El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de graves acusaciones y revelaciones sobre la vulneración sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Un análisis realizado por la Defensoría de la Niñez, tras una solicitud del Ministerio Público, detalló que de las 878 muertes de menores registradas en la red SENAME entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía, y de ellos, 200 fueron investigados. Esta situación ha llevado a organismos internacionales y nacionales a señalar la responsabilidad del Estado chileno en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Responsabilidad estatal y recomendaciones internacionales
En 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Se recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, priorizando su derecho a ser oídas y a expresar su dolor, además de desarrollar un plan de acción de reparación. En 2020, la Defensoría de la Niñez reiteró la petición al gobierno para la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de esclarecer los hechos de violación a los derechos humanos de menores en residencias del Servicio Nacional de Menores o sus organismos colaboradores. Sin embargo, esta petición no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
Testimonios de vulneración: El caso de Catalina
La historia de Catalina, quien pasó parte de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, ejemplifica las falencias del sistema. Al cumplir 18 años, se encontró sin ayuda estatal, desconociendo que el Estado debía continuar protegiéndola hasta los 24 años si estaba estudiando. Fue dejada en una casa de acogida sin ningún acompañamiento post-egreso, sin apoyo para sus estudios o para su manutención. Catalina estuvo en dispositivos del SENAME desde los tres años, pasando por la Protectora de la Infancia y una familia de acogida, hasta llegar a dispositivos del Servicio Nacional de Menores, hoy llamado Mejor Niñez.
Catalina relata que en la familia de acogida con unos misioneros gringos, sintió que se preocupaban de ella y sus necesidades. A pesar de no tener vínculos con sus padres biológicos, explica que la problemática no era de pobreza extrema, sino de irresponsabilidad y falta de habilidades afectivas. Su padre presentaba indicios de demencia, y su madre irresponsabilidad, lo que llevó a que no tuvieran las competencias para hacerse cargo de sus hijos.
En la residencia, Catalina notó diferencias con otras niñas, quienes no compartían su interés por el estudio. Reconoce que las niñas y jóvenes en residencias de protección sufren daños más complejos que los hombres, a menudo relacionados con el machismo, la discriminación sexual, el abuso sexual y los prejuicios de género. La hipersexualización en niñas desde temprana edad es un problema común en las residencias, donde la falta de educación y charlas sobre estos temas agrava la situación. Muchas niñas llegan a las residencias por abuso sexual reiterado, normalizando esta violencia y no sintiéndose víctimas.
El impacto del abuso sexual y la falta de acompañamiento
Catalina señala que muchas niñas llegan a las residencias por abuso sexual reiterado, y lamenta que este sea un problema tan común que las niñas lo perciban como normal. Critica la lentitud del país en la persecución de estos delitos, permitiendo que los abusadores queden libres y sin ser interrogados. El daño sufrido por estas niñas, según su experiencia, es "para toda la vida" y se agrava por la falta de acompañamiento y asistencia especializada.
A pesar de las dificultades, Catalina siempre fue estudiosa y enfocada en sus metas académicas. Destaca la ayuda de personas ajenas al SENAME que creyeron en ella y su potencial, como la familia Castillo, quienes le enseñaron matemáticas, y otras personas que le pagaron un preuniversitario, le brindaron orientación y financiaron su residencia. Una psicóloga externa de María Ayuda fue clave en su proceso de postulación a la universidad.
Activismo y visión sobre la infancia vulnerada
Catalina se ha convertido en activista, impulsada por su propia historia y la convicción de luchar por las mujeres, las niñas, la infancia y los más desvalidos. Posee una lucidez notable sobre la infancia vulnerada, criticando la falta de priorización de la infancia por parte de las autoridades, a pesar de las declaraciones públicas. Señala la carencia de un acompañamiento profesional serio, dedicado y permanente para los niños y jóvenes en residencias, enfatizando la necesidad de que cada niño sepa que hay alguien que cree en él y se jugará por su bienestar.
Critica que el actual servicio Mejor Niñez se centre en residencias familiares y el cierre de los CREAD (hogares masivos), argumentando que la clave está en la atención dedicada y centrada en cada niño. Coincide con el psicólogo Carlos Vöhringer en que el egreso de los jóvenes de las residencias es un "salto al vacío sin paracaídas". A pesar de que el servicio busca que los niños vivan en buenas condiciones materiales, no se aborda adecuadamente el proceso de egreso a los 18 años, una edad en la que es prácticamente imposible para la mayoría mantenerse y sostenerse por sí mismos, especialmente aquellos con problemas de aprendizaje o psiquiátricos graves.
Catalina, a punto de convertirse en controladora de tráfico aéreo, dedica sus horas al estudio, a las actividades de Red Egresa y a visitar la Fundación Pléyades, donde acompaña a niños vulnerados. Aspira a trabajar en política para impulsar cambios significativos en favor de la infancia vulnerada, ya sea en una carrera parlamentaria o en una dirección de servicio relevante, complementando su formación actual con estudios específicos sobre infancia y vulneración.
Red Egresa: Apoyo para el egreso de jóvenes
Red Egresa es una fundación creada por jóvenes que salieron de residencias de protección con el objetivo de apoyar activamente el egreso de otros chicos y chicas. Ofrecen charlas sobre temas que no se abordan en las residencias, como la PSU, el ahorro y la postulación a la universidad, compartiendo sus experiencias de vida para demostrar que es posible salir adelante. Además, actúan como puente entre los jóvenes y empresas, organizaciones públicas y privadas para canalizar apoyos. La experiencia compartida de ser "chicos Sename" genera confianza y abre a los jóvenes a recibir ayuda.
La muerte de Ámbar Cornejo y la ineficacia del sistema de protección
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que la muerte de Ámbar Cornejo evidenció la inexistencia de un sistema de protección especializada para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. UNICEF hizo un llamado a tomar medidas inmediatas para asegurar su protección, reparación y restitución de derechos, responsabilizando al Servicio Nacional de Menores por la falta de protección y restitución de derechos en programas ambulatorios. En el caso de Ámbar Cornejo, los mecanismos de fiscalización y seguimiento del SENAME fallaron, a pesar de su prolongado vínculo con diversos programas desde 2008, incluyendo diagnóstico ambulatorio, residencia, reparación de maltrato y programas de intervención especializada.
UNICEF enfatizó la necesidad de revisión y supervisión de las decisiones tomadas en contextos de protección por programas de organismos colaboradores, Tribunales de Familia y SENAME. Recordó que las crisis del SENAME han sido documentadas por investigaciones nacionales e internacionales, lamentando que Chile no haya avanzado en la protección efectiva de los derechos de los niños en tres décadas. El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado en reiteradas ocasiones la creación de un nuevo servicio de protección especializada con una ley de garantías, que asegure el derecho a vivir en familia y proteja integralmente a los niños. UNICEF destacó que Chile es el único país de América Latina y el Caribe sin una ley de garantías, la cual permitiría un sistema de alertas tempranas para prevenir riesgos y vulneraciones.
Crecer en instituciones: primera infancia en residencias de protección y en cárceles
El caso de Guillermina: Un ingreso y una muerte trágica
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del SENAME en circunstancias preocupantes, "a medio vestir" y acompañada por un policía a las 04:19 de la mañana. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal. Tras ser calmada, fue acostada en un camarote y menos de media hora después la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a los protocolos internacionales, Guillermina no fue llevada a un hospital para evaluar su estado o realizar un chequeo completo tras su ingreso. La única lesión constatada fue una herida en la rodilla. La querella no prosperó y su muerte en agosto de 2012 quedó registrada como un número más en la lista de "egresos" del sistema, equiparable a un escape o reinserción familiar.
El caos estadístico y la falta de transparencia
La falta de claridad en las cifras de menores vulnerables fallecidos bajo tutela del Estado es alarmante. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. El gobierno aclaró que la cifra inicial solo incluía al área de "protección", que atiende a menores vulnerados cuyas familias no pueden hacerse cargo, diferenciándose del área que recibe a infractores de la ley.
Análisis de anuarios oficiales del SENAME entre 2010 y 2014 arrojaron 318 fallecimientos, sumando un total de 395 con los datos de Justicia. Sin embargo, la confiabilidad de estas cifras es cuestionada, incluso por quienes las publicaron. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, reconoció un "problema de cifras" y la "complejidad del servicio", indicando que el Estado chileno no cumple sus compromisos internacionales en materia de infancia ni sabe cuántos niños hay en sus establecimientos ni cuántos han fallecido.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del SENAME, expresó su desconfianza en las cifras, sugiriendo que la información podría estar duplicada si un niño ingresa a distintos programas y muere. La falta de capacitación del personal, quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores son problemas generalizados. Se argumenta que esta situación no es solo responsabilidad del servicio, sino de la sociedad en su conjunto, que durante 25 años no se ha hecho cargo de los niños, especialmente de los más pobres.
El factor "Lissette": Un caso emblemático
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, conmocionó al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos en los hogares del SENAME. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del SENAME, tras ser determinada por la Justicia que sus padres no estaban capacitados para cuidarla. El SENAME evaluó maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El día de su muerte, tras una crisis, se golpeó la cabeza y se desvaneció. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores, no tomaron la gravedad de la situación. Para cuando se dieron cuenta de la crisis, intentaron reanimarla y buscaron ayuda, pero Lissette ya estaba muerta. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la inasistencia de un familiar, explicación que fue considerada insatisfactoria y le costó el puesto. La falta de protocolos de primer nivel, sistema de acreditación y normativas de altos estándares son problemas estructurales del servicio.
Sobremedicación y falta de atención psiquiátrica
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la niña estaba sobremedicada, recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico. Además, Lissette estuvo expuesta a antidepresivos por años sin evidencia de efectividad en niños, y a la sertralina, que puede generar efectos adversos como agresividad e impulsividad. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada, con problemas graves en la dosificación y falta de supervisión.
El senador Alejandro Navarro señaló que el 63% de los niños en el sistema está con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin atención médica especializada. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La falta de psiquiatras infantojuveniles, muchos de los cuales prefieren el sector privado, agrava la situación, dejando regiones sin especialistas.
Propuestas de solución y responsabilidad compartida
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; el objetivo de que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de maltrato a través de la entrega de herramientas y acompañamiento, en lugar de la internación por pobreza; y una defensa jurídica adecuada para los menores, diferenciándola de la de los infractores de ley, para que los niños sean vistos como sujetos de derecho y no como un trámite burocrático.
Estela Ortiz coincide en la estigmatización de la pobreza, preguntando por qué no hay niños del 50% de mayor nivel económico en el SENAME, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales. El Consejo para la Infancia pretende cerrar el SENAME y transicionar a un nuevo servicio, pero los niños no pueden esperar.
Informe de la PDI: Violaciones sistemáticas y generalizadas
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló que en el 100% de los centros administrados por el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El documento, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, indica que la violación de derechos ha sido "permanente y sistemática".
El informe detalla 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Se constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente ocurrieron.
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". Se reportaron "deserciones del sistema" en el 62,9% de los hogares. Además, el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el SENAME, incluyendo la ausencia de protocolos ante conductas suicidas (72,9%) y para sujeción y contención física (76,7%).
La fiscalización periódica por parte del SENAME es superficial, ya que en su mayoría las supervisiones son coordinadas previamente. Los tribunales de familia, que deben visitar los centros al menos cada seis meses, también han mostrado deficiencias en su labor fiscalizadora. La PDI constató que un alto porcentaje de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica (37,3%), médica (14,2%), crónica (13,9%) o discapacidad (19,8%). La falta de encargados de salud con el perfil adecuado y la administración de fármacos por personal sin formación sanitaria son problemas graves.
A pesar de las graves constataciones, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ha negado haber recibido el informe de la PDI, calificando de falso lo dicho por el diputado Saffirio. El informe de la PDI se suma a una larga cadena de reportes de diversas instituciones que evidencian un sistema en crisis, sin que se hayan implementado medidas efectivas para proteger a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
tags: #casos #sename #bulberavilidad