En una peligrosa escalada de violencia que conmocionó a Chile, un matrimonio de empresarios agrícolas, Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivianne Mackay, de 69, murieron quemados la madrugada del 4 de enero de 2013. Su vivienda, ubicada en el fundo Granja Lumahue cerca de Vilcún, en La Araucanía chilena, a unos 700 kilómetros de Santiago, fue atacada e incendiada por un grupo de encapuchados.
El Atentado Incendiario
El trágico episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana. Antes de que la vivienda fuera completamente incendiada, el matrimonio se defendió a los tiros de los atacantes. Uno de los agresores, un joven de 26 años, resultó herido en el pecho y fue capturado por la policía minutos después, siendo trasladado a un hospital de la zona. Los cuerpos de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay fueron encontrados calcinados en el interior de la casa, una vez que los bomberos lograron apagar las llamas.
Según los registros, las últimas palabras de Vivianne Mackay fueron en una llamada telefónica desesperada: “Nos atacaron, por favor, ayúdenos. Vivianne MacKay y Werner Luchsinger. Mi marido está herido. Siguen disparando, por favor vengan luego”.
Este ataque incendiario se produjo en un nuevo aniversario del crimen del activista mapuche Matías Catrileo, quien falleció a raíz del disparo de un carabinero durante un intento de toma de un predio de otro integrante de la familia Luchsinger en 2008. Este contexto resalta la complejidad y persistencia del conflicto mapuche en la región.
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Reacción del Gobierno y Medidas Adoptadas
El gobierno chileno catalogó de terroristas a los agresores y anunció la aplicación de la severa Ley Antiterrorista. El entonces presidente Sebastián Piñera viajó de urgencia a la zona y anunció un aumento de la dotación policial, el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial en la región de La Araucanía. Sin embargo, el mandatario se negó a decretar el estado de sitio, a pesar de las peticiones de varios parlamentarios de la coalición de gobierno.
Piñera reafirmó la postura gubernamental: “Queremos reafirmar que este gobierno va a seguir trabajando para combatir la violencia y el terrorismo, y para eso vamos a utilizar todo el rigor de la ley”. Y agregó: “Esta lucha es contra una minoría de delincuentes y terroristas, que deben ser combatidos con todas las herramientas de las que dispone el Estado de Derecho. Esta lucha no es contra el pueblo mapuche, sino contra una minoría de delincuentes”.
El ministro general de la Presidencia, Cristián Larroulet, llegó a asegurar en la televisión local que se estaba en presencia de "un grupo terrorista organizado (...) con capacitación, con entrenamiento y con contactos con las FARC".
El Conflicto Mapuche y la Familia Luchsinger
Estos hechos agravaron la tensión en la zona, donde en las últimas semanas se habían incrementado los incidentes en el marco del conflicto. Este conflicto enfrenta a empresarios agrícolas establecidos en la región con grupos radicalizados de la etnia originaria mapuche, quienes reclaman como propias estas tierras que consideran ancestrales.
Los Luchsinger pertenecen a una familia de origen suizo que se asentó a principios del siglo pasado en el lugar y que hoy posee unas cinco estancias en Vilcún, sumando alrededor de 1.200 hectáreas. Por ello, la familia se convirtió en un símbolo de la explotación empresaria para algunas comunidades mapuches.
El conflicto se intensificó en los últimos años con decenas de ataques a diversas instalaciones y camiones madereros por parte de grupos de encapuchados armados. Los incendios intencionales se volvieron frecuentes en La Araucanía, con un modus operandi común: una decena de encapuchados ingresan a los domicilios, reducen a los propietarios (a veces con golpes si oponen resistencia), los sacan de la casa junto a sus familias y, frente a ellos, prenden fuego a la propiedad.
Solo en 2012, la Fiscalía Regional de La Araucanía registró 300 causas relacionadas con el conflicto, un aumento del casi 78% respecto a 2011. Las quemas han afectado casas, cosechas, escuelas, camiones, galpones e incluso centros de eventos. Esta situación ha llevado a que agricultores acusen de inacción al gobierno y la justicia, amenazando con actuar por su cuenta.
Investigación y Procesos Judiciales
La investigación del caso Luchsinger-Mackay llevó a la imputación de 12 personas distintas por incendio con resultado de muerte en carácter terrorista, a través de peritajes que vincularon comunicaciones telefónicas entre los involucrados. Desde sus inicios, la investigación se sometió a presiones políticas, al ser uno de los casos más emblemáticos del radicalismo mapuche.
Figuras Clave y Sentencias
- Celestino Córdova: Machi (autoridad religiosa) y líder comunal mapuche, fue detenido la misma madrugada de los asesinatos. Quedó inmovilizado tras recibir una bala en el hombro, la cual se teoriza fue uno de los últimos disparos realizados por Werner Luchsinger en defensa propia. Córdova fue el primer condenado por el crimen, sentenciado a 18 años de presidio en 2014. Ha estado en el Centro de Estudios y Trabajo de Vilcún tras una petición para estar más cerca de su rewe y realizar sus prácticas religiosas. Recibió la libertad condicional el 2 de enero de un año, beneficio que fue revocado seis días después tras una apelación.
- José Manuel Peralino: Su testimonio fue clave para la sentencia del anulado primer juicio en que se imputó a otros ocho involucrados. Sin embargo, en el juicio anterior, el tribunal oral en lo penal de Temuco determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron insuficientes para probar la participación de los comuneros en el incendio, argumentando que el testimonio de Peralino era contradictorio e incluso mostraba "vicios de legalidad". Peralino fue condenado a 5 años con el "beneficio de la libertad vigilada intensiva", en calidad de "delator compensado", y ya cumplió su condena.
- Francisca Linconao: La machi fue acusada de ser la ideóloga del ataque. Sin embargo, en un juicio posterior, el fallo confirmó la absolución de la machi y de otros siete indígenas, tras haber sido absuelta en el primer juicio anulado.
- José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel: Fueron condenados a 23 años de cárcel y posteriormente a la pena de presidio perpetuo, en calidad de autores del delito consumado y de carácter terrorista de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Ambos comenzaron sus condenas en el mismo centro que Córdova en Temuco, pero posteriormente fueron trasladados al CET Victoria en marzo de 2024, con la razón de reinserción social. También pudieron acceder al beneficio de salida trimestral. Luis Tralcal se encuentra prófugo y es buscado por la Policía.
Perspectiva Mapuche y Denuncias
Según las comunidades mapuches de la zona, el despliegue policial y mediático solo contribuye a la estigmatización de la etnia, especialmente al invocar la Ley Antiterrorista, que permite mayores penas y mayor tolerancia para las pruebas, como el uso de testigos protegidos.
Dirigentes como Aucan Huilcaman, werken del Consejo de Todas las Tierras, han expresado: "Los mapuche y los órganos del Estado tenemos responsabilidad por las cosas que han ocurrido. Queremos paz firme y duradera." La lonko Juana Calfunao afirmó en una carta abierta al presidente Piñera: "Los mapuche somos los primeros en repudiar la violencia, ya que hemos vivido este trato inhumano por casi 130 años."
Existe consenso en que la mayoría de esta etnia no forma parte de grupos extremistas ni ejecuta la violencia activa. Sin embargo, ante el nulo avance en el diálogo por la reivindicación territorial y la poca voluntad de los sucesivos gobiernos por encontrar soluciones a largo plazo, los mapuches están perdiendo la paciencia.
Las comunidades mapuches han denunciado un comportamiento "muy brutal" de la policía y una "militarización" de sus territorios. Se han registrado acciones de violencia desmedida de la policía contra los mapuches, denunciadas por el relator de la ONU para pueblos indígenas, James Anaya, y el chileno Instituto de Derechos Humanos. La Justicia también ordenó mesura a las fuerzas de seguridad y prohibió el uso de gases lacrimógenos contra mujeres y niños durante los allanamientos a esas comunidades.
Búsqueda de Soluciones
Todas las partes coinciden en que la gravedad del conflicto y su aparente eterna continuidad radica en la falta de voluntad política para buscar una solución definitiva. Expertos en legislación indígena, como Sebastián Donoso, señalan que existe una "cierta inercia de no hacerse cargo del tema al mediano y largo plazo" por parte de los gobiernos, ya que esto "requiere de acuerdos políticos".
Donoso sugiere dos temas clave para que las mesas de diálogo pasen de ser discusiones históricas a entidades resolutivas:
- Perfeccionar el marco legal institucional indígena, que hasta hoy es "insuficiente".
- Establecer interlocutores válidos, exclusivos y distinguibles por ambos lados, algo que actualmente no ocurre debido a la atomización de la vocería mapuche y la gestión gubernamental del tema a través de ministerios con múltiples responsabilidades.
Mientras los mapuches reclaman la reivindicación de millones de hectáreas que tenían cuando Chile era colonia española, los agricultores afirman haber comprado legalmente esas tierras, muchas de ellas hace más de un siglo, lo que subraya la complejidad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.
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