A fines de 2016, un escándalo de malversación de fondos y otras acusaciones sacudió a la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad presidida por el entonces alcalde de la comuna, Eduardo Soto Romero. El edil figura como imputado en la investigación, la cual también explora su conexión con una productora ligada a su campaña electoral.
Fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua
En julio de 2013, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (59 años), inauguró el Teatro Regional de Rancagua, un proyecto largamente esperado. En diciembre de 2016, estalló un escándalo de malversación que tenía como epicentro la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, creada en 2012 para administrar este nuevo teatro.
La corporación, presidida por el propio alcalde Soto, se financia con fondos públicos. Entre 2013 y 2016, recibió un total de $4.739 millones, de los cuales $2.544 millones correspondieron a transferencias directas del municipio. Eduardo Soto está siendo indagado en calidad de imputado por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) por su eventual responsabilidad en el fraude, cuya cuantía aún no ha sido calculada.
Siete meses después de iniciadas las diligencias, la causa tenía a un solo formalizado: Marcelo Vidal Díaz, ex director del teatro y ex secretario de la Corporación de la Cultura y las Artes. Sin embargo, la indagatoria judicial podría tomar un giro inesperado, ya que se cruzan con otras investigaciones.
Acusaciones de Acoso Sexual y Extorsión
En febrero de 2017, CIPER recibió el testimonio directo de un joven, identificado como “Javier”, quien relató los pormenores del acoso sexual del que habría sido víctima durante años por parte de Eduardo Soto. La investigación de CIPER sobre los pagos que recibió “Javier” por su silencio arrojó pruebas, incluso notariales. Estos pagos fueron corroborados en marzo de 2017, cuando el alcalde Eduardo Soto presentó una denuncia por extorsión contra el mismo joven ante la Fiscalía de Rancagua.
Según la versión de “Javier”, los pagos recibidos de Eduardo Soto habrían ascendido a más de $100 millones. CIPER tuvo acceso a un escrito notarial, protocolizado en una notaría de Viña del Mar, que certifica que “Javier” recibió $18 millones en efectivo del alcalde de Rancagua en julio de 2016. El documento especifica que el joven “prestó servicios para Eduardo Soto Romero” y, a cambio de ese dinero, se comprometía a no presionar al alcalde a través de redes sociales.
En conversación con CIPER, el alcalde Soto reconoció haber entregado dinero al joven, cifrando la suma total entre $20 millones y $30 millones, alegando que lo hizo “bajo presión y por susto”. En una reunión con CIPER, Eduardo Soto mostró cuatro correos electrónicos en los que el joven le exigía nuevas entregas de dinero, bajo amenaza de revelar detalles del supuesto acoso a medios de comunicación. Estos correos están fechados en días previos y posteriores a las elecciones municipales de octubre de 2016, en las que Soto fue reelegido con un 77,9% de los votos.
La Fiscalía de Rancagua deberá determinar la cantidad de dinero entregado y si hubo extorsión. El testimonio de “Javier” a CIPER, refrendado en enero de 2018, indica que todo comenzó cuando, siendo menor de edad, ingresó al Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, y Soto habría buscado contacto con él de manera "insistente". Posteriormente, “Javier” se mudó a Viña del Mar y habría establecido una relación con el alcalde Soto con solicitudes de dinero que superaban el millón mensual para arriendo y manutención. Con el apoyo financiero del alcalde, “Javier” habría viajado a Estados Unidos y arrendado una casa en Quilpué y un departamento en Santiago.
El abogado Álvaro Lavín apareció en escena, y “Javier” sostiene que le ofreció $20 millones por su silencio, condicionado a la firma de un documento comprometiéndose a no pedir más dinero. El documento notarial que CIPER analizó está fechado en julio de 2016, tres meses antes de las elecciones municipales.
En marzo de 2017, el abogado Mario Zumelzu, en representación de Eduardo Soto, presentó una denuncia por extorsión en la Fiscalía de Rancagua contra “Javier”, acusándolo de exigir $20 millones. La querella se basó en una serie de correos electrónicos. La denuncia fue interpuesta cuando el problema se hizo conocido en los círculos del alcalde y del joven. CIPER descubrió que, antes de su testimonio, “Javier” ya había enviado una acusación similar por escrito a una autoridad edilicia de Rancagua. Además, CIPER recogió testimonios de trabajadores del municipio que sugieren que la relación de “Javier” con el alcalde no sería excepcional, y que al menos otros dos jóvenes habrían recibido dinero.
CONTINGENCIA CAP 5 EDUARDO SOTO ROMERO EX ALCALDE DE RANCAGUA GRACIELA REINOSO CONCEJALA POR RA
Irregularidades en Contratos Municipales: El Caso Luna Negra
La productora Luna Negra fue una pieza clave en la campaña con la que Soto logró su tercer período como alcalde en 2016, apoyado por la UDI pero como independiente desde octubre de 2015. Ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua aseguraron a CIPER que los contratos de la corporación municipal con la productora de Marco Catalán se adjudicaban anualmente sin licitación, por orden del alcalde Eduardo Soto.
Los testigos relataron a CIPER que la fórmula para “no levantar sospechas” sobre la legalidad de estos contratos consistía en ordenar al entonces director del teatro municipal, Marcelo Vidal, redactar actas de adjudicación a posteriori, incluyendo cotizaciones de otras productoras con precios más elevados que los de Luna Negra. Esta situación conecta los nexos del alcalde con la productora y las entregas de dinero al joven que lo acusa de acoso.
Marcelo Vidal, director del Teatro Regional de Rancagua y secretario y gerente general de la corporación municipal entre 2013 y 2016, está acusado de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Una de las pruebas principales en su contra son los pagos sucesivos a una productora de su propiedad (Antumbra Producciones), con cargo a la corporación. Un análisis financiero también alertó sobre la “concentración” de contratos que beneficiaban a Luna Negra. Un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que Luna Negra solo contabilizó ingresos de la Corporación de la Cultura y las Artes por aproximadamente la mitad del monto consignado en una auditoría financiada por el CDE.
En su declaración judicial, Marcelo Vidal señaló que se contrataba a Luna Negra por instrucción expresa del alcalde de Rancagua. Dos ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua, bajo reserva de identidad, confirmaron esta versión, afirmando que “se hacían licitaciones falsas para ‘blanquear’ las adjudicaciones a Luna Negra”. Un correo electrónico del 30 de agosto de 2016, enviado por Rodrigo Maldonado (jefe de gabinete del alcalde Soto) a Marcelo Vidal, evidencia que la contratación de Luna Negra y las negociaciones con su dueño, Marco Catalán, se canalizaban directamente a través de la alcaldía. Otro correo de Marco Catalán a Eduardo Soto y Rodrigo Maldonado, con archivos adjuntos sobre el costo de las “fiestas rancagüinas 2015”, también respalda esta conexión.
Otros Usos Indebidos de Fondos y Gestiones
La popularidad de Eduardo Soto en Rancagua, reflejada en su alta aprobación del 77,9% en la última elección, contrastaba con su fama de manejar la gestión de la comuna y de la corporación municipal con “mano férrea”. Lo que antes era una virtud, ahora se le atribuye como un factor en las controversias. Victoria Díaz relató cómo desde la alcaldía se instruyó la compra de regalos para juntas de vecinos, como televisores, bicicletas y mesas de ping-pong, con dineros de la corporación cultural municipal. Todos estos obsequios fueron entregados durante la campaña electoral de Soto Romero en 2016. Varios relatos de trabajadores del teatro corroboran que el alcalde maneja el recinto como “un feudo”.
Entre los hallazgos también figura un pago de $3,5 millones a una “iglesia evangélica”. Un correo de Álvaro Lavín a Marcelo Vidal indica la intención de transferir estos fondos a través de la corporación, sugiriendo la suscripción de un convenio de difusión cultural para justificar el apoyo y solicitando información sobre la organización evangélica.
Personajes Clave y Conexiones Legales
En el transcurso de la investigación, el nombre del abogado Álvaro Lavín apareció recurrentemente. Testimonios de funcionarios del teatro aseguran que Lavín era el encargado de “arreglar” temas legales de la corporación. Los testimonios recogidos por CIPER indican que el vínculo de Lavín con el alcalde Eduardo Soto va más allá de un asesor jurídico sin renta oficial. Lavín y Gonzalo Cornejo son antiguos conocidos; Lavín fue administrador municipal de Recoleta cuando Cornejo era alcalde. Desde entonces, Lavín Aliaga ha estado envuelto en situaciones al límite de lo legal.
Lavín Aliaga y Gonzalo Cornejo también comparten la propiedad del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), una sociedad que recibió $17 millones de Corpesca (en dos pagos), una pesquera bajo investigación judicial por financiación ilegal de la política. Ambas facturas fueron rectificadas por la pesquera del grupo Angelini al no existir evidencia de trabajo realizado por CESC para Corpesca. Desde 2017, Cornejo y Lavín trabajan como asesores de la Municipalidad de Providencia, liderada por Evelyn Matthei. Gonzalo Cornejo percibe una remuneración de $3,4 millones por “apoyar a la dirección de comunicaciones en el desarrollo de sus objetivos estratégicos”. Además de asesor de las municipalidades de Rancagua y Providencia, Álvaro Lavín es consejero regional (CORE) por Santiago.
Conclusión de la Investigación y Patrimonio del Alcalde
Al culminar la investigación, CIPER solicitó una entrevista con el alcalde Eduardo Soto, la cual se realizó en las oficinas del penalista Luis Hermosilla en Santiago. En esa instancia, Eduardo Soto reconoció haberle traspasado dineros a “Javier”, estimando un monto entre $20 millones y $30 millones. Agregó que el abogado Álvaro Lavín se encargó de las gestiones para la entrega de esos dineros. CIPER también le consultó a Eduardo Soto sobre el origen de los dineros entregados al joven.
La cuantía de los dineros entregados por Eduardo Soto al joven, a quien acusa de extorsión, es un punto clave en la indagatoria de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, en la causa por el fraude en la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes. Por ello, es fundamental dilucidar el origen del patrimonio del edil, cuya renta mensual alcanza los $5,7 millones. Las dudas sobre este punto se acentúan al revisar su última Declaración de Patrimonio e Intereses del 27 de marzo, donde figura sin ninguna deuda.