Un acreedor garantizado es una persona natural o jurídica cuyo derecho de cobro está respaldado por una garantía. Así, en caso de impago, el acreedor podrá ejecutar la garantía y asegurar el reembolso del crédito otorgado, aunque la protección no necesariamente es completa.
¿Qué es un Acreedor?
Un acreedor es cualquier individuo o empresa con la potestad de exigir el cumplimiento de una obligación. Esta relación nace, sobre todo, de contratos, préstamos, compraventas y otros actos jurídicos reconocidos en el Código Civil de Chile. En el sistema jurídico chileno, para que una obligación sea válida, debe haber sí o sí un acreedor y un deudor. El acreedor es quien tiene un derecho personal que puede exigir incluso ante un juez. Además, la ley contempla la posibilidad de que existan varios acreedores o deudores en una misma obligación, lo que puede dar pie a situaciones de solidaridad o concurrencia.
EL CONTRATO DE MUTUO
La Importancia de la Garantía
La garantía es, en general, un mecanismo para proteger los derechos de un prestamista. En muchos contratos de préstamos, para dar una mayor seguridad al acreedor, además del derecho de cobro se pone en prenda un determinado activo financiero, el cual pasará a manos del acreedor en caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones financieras. La figura del acreedor garantizado surge como mecanismo para garantizar un mayor acceso al crédito al reforzar la seguridad del acreedor de que no sufrirá pérdidas patrimoniales por prestar dinero.
Cuando se establece un contrato de préstamo, el prestamista da al prestatario una determinada cantidad de dinero y este último se compromete a devolverle en un plazo convenido el capital prestado más una cantidad adicional llamada intereses. De esta forma, el prestamista adquiere un derecho de cobro sobre el prestatario, convirtiéndose el prestamista en acreedor del prestatario, que adquiere la condición de deudor respecto al prestamista. Si el préstamo posee una garantía, se reduce la probabilidad de impago.
Tipos de Acreedores Garantizados
Existen dos tipos principales de acreedores garantizados según la cobertura de la deuda:
- Con garantía total: Si la deuda que debe cobrar el acreedor está cubierta totalmente por la garantía.
- Con garantía parcial: Si solo se asegura el cumplimiento de una parte de la obligación del deudor.
Entre los aspectos clave de los acreedores garantizados destaca su presencia en operaciones de altos montos, como los créditos hipotecarios. Un ejemplo claro de acreedor garantizado son las entidades bancarias cuando otorgan un préstamo hipotecario. En este tipo de préstamos, la entidad no solo adquiere el derecho de cobrar el préstamo, sino que, en caso de impago por parte del prestatario, la entidad se queda con el bien inmueble que está puesto como garantía.
Derechos del Acreedor en Chile
El Código Civil de Chile regula la figura del acreedor en los artículos dedicados a obligaciones y contratos. Los derechos del acreedor en Chile se fundamentan en la ley y buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones.
Derecho de Exigir el Cumplimiento
El derecho más esencial que tiene un acreedor es exigir que el deudor cumpla lo que se pactó. La normativa chilena permite que este cumplimiento sea forzado, salvo cuando la ley diga lo contrario. Si el deudor no cumple de manera voluntaria, el acreedor tiene la opción de acudir a los tribunales para exigir el pago. Este derecho está respaldado tanto por el Código Civil como por las leyes procesales chilenas, que permiten al acreedor iniciar una demanda ejecutiva o un procedimiento monitorio, según corresponda.
Intereses, Reajustes y Cláusulas Penales
El acreedor también tiene derecho, en muchos casos, a exigir el pago de intereses por mora, reajustes y, si aplica, hacer valer cláusulas penales estipuladas en el contrato. Los intereses compensan el tiempo que el acreedor ha esperado sin recibir el pago, mientras que los reajustes buscan proteger el valor real del crédito ante cambios económicos.
Acciones de Protección del Patrimonio del Deudor
- Acción subrogatoria: Le permite al acreedor ejercer los derechos y acciones que le corresponden al deudor frente a terceros, con el objetivo de evitar que el patrimonio del deudor disminuya y se ponga en riesgo la posibilidad de pago.
- Acción pauliana o revocatoria: Es una herramienta legal que permite al acreedor pedir la anulación de actos realizados por el deudor que le perjudiquen, como transferir bienes a terceros para evadir sus responsabilidades.
Medidas Precautorias o Conservativas
El acreedor puede solicitar medidas precautorias o conservativas, como el embargo de bienes o la prohibición de celebrar ciertos actos y contratos sobre activos específicos.
Participación en Procedimientos Concursales
Si el deudor entra en un proceso concursal, como una reorganización de empresas, los acreedores tienen el derecho de participar activamente en ese proceso judicial. Esto incluye asistir a juntas de acreedores, votar en los acuerdos de reorganización y proponer alternativas para la reestructuración de la deuda.
Los principios modernos del procedimiento de reorganización (Ley 20.720) tienen como propósito la conservación de la empresa. Esto se refleja principalmente en la preponderancia de su venta como unidad económica, evitando un desmembramiento de partes entre los acreedores. Ante la imposibilidad de pago, la empresa deudora facultativamente puede iniciar el procedimiento de reorganización ante los tribunales de justicia con el propósito de reestructurar sus activos y pasivos. Una vez que los tribunales notifican el inicio de la reorganización, la empresa deudora goza de un periodo de protección financiera.
En este contexto cabe preguntarse si es posible la ejecución de garantías que fueron constituidas con anterioridad al procedimiento o una vez iniciada la reorganización. Por regla general, ante el incumplimiento del deudor, la ley civil confiere una serie de derechos con el propósito de hacer efectiva su responsabilidad individualmente. Dentro de las principales encontramos la ejecución forzada, resolución del contrato, cumplimiento por equivalencia, derechos auxiliares, entre otros. El legislador previno esta situación, por esto es que consagró el principio par condictio creditorum. De tal manera que cada acreedor, según la categoría de su deuda, pueda pagarse en el orden que le corresponda. Con lo cual imposibilita el ejercicio de los derechos para exigir el cumplimiento de las garantías como un acreedor individual y lo incentiva a apersonarse en el procedimiento concursal colectivo.
Otro aspecto a considerar es que durante el periodo en que opera la junta de acreedores, la ley autoriza a constituir nuevas garantías. En un principio, esta situación puede parecer contraproducente: ¿cómo puede contraer más obligaciones si no puede solventar las actuales? El tema es que la empresa se encuentra en una situación de estrés financiero, necesita a toda costa obtener financiamiento con tal de incrementar sus flujos de efectivos y de esta manera pagar a cada uno de sus acreedores, manteniendo su unidad como empresa.
Obligaciones de los Acreedores
Los acreedores están obligados a presentar y verificar sus créditos ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento u otra autoridad competente, según lo establece la legislación chilena. La ley chilena establece un orden específico para el pago de créditos en caso de liquidación o quiebra del deudor. Algunos créditos, como los laborales o los que están garantizados con prenda o hipoteca, tienen prioridad frente a otros.
Límites y Asesoría Legal
Los derechos de los acreedores en Chile tienen límites legales, éticos y contractuales. Ejercer estos derechos no puede afectar garantías constitucionales del deudor, como la dignidad o el mínimo vital. Además, existen plazos de prescripción para ejercer acciones de cobro, que varían según el tipo de crédito. Contar con la asesoría de un abogado es fundamental para que el acreedor pueda ejercer sus derechos de forma efectiva y conforme a la ley. Un profesional en la materia puede asesorar en la elaboración de contratos, iniciar procesos judiciales de cobro, solicitar medidas cautelares y participar en procedimientos concursales, como la liquidación de empresas o reorganización de empresas.
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