Los acuerdos de inclusión de personas con discapacidad son fundamentales para garantizar que estos individuos puedan participar plenamente en la sociedad, gozando de sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad. La problemática de la discapacidad ha sido abordada por las Naciones Unidas desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que ha llevado a la creación de diversos instrumentos legales y políticos para promover la inclusión.
Definición y Propósito de la Inclusión
La inclusión de personas con discapacidad se define como la acción de integrar a individuos con discapacidades en las actividades cotidianas y alentarlos a asumir roles similares a los de sus pares sin discapacidad. Esto permite que las personas con discapacidades accedan a los mismos beneficios en actividades de prevención y promoción de la salud que el resto de la población.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, "las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (como de audición o visión) a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
El propósito de esta Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente."
Marcos Legales Internacionales y Nacionales
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Las Naciones Unidas han abordado la problemática de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello, ha creado instrumentos como las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993. Posteriormente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se convirtió en el primer tratado internacional en la historia que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su apertura.
Actualmente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuenta con 153 Estados signatarios y 106 ratificaciones. Esta Convención continúa abierta para más firmas y ratificación de los Estados miembros. Los instrumentos internacionales de derechos humanos proporcionan la orientación para llevar a cabo las reformas, pero al firmar y ratificar la Convención, los Estados se obligan a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad y la vida en dignidad de las personas. Al ratificar una convención, el Estado acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud del tratado, y después que el tratado entra en vigor, tiene que adecuar su legislación y establecer políticas públicas para hacerlas cumplir.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Rol de las Organizaciones No Gubernamentales y el Compromiso Estatal
Los Estados se comprometen a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Las organizaciones no gubernamentales son asociados estratégicos en el proceso de cambio, ya que tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos. Víctor Pineda, economista, cineasta y experto en derechos humanos, quien participó en el Comité de Naciones Unidas que dio luz a la Convención, enfatiza la necesidad de "un contrato social renovado para asegurar la justicia para las personas con discapacidad". Su propia experiencia, al tener que emigrar de Venezuela a Estados Unidos tras ser diagnosticado con distrofia muscular para poder asistir a la escuela, subraya la importancia de estos acuerdos.
Ejemplo de Legislación: Ley de Inclusión Laboral
Un ejemplo concreto de estos acuerdos es la Ley de Inclusión Laboral, que cuenta con dos reglamentos, uno para el sector público y otro para el sector privado, publicados en el Diario Oficial el 1 de febrero de 2018. Esta ley busca promover la contratación de personas con discapacidad, estableciendo razones fundadas por las cuales una institución podría no cumplir con la cuota de inclusión:
- La naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución: Se configura cuando los procesos o actividades no pueden ser desarrollados por personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez debido a sus características o especialidad.
- No contar con cupos disponibles en la dotación de personal.
- La falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos: Se configura cuando no hubieran postulado personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez o sus postulaciones no hubieran cumplido el perfil requerido.
Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad
La plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la comunidad debe ser garantizada, especialmente para que puedan elegir su lugar de residencia en igualdad de condiciones y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Es fundamental que puedan contar con acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida asistencia personal para facilitar su existencia y para evitar su aislamiento.
Acceso a la Salud y Rehabilitación
Se les asegura el acceso a servicios de salud y rehabilitación. Se proporcionarán programas de atención de salud gratuitos o asequibles (en precio y ubicación) de la misma variedad y calidad que para la población general, incluso en el ámbito de salud sexual y reproductiva. Además, se prohíbe la discriminación en seguros de salud o de vida y se capacitará a personal médico.
Igualdad en el Ámbito Familiar y Laboral
También es vital poner fin a la discriminación en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. Los Estados salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes y la promulgación de legislación.
