El sistema de pensiones en Chile ha sido objeto de extensos análisis desde su implementación. En 1981, la dictadura militar chilena realizó una reforma radical, creando un esquema privado de capitalización individual que reemplazó al sistema estatal de reparto.
Para justificar esta reforma, el gobierno de Augusto Pinochet criticó duramente el sistema anterior. Se argumentó que el bajo nivel de las pensiones y las dificultades de financiación eran inherentes al sistema antiguo, cuando en realidad eran causados por parámetros específicos que podían corregirse sin una reforma integral. Sin embargo, la reforma total emprendida por la dictadura hizo que, a partir de 1982, todos los trabajadores en relación de dependencia fueran ingresados compulsivamente al nuevo sistema privado y obligados a adherir a alguna Administradora de Fondos de Pensión (AFP). Las únicas excepciones fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, además de algunos pocos aportantes que en el momento del traspaso permanecieron en el antiguo sistema de reparto.
Durante años, el sistema de capitalización individual obligatorio fue propagado internacionalmente como un ejemplo exitoso, bajo la convicción de que el mercado es capaz de asegurar resultados óptimos también en el sector previsional. No obstante, la realidad ha demostrado que muchas de las metas planteadas no pudieron ser alcanzadas.
Gastos de Transición y Desafíos del Sistema
El traspaso del antiguo régimen de reparto al nuevo sistema continuó generando enormes gastos de transición. Entre 1981 y 2004, el déficit del sistema previsional público, generado por la continuación del pago de pensiones del sistema antiguo, el reconocimiento de derechos adquiridos y su traspaso a los fondos de pensiones privados, así como el pago de pensiones asistenciales y subsidios para alcanzar la pensión mínima, ascendió, en promedio, a 4,7% del PIB. A este porcentaje se sumaron gastos del orden de aproximadamente 1,3% del PIB para financiar el déficit de las cajas de pensiones de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Estas cifras superaron el déficit registrado en 1980 (alrededor del 1,8%) antes de la entrada en vigor de la reforma.
Rendimiento de los Fondos de Pensiones en 2003
En el año 2003, la Superintendencia de AFP informó que los fondos de pensiones más riesgosos obtuvieron los mejores resultados. Específicamente, el Fondo A logró en diciembre una ganancia de 3,2 por ciento y su rentabilidad anual alcanzó el 26,9 por ciento. En contraste, el Fondo E, la alternativa menos riesgosa, obtuvo una ganancia del 0,2 por ciento en diciembre y acumuló un 3,3 por ciento en el año.
El detalle de los resultados de ganancias para cada tipo de fondo en 2003 es el siguiente:
- Fondo A: diciembre, 3,2 por ciento; año, 26,9 por ciento.
- Fondo B: diciembre, 2,1 por ciento; año, 16 por ciento.
- Fondo C: diciembre, 1,4 por ciento; año, 10,5 por ciento.
- Fondo D: diciembre, 0,9 por ciento; año, 8,9 por ciento.
- Fondo E: diciembre, 0,2 por ciento; año, 3,3 por ciento.
Los Fondos A y B fueron diseñados para trabajadores muy jóvenes, quienes tienen mayores posibilidades de recuperarse en caso de una baja repentina en los montos acumulados de sus fondos de las AFP.
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Rentabilidad de las AFP y Concentración del Mercado
La rentabilidad de las AFP, como entidades orientadas a obtener ganancias, se mantuvo consistentemente en un nivel significativamente más alto que la de sus instrumentos de inversión. Según cálculos, entre 2000 y 2003 la rentabilidad para las administradoras fue superior al 50%. Entre 1991 y 2004, la rentabilidad del capital propio de las AFP se mantuvo alrededor del 27%, llegando incluso al 16,8% en el peor año (1996).
Al mismo tiempo, el sistema experimentó un fuerte proceso de concentración. De las 22 AFP existentes a principios de la década de 1990, solo seis sobrevivieron, conformando un oligopolio. Para mediados de 2007, las tres AFP más grandes concentraban el 79% de los afiliados y el 80% de los activos administrados. Los grupos que controlan las AFP ejercen un inmenso poder económico y político debido a su participación en diversas empresas.
Cabe destacar que el monto de las pensiones, a pesar de los rendimientos de los fondos, se vio afectado por los elevados gastos administrativos. Tras los descuentos del seguro de invalidez y de sobrevivencia, estos gastos ascendían, en promedio, al 4% de los aportes efectuados. Debido a las comisiones fijas adicionales que deben afrontar, los trabajadores de bajos ingresos en relación de dependencia eran quienes cargaban con mayores costos, obteniendo prácticamente tasas de retorno no positivas. En comparación, los gastos administrativos en cajas de pensión públicas rondaban apenas el 3,5%.
Promesas Incumplidas y Desafíos Estructurales
A pesar de los rendimientos específicos de los fondos, las promesas de que las pensiones alcanzarían el 80% del último salario no se cumplieron. Esto se atribuye al bajo nivel de sueldos y salarios, la irregularidad de los aportes y los altos gastos de administración de las AFP. Además, el aporte del 10% de la remuneración bruta resultó ser insuficiente para acumular un capital que garantizara una pensión digna para la mayoría de la población. Las mujeres resultaron sistemáticamente desfavorecidas en este esquema.