La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) han sido objeto de múltiples denuncias y revelaciones sobre el pago de altas pensiones por inutilidad de segunda clase a ex miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes en muchos casos no presentarían ninguna incapacidad física real. Las investigaciones han expuesto una serie de irregularidades que van desde la entrega de beneficios a personas que trabajan y gozan de buena salud, hasta el involucramiento de pensionados en casos de mega fraude y violaciones a los derechos humanos.
Exposición de Irregularidades en Pensiones por Invalidez de Segunda Clase
El programa Informe Especial de TVN denunció que ex uniformados obtienen beneficios por invalidez de segunda clase pese a trabajar y gozar de buena salud. Las pensiones por inutilidad de segunda clase se otorgan a los miembros de Capredena que sufren un accidente en acto de servicio, enfermedades profesionales o padecen una enfermedad invalidante de carácter permanente. Estas dolencias deben impedir su capacidad de trabajo y la posibilidad de ganarse el sustento en ocupaciones privadas, sin embargo, la normativa no siempre se cumple.
El espacio televisivo reveló que entre los ex uniformados que reciben este beneficio previsional aparecen cuatro personas que están en el penal de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad. Todos ellos no acusaron problemas de salud antes de ingresar al recinto carcelario.
Casos Emblemáticos
- Uno de los casos presentados por TVN corresponde al de Emilio Neira, ex agente de la CNI, condenado por su participación en la Operación Albania. El ex uniformado, quien estuvo preso en Punta Peuco, recibe una pensión de $2.605.979. Argumentó que tal beneficio se debe a que padece un "síndrome de estrés postraumático" a causa del asesinato que cometió de dos personas al cumplir órdenes. Actualmente, Neira trabaja en el sector privado.
- Otro caso corresponde al ex oficial de Ejército Augusto Pinochet Hiriart, hijo del fallecido dictador, quien recibe desde 1979 una pensión de $900 mil mensuales. En su defensa, aseguró que fue aplastado por un camión, lo que lo dejó "inválido", aunque se recuperó para volver a caminar, "pero no para seguir en el servicio".
El gran cuestionamiento sobre este tipo de pensiones radica en que no se exige que los beneficiados sean reevaluados en su enfermedad o dolencia física, lo que constituye uno de los puntos ciegos de la normativa. Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez, sin que exista la posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen.
El Mega Fraude en Carabineros y las Pensiones
A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados, con un monto de robo que supera los $25.700 millones.
CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete del entonces director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple, y posteriormente asumió la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones bajo el general Flavio Echeverría.
Otros oficiales imputados por el desfalco incluyen:
- El coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude.
- El comandante Robinson Carvajal Leiva, quien cobra una pensión de $2 millones y a quien la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de personas para recibir los fondos sustraídos.
- El mayor Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón, acusado de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas.
- El comandante Ramiro Martínez Chiang, quien cobra $2 millones mensuales. La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
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Casos de Doble Pensión
Las nóminas analizadas por CIPER también revelaron que al menos 22 ex oficiales de Carabineros están recibiendo doble pensión. Estos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones.
Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión se encuentra el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena): $6.976.552 mensuales. Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros, percibe además una segunda pensión de $938 mil. A su defensa, señaló que la norma "no me prohíbe ejercer como abogado" y que "no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa", añadiendo que también hace clases, aunque solo un par de ramos.
Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figuran pasando a retiro dos veces y en años distintos, la mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006, la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también imponible en Dipreca.
En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran también dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos (director entre 2001 y 2005), quien recibe $4,3 millones, y Eduardo Gordon (al mando entre 2008 y 2011), quien percibe un monto casi idéntico de $3,6 millones. El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones, percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón.
Médicos Pensionados por Invalidez Activos
Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca, algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, quien pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase, fue encontrado por CIPER ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (lo cual no le impide la normativa por ser un hospital público). Aunque Sudy negó haber trabajado allí, un informe de la Contraloría señala lo contrario. Además, entre enero y diciembre de 2010, Sudy figura en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con $1.135.326 mensuales, y en 2011 en otra nómina de honorarios del Instituto Geográfico Militar, con $1.582.653 mensuales. Ese mismo año, también figura en una planilla del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército con poco más de $2 millones mensuales. Sudy explicó que, si bien atiende pacientes del Ejército en su consulta privada, no puede ser contratado por el mismo empleador que le dio de baja.
Pensionados con Historial de Violaciones a los Derechos Humanos e Irregularidades
En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos, además de generales con historiales de irregularidades administrativas.
Violaciones a los Derechos Humanos
- El general en retiro Gonzalo Arias González, fue protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco. La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó condenas a ocho años, pero la Corte Suprema lo dejó libre por prescripción del delito. Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones.
- El coronel Pedro Caballero Castillo, quien percibe una pensión de $2,7 millones, en 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó como “asociación ilícita terrorista”.
- Sergio Saravia Henríquez, también parte de la Dicomcar, fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de secuestros. Se denunció que seguía activo como subprefecto en 2002 a pesar de la sentencia.
- Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando fueron secuestrados Manuel Guerrero y José Manuel Parada (Caso Degollados).
- El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte a tiros y golpes del joven cantante peruano Percy Arana en 1984.
- El teniente Leandro Plaza Perellano lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo en 1983. En 2007, la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido.
Irregularidades Administrativas
Entre los generales pensionados, varios estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro:
- El ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER revelara que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras un accidente de tránsito.
- El general Aquiles Blu Rodríguez, quien también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones, fue responsabilizado por Gordon del cambio del parte. Blu también estuvo al mando de la Dirección de Logística en el periodo de compras irregulares en el TIC.
- El general Gerardo González Theodor, quien pasó a retiro a fines de 2012 después de reportajes sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
- El general Eduardo Muñoz Poblete, quien poco antes de dejar el servicio, firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones por 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad.
Impacto Financiero y Contraste con el Sistema de AFP
Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro -civiles y uniformados-, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase, lo que le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones, con pensiones promedio que bordean los $1,8 millón.
De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena.
La cifra de estas pensiones contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP.
La Situación de Salud de los Pensionados según las Asociaciones Gremiales
El presidente de la Asociación Gremial Nacional Pensionados de las FF.AA., Carabineros (r) y Montepíos, César Cereceda, denunció una serie de irregularidades en el sistema de salud de Capredena. Según Cereceda, "la sociedad en Chile cree que tenemos todo gratis, la salud gratis y no es tan así. Nosotros también pagamos el 7% de salud y también pagamos un seguro complementario voluntario para mejorar el sistema de salud".
Según la organización, existen muchos casos de personas de la tercera edad que no pueden realizar sus tratamientos debido a los elevados costos y a coberturas insuficientes. "La situación de los pensionados de las Fuerzas Armadas no es buena", afirmó Cereceda, asegurando que los exfuncionarios de Carabineros son los más perjudicados. "Ellos no tienen una ley, ellos se rigen por el decreto 509 y 844 (Dipreca) que le fijan los valores, las bonificaciones, pero no tienen una ley que los regule, que los ayude como a nosotros". Concluyó que "hoy día los pensionados o pagamos las atenciones médicas, o compramos los medicamentos, o compramos la alimentación para no morirnos por enfermedad".
Reacciones y Medidas Anunciadas
Frente a estas revelaciones, los ministros del Trabajo y Defensa anunciaron la creación de una mesa de trabajo para investigar estas "abusivas pensiones" y proponer modificaciones legales que pongan fin a estas prácticas. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a una marcha con el objetivo de manifestar su rechazo a los indultos y beneficios a los violadores de Derechos Humanos implicados en estos esquemas.
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