En el panorama de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), han surgido diversas problemáticas relacionadas con malas prácticas, campañas de desinformación, fraudes por firmas falsas y desafíos en la fiscalización. Estas situaciones han generado preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades reguladoras y el ámbito político.
Sanciones por Malas Prácticas y Firmas Falsas
Caso AFP Provida: Multa Histórica y Denuncias
La Superintendencia de Pensiones cursó una sanción y una multa histórica a AFP Provida, acusándola de malas prácticas por parte de sus agentes de ventas. Esta multa, que asciende a 5.000 U.F. (equivalente a $138 millones), se convirtió en la mayor que ha cursado el regulador.
Durante el proceso de fiscalización, que se remonta a 2015, la Superintendencia de Pensiones recibió denuncias de AFP Modelo, que advertía de estas malas prácticas en 2014 y 2015. Esta situación fue criticada por Provida mediante una carta enviada al regulador el 27 de julio de 2015, donde expuso su malestar porque AFP Modelo estaba presentando, de forma constante y sistemática, denuncias por supuestas prácticas ilegales contra sus agentes de ventas.
La resolución de la Superintendencia de Pensiones calificó como "de la máxima gravedad" las diversas prácticas indebidas denunciadas por afiliados y por AFP Modelo. Estas incluyeron el pago de incentivos económicos a los afiliados para la suscripción de una orden de traspaso y traspasos no consentidos por los trabajadores afectados. Dichas prácticas permitieron develar una serie de falsificaciones de firmas y suplantación de identidad en el uso de claves de seguridad para formalizar traspasos por internet, en las que incurrieron algunos agentes de ventas de AFP Provida.
Además, la Superintendencia señaló que "no deja de llamar la atención que estas situaciones irregulares no fueron detectadas por esa administradora mediante mecanismos de control propios, sino por las denuncias de quienes se vieron afectados y el ejercicio persistente de la función fiscalizadora de este organismo, ante la resistencia de la administradora para verificar los hechos denunciados por AFP Modelo, los que una vez investigados, en su mayoría concluyeron en la confirmación de una irregularidad".
Consultada por PULSO, AFP Provida señaló que esta multa "se refiere a hechos puntuales y aislados, ocurridas en años anteriores, que en todo caso consideramos inaceptables, y que están estrictamente prohibidas en nuestras políticas comerciales". La empresa agregó que "lamentamos que se hayan producido estas malas prácticas, aunque se haya tratado de pocos casos, y las hemos combatido decididamente. Por lo mismo, cuando hemos tenido conocimiento de este tipo de situaciones, hemos sido rigurosos en corregirlas y en sancionar a los responsables". Sin embargo, AFP Provida apuntó que la multa de la Superintendencia de Pensiones sería desproporcionada, afirmando que "para nuestra compañía, el actuar en forma correcta y con el interés de nuestros afiliados como primera preocupación, es nuestro norte y como empresa hemos actuado siempre con estricto apego a las normas vigentes".
Mecanismos de Fraude en Traspasos
La Superintendencia de Pensiones comprobó que agentes de ventas de Provida incurrieron en malas prácticas como: ofrecer dinero a afiliados para que se cambiaran a esta AFP; realizar traspasos no consentidos por los trabajadores, falsificando firmas; y suplantar la identidad usando las claves de seguridad que tienen los afiliados en los sitios web de otras AFP para concretar los traspasos.
Campañas de Desinformación y Desafío a la Fiscalización
Financiamiento de Fundaciones y Uso de Influencers
La fiscalización también se ha centrado en el financiamiento y la autoría de campañas de desinformación. Uno de los mecanismos utilizados por la fundación Ciudadanos en Acción en sus campañas fue la contratación de influencers para instalar minutas en las redes sociales. En esa red de trolls también participaba un sujeto llamado Ricardo Inaiman, que estaba tras la cuenta “Neuroc”, y que fue expuesto por un reportaje de Chv Noticias. Sin embargo, la fundación Ciudadanos en Acción no ha esclarecido el origen de su financiamiento.
En paralelo, la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, encargada de fiscalizar a las asociaciones gremiales, envió un oficio a la Asociación de AFP para que expliquen su vínculo con Ciudadanos en Acción.
La Disputa sobre la Publicidad y la Libre Expresión
Por estos motivos, la Superintendencia de Pensiones buscó detectar los pagos realizados a la fundación. El argumento de las AFP para no entregar esos antecedentes fue que la Superintendencia solo está facultada para fiscalizar el gasto en piezas que se consideren “publicidad” o “promoción”.
El oficio del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, incluyó una tabla en la que las AFP debían entregar los datos de la entidad encargada de la publicidad o promoción (razón social, RUT, representante legal), las características del material difundido y el monto que se invirtió en esa propaganda. Siete días después de enviado el oficio, Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida y Modelo respondieron con una carta calcada de ocho páginas, en la que cuestionaban el alcance fiscalizador de la Superintendencia. Para las AFP, todo el resto de las comunicaciones cabría en el ámbito de la libertad de expresión.
Se abrió entonces otra disputa sobre quién define si una campaña financiada por las AFP es “promoción” de sus servicios o un ejercicio de “libre expresión”. A juicio de la Superintendencia de Pensiones, es algo que debiera definir el regulador. “Si una comunicación constituye o no publicidad o promoción es de competencia de esta Superintendencia y forma parte de sus facultades legales”, indicaron. Sin embargo, a juicio de las AFP, siempre comunicaron a la Superintendencia toda la publicidad y promoción que difundieron en medios de comunicación y otras plataformas.
La Superintendencia, junto con volver a requerir la información, puso presión sobre las administradoras, reiterando la instrucción para que se cumpliera en un plazo de 10 días hábiles. La fiscalización comprendió la revisión de contenidos difundidos en medios de acceso público que, conforme a sus características y antecedentes disponibles, pudieran encuadrarse dentro de las hipótesis reguladas por la normativa vigente en materia de publicidad o promoción. En las respuestas enviadas a Reportea, la Superintendencia también mencionó que “en el ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones llevó adelante un proceso de fiscalización conforme a sus procedimientos habituales, el cual incluyó tanto el requerimiento formal de antecedentes, así como también la revisión independiente de información disponible en medios de acceso público”. No obstante, los procesos de fiscalización iniciados no han finalizado del todo.
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Posición de la Asociación de AFP
La Asociación de AFP también siguió negándose a entregar la información solicitada para sus campañas de propaganda, argumentando que la Superintendencia de Pensiones no tiene facultades para fiscalizar dicho gasto. La rendición de cuentas también aplicó para la solicitud de antecedentes a la Asociación de AFP, a la cual se le envió un oficio el 21 de enero. El argumento de la Asociación fue el mismo: se revisaron los medios de comunicación y no se halló publicidad no informada.
Las AFP, por su parte, le dijeron a la Superintendencia que no participan en la difusión de fake news y campañas de desprestigio en redes sociales: “La Asociación no participa ni financia campañas políticas, electorales ni de desinformación”, indicaron en su carta. Sin embargo, la AAFP sí incluyó en la carta de respuesta los objetivos que persigue como organización: “La Asociación de AFP tiene por finalidad estrechar los vínculos de unión entre sus asociados y representar sus intereses comunes ante los Poderes Públicos y otras entidades, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del sistema de pensiones en el país”.
La industria remarcó ante la Superintendencia de Pensiones que su entidad gremial tiene razones fundadas para financiar campañas como las desarrolladas por la fundación. En las respuestas enviadas por Habitat, Cuprum, Plan Vital, Modelo y Provida, se repitió el párrafo donde señalan que su organización gremial tiene entre sus objetivos difundir el actual sistema de pensiones, participando en el debate público sobre temas previsionales y laborales.
Casos de Deudas Previsionales Fraudulentas y Suplantación
Experiencia Personal: Una Deuda Inexistente
Un caso que ilustra la vulnerabilidad del sistema es la experiencia de un arquitecto en Osorno. Hace casi cuatro años, en marzo de 2010, una patrulla de Carabineros llegó a su casa con una orden de embargo por una supuesta deuda de cotizaciones impagas con AFP Provida, que sumaban poco más de $201.000. Tras presentar los papeles requeridos, Provida eliminó la supuesta deuda del registro y los juicios finalizaron en agosto de 2010.
Sin embargo, al intentar inscribirse como tasador en el Serviu, descubrió que, si bien la deuda previsional había desaparecido, ahora Fonasa le cobraba. Al averiguar en el Instituto de Previsión Social (IPS), no recibió información. En junio de 2012, presentó una denuncia en la Fiscalía Local de Osorno por falsificación o uso malicioso de documento público.
La investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que la persona a la que “le debía” el dinero era una mujer de 65 años de Curicó, a la que supuestamente había contratado como temporera. Ella declaró no conocer al arquitecto, nunca haber estado en Osorno y jamás haber trabajado bajo contrato ni cotizado en el sistema previsional. Además, la PDI tuvo acceso a declaraciones de Previred donde, salvo el nombre y RUT del arquitecto, ninguno de los datos (dirección, teléfono) eran suyos ni existían.
Este caso no era aislado. Otras personas reportaron situaciones similares, donde se les cobraban cotizaciones a supuestos “empleados” que no conocían ni habían contratado. Esto sugirió la existencia de un mecanismo fraudulento para cobrar deudas inexistentes.
El Vacío Legal y la Impunidad
Con toda esta información, el arquitecto presentó denuncias en la Contraloría, las superintendencias de Isapres y de Pensiones, e incluso en Fonasa. Sin embargo, se encontró con un aparente vacío legal: “entre todas esas instituciones se pasan la pelota, responsabilizándose unas a otras y obligándome a ir de un lado a otro sin que me solucionen el problema”. Se percibe que este vacío es conocido y aprovechado por personas dentro de estas instancias.
Dado que los montos de estas deudas fraudulentas suelen ser bajos ($80.000 u $100.000 pesos), muchas personas optan por pagarlos para evitarse problemas y mayores gastos. A pesar de una investigación en la Inspección del Trabajo que comprobó la inexistencia de vínculo laboral, el sistema no ha eliminado la deuda del arquitecto. En el IPS no solucionan su problema y en la fiscalía le indican que, mientras no haya un juicio, nadie fallará su absolución, incitándolo a demandar. No obstante, la pregunta persiste: ¿a quién demandar, si la supuesta empleada ya declaró no tener nada que ver y el IPS actúa como intermediario de una declaración fraudulenta?
El arquitecto contempla la opción de pagar la deuda para evitarse más problemas, pero lamenta que sus “papeles manchados” le impidan ser tasador del Serviu, postular a créditos, vender su casa o salir del país.
Alerta de Estafas en Retiro de Fondos de Pensiones
Estrategias de Ciberdelincuentes (Phishing y Sitios Fraudulentos)
Ante el segundo retiro de fondos de las AFP, el Gobierno se preparó para un proceso rápido y ciberseguro. La Subsecretaría del Interior se encuentra monitoreando la creación de posibles sitios fraudulentos y/o campañas de phishing. En conjunto con la Superintendencia de Pensiones, se lanzaron importantes consejos para prevenir estafas virtuales.
Durante el primer retiro, el Equipo de Respuesta Ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) de la Subsecretaría del Interior alertó sobre campañas de phishing que, supuestamente provenientes de entidades bancarias, invitaban a realizar el trámite a través de un enlace, exponiendo a las personas al robo de sus credenciales. La Subsecretaría del Interior declaró: “Estamos trabajando y poniendo todos nuestros esfuerzos para que quienes necesitan retirar su 10% lo hagan de forma segura y no tengan mayores problemas. Les hemos pedido a la AFP a través de su Asociación gremial que tomen las medidas de resguardo necesarias, y estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Pensiones para iniciar una campaña con consejos para disminuir la posibilidad de que las personas sean víctimas de alguna estafa. Además, como Ministerio del Interior ya estamos monitoreando la posible creación de sitios fraudulentos u otros sistemas que buscan engañar a las personas”.
Las campañas de phishing se caracterizan por tener faltas de ortografía o errores en el diseño. Por ello, se recomienda desconfiar de los correos alarmantes y descargar solo aplicaciones oficiales.
Recomendaciones para un Retiro Seguro
Según informó la Superintendencia de Pensiones (SP), el segundo retiro de fondos comenzaría a regir el 10 de diciembre, y las dos primeras semanas el proceso se realizaría por vías no presenciales (plataformas web y call center). El proceso de retiro de fondos no tiene intermediarios y debe realizarse solo a través del sitio web oficial de cada AFP, no respondiendo a correos o mensajes de texto que soliciten hacerlo.
La Asociación de AFP aclaró aspectos fundamentales respecto al retiro del 10%, subrayando que la información que indicaba que todas las cotizaciones pasarían al Estado era falsa, y que el sistema para solicitar el porcentaje de los fondos sería claro y expedito. Cada afiliado podría completar una única solicitud de retiro y elegir si retiraba el máximo posible o un monto inferior. “Pedimos tener precaución ante noticias falsas y estafas que andan circulando por redes sociales”, indicó la Asociación, remarcando que “todos los afiliados del sistema de pensiones podrán retirar el 10% de sus ahorros previsionales si así lo deciden”.
El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, añadió que al ingresar la solicitud, “va a aparecer en el formulario si quiere retirar el monto máximo o un valor menor”. El gerente de la Asociación de AFP subrayó que no es necesario acudir a las sucursales de las administradoras, ya que la primera etapa del proceso sería 100% digital.
Para obtener información sobre el retiro, se aconseja utilizar fuentes confiables. Es crucial nunca entregar contraseñas ni credenciales de inicio de sesión de redes sociales, cuentas de correos, servicios financieros, bancos o de plataformas en las que se esté registrado. “Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a los mensajes o correos electrónicos que puedan recibir y ser críticos con la información. Los ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades y necesidades de las personas para crear estafas creíbles”.
Reacciones del Ámbito Político y Judicial
Voces Legislativas ante la Incertidumbre
Legisladores de diversas bancadas han expresado su preocupación ante las acciones de las AFP. Un legislador comunista indicó que las AFP estaban diciendo que todas las cotizaciones pasarían al Estado, lo que consideró "absolutamente falso", ya que la reforma establecería por primera vez la libertad de elegir sobre quién invierte los ahorros individuales. Por su parte, el diputado IND-PPD y miembro de la comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y, a las administradoras de fondos de pensiones, a allanarse a un diálogo democrático. Finalmente, la diputada de Convergencia Social, Francisca Bello, lamentó que las AFPs estuvieran generando incertidumbre en la población, reconociendo la relevancia del tema.
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Acciones Legales contra Ex-Ejecutivos
En el ámbito judicial, una acción legal fue interpuesta por una AFP, en sede de una demanda de responsabilidad extracontractual, contra un grupo de ex altos ejecutivos de la empresa. Según expuso la administradora, la información entregada al mercado, presentada como veraz y oportuna, indujo a mantener importantes inversiones en acciones y bonos de la compañía. Los demandados, por su parte, rechazaron las imputaciones. Un ex gerente general argumentó que los fondos de pensiones no habían sufrido un daño patrimonial indemnizable, pues contarían con derechos compensatorios incorporados.
En primera instancia, el 14° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda. Sin embargo, la Corte determinó la existencia de un daño patrimonial cierto y determinado, consistente en la pérdida de valor de las acciones y bonos de la compañía entre junio y noviembre de 2011. Los demandados sostuvieron que los perjuicios reconocidos en el fallo no eran ciertos ni determinados, ya que se habrían calculado mediante la comparación del valor de acciones y bonos de la empresa entre dos momentos distintos, aun cuando la AFP no hubiera vendido dichos instrumentos en ese período. La Corte razonó que no se acreditaron infracciones a las normas reguladoras de la prueba ni errores de derecho que permitieran alterar los hechos establecidos por los jueces de instancia, precisando que los recursos pretendían modificar hechos que no pueden alterarse en un recurso de casación en el fondo, salvo demostración de infracción de normas reguladoras de la prueba, lo que no ocurrió.