La protección de la infancia en situación de vulnerabilidad en Chile ha generado un intenso debate y preocupación, especialmente en lo que respecta a la separación de niños de sus entornos familiares, incluso cuando existen parientes como abuelas dispuestas y aptas para su cuidado. Casos como los de F.N., Yohana y Arcelia Toledo revelan las complejidades y las deficiencias estructurales de un sistema que, a menudo, prioriza la institucionalización sobre la preservación de los lazos biológicos y el apoyo a las familias extendidas.
Casos que Ilustran la Problemática
El Caso de F.N.: Cuando la Abuela no fue Suficiente
F. N., de tres años, lleva más de un mes viviendo en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename) porque ni su madre ni su padre pueden asumir su custodia. En rigor, la madre no puede ni quiere, ya que trabaja de noche, es alcohólica y no es capaz de proporcionarle a su hijo lo mínimo: alimento y abrigo. Cada vez que ella no quería cuidar a su hijo, el padre lo recibía. A fines del año pasado, el padre decidió hacer una denuncia por abandono ante Carabineros para asumir oficialmente la custodia de F.N.
La situación de abandono de F.N. llegó a principios de este año a un juzgado de familia de San Miguel. A la audiencia asistió su madre y también su abuela materna, la única de la familia que quería y podía quedarse con F.N., y se lo llevó a su casa. Pero la alegría le duraría poco, porque en la segunda audiencia, el juez decidió que tampoco la abuela materna era apta para su custodia y ordenó que fuera internado en un hogar del Sename.
Actualmente, la abuela materna vive en otras condiciones. Tiene una pareja consolidada y ambos trabajan de manera estable, poseen una vivienda y sí pueden cuidar a F.N. A pesar de esto, la decisión judicial no la favoreció.
El Calvario de Yohana y la Pérdida de sus Hijos
Yohana perdió a sus hijos, Gabriel y sus dos hermanos, hace tres años, y el doble de tiempo desde que los dejó en un hogar. Ella relata: "Yo no tenía dónde vivir y en el jardín de la Junji al que asistían me dijeron que podía dejarlos por seis meses en una residencia mientras mejoraba mi situación económica".
El juicio que declaró la susceptibilidad de adopción ocurrió en 2012, tras una solicitud iniciada por el Sename de Aysén. La principal razón invocada por la justicia fue la inhabilidad parental. Que Yohana consiguiera trabajo, arrendara una casa, abriera una libreta de ahorro para la vivienda, asistiera a terapia para superar su depresión y los episodios de violencia en su matrimonio, no fueron suficiente para la jueza de primera instancia, Rosalía Mansilla, quien accedió a la petición del Sename.
Tampoco que dos abuelas y tíos de los menores manifestaran voluntad de quedar al cuidado de los niños fue suficiente, pese a que la Ley y los convenios suscritos por Chile estipulan que la adopción debe ser la última carta y que el sistema debe priorizar mantener al niño vinculado a sus lazos biológicos, buscando en el árbol familiar a alguien que pueda asumir su cuidado.
No obstante, la Corte de Apelaciones opinó distinto. El fallo de segunda instancia indicó: “No puede sostenerse que exista falta de afectividad en la relación de madre o padre con sus hijos”. Agregó que "respecto al aspecto económico, aquella sola circunstancia no configura la hipótesis para que se proceda a la declaración de susceptibilidad”. El magistrado a cargo, Sergio Moya, señaló además que la Convención sobre los derechos del niño “propende a que el menor no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, cuestión que ocurriría si se accediera a la susceptibilidad de adopción” y que obliga a los Estados parte a “tomar medidas apropiadas para ayudar a los padres a concretizar dicho derecho”.
El fallo también criticó que la jueza de primera instancia no escuchó a los niños y recalcó que “la susceptibilidad de adopción no procede cuando los menores cuya susceptibilidad se pide cuentan con una familia biológica a la cual no se ha acreditado una inhabilidad física o moral grave y permanente”. A fines de 2014, Yohana se enteró anónimamente que sus hijos habían sido entregados a un matrimonio francés. Actualmente, Yohana forma una agrupación de padres de hijos dados en adopción al extranjero.
Arcelia Toledo: Lucha por la Tutela Familiar
Arcelia Toledo es otra madre afectada. En 2010, sus cuatro hijos (de 8, 6, 3 y 1 años en ese entonces) fueron internados en hogares de la región. Ella admite que en ese momento vivía en un entorno marcado por el alcohol y la violencia intrafamiliar con su pareja, pero dice que una vez en el proceso siguió los pasos exigidos por el tribunal y asistió a todas las terapias. Tanto así que hoy recuperó la tutela de dos de sus hijos. Otro siguió viviendo con una tía paterna.
Un final distinto tuvo su hija menor, quien presuntamente fue adoptada por italianos. Arcelia reclama: “¿Por qué, si hoy estoy habilitada para tener la tutela de mis hijos, no me dejaron quedarme con ella? Mis papás y yo llamábamos al hogar, hasta que después de muchas insistencias y de varias visitas en que no nos dejaban verla, una asistente me confesó que se la llevaron a Italia. En ese entonces yo era callada, no reclamaba mis derechos. Tiempo después traté de hacer algo, buscar información, preguntar, pero ni en el Sename ni en tribunales me ayudaron con nada. Solo me decían que los antecedentes ya estaban archivados”.
Desafíos Estructurales en el Sistema de Protección
Falta de Definiciones Claras y Discrecionalidad Judicial
El juez que debe decidir la situación de niños como F.N., se enfrenta a un problema fundamental: no hay ninguna norma que defina qué significa una “vulneración de derechos grave”, un concepto que se utiliza en los juicios de menores en situación de riesgo o abandono. Por lo tanto, las medidas a adoptar quedan a criterio de los jueces.
Presión por Sentencias y Ausencia de Audiencias Previas
La discrecionalidad judicial se agrava por la presión sobre los jueces. CIPER investigó en la trastienda de los Tribunales de Familia, donde la calificación de un juez depende del número de sentencias que firmó en el menor lapso de tiempo. Esta presión lleva a que la decisión de aplicar o no una medida de protección se dicte, en algunos casos, sin realizar la audiencia respectiva. Solo se revisa en el SITFA (sistema de causas de familia) si el niño ha sido objeto de denuncias previas o se consultan antecedentes de los padres, a veces de manera telefónica por premura.
Una jueza de familia de Pudahuel relató: “El resultado es que muchas veces, sin siquiera una audiencia, con estas mínimas diligencias, el niño sale de allí con una medida de protección encima que significa que, de la noche a la mañana, le dicen que su vida cambiará ya que será incorporado a un programa de protección, que su familia será intervenida”.
La Ausencia de Defensa Legal para las Familias
Un segundo problema en el sistema de protección es que la ley no exige que los afectados tengan un abogado que los represente. Un juez de familia entrevistado por CIPER señaló que la mayoría de las causas de protección que llegan a audiencia se fallan sin abogado. Esto, según él, otorga un poder a los magistrados ante el cual las familias no tienen armas: "Aplicas una medida, internas niños, y como no hay abogado, nadie apela y nada de esto llega a las cortes".
Las ofertas de defensa pública son escasas, incluyendo la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Programas de Representación Jurídica (PRJ) del Sename, abogados de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) y clínicas jurídicas universitarias. Sin embargo, en la práctica, es "imposible que los abogados hagan lo que el sistema indica", como entrevistar al niño, aportar antecedentes en la audiencia, pedir que el juez escuche al menor o apelar decisiones de internación.
El Concepto de "Inhabilidad Parental" y la Estigmatización de la Pobreza
El concepto de inhabilidad parental, invocado en el 75% de los casos de adopción en 2015, genera debate entre especialistas. Un psicólogo del Sename, en reserva, afirma: “El problema es que hace la vista gorda con los factores contextuales, responsabilizando exclusivamente a los padres y madres de su inhabilidad, cuando en general un análisis más social muestra que esta falta de destreza puede reconducirse a las condiciones estructurales en las que se encuentran estas familias (…) Es el concepto favorito para condenar a los pobres”. De hecho, "un padre puede ser declarado inhábil por no tener casa, por ejemplo, por quedar en la calle".
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, añade: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
La "No Radicación" de Causas y la Fragmentación del Seguimiento
D.C. tenía poco más de cinco años cuando fue internada en un hogar del Sename en 2010. Sus padres fueron denunciados por negligencia. Un juez de San Miguel decidió su internación y la de dos de sus hermanos, todos en hogares distintos. Meses después, funcionarios del hogar denunciaron que la niña no era visitada por sus padres y solicitaron que fuera declarada admisible para adopción. Un Tribunal de Familia de Santiago abrió un nuevo expediente para D.C. Finalmente, la Corte de Apelaciones descubrió que la ausencia de los padres tenía una razón: como los tres hijos estaban en distintos hogares del Sename, muy distantes entre sí, era imposible cumplir con las visitas, asistir a terapia y trabajar.
El desorden que vivió D.C. y su familia se explica por la falta de un sistema que impida que un niño tenga abiertas simultáneamente dos causas en distintos tribunales, y por lo que se conoce como "no radicación". Esto significa que los jueces de familia rotan entre causas de protección y otros asuntos, como divorcios o alimentos. Un juez lamenta: “La no radicación significa que yo no me puedo quedar con una causa. Hasta 2010, yo seguía una causa desde que la iniciaba hasta que la terminaba. Eso ya no pasa. Y como todo el sistema está en función de la celeridad, se decidió la ‘no radicación’ a rajatabla. No pensaron en que, especialmente en protección, el seguimiento es muy necesario. Si el niño pasa de juez en juez, yo lo pierdo, me olvido”.
LEY 19.968: VIF y NNA | Procedimientos claves en los tribunales de familia
Deficiencias en la Fiscalización y Acompañamiento del Sename
Incumplimiento de Informes y Visitas
Se supone que cuando un juez ordena la internación de un niño en un centro del Sename, debiera recibir cada tres meses un informe de ese servicio indicando si se está cumpliendo la medida de protección. Aunque la Corte Suprema ordenó el envío trimestral de esos informes, los hogares "rara vez lo hacen". Por esa razón, en muy pocas ocasiones se revisan las medidas de protección dictadas. La única vía para fiscalizar son las visitas que los jueces deben hacer cada seis meses a los hogares, pero estas son más bien administrativas y superficiales. Un juez de familia de San Miguel explica que “si visito, por ejemplo, un centro en Pudahuel, ahí puede haber tres niños que corresponden a nuestro tribunal y todos los demás son de otros tribunales”.
La Adopción Internacional en un Contexto de Vulnerabilidad
Gabriel y sus dos hermanos forman parte de los 299 menores a cargo del Sename que la justicia entregó en adopción a matrimonios extranjeros entre 2014 y 2016, lo que equivale al 19% de los enlaces concretados. Los padres biológicos de los casi 300 niños que han salido en los últimos años han ido incubando un creciente malestar. En el Sename reconocen esta situación y hacen un “mea culpa”: “Hemos sido súper legalistas, pero tal vez no todo lo legal es ético”, dice María Fernanda Galleguillos, jefa del departamento de adopción del Sename.
Producto de estas deficiencias, Chile se ha convertido en uno de los llamados países emisores o de origen en el circuito de adopción internacional, situándose en el puesto 36 a nivel mundial (2004-2015) y octavo en Latinoamérica. Es frecuente oír que “los niños que fueron adoptados por extranjeros nadie los quiere en Chile”. Sin embargo, muchas familias que han entregado a sus hijos en adopción contra su voluntad denuncian irregularidades en los procesos legales, a menudo bajo condiciones de extrema vulnerabilidad económica, bajo nivel educacional y falta de redes de apoyo.
Las cifras oficiales son incoherentes; la información proporcionada por el Sename al parlamento contradice la obtenida vía Transparencia, lo que siembra dudas sobre la gestión y el seguimiento de estos casos.
Condiciones Precarias y Falta de Especialistas en Hogares
La brecha entre lo que el Estado entrega y lo que se necesita para brindar una atención de calidad es enorme. Si el Sename paga 150 mil pesos mensuales por atender a un niño abandonado, lo adecuado sería que pagara 250 mil. Esta diferencia se cubre hoy con caridad. Las instituciones que logran mayores recursos "pasando el sombrero" ofrecen mejores profesionales y hogares.
Un informe de la "Comisión Despeje" reveló que la precariedad es extendida. Por ejemplo, en el hogar Juan XXIII de Buín, para niños con discapacidad mental grave, los jóvenes "permanecen habitando en condiciones de emergencia en un gimnasio que fue habilitado; los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene". Además, hay falta de profesionales y los niños con problemas de salud mental no reciben la atención necesaria.
La violencia es otro problema recurrente. Los recursos del Sename no permiten contratar personal especializado, a pesar de que los niños en el sistema han sufrido mucho daño. Un niño que fue abusado por su padre "requiere una atención especializada", pero no la ha tenido por largo tiempo, lo que lleva a formar "personalidades despiadadas", según una directora de hogar.
Se ha documentado en varios centros la falta de control, la mala preparación del personal, la falta de criterio, maltratos y abusos sexuales, incluso entre los propios internos. Un informe de supervisión en los hogares "Puertas Abiertas" y "Abriendo Caminos" reveló "la ausencia continua de los niños especialmente en el horario nocturno y fines de semana, los cuales figuran presentes en las nóminas internas, sin que los educadores y profesionales tengan certeza de su paradero".
Propuestas de Mejora y Perspectivas Futuras
Un Enfoque Centrado en la Familia y el Apoyo Especializado
Francisco Estrada, abogado experto en infancia, señala tres pilares para una solución definitiva: unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias; que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen; y que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada. Estrada enfatiza: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos".
Rediseño de Programas y Coordinación Interinstitucional
El Sename reconoce una "deficiencia en la intervención y fortalecimiento con la familia" y propone un nuevo enfoque orientado a la intervención del niño en su familia, evitando que todos los casos sean judicializados y derivados a hogares externos. Esto implicaría rediseñar la oferta actual de programas licitados para la terapia de las familias. María Fernanda Galleguillos, jefa del departamento de adopción del Sename, indica que "no solamente el niño es vulnerado, sino que también su contexto familiar y eso hay que tratarlo. Hoy no todos los programas responden a ese espíritu".
Además, se exigirá que las residencias requieran inmediatamente al tribunal un certificado de redes familiares al Registro Civil para comenzar a trabajar con el referente afectivo, buscando tener claridad de estas redes a los 90 días. Sin embargo, los avances son escasos. La “mesa técnica” para ejecutar el Convenio de Cooperación Interinstitucional de 2014, tardó meses en reactivarse, y el Sename "no cumplió ninguno de los compromisos acordados".
Cierre del Sename y Transición a un Nuevo Servicio
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Estela Ortiz espera "dejar instalado" en el actual gobierno, es decir, antes de 2019. El problema es que "los niños no pueden esperar".