Renuncias en la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez
El sábado 2 de mayo, cuatro miembros de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva. Esta instancia fue anunciada en 2024 con la promesa de establecer una "verdad histórica" sobre los menores que han sido víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename), entre 1979 y 2024. El objetivo de la comisión era sentar las bases para proponer mecanismos de reparación para los menores vulnerados.
Motivos de la Renuncia
Las desavenencias y reproches al funcionamiento actual de la comisión culminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner. En conversación con La Tercera, Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet, advirtió que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas.
Ortiz explicó que la determinación de renunciar fue un proceso. "Tuvimos reuniones con las autoridades del Ministerio, pero entregamos propuestas y ninguna fue aceptada," afirmó. Además, se les planteó la posibilidad de traspasar la comisión a la Subsecretaría de Niñez, lo que implicaba un retraso significativo. A pesar de un acuerdo inicial con el subsecretario, varios puntos quedaron sin respuesta. Ante esta situación, enviaron una carta solicitando claridad sobre la continuidad del mandato de la comisión. Los comisionados estaban dispuestos a aceptar cambios e incluso a que se reemplazaran sus cargos, pero se les aseguró que no habría modificaciones. Sin embargo, posteriormente comenzaron a incidir en el personal y en la autonomía de la comisión, lo que hizo la situación insostenible.
Punto de Inflexión: Despidos y Obstaculización
El punto de inflexión fue la intención de cambiar a los profesionales que ejecutaban las labores derivadas de la comisión. "Comenzaron a despedir a la gente que realizaba las escuchas, las duplas psicosociales que tienen una capacitación, que habían cumplido con un perfil determinado que nosotros hicimos y quienes habían sido validados," señaló Ortiz. Se les informó que se despediría al 50% del personal y que se querían realizar los procesos de manera distinta, a pesar de que los mecanismos establecidos por la comisión para escuchar a las personas vulneradas eran "muy novedosos y cumplían con todos los estándares."
Además, otros organismos que debían aportar antecedentes, como Educación, Salud y Desarrollo Social, nunca enviaron información. También se despidió a la persona encargada del archivo sin justificación. Ortiz enfatizó que la comisión estaba cumpliendo con su mandato, mientras que la falta de colaboración y los despidos socavaban su labor.
La Visión del Gobierno y el Riesgo de Invisibilización
Ante la intención del gobierno de reformular la comisión, Ortiz expresó su preocupación. "Este es un problema de Estado, de todos los gobiernos, viene desde la época de Piñera hasta ahora, y viene incluso desde la República," afirmó, describiendo un patrón de "maltrato y uso del poder que realmente ha sido terrible" en los hogares de beneficencia. Subrayó que en Chile, durante casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños bajo protección.
Desde la perspectiva de la comisión, la visión actual del gobierno "invisibiliza a la infancia." Ortiz insistió en la necesidad de invertir recursos para "quebrar definitivamente la vulneración de derechos." Aunque espera que no se invisibilice aún más a niños y niñas, señaló que hasta el momento no han recibido otra señal. Explicó que, para abordar el problema, se requiere estar "disponible para aprender, para abrirse a otras posibilidades," lo que implica dar espacio y tiempo para discutir, en lugar de tomar medidas específicas sin consulta. Desestimó la justificación economicista, mencionando que la comisión propuso una reducción del 8% del presupuesto que no fue considerada.
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Autocrítica y Compromiso con la Niñez
Respecto a diferencias internas pasadas en la comisión, Ortiz reconoció que el problema más serio fue la falta de consenso sobre la revictimización de las víctimas. "Varios considerábamos que teníamos que hacer algo con calidad y peleamos mucho, no solo porque se nos dieran más recursos sino para que nos entregaran la información, información que nunca se entregó," dijo. Lamentó que "al final importan más los temas administrativos que la infancia." A pesar de esas dificultades, la comisión nunca puso en riesgo su mandato. Sin embargo, consideró que este gobierno sí ha puesto en riesgo "el sentido profundo de esta comisión por vulneraciones a niños del Sename."
Ortiz rechazó la justificación de Justicia sobre un "mal desempeño," argumentando que no se trata de un programa con metas administrativas y números, sino de un "compromiso con la niñez" y con los jóvenes "que nosotros violentamos como Estado." Resaltó la complejidad del proceso para las personas que se atrevieron a hablar, afirmando que el primer acto de reparación era "escucharlos como correspondía."
Nueva Dirección y Falta de Compromiso
Ortiz manifestó una clara diferencia de visión con las nuevas autoridades en el contexto de los derechos humanos. "Claramente tenemos una visión diferente," afirmó. La comisión buscaba la verdad sobre "graves vulneraciones de derechos que se cometieron con personas que nunca tuvieron apoyo de nadie," y consideró fundamental buscar a estas personas, entender sus necesidades y avanzar en propuestas. La preocupación de Justicia sobre el incumplimiento de metas, según Ortiz, demuestra una falta de comprensión del proceso de escucha, que es "muy lento" y requiere recursos y apoyo. Lamentó que no se diera espacio para trabajar juntos y buscar soluciones, sino que la respuesta fuera "sacar gente."
En cuanto al nuevo director ejecutivo de la Comisión, Pedro Natho, Ortiz indicó que no lo conocen. "Nosotros esperamos poder juntarnos con él el miércoles," dijo. Su nombramiento fue conocido a través de él mismo, quien se acercó a dos comisionados. Ortiz concluyó que ha sido un proceso "muy duro" y "doloroso" para los miembros de la comisión.
Cambios y Desafíos en el Servicio Nacional de Menores
Remoción del Director Nacional del Sename en 2016
En julio de 2016, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunció la remoción del director nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Hugo Herrera. Esta decisión se produjo días después de la fuga de un grupo de niños y jóvenes desde el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) de Arica.
La ministra informó: "También le hemos pedido la renuncia a la directora del CREAD Arica, le hemos pedido la renuncia al director regional del Sename de justamente Arica y también quisiera informarles que, con fecha de hoy -sábado 16 de julio-, hemos aceptado la renuncia del director nacional del Servicio Nacional de Menores, señor Hugo Herrera Andreucci."
En la dirección nacional del Sename asumió la exfiscal Solange Huerta, conocida por su investigación en el Caso Tsunami. Adicionalmente, la ministra Blanco presentó una denuncia ante la Fiscalía de Arica para investigar la fuga y anunció el inicio de un sumario interno para encontrar a los responsables. Herrera había estado menos de tres meses al mando del servicio, el cual ya enfrentaba cuestionamientos por diversos casos, incluyendo la muerte de menores en sus centros.
Cierre de Centros y Cuentas Públicas
Durante la jornada del anuncio de la remoción, la ministra Javiera Blanco visitó Arica, acompañada por el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, para conocer los detalles del incidente en el CREAD. Recorrió las dependencias y conversó con autoridades. Dada la gravedad de los hechos, la ministra Blanco interpuso una denuncia en la Fiscalía regional para establecer responsabilidades administrativas y penales por el abandono de menores.
En una cuenta pública, la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, confirmó el cierre de cuatro Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), incluyendo la residencia Galvarino, donde en abril de 2016 falleció la menor Lissette Villa. Este caso fue clave para destapar la crisis en el Sename, revelándose posteriormente que más de mil menores murieron bajo el cuidado del Estado.
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En esa instancia, también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien instó al Congreso a acelerar los trámites legislativos para los proyectos que buscan dividir al Sename. Susana Tonda aclaró que los funcionarios que se manifestaron en ese momento no dependían directamente del Sename, sino de organismos colaboradores.