La economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, quien integró la mesa técnica de pensiones en representación de la UDI, ha expresado su análisis y preocupaciones sobre la reciente reforma previsional. Aunque considera que la reforma aprobada es “mejor que la alternativa de no haber aprobado nada”, Cifuentes señala aspectos que, a su juicio, requieren mejoras y generan inquietudes, especialmente en lo referente a la sostenibilidad fiscal y laboral del proyecto.
Aspectos Positivos y Necesidad de Mejoras
Cifuentes valora la aprobación de la reforma de pensiones, considerándola un avance frente a un escenario de inacción. Sin embargo, destaca la rapidez con la que se llevó a cabo el proceso final, sugiriendo la necesidad de revisar detalles que podrían perfeccionarse. La economista reitera su preocupación por el hecho de que no se destine nada a la capitalización individual hasta el tercer año de la implementación de la reforma, lo que considera negativo para el ahorro nacional y el fortalecimiento del mercado de capitales.
Incentivos a la Cotización y Edad de Jubilación
Un punto de mejora planteado por Cifuentes se relaciona con los incentivos a la cotización y la edad de jubilación. Explica que el diseño actual, que establece un requisito de años cotizados para obtener la garantía, busca motivar a las personas a cotizar por más tiempo. Sin embargo, el sistema podría desincentivar a quienes deciden postergar su jubilación. Por ejemplo, una persona que a los 65 años con 25 años cotizados (obteniendo el monto máximo de garantía) decide postergar su retiro hasta los 68 años, perdería tres años del pago de la garantía, lo que la llevaría a jubilarse antes. Cifuentes sugiere que esto es fácil de corregir, entregando los recursos a las personas a los 65 años, independientemente de si se jubilan o no. Aunque se ha planteado que la reforma no abordó el aumento de la edad de jubilación, Cifuentes argumenta que existen incentivos claros para la mayoría de los cotizantes a extender su período de cotización.
Críticas al Rol del IPS y la Modernización Industrial
Cifuentes critica la propuesta de modernización industrial del primer proyecto de gobierno, señalando que carecía de justificación. En particular, cuestiona la decisión de asignar al Instituto de Previsión Social (IPS) el rol de administrador de cuentas. Técnicamente, argumenta Cifuentes, los estudios han demostrado que las economías de escala en la administración de cuentas se logran con 500 mil afiliados, cifra que las AFP actuales ya superan. Por lo tanto, esta medida no representa una reducción de costos para el sistema y, por el contrario, genera un costo fiscal. La economista considera que la única justificación para esta incorporación del IPS es de carácter ideológico, lo cual no le parece adecuado dada la restricción fiscal existente en el país.
Desafíos en la Transición e Implementación
La economista subraya la importancia de la apertura para revisar y perfeccionar la reforma a medida que surjan nuevos temas durante su implementación. Menciona que se están asignando una enorme cantidad de roles adicionales a la Superintendencia de Pensiones, lo que hace necesario evaluar si su gobierno corporativo es lo suficientemente sólido y cuenta con la independencia política necesaria. Asimismo, en relación con la licitación, aún quedan muchos procesos por definir, lo que requiere flexibilidad para revisar aspectos que pudieran no funcionar.
Reducción del Encaje para las AFP
Otro punto de preocupación es la reducción del encaje para las AFP. Si bien existía un diagnóstico generalizado sobre la necesidad de reducirlo, Cifuentes opina que se hizo en exceso. Esto plantea la interrogante sobre si al reducir estas barreras de entrada se garantizan la solidez y el respaldo suficientes de los gestores de ahorro de los trabajadores, evitando problemas de gestores poco serios en el sistema financiero.
Impacto en el Mercado Laboral y Sostenibilidad Fiscal
Cifuentes advierte sobre el posible impacto de la reforma en el mercado laboral, especialmente por el aumento del 1% en la cotización el primer año. En una economía sin crecimiento, esto podría ser significativo para un grupo de empresas. Por ello, resalta la importancia de las decisiones sobre el salario mínimo y los dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT) para evitar impactos no deseados en la formalidad y el desempleo.
Costos Fiscales y Beneficiarios
La economista señala que el costo fiscal más relevante de esta reforma radica en el pago de las cotizaciones de los funcionarios públicos. Argumenta que, a diferencia del sector privado, los funcionarios públicos no enfrentan la lógica de "contratar menos gente" o "reajustar menos los sueldos", ya que tienen garantizado un reajuste anual. Esto, a su juicio, crea una injusticia, ya que los funcionarios públicos se ven muy beneficiados por el aumento de cargo del empleador, financiado por la ciudadanía a través de impuestos, mientras los trabajadores del sector privado podrían enfrentar menores reajustes reales y menos oportunidades de empleo formal.
Subsecretario de Previsión Social analiza la reforma de pensiones | Agenda Económica
Preocupación por la Solvencia Fiscal
La situación fiscal del país es una de las mayores preocupaciones de Cifuentes, quien califica la reforma como "muy costosa fiscalmente". Insta a la prudencia en los reajustes, especialmente por parte de la ANEF, dada la delicada situación fiscal y la sostenibilidad de la reforma. Critica la idea de financiar la garantía por años cotizados con impuestos generales, no solo por la falta de espacio fiscal, sino también porque los beneficiarios de esta política (sectores de ingreso medio y alto) no son, en general, vulnerables, lo que haría la medida regresiva. Por ello, considera el mecanismo de financiamiento a través de un "préstamo" como una mejor alternativa.
Cifuentes sostiene que, con un crecimiento del PIB del 2%, esta reforma previsional no está financiada. Hace referencia a las múltiples reformas tributarias de la última década que apenas han logrado aumentar la recaudación tributaria no minera en 0,7 puntos del PIB, incluso dañando el crecimiento. Alude a que si el país no vuelve a crecer, el gasto de la PGU (Pensión Garantizada Universal) aumentará un 3% anual, mientras los ingresos fiscales solo lo harán en un 2%, generando un problema de sostenibilidad fiscal.
Distribución del Aporte y el "Préstamo"
La economista detalla la distribución del aporte total de los empleadores al sistema de pensiones, que asciende a 8,5% de la remuneración imponible. De este total, 4,5% iría a capitalización individual y el resto al seguro social o al "préstamo". Cifuentes aclara que el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que ya está pagando el empleador, tiene un costo de entre 1,5 y 2 puntos de cotización, formando parte de ese 8,5%. De esta manera, el aporte "nuevo" sería de aproximadamente 6,5%.
Sugiere que un rediseño del SIS podría permitir financiar el "bono tabla" (0,5%). Respecto al 1,5% destinado a un “Aporte con rentabilidad protegida”, que funcionaría como un "préstamo" para mejorar las pensiones actuales, Cifuentes explica que, tal como está descrito, no es un reparto. No obstante, advierte que si se presta a alguien no solvente, podría terminar siendo una pérdida, lo que nuevamente vincula este componente a la solvencia fiscal. Reitera que un país que no crece tiene problemas de sostenibilidad fiscal, y si Chile sigue con un crecimiento del 2%, los cotizantes estarían "prestando a un mal deudor".
Reflexiones sobre el "Debilitamiento" de las AFP
Sobre una minuta gubernamental que sugiere el "debilitamiento" de las AFP y la apertura a "transformaciones que terminen con ellas", Cifuentes la califica de "tremendamente negativa en términos de la posibilidad de alcanzar acuerdos" y carente de sustento técnico. Aunque entiende que podría buscar apoyo sectorial, cree que genera una señal negativa. Argumenta que la situación actual no fortalece a las AFP como se esperaría, y que el reconocimiento explícito a la capitalización individual como el mejor sistema de pensiones es un punto positivo de la reforma.
Antecedentes de Cecilia Cifuentes
María Cecilia Cifuentes es Ingeniera Comercial y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido una voz influyente en el debate previsional, integrando en representación de la UDI la mesa técnica de pensiones que se formó al alero de la Comisión de Trabajo del Senado.