El proceso de retiro del 10% de los fondos de pensión en Chile, surgido en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 y las altas cifras de desempleo, no solo representó un alivio económico para millones de personas, sino que también abrió la puerta a una serie de ciberdelitos y usurpaciones de identidad. Este fenómeno, tipificado inicialmente como estafa, puso en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales y reavivó el debate sobre la gestión de los fondos de los trabajadores.
Casos de Usurpación de Identidad y Fraude
Fraude en el Retiro del 10% de Fondos de Pensión
La tarde del 3 de agosto pasado, una mujer de 56 años, residente en la ciudad de Ovalle, intentaba realizar el trámite para el retiro de su 10% de fondos de pensión. Sin embargo, en el sitio principal de su AFP apareció una notificación por el traspaso exitoso de sus fondos, un trámite que ella no había realizado. Con el correr de los minutos, la mujer comprendió lo que había ocurrido: había sido suplantada.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Ovalle se transformó en una de las primeras investigaciones penales que inició el Ministerio Público por una presunta usurpación de identidad para apoderarse de este ingreso. La causa, que mantiene la identidad de la víctima bajo resguardo, quedó en manos de Carlos Jiménez, fiscal jefe de esa zona, quien ha instruido distintas diligencias para dar con los responsables del hecho.
A más de 400 kilómetros de distancia, en la comuna de Santiago, un hecho similar ingresó al sistema de la Fiscalía Centro Norte el 5 de agosto. Un afectado denunció cómo su trámite para el retiro de los fondos había sido realizado previamente por un desconocido. A diferencia del caso de Ovalle, esta vez el victimario habría dejado su correo electrónico y el de la víctima para que ambos recibieran de manera simultánea la notificación del traspaso de dinero y así no levantar sospechas. Esta causa sería una de las primeras de su tipo registradas en la Región Metropolitana y fue derivada a un equipo de fiscales especializados en delitos económicos.
Modalidades de Engaño y Riesgos
El trámite virtual para obtener el 10% de los fondos de jubilación, que comenzó el 30 de julio y acumuló más de 8,7 millones de requerimientos, fue un incentivo para la proliferación de organizaciones criminales. El alto flujo de información y la rapidez del proceso, según la policía, facilitaron la implementación de distintas métodos y estrategias para apoderarse de estos dineros.
Los intentos de engaño se han manifestado a través de correos electrónicos, mensajes de texto o estafas telefónicas. Aunque hay evidencias de delitos frustrados, pocos casos se transforman en denuncias formales que permitan al Ministerio Público perseguir a los autores. Pese a las advertencias y campañas de las administradoras de fondos de pensiones, bancos y autoridades de gobierno, los casos presuntamente consumados ya comenzaron a ingresar a los registros policiales. La preocupación radica en una potencial masificación de estas estrategias fraudulentas.
Las modalidades de engaño son variadas: van desde intentar sustraer información privada de las víctimas que circula en redes sociales (nombre, cédula de identidad o integrantes del grupo familiar), que no solo sirve para cometer delitos informáticos sino también para "el robo con intimidación cuando vayan a sacar el dinero", hasta estafas telefónicas. Estas últimas, según la policía, se cometen con frecuencia desde las cárceles. De hecho, Gendarmería registró 441 incautaciones de teléfonos en julio y 168 en los primeros 12 días de agosto, destacando que "desde el inicio de la pandemia se han incrementado los procedimientos de registros y allanamientos" resultando en la incautación de 963 celulares entre mayo y julio de ese año.
Respuesta de las Autoridades y Medidas de Prevención
Investigaciones en Curso
Como parte de las diligencias, el equipo investigador recopiló antecedentes sobre la afiliación de las víctimas a una AFP y buscó determinar el destino de los fondos presuntamente arrebatados. El fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez, aseguró que "con eso podemos saber o investigar la forma en que se hizo ese retiro, ya sea con depósito o transferencia a alguna otra cuenta o con algún retiro de dinero en efectivo".
En Carabineros, el coronel Juan González, jefe del Departamento OS-9, señaló que las denuncias por este tipo de delitos han mostrado un incremento cercano al 10%, con casos presentados en los primeros 15 días de agosto. Si bien aún no hay un "aumento explosivo de casos", advirtió que "hay bandas que saben que hay personas con dineros en sus cuentas y que van a gastarlo en algo, para eso estamos preparados". Estos ilícitos, tipificados inicialmente como "estafa", pueden ser recalificados por la fiscalía como usurpación de identidad o delito informático.
Acciones Gubernamentales y Alertas
El gobierno encargó al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) la elaboración de informes y reportes sobre los ciberdelitos relacionados con el retiro del 10% de los fondos de pensión. Este equipo detectó que entre el 11 de julio y el 5 de agosto se había realizado la "inscripción de 68 sitios relacionados al retiro del 10%". De estos, solo dos fueron confirmados como sitios reales por las instituciones notificadas, y 17 ya fueron alertados a las policías y fiscalía.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado a proteger los datos personales y evitar entregar información a desconocidos que pueda ser malutilizada con estos fines, enfatizando que el inicio del proceso de retiro de fondos puso en evidencia "acciones de parte de ciberdelincuentes que pretenden apropiarse de esos recursos".
Protección de los Fondos y Datos Personales
La normativa de las AFP establece diversas medidas para proteger los fondos y la identidad de los afiliados:
- El afiliado o trabajador puede solicitar el retracto o anulación de una solicitud de retiro de fondos el mismo día calendario de efectuada la solicitud, por cualquier medio que la AFP ponga a su disposición.
- Para realizar un retiro, es indispensable presentar el poder y la cédula nacional de identidad del apoderado, tanto al momento de suscribir la solicitud como al de cobrar el retiro.
- Los retiros deben ser autorizados por funcionarios designados expresamente por el Gerente General y el egreso debe registrarse previamente en la cuenta personal correspondiente. Asimismo, se prohíbe a las Administradoras pagar retiros que excedan el saldo disponible de las cuentas personales.
- En caso de extravío, hurto o robo de la cédula nacional de identidad, el afiliado o trabajador debe dar aviso por escrito a la Administradora. Al recibir este aviso, la AFP bloqueará las respectivas cuentas personales, impidiendo todo retiro hasta recibir una autorización escrita del afiliado para liberarlas, la cual debe darse concurriendo personalmente a una agencia e identificándose a satisfacción de la Administradora. Si se efectúa un traspaso con las cuentas bloqueadas, la nueva Administradora no podrá modificar la situación sin la autorización personal del afiliado.
Desde la policía y el gobierno se insiste en que, a pesar de los esfuerzos para identificar a los grupos detrás de las estafas, es crucial la responsabilidad de las propias víctimas en la difusión de su información personal o el incumplimiento de medidas de seguridad mínimas, como no abrir enlaces sospechosos o entregar sus claves a terceros.
Ahora en DF: ¿Cómo evitar estafas cibernéticas frente al retiro de fondos previsionales?
El Debate Amplio sobre el Sistema de AFP y la Gestión de los Fondos
Críticas al Sistema de Ahorro Forzoso y Bajas Pensiones
Más allá del fraude directo, el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de una profunda crítica en Chile. Las AFP funcionan como un sistema de ahorro forzoso donde se retiene el 10% de la remuneración mensual de los trabajadores. Este dinero ahorrado es entregado en formato de pensión al momento de su jubilación legal. Sin embargo, la realidad ha demostrado que en su mayoría las pensiones no van más allá de los 190 mil pesos, generando un contraste con las "jugosas pensiones" que reciben empresarios, familiares privilegiados y miembros de las Fuerzas Armadas, que les permiten una vejez sin preocupaciones.
Origen y Promesas Incumplidas de las AFP
El sistema de reparto de pensiones existente en Chile entre 1952 y principios de los 70' fue reemplazado en 1981 por el actual modelo de AFP, propuesto por José Piñera e implementado bajo la dictadura militar. Este cambio drástico convirtió los fondos de pensiones en cuentas de capitalización individual administradas por entidades privadas.
Las razones esgrimidas para este cambio se centraban en la insostenibilidad financiera del sistema anterior y en la búsqueda de una mayor conexión entre aportes y beneficios, bajo el principio de "equidad individual". La promesa era clara: mejores pensiones, mayor cobertura, un premio adecuado al esfuerzo personal, y un impulso al ahorro nacional y al mercado de capitales, incluyendo la promesa de que los trabajadores recibirían el 80% de su sueldo promedio.
Sin embargo, tras 35 años de vigencia, el diagnóstico es preocupante: se registra un severo problema en el monto de las pensiones pagadas, condenando a gran parte de los jubilados de Chile a la pobreza y vulnerabilidad. Incluso, se ha observado una reducción del 2% en las pensiones bajo la especulación de que los chilenos "vivimos más". La realidad es que, mientras los "expertos economistas" prometían crecimiento económico, el promedio de las pensiones no superaba los 183 mil pesos en 2013, y se estima que, con las precarias condiciones laborales actuales, el 70% de la población en algunos años no recibirá más que la pensión mínima (123 mil pesos).
Inversiones de las AFP: ¿Dónde va el Dinero de los Trabajadores?
El capital que manejan las AFP es invertido en grandes empresas nacionales y transnacionales como CENCOSUD, ENDESA, FALABELLA, COPEC, así como en instituciones financieras como Banco Estado, Banco BCI o Banco Santander. Es decir, los trabajadores aportan su dinero a las AFP, quienes a su vez lo prestan a estas grandes empresas. Estas instituciones, financiadas en parte con los fondos de los trabajadores, son las que luego les venden productos y servicios, o los endeudan con altas tasas de interés.
Respecto a los principales grupos económicos en Chile, las AFP invierten significativamente: más de US$6.500 millones en 7 empresas del grupo Luksic y US$4.500 millones en 9 empresas del grupo Matte. A Cencosud de Paulmann le corresponden US$1.850 millones, y a AntarChile y filiales del grupo Angelini, US$1.670 millones. Además, se ha constatado que la rentabilidad de las AFP puede llegar al 30%, mientras que el fondo de los trabajadores apenas alcanza un 5%.
El Caso Latam Airlines: Pérdida Millonaria de Fondos
Un ejemplo concreto de la gestión y los riesgos asumidos con los fondos de los trabajadores es la inversión en Latam Airlines Group S.A. En enero de 2020, las siete AFP chilenas poseían 105 millones de acciones de Latam, equivalentes a poco más de 900 millones de dólares (17,3% de la propiedad de la aerolínea). En ese momento, el precio de la acción era de 6.593 pesos.
Sin embargo, con el inicio de la pandemia de Covid-19, el valor de la acción se desplomó un 87%, cayendo a solo 838 pesos en mayo de 2020. Latam fue una de las primeras grandes empresas en acogerse al “Chapter Eleven” de la Ley de Quiebras estadounidense y solicitar auxilio financiero al gobierno. La inversión de las AFP chilenas en Latam ha sido criticada en numerosas ocasiones, ya que los fondos de pensiones internacionales no suelen invertir en aerolíneas debido a su naturaleza de negocio riesgoso.
Aunque algunas AFP comenzaron a reducir su exposición en marzo y abril de 2020, retirando un 30% de la inversión en mayo, a fines de ese mes todavía poseían 69,4 millones de acciones, lo que representaba un 11,4% de la aerolínea. Debido al desplome del precio, este paquete accionario valía 399 mil millones de pesos menos que en enero de 2020. Un pésimo negocio para los casi 10 millones de afiliados de las AFP, quienes vieron cómo sus ahorros perdían valor en un momento de crisis económica y sanitaria.
Las primeras AFP en salir de Latam Airlines fueron Habitat, Cuprum y PlanVital en junio de 2020, seguidas por Modelo y Capital. Provida y AFP Uno continuaron con acciones hasta bien entrado 2021, y en septiembre de ese año, solo Provida mantenía un poco más de 8 millones de acciones. No obstante, incluso esta participación ha resultado ser un mal negocio, ya que el precio de las acciones de Latam nunca logró recuperarse, permaneciendo en septiembre de 2021 un 76% por debajo de su valor de enero de 2020.