fracturara el cráneo. La muerte de Benjamín se relaciona con las deficiencias de la red SENAME, ya que una institución dependiente de esta entidad pública determinó que Benjamín, previamente separado de su familia por maltratos, podía regresar con su madre.
La aparición de estos casos genera incertidumbre sobre las cifras oficiales de fallecimientos reportadas por el SENAME. Si bien estas muertes no ocurrieron físicamente en recintos de la institución, se argumenta que pudieron ser consecuencia de malas decisiones o tratamientos inadecuados por parte del organismo o sus entidades dependientes.
Cifras oficiales y discrepancias en los registros
La información oficial del SENAME, tras varias enmiendas, indica que en los últimos 11 años han fallecido 1.313 personas. Esta cifra incluye adultos y jóvenes en programas ambulatorios, donde pueden encontrarse menores que murieron en accidentes de tránsito. Sin embargo, casos como el de Yancarla no figuran en esta lista, ya que fue registrada como egresada del sistema. El requerimiento de la Fiscalía se centraba en la cifra de menores que al momento de su fallecimiento se encontraban en centros de atención, justicia juvenil o programas ambulatorios.
Existe una discrepancia en la información proporcionada por el SENAME y otros exfuncionarios. Mientras la jefa de Comunicaciones del SENAME aseguró que Benjamín sí estaba incluido en el informe entregado al Ministerio Público por estar en un programa ambulatorio, Francisco Estrada, exdirector del SENAME, indicó que Benjamín tampoco aparecía en la lista oficial por el mismo motivo que Yancarla.
La historia de Yancarla: Un largo camino de desatención
La historia de Yancarla fue difundida por primera vez por CIPER en 2010. Desde joven, sus necesidades médicas, incluyendo tres trasplantes de hígado y una profunda depresión, superaron las capacidades de atención del SENAME. A pesar de requerir urgentemente un centro psiquiátrico para tratar su depresión y problemas hepáticos, este tipo de atención no existía en el sistema público.
El reportaje de CIPER de 2013, publicado después de su muerte, evidenció que la falta de acceso a tratamiento adecuado persistió hasta el final de sus días. Las juezas debían "mendigar" cupos en hogares que eran cada vez más incapaces de contenerla. Yancarla pasó por numerosos magistrados y un sinfín de medidas sin llegar a una solución concreta. La historia fue puesta en conocimiento del entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, junto con otros casos de niños en condiciones precarias, generando reuniones y gestiones, pero sin lograr cambios significativos en la situación de Yancarla, quien falleció a los 16 años sin ver ninguna mejora.
El crimen de Benjamín Morales: Fallas en la evaluación y supervisión
El caso de Benjamín Morales, reportado por CIPER en 2010, revela graves fallas en el sistema de protección. Benjamín, de tres años, pasó la mayor parte de su vida en el SENAME. Una institución colaboradora del servicio avaló su regreso a casa, a pesar de haber sido abusado por la pareja de su abuela y abandonado por su madre junto a sus hermanos. Su padre estaba preso por robo.
Tras la liberación del padre, la pareja comenzó a visitar a sus hijos en la Fundación Koinomadelfia. La Corporación Chasqui, encargada del proceso, trabajó con la madre para potenciar sus habilidades maternales. Sin embargo, ninguna de las instituciones detectó la violencia extrema a la que estaba sometido Benjamín, resultando en lesiones internas graves que fueron comparadas con el paso de un camión.
Los informes posteriores evidenciaron la falta de conocimientos necesarios en los profesionales encargados de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín. Un análisis del SENAME señaló errores graves, como la falta de estudio riguroso de las causas iniciales de ingreso del menor (maltrato, negligencia y abuso sexual) y la historia de vida de la madre. Además, no quedó claro quién sugirió el egreso del niño con la familia y la profundidad técnica de la decisión.
El Informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU y la crisis del sistema
El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha tenido importantes consecuencias, señalando graves y sistemáticas violaciones de derechos en perjuicio de los niños y niñas a cargo del SENAME. Estas violaciones, que han afectado a miles de niños en las últimas décadas, evidencian un fracaso total del Estado en esta materia.
El informe subraya que la magnitud de estas violaciones de derechos humanos se asemeja más a las víctimas de la dictadura chilena que a las de delitos comunes. De esta violación de derechos nace la obligación del Estado de reparar integralmente a las víctimas, no solo a través de indemnizaciones, sino también mediante responsabilidades penales, administrativas y políticas.
Se plantea la necesidad de establecer la verdad de lo ocurrido en el SENAME, las falencias y las consecuencias para los niños. Se debate la creación de una Comisión de Verdad para investigar a fondo la situación. Asimismo, se enfatiza la importancia de medidas de rehabilitación y reparación para reintegrar a las víctimas a sus proyectos de vida.
Abusos en Aldeas Infantiles SOS y otras instituciones
En marzo de 2010, las Aldeas Infantiles SOS debieron recurrir a la justicia debido al abuso sexual de cuatro niñas bajo su cuidado. Las agresiones fueron perpetradas por jóvenes que también habían sido víctimas en el pasado. Uno de los agresores tenía 15 años y se alojaba en el mismo hogar que las pequeñas, mientras que el otro, de 18 años, había vivido en el hogar de las niñas a las que abusó.
En el mismo hogar de Los Aromos, se detectó que una adolescente de 16 años tuvo "conductas sexualizadas" con un niño de 9 años. Estos casos ponen de manifiesto la complejidad de la violencia que ocurre dentro de estas instituciones, a menudo relacionada con la falta de control, preparación del personal y criterios inadecuados.
La complejidad de los casos y la falta de atención especializada
Los niños que llegan a la red SENAME han sufrido daños significativos, y muchas instituciones no están preparadas para recibirlos. El hogar Cardenal Carlos Oviedo alberga a varios de estos niños, incluyendo casos de abuso severo y comportamientos sexualizados. La falta de atención especializada y recursos adecuados perpetúa un ciclo de violencia y desprotección.
Se destaca la precariedad de las condiciones de vida en muchos hogares, incluyendo problemas de higiene, falta de profesionales y atención insuficiente para niños con problemas de salud mental. El hogar Juan XXIII, administrado por Coanil, que recibe a niños con discapacidad mental grave o profunda, presenta condiciones de emergencia, baños en pésimas condiciones e higiene deficiente.
En algunos casos, los niños viven en peores condiciones materiales que los jóvenes presos. El terremoto de 2010 agravó la situación, afectando a hogares que se levantan en casas antiguas. La violencia dentro de los hogares es un problema recurrente, difícil de erradicar debido a la falta de recursos para contratar personal especializado y a las complejas historias de los niños.
La brecha financiera y la dependencia de la caridad
Existe una clara brecha entre los recursos que entrega el Estado y lo necesario para brindar una atención de calidad. Las instituciones a menudo dependen de la caridad y colectas para cubrir sus necesidades, lo que repercute en la calidad de los profesionales, los hogares y la atención brindada a los niños.
La falta de recursos financieros adecuados limita la capacidad de las instituciones para contratar personal calificado y ofrecer una atención especializada. Se estima que el monto entregado por el SENAME es significativamente menor al necesario para una atención de calidad, creando una brecha que nadie se atreve a afirmar que cambiará radicalmente en el futuro cercano.
Informe Especial: SOS residencias de protección en emergencia | 24 Horas TVN Chile
La transición de SENAME a "Mejor Niñez" y sus desafíos
El fin del SENAME y la transición a una nueva institucionalidad, "Mejor Niñez", no han garantizado una protección mejorada para los niños y adolescentes a cargo del Estado. Estudios nacionales e internacionales certifican una persistente vulneración de derechos, atribuida a una "negligente mirada de la política pública y la ley".
A pesar de los discursos garantistas y las promesas de grandes cambios, existe una marcada discrepancia entre las declaraciones públicas y las prácticas institucionales. Se han alertado graves problemas en la implementación del servicio, evidenciando una crisis permanente en la forma en que el Estado ha asumido la protección de la niñez más vulnerable.
La privatización del sistema, iniciada durante la dictadura, profundizó las características lamentables de la atención. El SENAME (1979) amplió los sistemas de atención privada y priorizó la institucionalización, fortaleciendo los centros de internación y la permanencia de los niños en recintos cerrados mediante subvenciones.
A pesar de los cambios normativos e institucionales a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, la estructura de la protección a la niñez no ha variado sustancialmente. El sistema mantiene un fuerte componente privado en la administración y ejecución de programas, con el Estado ejerciendo un rol subsidiario de supervisión y control financiero.
La crisis de salud mental y la falta de cupos en residencias
Un problema grave que afecta a los niños y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ex-Mejor Niñez) es la falta de atención adecuada para problemas de salud mental. Muchos menores son mantenidos en instituciones psiquiátricas incluso después de recibir el alta médica, debido a la escasez de cupos en residencias especializadas.
Casos como el de Karen, una adolescente de 16 años, evidencian esta problemática. Tras una crisis que la llevó a autolesionarse, fue dada de alta médicamente pero permaneció retenida en una unidad psiquiátrica hospitalaria por no haber disponibilidad en una residencia. Situaciones similares se repiten con otros menores que, a pesar de estar estables, quedan atrapados en hospitales psiquiátricos a la espera de un cupo.
La falta de cupos en residencias, el cierre de algunas de ellas y el rechazo a recibir jóvenes con problemas de salud mental agrava la situación. Uno de cada dos niños en residencias está afectado por algún problema de salud mental, y existe un déficit nacional de psiquiatras infanto-juveniles.
Cierres de residencias y negación de cupos por perfil
La transición al nuevo sistema de protección ha conllevado el cierre progresivo de residencias, afectando a cientos de niños que quedan sin lugar donde vivir. Aldeas Infantiles SOS Chile anunció el cierre de seis de sus residencias, impactando a 120 menores.
Además de la falta de cupos, muchos menores enfrentan la negación de ingreso a residencias debido a su perfil, siendo considerados "problemáticos" por la complejidad de su salud mental o por conductas violentas. Algunas residencias han llegado a amenazar con cerrar si se les obliga a recibir a ciertos jóvenes.
Informes policiales y la constatación de abusos sistemáticos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe reveló que en el 100% de los centros administrados directamente por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos de los niños.
A pesar de que este informe fue entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público, generando críticas por parte de diputados y organizaciones de derechos humanos.
El informe de la PDI detalla que la mayoría de los maltratos por parte de adultos se produjeron en Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, sumando un total de 310 abusos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos.
La responsabilidad del Estado y la urgencia de reformas
La crisis del SENAME y la persistente vulneración de derechos de los niños y adolescentes a cargo del Estado chileno exigen una respuesta contundente. La jueza de familia Mónica Jeldres, autora de la columna "NI UN NIÑO (A) MENOS", destaca la ceguera de la sociedad ante los derechos vulnerados de los niños institucionalizados.
La jueza enfatiza la responsabilidad del Estado en alimentar un sistema que, en lugar de proteger, ha vulnerado aún más a los niños más desprotegidos. Se critica la limitación presupuestaria como excusa para el no cumplimiento de los derechos, haciendo ilusoria toda garantía.
La experiencia de quienes han vivido en el sistema, como la autora de la columna, revela la falta de paz en un hogar familiar, el derecho a la salud y el crecimiento sin figuras parentales. La indiferencia de la sociedad y la instrumentalización de la vulnerabilidad para obtener lucro son factores que perpetúan esta crisis.
La jueza Mónica Jeldres, junto a otros operadores del sistema, enfrenta el dilema de asegurar que los derechos de los niños se cumplan efectivamente, especialmente cuando carecen de familias que exijan sus derechos. La falta de oferta estatal para atenciones especializadas, como intervenciones psiquiátricas complejas, pone en riesgo la vida de los menores.
Se cuestiona la limitada facultad de los jueces para exigir la creación de oferta inexistente, a pesar de los deberes de prestación que tiene el Estado según los compromisos internacionales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado los deberes de los Estados hacia los niños a su cuidado.
La falta de recursos, la ausencia de una decisión política clara en cuanto a la protección de los derechos de la infancia y la aplicación de medidas presupuestarias limitantes en la Ley de Garantías, demuestran que Chile está incumpliendo sus deberes con la protección de los derechos humanos de los niños y niñas en este sistema.