La historia de cuatro jóvenes recluidos en instalaciones del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Antofagasta, mientras se les investiga por delitos cometidos durante las protestas del estallido social, revela un profundo quiebre en la protección estatal. Tres de ellos, con un historial previo en programas del Sename, debían haber recibido protección y reinserción, pero esto no ocurrió. Actualmente, enfrentan acusaciones por delitos como robo con violencia, saqueo, incendio y lanzamiento de artefactos incendiarios. Durante su internación provisional, sufrieron golpizas, vejaciones sexuales, lesiones cortopunzantes, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y autolesiones.
El caso de "J": Un ciclo de vulneración y desprotección
La vida de "J", quien desde los 11 años ha vivido en las calles con breves retornos a su hogar, es un testimonio de la falta de apoyo estatal. A pesar de su consumo de drogas desde los 12 años y de haber sido detectado en situaciones de riesgo, ningún organismo intervino eficazmente. El espanto social se manifestó recién en noviembre de 2019, cuando "J", con 17 años, fue detenido saqueando un supermercado. Posteriormente, fue acusado de lanzar una bomba molotov a Carabineros y de participar en la quema de un vagón del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia.
Durante sus 286 días en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de Antofagasta, "J" experimentó un ciclo de abusos y autolesiones: consumió alcohol gel para embriagarse, robó medicamentos psiquiátricos para evadirse, fue golpeado y hostigado por compañeros, sufrió humillaciones físicas y sexuales, y se autoinfligió cortes profundos y mordeduras. A pesar de los informes internos que advertían de ideas suicidas desde su ingreso en octubre de 2020, estas no fueron tomadas en serio.
La crítica a la institucionalidad y la falta de políticas integrales
Especialistas señalan que la respuesta del sistema se centra en el castigo y la sanción, sin una comprensión estructural de los problemas que afectan a los adolescentes infractores. Se prioriza la responsabilidad individual, ignorando las falencias del sistema. La división del Sename en ministerios separados (Desarrollo Social y Justicia) agrava la situación, transformando a víctimas en victimarios.
El primer registro judicial de "J" data de noviembre de 2018, cuando se fugó de una residencia del Sename. A pesar de ello, la denuncia por presunta desgracia se cerró sin que fuera localizado. La falta de cifras exactas sobre adolescentes imputados por las protestas que pasaron por centros del Sename a nivel nacional durante los últimos dos años evidencia una desarticulación institucional.
Abusos y negligencia en el CIP de Antofagasta
La investigación de CIPER revela que, solo en Antofagasta, al menos seis adolescentes imputados por delitos cometidos en las protestas estuvieron internados provisionalmente en el CIP del Sename. Los funcionarios de este centro se negaron a comentar los casos, y recibieron órdenes de no responder a las preguntas. El Sename admitió que se denunciaron golpizas y abusos sexuales entre internos, y que un sumario estaba en curso contra un funcionario por patear a un adolescente. Sin embargo, no se encontraron antecedentes para iniciar sumarios contra otros funcionarios por agresiones entre pares.
La relación entre el estallido social y el Sename es estrecha, siendo el fin de este servicio una de las demandas sociales. Entre octubre de 2019 y enero de 2020, la Defensoría de la Niñez registró 602 denuncias de menores de edad que sufrieron vulneraciones por parte de agentes del Estado en el contexto de las protestas.
Crónica de un intento de suicidio y un historial de violencia
El 9 de noviembre de 2020, "J" intentó ahorcarse en el CIP, un evento registrado en el libro de novedades. Dos días antes, había sufrido una golpiza por parte de tres compañeros. El hostigamiento y las agresiones continuaron a lo largo de su internación, incluyendo amenazas, orinarse en su cama, ser golpeado, pateado, y herido con un punzón, dejándole múltiples heridas cortopunzantes.
En febrero de 2021, "J" sustrajo una caja de psicofármacos. Participó en peleas, consumió alcohol gel, sufrió convulsiones y fue trasladado a otra casa del centro. Se realizó cortes profundos en sus extremidades y, en julio, intentó ahorcarse nuevamente. Fue trasladado al Hospital de Antofagasta, donde su medicación psiquiátrica fue aumentada. A pesar de las advertencias de riesgo vital, los abusos por parte de sus compañeros continuaron, incluyendo vejaciones graves que no fueron detectadas por el personal del CIP.
Otros casos de vulneración y medicación psiquiátrica
El caso de "R" ilustra otra forma de vulneración. Con 14 años, recibió perdigones de Carabineros, uno de ellos en el ojo derecho. Posteriormente, fue condenado por la quema de las puertas de la catedral de Antofagasta y pasó más de 90 días en el CIP, siendo medicado con psicofármacos, una práctica recurrente entre los adolescentes imputados por el estallido social.
Otro joven, "A", desarrolló una depresión profunda durante su internación provisoria. A pesar de no tener antecedentes penales ni consumir drogas, su estado de salud mental se deterioró debido a la "prisionización". Su tratamiento psiquiátrico fue intensificado con diversos fármacos. "C", de 16 años, también consumía altas dosis de psicofármacos y se vio envuelto en peleas. Su defensa solicitó permisos familiares que fueron rechazados, y fue encontrado esposado y encadenado a su cama.
Irregularidades en la atención psiquiátrica y la responsabilidad institucional
Los intentos de suicidio son habituales en el CIP de Antofagasta, según abogados defensores. La atención psiquiátrica se brinda a menudo por médicos cirujanos sin la especialidad, lo cual el Sename no considera una irregularidad. Los casos de abuso sexual en hogares de menores, como el ocurrido en el hogar Renuevo, donde se calificó una situación abusiva entre dos niños como no violatoria por ser ambos menores, evidencian la complejidad de la tipificación legal y la aplicación de medidas de protección.
El Código Civil establece que el cuidado personal de los menores en establecimientos sustitutos recae en el director del mismo. Paralelamente, se detallan aspectos históricos y legales sobre derechos reproductivos, derechos humanos durante la dictadura, privacidad, derechos del niño y derechos de la mujer y pueblos indígenas, que contextualizan el marco legal y social en el que operan estas instituciones.
Explotación sexual infantil y la responsabilidad del Estado
Un informe de la PDI de 2017 investigó 240 hogares de menores, constatando 2.071 abusos en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, 310 de ellos con connotación sexual. A pesar de la gravedad de los hallazgos, el informe no se hizo público oportunamente. La muerte de Lissette Villa en 2016 evidenció la persistencia de abusos, a pesar de las investigaciones y anuncios de reformas.
El informe de la PDI detalla violaciones sistemáticas de derechos, incluyendo maltratos de adultos y entre pares, abusos sexuales cometidos por adultos y menores, especialmente en centros de internación provisoria y en régimen cerrado. La gran mayoría de los hogares no cumplía con protocolos mínimos de seguridad, incluyendo aquellos ante conductas suicidas o frente a desajustes conductuales, a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en la contención de una crisis.
La fiscalización del Sename a los centros es periódica pero a menudo coordinada previamente. Los tribunales de familia también tienen la responsabilidad de visitar los centros semestralmente. La PDI constató que un alto porcentaje de los menores a cargo del Sename padece enfermedades psiquiátricas y otras patologías médicas. La administración de fármacos a menudo recae en personal sin la formación adecuada, y muchos centros carecen de las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de casos complejos.