La Vulnerabilidad y la Pobreza Multidimensional: Una Conexión Inmanente en Chile

En Chile, la comprensión de la pobreza ha evolucionado más allá de una simple métrica de ingresos, revelando una profunda y constante conexión entre la vulnerabilidad y la pobreza multidimensional. Si bien el país ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza por ingresos, la persistencia de carencias en múltiples ámbitos de la vida de las personas subraya la naturaleza compleja e "inmanente" de este fenómeno.

El Panorama Actual de la Pobreza en Chile

Según los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2022, presentados por el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, la pobreza por ingresos ha experimentado una disminución significativa, ubicándose en un 6,5% de la población, lo que equivale a 1.292.521 personas. La pobreza extrema también registró una baja a nivel nacional, alcanzando el 2% de la población, en contraste con el 4,3% en 2020 y el 2,3% en 2017 (sin diferencia estadísticamente significativa entre 2017 y 2022).

Estos datos demuestran que, desde la recuperación de la democracia, Chile ha sido un ejemplo mundial en la reducción de la pobreza. Sin embargo, a pesar de estos logros, la subsecretaria Paula Poblete destacó la recuperación de la senda previa a la pandemia, señalando que Chile ha logrado una reducción histórica de la pobreza tras un período difícil de recuperación post-pandemia y alza de la inflación.

No obstante, la perspectiva cambia drásticamente al analizar la pobreza multidimensional. La Casen 2017 ya había revelado que más de un quinto de la población, específicamente el 20,7% (aproximadamente tres millones y medio de personas), se encontraba en esta situación, sufriendo carencias en áreas fundamentales como educación, salud, vivienda, entorno y cohesión social. Los resultados de la Casen 2022 también muestran una importante reducción en la pobreza multidimensional a lo largo de los años, con tasas bajas en regiones como Magallanes (6,9%), Aysén (14%), Biobío (14,1%) y Maule (15%).

Comprendiendo la Pobreza Multidimensional y la Vulnerabilidad

La pobreza multidimensional es la medición de las carencias en aspectos que las personas valoran en relación con su vida y que afectan sus procesos de desarrollo. Esta necesidad impacta directamente en la libertad que tienen los ciudadanos de elegir la vida que desean, ya que carecen de las capacidades para hacerlo.

Desde 2015, la encuesta Casen mide cinco dimensiones clave para evaluar la pobreza multidimensional:

• Educación: Incluye asistencia escolar, escolaridad y rezago escolar.
• Salud: Evalúa la malnutrición en niños y niñas, la adscripción a un sistema de salud y la atención de salud.
• Trabajo y Seguridad Social: Considera la ocupación, la seguridad social y las jubilaciones.
• Vivienda y Entorno: Abarca la habitabilidad, el acceso a servicios básicos y las condiciones del entorno.
• Redes y Cohesión Social: Analiza el apoyo y la participación social, el trato igualitario y la seguridad. Esta variable fue añadida en 2015, evaluándose solo cuatro dimensiones en versiones anteriores.

Un hogar se califica en situación de pobreza multidimensional si presenta un 22,5% o más de carencias en estas áreas. En Chile, el número de personas en esta condición es considerablemente más alto que el de la pobreza por ingresos, lo que destaca la vulnerabilidad subyacente de una parte importante de la población.

La Perspectiva de Leonardo Moreno sobre la Vulnerabilidad

Leonardo Moreno, ex director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza y hoy responsable país en Fundación Avina, describe esta diferencia con claridad: "hemos logrado crear una sociedad en que sacamos mucha gente de la pobreza por ingresos, pero no hemos sido tan exitosos en la pobreza multidimensional". Para Moreno, esta situación se traduce en una gran cantidad de personas en vulnerabilidad: "usted ya no está bajo una línea de pobreza absoluta, sino que se encuentra en una situación en que puede caer nuevamente en ella a la primera de cambios. Usted no tiene cierto grado de seguridad y de protección, las que tienen que ver con el trabajo, con educación, con salud".

Si bien una persona puede tener ingresos suficientes para subsistir, las múltiples vulnerabilidades que componen la pobreza multidimensional pueden obstaculizar su búsqueda de trabajo, afectar la calidad de este, limitar su acceso a la educación o mermar su capacidad para reaccionar o costear un tratamiento de salud.

• En el ámbito laboral, más de la mitad de las personas en pobreza multidimensional están ocupadas, pero no tienen cotización previsional, lo que implica que no aportan a sus fondos de jubilación ni imponen para salud. En el resto de la población, esta dificultad afecta a menos de un cuarto de las personas ocupadas.
• La educación también varía significativamente en estos grupos: el 7% de las personas en pobreza multidimensional es analfabeta, una tasa que en el resto de la población es del 2,7%. Además, más de la mitad de los hogares en esta situación tienen al menos un adulto que no ha terminado su educación media, frente a menos de un tercio en el resto de los hogares.

Vulnerabilidad, Exclusión y Dignidad: Las Raíces del Malestar Social

Leonardo Moreno establece una fuerte correlación entre estas vulnerabilidades y el "estallido social" del 18 de octubre del año pasado (2019): "La persona que tiene mal trabajo tiene a sus hijos en un mal colegio, tiene mala educación, mala calidad de salud, normalmente no tiene jubilación, vive en malos barrios, sufre de delincuencia, sufre en temas de desprestigio social". Él considera que estas vulnerabilidades son las causas más profundas del malestar social: "finalmente el que tiene mal barrio tiene mala salud, mala educación, mal transporte, mal trabajo (...)", y subraya que "estas desventajas no son por mérito propio: no es que yo fui un flojo y no hice tal cosa y me salió mal".

La brecha entre la disminución de la pobreza por ingresos y la falta de soluciones a otras vulnerabilidades genera tensiones sociales. El aspecto objetivo de la pobreza (indicadores monetarios) no se alinea con el subjetivo (cómo cada persona vive su situación) ni el relacional (cómo se relacionan con el resto de la sociedad). Este último factor está ligado a la exclusión social, definida por Moreno como "el rompimiento de los vínculos que unen a las personas en la sociedad".

Moreno critica ciertas declaraciones políticas previas al estallido social, señalando: "'Vivimos en Chiles diferentes, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces cuando se habla de las flores, de los 30 pesos, el 'levántense más temprano', es no entender lo que está sucediendo en el resto del país'". El informe "Desiguales" del PNUD (2017) refuerza esta idea, planteando que la exclusión social y la diferencia en el trato son "expresiones más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades económicas" en Chile, donde "las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, en cómo el respeto y la dignidad se confieren o deniegan en el espacio social".

La demanda por dignidad se convirtió en un pilar central del malestar. Leonardo Moreno afirma: "Cuando alguien está trabajando con personas que viven situaciones de desigualdad y pobreza sabe perfectamente bien que la gente ya no aguanta más porque no es un tema solamente material, es un tema muy profundo", y añade que "no es casual que la gente diga hasta que la dignidad se haga costumbre ni que a la plaza Baquedano se le haya rebautizado como Plaza Dignidad".

Impacto de Crisis Recientes en la Pobreza y Vulnerabilidad

La pobreza, que había disminuido notablemente en Chile del 68% en 1990 al 8,6% en 2017, parece haber ganado un nuevo protagonismo debido a la crisis económica causada por el coronavirus y, previo a esto, a la crisis social. La CEPAL alertó que la tasa de población bajo la línea de la pobreza podría escalar hasta el 13,7% en el peor escenario, representando un aumento de casi un millón de personas.

El informe "How’s Life" de la OCDE (marzo de 2020) indicó que el 53% de la población chilena estaba en riesgo de caer en la pobreza si perdía tres meses de ingresos, una situación que pasó de hipotética a posible realidad. En abril de 2020, la desocupación ya se empinaba al 9,7% (cerca de 876 mil personas), y el 55% de los encuestados reportó una baja en los ingresos de su hogar. Alfonso Fuentes, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), advirtió que "a diferencia de las crisis que hemos experimentado en el pasado, la situación actual afecta también al sector de servicios", tradicionalmente estable.

La falta de ingresos también podría impactar violentamente el número de campamentos en el país, que ya había aumentado tras el 18 de octubre. Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO, señaló que entre 2011 y 2019 los campamentos aumentaron un 22%, llegando a 47 mil hogares. Tras la crisis social, se acercaban a 52 mil familias o más, con una proyección de superar los 100 mil hogares en el contexto post-COVID, lo que agudiza los niveles de precariedad de la población chilena. Bowen enfatiza que la población vulnerable "va a volver a entrar bajo la línea de la pobreza" ante la pérdida de empleo, enfermedades y crisis económica.

Respuestas del Estado y sus Desafíos

Ante este escenario, el Estado ha implementado diversas ayudas. Para los trabajadores informales (28,9% de los ocupados), se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio decreciente en tres meses. Sin embargo, este monto ($65 mil por persona en el primer mes) es inferior a la línea de extrema pobreza ($114.075 por persona) y a la línea de pobreza ($171.113), según cálculos del Ministerio de Desarrollo Social a abril de 2020. Esto significa que las familias que recibieran solo el IFE caerían bajo la extrema pobreza, modificando drásticamente el perfil de pobreza en el país.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, afirmó que los esfuerzos gubernamentales se concentran en mitigar el impacto en las familias más vulnerables, "conteniendo el potencial aumento en la pobreza que esta crisis podría tener". Además del IFE, el gobierno entregó el bono Covid (por una vez), promulgó el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y la Ley de Protección al Empleo. No obstante, la autoridad no descartó "la creación de nuevas medidas o nuevos apoyos".

Hermann González, investigador de Clapes UC, advirtió que "el aumento del desempleo y la pobreza revelan el enorme impacto social que tendrá esta crisis", proyectando que la caída del producto será la mayor desde 1983. Si bien las medidas del gobierno atenúan los efectos, "no impedirán un alza de la pobreza". La clave, según González, es que la economía "vuelva a crecer y crear empleos, porque esa es la única forma de reducir la pobreza de forma sostenible".

Andrea Repetto, académica de la UAI y presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza, criticó la insuficiencia de los fondos asignados, que "no alcanzan para financiar los gastos más necesarios de las familias más vulnerables" y carecen de la cobertura social necesaria para alcanzar a las familias en vulnerabilidad a la pobreza. Repetto propuso complementar las medidas con nuevos bonos que "permitan a las familias pasar un periodo más largo sin la posibilidad de generar ingresos, que no sean decrecientes ni a los que se deba postular". Sebastián Bowen de TECHO también consideró que las medidas gubernamentales no estaban "a la altura de la crisis", ya que la población más vulnerable es la que menos posibilidades tiene de seguir las pautas preventivas debido al hacinamiento o la falta de vivienda.

El Rol Crucial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

La Comisión Asesora Presidencial transparentó una "verdad incómoda: Chile es más pobre de lo que creíamos". Esto se refiere a ese 15% a 30% de los hogares chilenos "vulnerables", familias que "flotan a menos de dos sueldos mínimos sobre la línea oficial" y para quienes un despido, una crisis económica o una cirugía pueden significar un descenso inmediato a la pobreza. Las metodologías actuales, que miden la pobreza por canasta básica alimentaria (desde 1987) y multidimensionalmente (desde 2015), no logran capturar la fragilidad de estos hogares que viven apenas por sobre la línea.

En este contexto, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) operan como un sistema de alerta temprana, complementando las estadísticas estatales. Ejemplos destacados incluyen:

• El Catastro Nacional de Campamentos de TECHO-Chile: Realizado entre mayo de 2024 y febrero de 2025, confirmó la existencia de 1.428 asentamientos precarios donde viven 120.584 familias. Su ficha mide acceso irregular a servicios, amenazas de desalojo y riesgos de desastre, generando alertas antes de que la pobreza sea registrada por la Casen.
• El programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza: Desplaza anualmente a más de 300 jóvenes profesionales a comunas aisladas, detectando tempranamente situaciones de riesgo como la falta de fuentes de agua seguras o el cierre de industrias locales.
• Fundación Vivienda: Identifica hogares en condiciones indignas que no califican para subsidios habitacionales.
• Red de Alimentos: Alimenta a más de 500 mil personas al año a través de organizaciones comunitarias.
• Fondo Esperanza y Banigualdad: Apoyan a microemprendedores cuyas economías son vulnerables a crisis sanitarias o climáticas.

Las OSFL no solo detectan vulnerabilidad, sino que también construyen soluciones preventivas a través de programas de inclusión financiera, apoyo alimentario o acompañamiento psicosocial, actuando allí donde los criterios de focalización del Estado pueden fallar. Lo hacen con legitimidad territorial, capacidad de adaptación y experiencia acumulada.

Hacia un Enfoque Preventivo y Colaborativo

El sistema actual de ayudas, que funciona como una "compuerta binaria", tiende a excluir a quienes más necesitan prevención al subestimar la fragilidad de los hogares cercanos a la línea de pobreza. Para pasar de una "foto" a una "película" de la pobreza, es fundamental vincular la estadística estatal con la observación comunitaria. No se trata solo de reconocer la utilidad de la información generada por las OSFL, sino de otorgarles un lugar institucional en la producción, verificación y análisis de datos sociales.

Se proponen tres líneas de acción clave:

1. Establecer convenios de interoperabilidad de datos: Entre el Estado y las OSFL, con resguardos éticos y técnicos, para que los catastros territoriales (como los de TECHO o Fundación Vivienda) alimenten un tablero nacional de alertas.
2. Crear un Fondo Nacional de Prevención de la Pobreza: Un fondo concursable y flexible que financie iniciativas de contención temprana, tales como reconversión laboral, redes de cuidado comunitarias, microseguros para trabajadores informales o refuerzo escolar en zonas de alta deserción.
3. Implementar un panel piloto de seguimiento de hogares vulnerables: En tres regiones de alta volatilidad socioeconómica, donde encuestadores del Estado trabajen junto a organizaciones sociales con arraigo territorial.

Reconocer la vulnerabilidad no es ser alarmista; es asumir que la pobreza es dinámica y que un Estado moderno debe operar como gestión preventiva de riesgos: leer las condiciones del territorio, prever los desencadenantes y movilizar intervenciones antes de que el daño se expanda. Las OSFL ya están midiendo esta "temperatura social", y su integración es clave para abordar de manera efectiva la conexión inmanente entre vulnerabilidad y pobreza en Chile.

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