En Chile, el sistema de pensiones basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de intenso debate y movilización social. La controversia se centra en la percepción de que este modelo, implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, ha fracasado en garantizar pensiones dignas para la mayoría de la población, generando desigualdad, descontento social y pensiones de miseria.
El sistema de AFP reemplazó el modelo de reparto solidario existente hasta 1980 por uno de capitalización individual, donde cada trabajador aporta a una cuenta personal administrada por empresas privadas. La "promesa" era que este mecanismo garantizaría pensiones superiores a las obtenidas con el sistema solidario. Sin embargo, décadas después, las pensiones resultantes han sido significativamente más bajas de lo esperado, con montos que en muchos casos no llegan a tres cuartos del salario mínimo, lo que muchos consideran una completa estafa del sistema capitalista chileno hacia las y los trabajadores.
El Origen y la Consolidación del Movimiento No+AFP
Las Primeras Movilizaciones y el Sentir Ciudadano (2016-2018)
La coordinadora nacional de trabajadores “No más AFP” se formó el año 2013, siendo integrada por sindicatos tanto del sector público como del sector privado. Si bien han pasado cinco años desde su fundación, no fue hasta el año 2016 cuando comenzó a ser más visible, esto como consecuencia del destape de las pensiones millonarias de gendarmería y el surgimiento de las movilizaciones de “indignados Chile”. La ex subdirectora técnica de Gendarmería, Myriam Olate, desbordó el dique cuando trascendió que gozaba de una pensión superior a los cinco millones de pesos.
Miles de personas se reunieron en las calles de distintas ciudades a lo largo del país el domingo 24 de julio de 2016 para protestar contra el sistema de pensiones bajo la consigna "No+AFP". Fue la primera marcha multitudinaria que se vio en el país por este motivo. El movimiento pedía un sistema de reparto, solidario, tripartito y administrado por el Estado. Durante los meses siguientes, las movilizaciones continuaron.
La segunda convocatoria de No+AFP dio inicio a la llamada “segunda fase”, que buscaba debilitar a las AFP. Su vocero, Luis Mesina, pidió a los asistentes cambiarse masivamente hacia el multifondo E. En la tercera marcha, el llamado fue a salir masivamente de dos administradoras: Cuprum y Provida. En esta tercera marcha nacional, el movimiento también convocó a un paro nacional para el 4 de noviembre de 2016. El fin último: "un sistema de pensiones de reparto solidario, tripartito (con contribución del trabajador, el empleador y el Estado) y administrado por el Estado”.
Un estudio hecho por Criteria llamado «Sistema previsional y subjetividades: del ‘No+AFP’ a ‘#ConMiPlatano’» analiza el cambio de visión que tuvo la ciudadanía en los últimos años sobre el sistema previsional. En 2018, un 81% de los encuestados por Criteria estaba de acuerdo con que el sistema debía ser totalmente estatal. Además, el movimiento No+AFP continuaba con una amplia legitimidad ciudadana. "Los resultados de aprobación al movimiento parecían ser inversamente proporcionales a la mala imagen de las administradoras privadas”, señala el estudio de Criteria. En los sondeos de esa época, “las AFP no sólo eran mal evaluadas, sino que además se las catalogaba como las responsables de la situación de las pensiones en Chile”, ya que un 63% opinaba eso.
El director y fundador de Criteria, Cristián Valdivieso, explica que el movimiento No+AFP se consolidó en 2016, cuando empezaron a jubilar las primeras personas que estuvieron en el sistema de AFP durante toda su vida laboral, pero cuyos montos que recibieron como pensión no cumplieron las expectativas mínimas. “Lo que hace el movimiento es traspasar toda la responsabilidad de las malas pensiones a las AFP. La historia corta era: terminando con las AFP se arregla el problema de las pensiones (…) En ese contexto, la gente dice: bueno, vamos a un sistema estatal, o de reparto, o de otra índole. Eso, sin tener demasiadas distinciones sobre qué significaba un sistema de reparto, pero teniendo la rabia contra las AFP”, sostiene Valdivieso sobre el respaldo que en ese momento daba la gente a un sistema administrado por el Estado.
Evolución de la Percepción Ciudadana sobre el Sistema Previsional
Casi después de esa primera multitudinaria marcha contra las AFP, el escenario de percepción ciudadana evolucionó. Según Criteria en octubre de 2021, al consultar sobre la cotización adicional que se proponía para la reforma previsional, un 54% prefería poder elegir si lo administra un ente estatal o una AFP, un 36% una institución estatal, y un 10% quería que lo administre la AFP. En abril de 2022, al hacer la misma pregunta, subió la preferencia de elegir entre ente estatal y AFP a 61%, y bajó la elección de una institución estatal en 10 puntos porcentuales, a 26%. Por su parte, que lo administre la AFP se elevó a 13%.
Hitos que Modificaron el Debate
¿Qué fue lo que modificó la percepción de las personas entre 2016 y 2021? Según Cristián Valdivieso, hubo tres hitos o puntos de inflexión que cambiaron el foco de la discusión:
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El Proceso Constituyente de Bachelet y la Complejidad del Tema
El primer hito fue el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, donde se realizaron cabildos ciudadanos y hubo conversaciones. “Ahí la ciudadanía se empieza a dar cuenta que la discusión sobre el tema de las pensiones es más compleja que solo terminar con la AFP. Y la misma gente tiene esa noción: ponen el foco en el resultado más que en el método, en conseguir buenas pensiones más que en el tipo de sistema.” En este contexto, el estudio de Criteria también menciona que empezaron a aparecer algunos atributos que la gente sí valora del sistema actual y que no les gustaría perder: libertad de elegir, propiedad privada y esfuerzo individual.
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Los Retiros de Fondos Previsionales: Reforzando la Propiedad Individual
El segundo gran punto de inflexión fueron los retiros de fondos previsionales. Si bien los parlamentarios llegaban a votar los proyectos de retiros con carteles de “No+AFP”, lo cierto es que el efecto de los retiros terminó siendo totalmente contrario. “Ahí se refuerza con mucha nitidez la idea de que efectivamente las personas, con su esfuerzo, con su capitalización y con su pilar contributivo, sí estaban generando un ahorro que la gente quiere que le pertenezca. Y sí, esa plata existe, esa plata se reconoce, esa plata está ahí para la pensión”, argumenta Valdivieso. De hecho, según el estudio de Criteria, “la propiedad privada es uno de los principios elementales de la cultura chilena y que tiene su correlato en el sistema de pensiones. Las personas destacan la importancia de tener propiedad sobre sus fondos, lo que se relaciona con la preferencia por una cuenta propia donde se administren sus ahorros. Este principio se muestra con toda su fuerza al tratar el tema de la heredabilidad de los fondos, cuando las personas, de manera casi unánime, se inclinan porque los fondos sean privados y heredables”.
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El Proceso Constituyente (2021-2022) y la Iniciativa "Con mi plata no"
El tercer gran punto de inflexión fue el segundo proceso constituyente, que llegó justo después de los retiros de fondos. Entre las iniciativas ciudadanas que se presentaron ante la Convención Constitucional, “Con mi plata no” fue la iniciativa popular de norma más votada, sumando 60.852 apoyos. Luego siguió acumulando firmas y llegó a más de 100 mil. Sin embargo, cuando se votaron por primera vez ambas propuestas en la Convención, la comisión de Derechos Fundamentales rechazó en general la iniciativa popular más votada “Con mi plata no”. “En ese momento la gente dijo hasta aquí no más llegamos, algo pasa acá”. Se empezó a imaginar que los fondos de pensiones y el esfuerzo de cada una de las personas se iba al tacho de la basura, que eventualmente se lo podía tragar el Estado y no tener necesariamente un control respecto de ese esfuerzo.
Estos tres puntos son, a juicio del director de Criteria, los que hicieron que las personas tuvieran la inquietud sobre un sistema previsional que no esté articulado solo en torno al Estado, pero tampoco solo en torno a los privados. “¿Eso quiere decir que la gente en Chile no es para nada solidaria? No”.
Argumentos del Movimiento No+AFP contra el Sistema Actual
Críticas a la Capitalización Individual y las Pensiones
El sistema chileno de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, prometía -nunca materializada- entregar pensiones del 70 por ciento o más de los sueldos en activo. "Es un sistema de ahorro forzoso, que pretende que parte del ahorro nacional sea hecho por los trabajadores, cuando tiene que ser hecho con cargo al excedente y no a los salarios", explica Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda).
Incluso quienes defienden el actual sistema de "capitalización individual" en Chile -como las propias AFP y los asesores previsionales− reconocen que hay "temas que corregir". La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones chileno presentó en 2015 un "diagnóstico lapidario". Según un reciente informe de la Superintendencia de Pensiones, el monto promedio de las jubilaciones en Chile asciende hoy a unos 197.726 pesos (300 dólares), por debajo del sueldo mínimo, de unos 257.500 pesos (385 dólares).
El Rol de las AFP y los Grupos Económicos
Las AFP han desempeñado un papel activo en el debate previsional, buscando mantener su participación en la administración de los fondos de pensiones. Han ejercido presión para evitar cambios que puedan afectar su modelo de negocio, como la eliminación de las comisiones o la creación de entidades públicas que compitan en la gestión de fondos. El mercado financiero chileno, que incluye bancos y entidades de inversión, tiene un interés directo en las reformas previsionales debido al impacto que los fondos de pensiones tienen en las inversiones y en la economía nacional. Estos actores han abogado por reformas que fomenten el ahorro y la inversión privada. Este sector empresarial fue el que más celebró el acuerdo.
Lo que no se dijo y que hasta hoy los sostenedores de las AFP se niegan a reconocer es que en los hechos se produjo una expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos que contarían desde entonces con cuantiosos recursos de inversión. Sin duda se ha creado mucha riqueza, de lo cual dan cuenta las utilidades del sistema, pero con una tendencia regresiva en cuanto a su distribución.
“Las AFP recaudaron en abril 500 mil millones de pesos, sólo en cotizaciones obligatorias, y pagaron un millón de pensiones a 200 mil millones de pesos. La contradicción es tener, entonces, un sistema que da pensiones escuálidas y al mismo tiempo es un pilar irrenunciable del modelo neoliberal. Numerosas investigaciones periodísticas dan cuenta del entramado de las AFP, que no es sólo económico-financiero, sino también político. Too big to fail, demasiado grande para caer.” Por eso, desde el establishment se descarta a priori la posibilidad de volver a un sistema de reparto para las pensiones, bajo el argumento de que sería una medida “populista”.
Su recaudación, pago y administración de fondos excedentes está en manos de un sector "muy fuerte de la economía chilena", con un capital de más de 167 mil millones de dólares, dos tercios del PIB chileno, señala Ensignia, analista del Barómetro Política y Equidad (BPE).
Propuestas y Alternativas al Sistema de AFP
La Visión de No+AFP: Un Sistema de Reparto, Solidario y Tripartito
El movimiento “No más AFP” ha comprendido que no es la falta de recursos lo que genera pensiones de miseria, que no se requiere del incremento del gasto fiscal, sino que los fondos que acumulamos miles de trabajadores y trabajadoras alcanzan para una pensión al menos digna, pero que no se están utilizando para eso, sino que están a disposición de los grandes empresarios para que tengan capital con qué invertir.
En sus años de existencia, la coordinadora ha realizado 3 congresos con más de 500 participantes y ha llevado a cabo marchas multitudinarias en todo el país. También elaboró una propuesta al actual sistema de pensiones, con respaldo técnico y además llevó a cabo un plebiscito auto convocado con más de un millón de participantes a nivel nacional. Logró evitar ser eclipsados por un periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, poniendo en los debates la demanda por la seguridad social. Ha logrado hábilmente mantener diálogo con representantes de la política partidista, logrando plantearles la propuesta sin ser pasados a llevar por la costumbre de la clase política de, en una posición de “expertos” ofrecerles soluciones, pues este movimiento no sólo protesta por el problema, sino que tiene clara la solución. Además, en el año que recién pasó, elaboró su propia propuesta de ley, mediante la llamada “Iniciativa Popular de Ley” (IPL), para lo cual a través de cabildos realizados en todo el país, miles de personas estuvieron debatiendo acerca del sistema de pensiones que Chile necesita.
Propuestas de la "Comisión Bravo" y Debates Gubernamentales
La llamada "Comisión Bravo" (Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones chileno) presentó en 2015 un "diagnóstico lapidario" y tres propuestas: A, B, y C, que estuvieron a debate en el seno del Gobierno y la sociedad chilenas. Tras la primera protesta popular en julio de 2016, la entonces presidenta Michelle Bachelet anunció el envío de una serie de proyectos al Congreso, que incluían la idea de aumentar en cinco puntos porcentuales la tasa de cotización, y que el empleador asumiera este aumento. La Presidenta Bachelet tuvo que salir a descartar que el país pudiera volver a un sistema de reparto, y anunció un proyecto de pensiones en 2017 que nunca vio la luz. Su discurso por cadena nacional el 9 de agosto fue un rechazo a la demanda de “No + AFP” al descartar el retorno a un sistema de reparto para las pensiones. En cualquier caso, se planteó un pilar solidario relativo, que representaría un tercio del ahorro previsional, aumentado del actual 10% a 15% del sueldo. Adicionalmente, se discutió sobre la creación de la AFP estatal, reiterada por Bachelet el 9 de agosto. También se opinó en las cúpulas políticas y empresariales acerca del impacto del control sobre las comisiones ocultas de las administradoras privadas.
La propuesta B de la "Comisión Bravo" apuntaba a restablecer de manera gradual el sistema de reparto −que ya existía con limitaciones antes de 1981−, comenzando con los cotizantes con ingresos inferiores a la mediana (la mitad con salarios más bajos). Es "la única propuesta sustentada en un modelo de proyección de ingresos y gastos del sistema de pensiones”, precisa Riesco. Según Riesco, esta solución permitiría "jubilar a todas las personas con edad legal de retiro, que no han podido jubilarse porque las pensiones son muy bajas”. Por si fuera poco, se podría "duplicar el monto de todas las pensiones, sin cambios en la edad legal de retiro", ni "en la tasa actual de cotización" (de poco menos del 13 por ciento de los salarios, aún sin participación empresarial), al menos en un par de décadas. Adicionalmente, el fisco ahorraría una suma "equivalente a casi el monto de pensiones que se paga hoy día en subsidios monetarios directos e indirectos", enumera el vicepresidente del Cenda. Para ilustrar estos cálculos, Riesco remite a las cifras mensuales de cuánto recaudan y cuánto pagan en pensiones las AFP.
El Escenario Político Actual y el Futuro de la Reforma Previsional
El Acuerdo en el Senado y la Reforma del Gobierno de Boric
En medio de la discusión actual del sistema de pensiones, el gobierno de Gabriel Boric del Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático, alcanzó un acuerdo con la derecha tradicional para avanzar en una reforma previsional. Esta ya fue aprobada en la Sala del Senado tras la votación general del proyecto de reforma previsional. La promulgación solamente dependería de la Cámara de Diputados y Diputadas y la resolución debería estar lista la próxima semana, antes del receso político de febrero.
El acuerdo alcanzado en el Senado implica un aumento paulatino de la cotización de un 8.5% (a cargo del empleador). Sin embargo, más de la mitad de esos recursos irán directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP. Esto incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 214.000 a 250.000 pesos y propone que los empleadores contribuyan con un 8.5% al sistema de pensiones. Además, se introduce un beneficio por tiempo cotizado y se mantiene la existencia de las AFP, quienes seguirán siendo las únicas encargadas de administrar los fondos de pensiones de todas y todos los trabajadores. Es decir, con esta reforma las AFP se fortalecerán.
Millones de dólares de los ahorros de los trabajadores irán a parar directamente a las carteras de inversión de las AFP, quienes a su vez entregarán estos recursos a las grandes empresas que transan sus acciones en la bolsa.
La Persistencia de la Lucha "No más AFP"
La pelea por No más AFP sigue vigente. La influencia del movimiento social iniciado en el estallido social (2019-2020) sigue presente. Las demandas de un sistema público y solidario continúan siendo un eje del debate, pese a la resistencia de sectores empresariales y políticos. Quienes se proponen terminar con este sistema de AFP, ven que no se debe retroceder en esta demanda y que la miseria que hoy ofrece la PGU es parchar un sistema que ha demostrado que no sirve.
Por otro lado, confiar en una ley corta desde el ejecutivo es no ver que este ya tomó postura a favor de este sistema de AFP, vendiendo la ilusión de regular a través de una supuesta mayor competencia. Terminar con esto implica retomar el camino de la movilización, por un sistema tripartito, solidario y que asegure una pensión mínima igual a la canasta familiar, que las decisiones estén en manos de los trabajadores y usuarios. Esta perspectiva estuvo muy marcada en la lucha iniciada por el movimiento NO+AFP, pero la confianza en que este gobierno cambiaría las cosas ha debilitado una perspectiva así, que hoy es necesario retomar.
¿En qué está la reforma previsional? Comienza la discusión por el séptimo retiro AFP
Sistemas de Pensiones en el Mundo: Modelos Comparados
Estados Unidos: Modelo Mixto y Debate sobre Sostenibilidad
En Estados Unidos, el sistema previsional, basado en un modelo mixto que combina seguridad social pública y planes privados, enfrenta un debate sobre su sostenibilidad. La necesidad de reformar el Seguro Social ha sido planteada, pero no se han implementado cambios significativos en los últimos años. Think tanks como la AARP y organizaciones financieras desempeñan un rol clave en las discusiones.
El sistema de pensiones de jubilación de Estados Unidos está construido sobre tres pilares: un seguro social público y de reparto, de carácter obligatorio y gestionado por la Social Security Administration (SSA); los diferentes planes voluntarios de ahorro individual para la jubilación, disponibles para cualquier trabajador; y los planes de pensiones de empleo que ofrecen las empresas.
Administrado por el Gobierno Federal de EE. UU., el seguro social funciona mediante cotizaciones abonadas a un fondo fiduciario desde el que se generan prestaciones no solo para la jubilación, sino también de viudedad o por discapacidad. Mientras un trabajador está activo, la empresa y el trabajador cotizan a partes iguales a la Seguridad Social. Estas cotizaciones se usan para pagar las prestaciones de los pensionistas actuales, mediante un sistema de reparto. Sin embargo, el sistema por el que un trabajador gana el derecho a percibir una pensión es diferente. Por cada año trabajado, las personas suman créditos de elegibilidad para recibir una pensión cuando se produce una de las contingencias. Desde que empiezan su vida laboral, los trabajadores son informados de que este sistema solo servirá para recibir una pensión pequeña en el futuro, que deberán complementar mediante otras formas de ahorro.
Argentina: Del Sistema de Capitalización al de Reparto
El régimen de capitalización consiste en que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. A su retiro, el trabajador contará con el resultado de ese ahorro más los intereses generados. En la Argentina este sistema funcionó entre 1993 y 2008, con las AFJP. Y actualmente está vigente en países como Chile y Colombia.
En tanto, el régimen de reparto consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional. Este es el actual sistema que funciona en el país desde 2008, cuando se eliminó el sistema de capitalización y los fondos de las AFJP pasaron a formar parte del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).
Por un lado, se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la ANSES. Pero también existen sistemas provinciales, que nuclean a empleados públicos de las provincias y los municipios; esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y cajas profesionales, como la de los abogados o los médicos. No todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con sistemas previsionales especiales ya sea por la edad mínima de retiro, los años de aportes, el nivel de haberes o las reglas de movilidad.
Francia: Movilizaciones contra la Reforma de Macron
El sistema de pensiones en Francia se compone de un plan de pensiones básico estatal, obligatorio para todos los trabajadores por cuenta ajena, así como de planes complementarios ofrecidos por las empresas. Los trabajadores también pueden optar por un plan de pensiones privado, financiado exclusivamente por el individuo, es decir, de capitalización individual como en Chile. En Francia hay dos regímenes, el básico y el complementario obligatorio. El primero de ellos se asemeja a la Seguridad Social y el otro se compone de un sistema de puntos. Las cotizaciones se traducen en puntos que se van acumulando y cuando un ciudadano francés termina su vida laboral, la mitad de la pensión que le queda procede de esos puntos cotizados, mientras que la otra parte llega por lo cotizado para la pensión de base.
El aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años propuesto por Emmanuel Macron desató multitudinarias protestas en 2023. Estas movilizaciones, que llegaron a reunir a más de un millón de personas, reflejan el rechazo a las medidas que priorizan la sostenibilidad fiscal sobre los derechos laborales.