Introducción: El Contexto de la Vulnerabilidad en la Vejez
La vulnerabilidad en la vejez hace referencia a las situaciones de desventajas que enfrenta una persona adulta mayor ante una amenaza y a la falta de recursos necesarios para hacer frente a una contingencia, tal como lo definen autores como Osorio (2017) y Araujo (2015). Las personas vulnerables son aquellas que, por diversas razones, no tienen desarrolladas las capacidades de prevención y resistencia para sobresalir de los impactos o situaciones de riesgo.
La crisis sanitaria y económica global ha exacerbado la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe, una región que ya se caracterizaba por una profunda desigualdad, altos niveles de pobreza y debilidad en sus sistemas de salud y protección social. Esta situación ha puesto aún más en evidencia las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social, en particular entre las personas mayores.
Panorama Demográfico del Envejecimiento en la Región
América Latina y el Caribe tiene alrededor de 654 millones de habitantes, de los cuales las personas mayores (60 años y más) representan el 13%. Se proyecta que para 2050, este grupo etario representará casi el 25% de la población, mientras que los menores de 15 años disminuirán al 17%.
Además, se aprecia un envejecimiento dentro del propio grupo de personas mayores, con un notable aumento entre las que alcanzan edades más avanzadas. El grupo de personas muy mayores (80 años y más), que actualmente representa el 1,9% del total de la población (unos 12,4 millones de personas), se incrementará a una tasa especialmente rápida y se prevé que en los próximos 30 años superará los 41 millones de personas (Naciones Unidas, 2019a). Esta tendencia es significativa porque dicho grupo, por lo general, tiene necesidades y capacidades muy diferentes respecto de los demás grupos de edades.
En este panorama, las mujeres están sobrerrepresentadas entre las personas mayores, especialmente en el grupo de 80 años y más, dado que tienen una esperanza de vida y sobrevida mayor que los hombres. Actualmente, entre los mayores de 60 años hay 81 hombres por cada 100 mujeres en la región, y entre las personas de 80 años y más hay solo 64 hombres por cada 100 mujeres. Esto tiene importantes consecuencias para las políticas y acciones de salud y de cuidados.
La heterogeneidad de los procesos demográficos en la región es notable. Hay países, como Cuba, Uruguay, Chile y Argentina, donde los niveles de envejecimiento ya se encuentran en una fase bien avanzada en 2020, con una quinta parte de la población de 60 años y más, y con diferenciales por sexo significativos. En el otro extremo, con un proceso de envejecimiento por debajo del promedio de la región y en una fase muy inicial, se ubican algunos países de Centroamérica y el Caribe, como Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua. En todos se registran grandes diferenciales por sexo, con más mujeres entre las personas de edad avanzada.
Impacto de la Pandemia de COVID-19 en la Vulnerabilidad de los Adultos Mayores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la pandemia por tres características que la hacen única y devastadora: i) rapidez y escala de expansión; ii) gravedad de la enfermedad, con alta letalidad y mortalidad, principalmente en personas mayores, y iii) poder de disrupción social y económica debido a las medidas necesarias para contener el virus (OMS, 2020a). Las acciones puestas en marcha, el momento de la toma de decisiones y la cooperación de la población, entre otros motivos, resultaron en una evolución distinta de la pandemia en cada país.
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto importante en la salud pública, en el crecimiento económico y en el desarrollo social de los países (CEPAL, 2020a). En países en desarrollo, como México, el proceso de envejecimiento demográfico se está presentando aceleradamente, a diferencia de lo ocurrido en países desarrollados. En México, la población de 60 años y más representaba el 10,0% en 2015 y se proyecta que para 2045 este porcentaje se duplicará al 20,0% según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2019).
Desde el punto de vista de la transición demográfica, esta implica una serie de desafíos a los sistemas sociales, de salud y económicos que se han agudizado ante la pandemia de la COVID-19, colocando a la población adulta mayor como un grupo notoriamente vulnerable. La pandemia llegó a México y la región de América Latina en un momento de menor crecimiento económico en décadas, augurando que la pandemia llevaría a la región a la mayor contracción económica en los últimos 120 años (CEPAL, 2020c), dejando en condición más vulnerable a los adultos mayores y a quienes ya estaban en situación de pobreza desde antes de la pandemia (CEPAL, 2020b, 2020a).
Vulnerabilidades en Salud
En la epidemiología, el enfoque de vulnerabilidad y riesgos se utiliza para valorar el estado de salud de la población, siendo la morbilidad un componente importante para aproximarse a este estado y clasificar grupos vulnerables (Araujo, 2015). Los adultos mayores son afectados directa e indirectamente por la pandemia de COVID-19. Directamente, porque tienen problemas de salud subyacentes como presión arterial alta, problemas cardíacos o diabetes, lo que se define como un mayor riesgo de enfermarse gravemente una vez contagiados (Huenchuan, 2020b).
Enfermedades crónicas y comorbilidades
Además de la edad, la existencia previa de enfermedades crónicas y múltiples morbilidades es un factor de riesgo conocido. Las principales morbilidades que padecen los adultos mayores las constituyen las enfermedades no transmisibles derivadas de los hábitos y costumbres adquiridas desde la infancia o adolescencia. En la gran mayoría de los países de la región, las personas mayores y muy mayores son las que más se ven aquejadas por accidentes cerebrovasculares (ACV) y cardiopatías isquémicas.
De un cuarto a un tercio de las personas de 60 años y más han sido diagnosticadas con un ACV o una cardiopatía isquémica. Los hombres presentan porcentajes más altos que las mujeres en este aspecto, lo que supone un mayor riesgo de agravamiento por el COVID-19. La ocurrencia de la diabetes entre las personas mayores es la que registra mayor variación entre los países, con cifras que van de un mínimo del 11% a un máximo del 45%. Otros factores de riesgo que hacen que las personas sean más vulnerables a enfermarse de gravedad con COVID-19 son la obesidad y el tabaquismo, así como otras afecciones que aumentan la necesidad de oxígeno o reducen la capacidad del cuerpo para usarlo adecuadamente (OMS, 2020a).
Uno de los factores de riesgo a los que están expuestos los adultos mayores lo constituyen las enfermedades crónicas degenerativas, por ser las principales responsables de morbilidad y de muerte prematura (Araujo, 2015; Montoya-Arce et al., 2016). Adicionalmente, se identifican otros factores de riesgo modificables, que son aquellas conductas no saludables que pueden ser cambiadas para contrarrestar el estado de vulnerabilidad de salud en las personas afectadas por las enfermedades crónicas, como el consumo de alcohol y de tabaco (Araujo, 2015).
Debilidades de los sistemas de salud
Cuando sobrevino la pandemia, los sistemas de salud de muchos países presentaban grandes debilidades. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que "se trata de sistemas de salud subfinanciados, segmentados y fragmentados, que presentan importantes barreras para el acceso" (CEPAL/OPS, 2020, pág. 4). No obstante, todos los países tuvieron que resolver de manera apresurada la posible falta de insumos y de personal de salud, procurando evitar colapsos de los sistemas de atención sanitaria.
La afectación indirecta de la COVID-19 a los adultos mayores ocurre por el desplazamiento en los servicios médicos esenciales para su vida diaria, ya que muchos dependen de estos servicios y se vieron desplazados para dar atención a los enfermos de la COVID-19. Dadas las condiciones adversas de la pandemia, se ha incrementado la demanda de servicios médicos, afectando la disponibilidad de los servicios médicos habituales.
Discapacidad y sus desafíos
Los diferentes tipos de discapacidad que afectan a las personas mayores podrían incidir en que estas tengan más probabilidad de contagiarse. Si la persona mayor ya está contagiada, dependiendo del tipo de discapacidad que presente, puede experimentar una mayor gravedad de los síntomas. La OMS (2020d) indica que los obstáculos para poner en práctica algunas medidas básicas de higiene se encuentran entre los factores que incidirían en que las personas mayores con discapacidad tengan un riesgo más alto de contraer COVID-19. Por ejemplo, el lavado de manos no es una acción fácil de realizar si la persona mayor con discapacidad tiene dificultades físicas para frotarse las manos o si el lavamanos es de difícil acceso para alguien con movilidad reducida.
En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad. La prevalencia se incrementó en la última década por efecto de la mejor captación de datos de las diferentes fuentes estadísticas. Un análisis que se remite a los resultados proporcionados por ocho países de la región que realizaron censos en el primer quinquenio de la década de 2010 expone que alrededor de 41 de cada 100 personas mayores tenía algún tipo de discapacidad. Entre los países se destaca Brasil (más del 60%), así como la República Dominicana y Uruguay (45%). En los censos más recientes se advierte que la tendencia es muy similar: un aumento de la proporción de personas con discapacidad a mayor edad y un leve predominio femenino. Alrededor del 14% de las personas de 60 años y más de Guatemala y Colombia tienen algún tipo de discapacidad, mientras que en Perú el porcentaje aumenta al 35%. A los 80 años y más la prevalencia de discapacidad se incrementa aún más: alrededor del 30% de las personas pertenecientes a ese grupo etario en Guatemala y Colombia, y el 58% en Perú, presentan algún tipo de discapacidad.
Las comorbilidades que presentan las personas mayores con discapacidad pueden hacer que corran más riesgo de presentar casos más graves de COVID-19 si contraen la infección. La OMS (2020d) indica que esto se debe principalmente a que "la COVID-19 exacerba los problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función respiratoria o la función del sistema inmunitario, o con cardiopatías o diabetes". Además, las personas mayores con discapacidad "podrían encontrar obstáculos para el acceso a la atención de salud".
Las personas mayores con discapacidad enfrentan barreras específicas para realizar las actividades de la vida diaria debido al COVID-19. Las restricciones de quedarse en casa para no contraer la enfermedad en general no consideran sus necesidades y crean nuevos riesgos para su autonomía, salud y vida (ACNUDH, 2020). Las que dependen de apoyos (ya sean formales o informales de familiares o amigos) para realizar actividades de la vida diaria, durante la pandemia no los reciben debido a las restricciones de movimiento en el territorio por las cuarentenas implementadas en los países y las medidas de distanciamiento físico que se han establecido. Esto tiene consecuencias negativas en las personas de edad con discapacidad, pues corren más riesgo de no tener acceso a alimentos, bienes esenciales y medicamentos. Ello puede obligarlas a salir por su cuenta (cuando pueden hacerlo) a adquirir estos insumos básicos y alimentos, lo que, a su vez, aumenta la probabilidad de contagio. Otra dificultad que se ha presentado durante esta emergencia sanitaria entre las personas mayores con discapacidad es el difícil acceso a la información pública sobre las medidas para combatir el COVID-19, pues esta no se comunica ni difunde sistemáticamente en formatos accesibles. En general, la población de 80 años y más con discapacidad se compone de personas con una alta dependencia de cuidados y una muy baja autonomía.
Vulnerabilidades Económicas
La vulnerabilidad económica en los adultos mayores se expresa de diversas maneras: como menores oportunidades laborales -en particular en el empleo formal-, salarios más bajos, discriminación para acceder a créditos o a los mercados financieros, y el acceso limitado a pensiones y apoyos gubernamentales; estas vulnerabilidades aumentan con la edad (Martínez, Pérez y Tejerina, 2015; Montoya-Arce et al., 2016). Las personas adultas mayores pueden ser particularmente vulnerables a las fluctuaciones económicas ya que dependen de ingresos fijos y activos (Fenge et al., 2012).
Ingresos y acceso a recursos
Se sabe que los ingresos tienden a decrecer al final de la vida debido al retiro del mercado laboral mientras que los gastos relacionados con la salud tienden a incrementarse. Una mejor salud está correlacionada con mejores circunstancias económicas en las edades avanzadas; sin embargo, algunas personas adultas mayores ven aumentada su vulnerabilidad económica debido al empeoramiento de su salud y los problemas financieros pueden exacerbarse por esta situación (Fenge et al., 2012).
En México, alrededor del 7,0% de los adultos mayores no tiene al menos un activo y cerca del 20,0% no tienen fuentes de ingresos en 2012 (DeGraff, Wong y Orozco-Rocha, 2018). El principal activo de los adultos mayores lo constituye su vivienda, que representa alrededor del 70% del total del valor de los activos acumulados; y los activos líquidos, como cuentas de ahorro o inversiones, representan menos del 5% (DeGraff, Wong y Orozco-Rocha, 2018). Además, los ingresos derivados de su trabajo se ven disminuidos con la edad, por lo que las transferencias familiares y las pensiones tienen un papel relevante para compensar tal disminución. Sin embargo, se ha documentado que la proporción de adultos mayores que reciben ayuda económica familiar había disminuido entre 2001 y 2012 (Wong, Orozco-Rocha y González-González, 2018), en tanto solo uno de cada cinco recibía una pensión contributiva en 2014 (Damián, 2016).
Si bien la proporción de adultos mayores que recibe una pensión no contributiva ha incrementado en la última década, la diferencia entre los montos recibidos por una pensión contributiva y no contributiva es considerablemente amplia (Damián, 2016). Por lo que los adultos mayores tienen que continuar en el mercado laboral dentro de sus posibilidades para generar ingresos propios y para su familia, por no contar con pensiones contributivas o jubilación, o porque estas representan una cantidad mínima (Montoya-Arce et al., 2016).
Pobreza por ingresos vs. Pobreza multidimensional
En el ámbito de la pobreza multidimensional, los resultados corroboran una tendencia: los mayores presentan una menor proporción de personas en situación de pobreza por ingresos, en comparación con la población menor de 60 años. Sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional continúa siendo superior en las personas mayores al compararlas con el segmento etario menor de 60. Dimensiones como redes activas, acompañamiento, accesibilidad, estado de las viviendas, escolaridad, trato igualitario y atención de salud no se salvan simplemente por contar con un mejor ingreso monetario.
En un estudio con una muestra de 1.451 casos en 4 macrozonas de Chile, respecto a los ingresos de los próximos 12 meses, un 78% de los consultados del estrato bajo percibe que su ingreso no le alcanzará (versus un 63% en 2019). Los hogares compuestos solo por adultos mayores poseen un menor ingreso respecto de los otros, ya sea en el promedio o la mediana. El director de Investigación de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Apablaza, explica que los cálculos de pobreza tienen directa relación con los ingresos que perciben, ya sea mediante trabajos formales, informales o pensiones. En el segmento más pobre del país, integrado por 1.890.860 personas, el ingreso autónomo mensual promedio es de 95 mil pesos, lo que evidencia una situación económica muy precaria.
Vulnerabilidades Sociales y de Convivencia
Arreglos familiares y co-residencia intergeneracional
América Latina y el Caribe, en materia de arreglos familiares intergeneracionales, se sitúa en una posición intermedia entre Asia y África, por una parte, y Europa y América del Norte, por la otra. En África y Asia más del 60% de las personas mayores residen con uno o más de sus hijos, mientras que ese porcentaje no supera el 20% en Europa o América del Norte.
La prevalencia de hogares con personas mayores sugiere que en alrededor de 1 de cada 3 hogares de la región vive al menos una persona mayor, por lo que serían hogares de riesgo especial. Algunos demógrafos de Europa vinculan los altos niveles de co-residencia familiar intergeneracional en los países del Sur de Europa con la magnitud y gravedad sobresalientes del COVID-19, en particular con la mortalidad y el colapso de los sistemas de urgencia (Balbo, Billari y Melegaro, 2020). Los indicios de que los niños pueden ser un vector importante y silencioso de transmisión del virus sugieren la importancia de segmentar los hogares multigeneracionales entre aquellos donde hay niños y aquellos donde no los hay.
Adultos mayores que viven solos
Las personas mayores que viven solas constituyen un grupo de riesgo ante la excepcionalidad que plantea la pandemia, pues corren peligro de verse afectadas desproporcionadamente por las medidas de distanciamiento físico. Pueden enfrentar barreras para obtener información precisa, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales durante las condiciones de cuarentena (Lloyd-Sherlock y otros, 2020). Además, los períodos prolongados de aislamiento podrían tener un efecto grave en la salud mental y provocar que los sentimientos de soledad no deseada y sus efectos vayan en aumento (OPS, 2020).
No obstante, pueden estar menos expuestas al riesgo de contagio al no compartir el hogar con otras personas que quizás tengan una mayor probabilidad de contagio al tener que salir a trabajar o a realizar compras para la subsistencia diaria.
Estrategias y Recomendaciones para la Protección de los Adultos Mayores
La identificación de las vulnerabilidades en salud y económicas de los adultos mayores previo a la COVID-19, y las condiciones asociadas con este proceso, son de suma importancia para las familias y las instituciones involucradas. Particularmente, en la asignación de recursos económicos en el ámbito familiar y en los programas públicos para la atención en salud de las personas adultas mayores vulnerables de contagiarse y de tener resultados adversos.
Marco normativo y político
En la medida prioritaria 22 del capítulo C del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”, se destaca la importancia de “erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos” (CEPAL, 2013, pág. 18). Asimismo, la medida prioritaria 24 llama a “otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios” (CEPAL, 2013, pág. 18). Esta medida prioritaria establecida en el Consenso cobra gran fuerza y validez durante la emergencia sanitaria al reforzar lo indicado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015). Además, el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estipula que se debe “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” (Naciones Unidas, 2015).
¿Qué es el Consenso de Montevideo?
Importancia de identificar factores de riesgo
Un estudio realizado en México utilizando datos del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) de 2015, tuvo como objetivo analizar las vulnerabilidades en salud y económicas asociadas a la COVID-19, previas a la pandemia. Los resultados indican que los adultos mayores vulnerables en salud tienen factores asociados que acentúan la vulnerabilidad a la COVID-19, como enfermedades adicionales, sedentarismo y obesidad. Mientras que los vulnerables económicos son aquellos ubicados en los estratos más pobres de ingresos, de activos acumulados, los menos escolarizados y quienes no trabajan por enfermedad o edad avanzada. Se concluye destacando la importancia de identificar los factores asociados a las vulnerabilidades de los adultos mayores para ajustar políticas públicas y programas durante y con posterioridad a la pandemia.
Rol de la comunidad y la comunicación intergeneracional
Las vulnerabilidades en la vejez son el resultado de la trayectoria de vida de una persona. Por lo que las comunidades y las familias pueden contribuir a mejorar la seguridad y protección de los adultos mayores en sus hogares. Es necesario fortalecer las redes comunitarias para mejorar la seguridad y protección de los adultos mayores, porque un gesto tan simple como conocer a los vecinos puede marcar la diferencia, ya que la empatía se fomenta con la interacción diaria.
Se debe fomentar el respeto y cuidado hacia los adultos mayores, promoviendo la comunicación intergeneracional. La falta de vínculos entre personas menores de 60 años y adultos mayores no familiares es producto de la segregación por edad que caracteriza a las sociedades modernas, donde las vidas están modeladas de tal forma que la mayoría del tiempo se pasa con pares. Asumir esta tarea como un compromiso colectivo, reconociendo que la generación de espacios de encuentro y convivencia no debe depender exclusivamente de las políticas públicas, es crucial para construir sociedades más inclusivas.
tags: #vulnerabilidad #y #pobreza #adultos #mayores