El objetivo del Programa de Representación Jurídica (PRJ) es facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años, víctimas de vulneraciones graves en sus derechos, mediante la representación jurídica de los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y Tribunales Superiores de Justicia, según corresponda, pudiendo actuar como curadores ad litem ante todo tipo de tribunales, si no cuentan con adultos responsables que los representen judicialmente.
“Era del todo complejo instruir sumarios, fundamentalmente en caso de denuncias por maltratos a los niños, niñas y jóvenes, dado que muchas veces se acusaba persecución, un sesgo contra el personal de trato directo. O bien, que las denuncias eran inventos de las víctimas”.
Esteban Elórtegui es abogado y así describe su período como director regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), en Valparaíso. Durante su gestión debió enfrentar un paro y toma por parte de trabajadores en uno de los centros ubicado en Playa Ancha. Esto ocurrió, según relata, luego de que se iniciaran varios sumarios por maltrato y generaran suspensión de funcionarios. Su renuncia, sin embargo, le fue solicitada durante esa crisis, la que finalmente se produjo el 4 de octubre pasado.
“El Mercurio” reveló el 12 de noviembre pasado que solo 8 de 180 sumarios por maltrato en los últimos 10 años habían concluido en sanciones, 78 estaban sobreseídos y 54 aún estaban en etapa indagatoria. Ante esa realidad, Elórtegui dice que ante el inicio de sumarios “el panorama se tornaba ya en conflicto, se producían movilizaciones (desde manifestaciones con lienzos hasta paros y tomas) cuando se aplicaba la medida preventiva de suspensiones de funcionarios por parte de los fiscales, atendidos los antecedentes que tenían a la vista”.
Fiscales que no son abogados. Respecto del retraso en el cierre de estos procesos a nivel nacional, el ex director regional afirma que obedece principalmente a dos razones. “Por un lado, los fiscales son funcionarios del servicio. Por regla general, no son abogados, por lo que deben cumplir el cometido funcional junto con sus labores habituales. Entonces el funcionario no les da prioridad en su quehacer, al ser una tarea accesoria y vista como una pesada carga”, dice.
Cuando habla de “pesada carga”, Elórtegui alude a que, al no ser abogado, el funcionario “siente no contar con todos los conocimientos y destrezas, interrumpe su labor habitual y debe enfrentar por momentos presiones de las asociaciones”.
Intentos de que se retracten los denunciantes. Otro punto que dificulta llegar a un resultado, dice, es que “los sumarios deben reabrirse muchas veces, ya que faltan diligencias por desarrollar o contienen errores”. Finalmente, asegura que la otra razón fundamental “para la demora radica en la presión que ejercen los dirigentes del Frente de Trabajadores”, quienes “entorpecen los procedimientos y presionan a todo nivel a las duplas psicosociales, supervisores, directivos de los centros, dirección regional y dirección nacional”.
De acuerdo a su relato, los dirigentes también “presionan a fiscales de los sumarios y lo peor es que intentan -con bastante éxito- que los denunciantes, que son muchas veces los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas, se retracten”.
Una de las medidas urgentes que plantea el ex director regional es que se debe contar “con fiscales que sean abogados, competentes, autónomos, plenamente dedicados a los sumarios”. Además, enfatiza en que el servicio debe ser “profundamente intervenido” cuanto antes, de manera que se pueda “velar oportuna y eficazmente por los derechos de los niños, niñas y jóvenes bajo el cuidado del Estado”.
El Sename, bajo la conducción de la ex fiscal Solange Huerta, ha señalado que se encuentra en un proceso con metas de corto, mediano y largo plazo para ir cerrando los sumarios administrativos que aún se encuentran abiertos. Venía a “medio vestir” y con dinero. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía.
Así llegó Guillermina, de 16 años, al Centro de Protección Alborada, del Sename, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones.
No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama “egresos” de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El caos estadístico. Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe.
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. “Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio”, explica Ortiz.
“El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales”, le dice a BBC Mundo el diputado Saffirio, quien además requirió formalmente información sobre las causas de las muertes de los menores a los distintos organismos. Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y el año pasado presentó un informe con 200 medidas urgentes. “Ninguna se han cumplido”, asegura el diputado.
La crisis no se limita a cifras; evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación adecuada y con denuncias de maltratos, sobremedicación y negligencia. “Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad… No marchan, no votan, no exigen”, afirma Ortiz a BBC Mundo.
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Estos son los casos más “críticos”, asegura Ortiz. Las causas de muerte determinadas por autopsias son variadas y, a veces, violentas: lactantes ahogados con sus fluidos, golpes en la cabeza por caídas, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
La historia de Lissette, de 11 años, ilustra casos y desafíos. Lissette pasó gran parte de su vida entre centros dependientes del Sename; su evaluación incluía maltrato y abuso. En un episodio, murió en el Centro Galvarino, tras un incidente que expone la falta de protocolos y de primeros auxilios adecuados. La directora del Sename en aquel momento, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una supuesta “crisis emocional”, una explicación que fue cuestionada y costó su puesto.
El abandono de protocolos y la sobremedicación son temas recurrentes entre testimonios de especialistas. “La poca prolijidad en la manipulación de medicamentos en los centros es generalizada”, señala Ortiz. Diversos médicos yPsiquiatras advierten sobre dosis inadecuadas y la exposición a fármacos sin supervisión adecuada.
Frente a esta realidad, hay llamados para reforzar la defensa jurídica de los NNA y revisar el fortalecimiento de un Abogado del Niño que garantice el debido proceso y supervise a las instituciones que protegen a los menores. El debate sobre la transición de Sename a Mejor Niñez destaca la necesidad de asegurar que los niños cuenten con representación legal adecuada, evitando que queden desprotegidos ante decisiones judiciales y administrativas.
En este contexto, el reconocimiento de que los NNA requieren una defensa jurídica autónoma es visto por jueces y expertos como una pieza central para garantizar derechos, controles y rendición de cuentas frente a las autoridades encargadas de la protección infantil.