El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, que se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Este importante organismo del Estado se encuentra periódicamente en búsqueda de nuevos funcionarios, ofreciendo diversas ofertas laborales para quienes deseen formar parte de su equipo de trabajo.
Oportunidades Laborales y Salarios Vigentes en Sename
Los puestos de trabajo en el Sename están disponibles a través de la plataforma Empleos Públicos, lo que permite que las postulaciones sean completamente online, sin la necesidad de dirigirse de manera presencial a una oficina. Para postular a alguno de estos puestos, los interesados deben ingresar al sitio web empleospublicos.cl y buscar “Servicio Nacional de Menores”. Allí aparecerán todas las ofertas disponibles, y dentro de cada una se detallan requisitos, sueldo, jornada laboral y tipo de puesto.
Ejemplos de Ofertas y Sueldos Brutos Reportados
- Profesional de línea: Sueldo de $1.886.014.
- Coordinador de turno diurno: Sueldo de $1.221.061.
- Encargado de bodega: Sueldo de $651.150.
- Educador de trato directo rotatorio: Sueldo de $611.772.
- Manipulador de alimentos: Sueldo de $611.772.
- Auxiliar de mantención: Sueldo de $611.772.
- Educador de trato directo diurno: Sueldo no especificado.
- Manipulador de alimentos: Sueldo no especificado.
Rectificación de Sueldos Brutos en Convocatorias
En el pasado, se han registrado situaciones que requieren clarificaciones sobre los montos salariales. Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2017, se emitió una Fe de Erratas para informar a los/as postulantes sobre un error administrativo en el aviso a honorarios de Asistente Social, para la Unidad de Asesorías Clínicas de la Dirección Regional Metropolitana. Publicado originalmente el 04.09.2017, el sueldo bruto fue modificado de $1.300.000.- a $1.200.000.-.
Políticas y Controversias sobre Remuneraciones y Compensaciones
Indemnizaciones por Cierre de Centros
El Servicio Nacional de Menores (Sename) ha entregado millonarias indemnizaciones a funcionarios en el contexto del cierre de centros. Un caso notable es el de los funcionarios del Cread de Playa Ancha que se retiraron ante la clausura de dicho centro. Los dineros pagados a partir del 1 de marzo, debido a este cierre, variaron entre $1.500.000.- y los $27.000.000.-, según una lista del Sename a la que accedió BioBioChile.
La suma de $27.000.000.- fue cancelada específicamente al funcionario Mauricio Cordovés, quien estuvo en una oportunidad bajo sumario administrativo por maltrato, en el que fue sobreseído. En el listado también se encuentra el funcionario Esteban Lira, quien fue condenado como autor de lesiones leves tras agredir a un niño en 2014. Además, Claudio Díaz y Mario Galdames, contra quienes se interpuso una querella en la causa principal por torturas en el caso del Cread de Playa Ancha, también recibieron pagos, aunque la Fiscalía no ha anunciado su formalización.
El cese de los 26 funcionarios fue determinado tras un proceso de evaluación psicolaboral desarrollado por una empresa externa, en el que se estableció quiénes podían seguir en las residencias familiares que reemplazaron al Cread. La decisión de acogerse a este cese era una opción abierta a cualquiera de los funcionarios que estaban en el Cread de Playa Ancha.
Restricciones en el Pago de Horas Extraordinarias
En otro ámbito, un organismo de control establece que los trabajadores que cumplen turnos no podrán percibir el pago promedio de las horas consideradas “extraordinarias” durante feriados, licencias médicas o permisos con goce de remuneraciones. Las Asociaciones de funcionarios han señalado que han pedido audiencia a la Contraloría para abordar esta situación, pero que no se les ha respondido.
Actualmente se están realizando gestiones judiciales y administrativas al respecto. Sin embargo, es fundamental reconocer que la solución definitiva requiere una modificación legal que establezca expresamente la naturaleza continua y especial de los sistemas de turno de ambos servicios.
El Sistema de Subvenciones y su Impacto en los Costos de Personal
La subvención que entrega el Servicio Nacional de Menores (Sename) a sus organismos colaboradores (OCA) ha experimentado un deterioro significativo, al punto de no cubrir los costos necesarios para una atención adecuada de los menores. Esta situación tiene un impacto directo en la capacidad de los OCA para financiar a su personal, ya que un promedio del 73% de sus recursos se destina a financiar personal profesional, técnico y administrativo.
Marco Legal y Evolución de la Subvención
La subvención que reciben estas instituciones está descrita en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento. Esta ley define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y establece montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios que va desde una atención básica hasta una óptima. Al implementarse esta normativa, el reglamento definió los valores más bajos de la banda para cada programa. Con el transcurso de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda.
En 2005, el reglamento de la Ley 20.032 fijó un valor de la USS de $10.000, cuya reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual. Aunque inicialmente este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores, con el paso de los años, el monto de la subvención ha sido objeto de críticas por no cubrir los costos de una atención adecuada para los niños y niñas.
La Problemática del Reajuste: Índice de Precios al Consumidor (IPC) vs. Índice de Remuneraciones (IR)
La hipótesis principal apunta a que el método de reajustabilidad de la USS, indexado a la variación anual del IPC, no ha reflejado el incremento del precio de los recursos humanos en el país, el cual se mide por el Índice de Remuneraciones (IR). Esta disparidad ha provocado un deterioro real sustancial en el valor de la subvención.
En 2018, las diferencias porcentuales alcanzaron más de un tercio a favor de una USS reajustada de acuerdo con el IR. Esto indica que, desde 2006, los organismos colaboradores (OCA) han sido perjudicados anualmente por la aplicación del IPC en su estructura de costos, dado que la mayor parte de sus gastos se relaciona con personal.
Un cálculo del déficit de inversión estima que, si la subvención se hubiese reajustado con el IR durante los 14 años de operación del sistema, el Estado habría dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables.
Presupuesto y Gasto en Personal
La Ley de Presupuesto de cada año asigna los montos para ser traspasados a los organismos colaboradores del Sename. El Presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores consideró un gasto de $319.410 millones, lo que representó un incremento del 9,3% respecto al presupuesto anterior.
Según cálculos de Libertad y Desarrollo (LyD), el 91% de las plazas en centros residenciales son privadas y el 95% de las atenciones son llevadas a cabo por organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, a pesar de que los niños derivados a centros estatales podrían representar casos más complejos.
La Unidad de Subvención Sename (USS) tuvo un valor de $15.480 en 2017. El presupuesto de 2018 contempló un incremento en el gasto en personal, destinando casi el 30% de los recursos del Sename a sus funcionarios. Los mayores aumentos se debieron a cambios de grados para funcionarios, basados en antigüedad y gradualidad, en lugar de criterios de competencias.
Análisis Presupuestario
Disparidades en el Gasto por Menor y su Reflejo en Costos Fijos
La directora nacional del Sename, Solange Huerta, reconoció la insuficiencia de los aportes estatales, pero destacó que aumentarían para el próximo año, elevando la subvención al máximo permitido por ley y discutiendo la revisión del sistema de subvención, que actualmente supone coparticipación entre el Estado y los organismos colaboradores.
Un informe presupuestario del Sename reveló que el gasto promedio mensual destinado a cada niño infractor de ley fue de $294.934, con un total de $23.102.214.977 invertidos en seis meses para 13.055 niños. Sin embargo, este presupuesto no se distribuye equitativamente entre los 29 centros de Justicia Juvenil.
Existen diferencias notables en los costos mensuales por niño. Por ejemplo, centros de internación provisoria y de régimen cerrado recibieron entre $170 mil mensuales por niño (Iquique) y hasta $2.474.662 (Punta Arenas). El informe advierte que el costo mensual no solo está relacionado con la cantidad de menores atendidos, sino también con costos fijos como el pago de funcionarios y mantenciones de edificios.
El centro con el promedio más bajo de inversión por niño fue el establecimiento semicerrado La Cisterna, con un costo de $98.437 por atención mensual. El Sename explica que no es apropiado comparar centros con modalidades y objetivos diferentes, como los centros semicerrados (donde los adolescentes pernoctan y asisten a colegio/talleres de día) y los centros de internación provisoria o de régimen cerrado (con perímetro resguardado por Gendarmería y privación de libertad).
En los centros destinados a la Protección de Derechos, de administración directa del Sename, el costo mensual por niño fue de $231.912. El Sename aclara que estos centros atienden a niños y niñas por tramos de edad, lo que implica necesidades diferentes de alimentación y cuidados específicos.
La Distribución de Recursos y la Crisis del Sename
La dispar forma en que se gastan los recursos públicos es un aspecto estructural clave. El estudio de LyD señala que el 91% de las plazas residenciales son privadas y el 95% de las atenciones son realizadas por organismos colaboradores que reciben solo el 63% del presupuesto, mientras que los niños en centros estatales podrían ser casos más complejos. LyD califica esta brecha como "alarmante".
Un aspecto polémico es el artículo 80 bis de la Ley 20.032, que permite a los Tribunales de Familia derivar casos urgentes, obligando a las instituciones a prestar el servicio de inmediato, incluso sin oferta programática o plazas disponibles, lo que añade una presión significativa sobre los recursos humanos y financieros de las instituciones.
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