La Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) ha sido objeto de una investigación que revela serias deficiencias en el control del pago de pensiones. Durante años, la entidad ha pagado beneficios a jubilados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones sin tener certeza sobre la vitalidad de sus beneficiarios.
La Problemática: Pensiones a Beneficiarios de Incierta Vitalidad
Una investigación de CIPER, cuyos resultados fueron confirmados en una entrevista por el propio director de Dipreca, Carlos Capurro, evidenció que la institución ha pagado pensiones a personas sin saber si estas estaban vivas o muertas. En un intento por normalizar la situación, en diciembre pasado Dipreca resolvió suspender los pagos de pensiones a un grupo de 182 beneficiarios que figuraban con más de 100 años y de los cuales la entidad no tenía certeza de su supervivencia.
De este grupo, se detectó que 44 personas no registraban un RUT válido y en al menos 11 casos se constató su fallecimiento, sin que hasta el momento se sepa quién cobraba ese dinero. Respecto de otras 18 personas, no se ha podido establecer si siguen vivas, e incluso entre ellas hay tres que habrían cumplido 110 años. El director de Dipreca confirmó que aún no saben si continúan transfiriendo dinero a nombre de personas que podrían haber fallecido.
Hallazgos Críticos y Origen de las Irregularidades
Las primeras señales de alerta surgieron el 29 de diciembre de 2021, cuando la Contraloría General de la República (CGR) emitió su Informe Final 371, que detallaba una serie de irregularidades. Entre ellas, se detectaron inconsistencias contables entre los rubros de activos, pasivos y patrimonio por un monto de $115 millones. Pese a los compromisos adquiridos, la situación no ha podido ser resuelta por completo hasta la fecha.
Un informe de Auditoría Interna de Dipreca, emitido el 18 de diciembre de 2024 y al que tuvo acceso CIPER, reconoció que a esa fecha aún persistía la falta de normas y procedimientos en el funcionamiento del proceso de pagos de pensiones y montepíos. Este documento también reveló asimetrías contables sin aclarar en los descuentos aplicados a los beneficiarios.
Ante estas múltiples irregularidades, las autoridades de Dipreca decidieron suspender el pago de pensiones a las 182 personas mayores de cien años, iniciando una revisión para confirmar su estado. Los hallazgos de un Informe Final de Auditoría interna confirmaron que cuatro de estos beneficiarios tenían su registro de defunción en el Registro Civil. Otro descubrimiento fue que los RUT de 44 de estas personas no aparecían en el Registro Civil.
La Lucha por la Transparencia
En este contexto, se solicitó a Dipreca, a través de la Ley de Transparencia, que entregara información sobre estos hechos. Frente a una respuesta negativa, el caso fue presentado al Consejo para la Transparencia (CPLT). Los motivos expuestos por Dipreca para justificar su negativa no se fundaron en las razones contempladas en la Ley de Transparencia para mantener bajo reserva un documento, sino en argumentos de índole comunicacional y de contexto político. El CPLT desestimó estos argumentos y otorgó un plazo de cinco días hábiles a Dipreca para entregar la información.
Admisiones del Director y Desafíos Pendientes
Dada la contradicción entre la respuesta de Dipreca y los informes de Contraloría y de la propia institución, CIPER solicitó una entrevista con el director, Carlos Capurro. En ella, el funcionario admitió la veracidad de las conclusiones de ambos informes.
Capurro explicó que, de las 44 personas sin RUT válidos que figuraban con más de 100 años, 15 lograron proporcionar pruebas de vida a solicitud de Dipreca, por lo que se les restituyó el pago de pensión. Sin embargo, agregó que otras 18 personas no pudieron ser contactadas y se desconoce aún si están vivas o muertas.
Respecto a las pensiones abonadas en las cuentas bancarias de las personas fallecidas, Capurro reconoció a CIPER: "No sabemos si alguien las retiró o no". Sobre las debilidades de control, justificó que "en Chile no hay cómo saber si alguien falleció en el extranjero" y que, en ese escenario, otra persona podría seguir cobrando los dineros abonados en su cuenta nacional.
Finalmente, el director de Dipreca reconoció que aún no han iniciado querellas para recuperar el dinero que fue mal pagado. "Estamos viendo donde presentamos acciones legales. Si [los eventuales partícipes de esta situación] están en el extranjero, ¿dónde lo hacemos?", se preguntó, evidenciando los desafíos legales que enfrenta la institución.
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