La clase vulnerable se refiere a aquellos segmentos de la población que comparten características específicas, haciéndolos propensos a retroceder en su situación socioeconómica. Estos grupos, a pesar de no estar en la pobreza extrema, poseen una alta probabilidad de caer en ella ante cualquier cambio inesperado que afecte sus ingresos. El concepto de clase media, por su parte, tampoco cuenta con una definición única y consensuada, especialmente en países como Chile, donde, pese a que una gran parte de la población se ubica en este estrato, la heterogeneidad de realidades es considerable. Diversas entidades han propuesto aproximaciones, como la que define la clase media por hogares con ingresos entre 1,5 y 6 veces la línea de la pobreza anual. LyD, por ejemplo, estimó que el 65,4% de la población chilena pertenece a esta clase, subdividiéndola a su vez. El 10,2% de los hogares se ubican en el tramo de más alto ingreso (4,5 a 6 veces la línea de pobreza), mientras que la clase media-baja representa el 42,5%, siendo el grupo más extenso y uno de los más susceptibles a perder su posición debido a embates económicos. La escolaridad es un factor distintivo. En Chile, la clase media-baja tiene una escolaridad promedio de 9,6 años, mientras que los vulnerables promedian 8,9 años. Esta cifra es similar a la del sector pobre, lo que evidencia una asimilación en términos de acceso a la educación.
La vulnerabilidad en el contexto latinoamericano
El desarrollo de la clase media es un fenómeno relativamente reciente en países en desarrollo, ligado a la erradicación de la pobreza. Sin embargo, este proceso presenta un reto para el diseño de políticas, ya que las bajas capacidades institucionales dificultan la combinación de estrategias para mitigar la pobreza persistente y apoyar a aquellos que han salido de ella pero siguen siendo vulnerables. En América Latina, uno de cada tres habitantes forma parte de la clase media, pero paralelamente ha aumentado la población en situación de vulnerabilidad. El auge de la clase media en la región ha sido el segundo más relevante a nivel mundial, tras Europa del Este. Esto plantea dos desafíos principales: fortalecer las redes de seguridad y apoyo social para prevenir la caída en la pobreza, y desarrollar políticas centradas en los casi 200 millones de latinoamericanos que componen la clase media, considerados la base para impulsar el crecimiento regional.
La población vulnerable en América Latina y el Caribe (ALC) representa el grupo más numeroso de la región, constituyendo el 38% de la población. Estos individuos no se encuentran en pobreza (25%), pero tampoco han logrado ingresar a la clase media (34%). La clase media en ALC, definida por ingresos entre 10 y 50 dólares diarios, creció significativamente entre 2000 y 2012, pasando del 21% al 34% de la población. No obstante, formar parte de la clase media en la región sigue siendo una posición privilegiada, ya que los grupos en pobreza y vulnerabilidad aún concentran alrededor de dos tercios de la población total.
La falta de protección social es un factor clave que podría revertir el progreso en la reducción de la pobreza. Cálculos del PNUD indican que, entre 2000 y 2012, Perú experimentó el mayor descenso de pobreza trasladado a la clase media. Chile y Argentina lograron reducir tanto la pobreza como la vulnerabilidad, lo cual se correspondió con el aumento de la clase media. En contraste, República Dominicana vio disminuir su clase media debido a un aumento en la pobreza y la vulnerabilidad.
La nueva clase media de América Latina
Factores de identificación y percepción de la clase media. La identificación como clase media no siempre coincide con la percepción. Cuatro variables tienen un mayor impacto en esta autoidentificación: el nivel educativo, la posibilidad de ahorrar, supervisar a alguien en el trabajo y tener un miembro de la familia empleado. A nivel nacional, una menor desigualdad y un mayor ingreso per cápita aumentan las posibilidades de que los ciudadanos se perciban como clase media. La vida en zonas urbanas, en comparación con las rurales, también contribuye a esta percepción. La homogeneidad étnica juega un papel: a menor fragmentación, mayor probabilidad de sentirse clase media, mientras que la diversidad puede generar sentimientos de exclusión. El tipo de empleo también influye: el sector público se asocia a una mayor percepción de clase media que el sector privado, más inestable.
La acumulación de recursos permite una mayor inversión en capital físico, financiero y humano, beneficiando sectores como la construcción, finanzas, salud y educación. Sin embargo, el gran reto en América Latina es la población vulnerable, que a menudo se percibe como clase media debido a la educación y la capacidad de ahorro. La mejora de estos factores es crucial para evitar la frustración y las tensiones sociales, como las experimentadas en Chile y Brasil, derivadas de la incapacidad institucional para canalizar las demandas ciudadanas.
Valores y preferencias de la clase media. En las regiones en desarrollo, la clase media tiende a mostrar moderación ideológica y una mayor tolerancia. Favorecen instituciones más amplias y participativas en comparación con las clases más ricas. El nivel de capital social, entendido como la construcción de redes organizativas para canalizar demandas sociales a través de la cooperación, no es elevado. Los individuos de clase media no desarrollan consistentemente actitudes cooperativas ni se involucran activamente en temas comunitarios. La confianza en las instituciones es notablemente baja, lo que limita el impacto del crecimiento de la clase media en la legitimidad del sistema. Asimismo, el activismo político de las clases medias es sorprendentemente bajo, contradiciendo algunas teorías. En cuanto al papel del Estado en la protección social, las regiones en desarrollo están polarizadas, pero generalmente tienden a ser más favorables a las reglas de mercado. Lo que distingue a la clase media latinoamericana es su tendencia al post-materialismo, otorgando mayor importancia a la calidad de vida, la defensa de ideas y la democracia. Aunque la cultura política en América Latina se caracteriza por un bajo interés y activismo, han surgido protestas significativas en países como Colombia, Chile y Brasil por parte de sectores vulnerables, rechazando la política debido a la ineficacia institucional en la provisión de bienes públicos como salud y educación. El auge de las clases medias en regiones en desarrollo tendrá un fuerte impacto político, económico y social, generando nuevas problemáticas en la agenda política. El cambio acelerado de los últimos años demuestra que las clases medias latinoamericanas están dispuestas a retomar su rol como promotoras de cambio social, especialmente en valores post-materiales.
El caso de Chile: Vulnerabilidad social y políticas públicas
Chile, históricamente un país profundamente desigual, ha experimentado un crecimiento económico impulsado por la oferta de bienes de mercado, lo que ha disimulado el subdesarrollo social y ha generado un alto grado de vulnerabilidad en gran parte de la población. Las políticas públicas han favorecido excesivamente la producción de bienes de mercado en detrimento de bienes públicos como la seguridad social, la salud, la educación pública, la protección a la vejez, el apoyo estatal a los ahorros, la vivienda social y la protección ambiental. La falta de protección social ha dejado a una gran parte de la población en condiciones precarias, especialmente evidenciado con el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de salud. La élite chilena ha rechazado históricamente una tributación que permitiera al Estado invertir de manera más satisfactoria en bienes públicos y sociales, optando por un modelo que hipotecó el futuro del país. El estallido social de octubre y la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia han expuesto las desigualdades y la falta de políticas de protección social. Existe una falta de definición clara de las clases medias en Chile, lo que dificulta el diseño de políticas públicas. La movilidad social es compleja, con personas que transitan entre la pobreza y la clase media. El diálogo se presenta como la mejor forma de salir de la crisis, pero la polarización y la ideologización del debate dificultan este proceso. Chile es un país con una clase media muy vulnerable, que ante cualquier shock, como la crisis social o la pandemia, muestra una realidad más pobre de lo que se ha querido proyectar. La resiliencia de una nación se construye a través de bienes públicos que protegen a los más débiles y fortalecen a la comunidad a largo plazo, no con spots publicitarios. Los gobiernos chilenos han impulsado políticas que, lejos de construir resiliencia social, han inducido un alto grado de vulnerabilidad.
Definición y medición de la vulnerabilidad social
La vulnerabilidad social se define como la situación social de personas, grupos o familias cuya condición de vida se ha deteriorado, caracterizada por redes sociales débiles y acceso irregular a servicios públicos. Está relacionada con factores sociales, culturales, políticos y económicos. Se manifiesta en la disminución o pérdida de recursos económicos, dificultades de acceso a vivienda, salud, empleo y participación social. Una persona o familia se considera vulnerable cuando se encuentra en un ambiente personal o familiar debilitado y con alto riesgo de perder sus bienes, sustento o el de su familia. Colectivos como niños, mujeres, ancianos y migrantes son considerados especialmente vulnerables debido a su situación de desventaja estructural, económica o social. La medición de la vulnerabilidad social se realiza a través de indicadores que evalúan aspectos como la situación laboral (paro), el nivel educativo (estudios), el tipo de hogar (vivienda), los ingresos per cápita (pobreza), el acceso a servicios de salud y rasgos personales como edad, género y nacionalidad.
En España, el informe de vulnerabilidad social de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) de 2022 reflejó que el país ocupa el cuarto puesto en la UE con mayor tasa de población en riesgo de pobreza (26%). La ley española ofrece ayudas para personas vulnerables a través de certificados de vulnerabilidad y medidas específicas en materia de vivienda, pobreza y salud, como el bono social y la garantización de suministros básicos. Factores como el desempleo, la desigualdad de oportunidades, desastres naturales, enfermedades, cambio climático o accidentes graves pueden ser causas de vulnerabilidad social, conduciendo a la pobreza o exclusión social. La exclusión social es una consecuencia del agravamiento de la vulnerabilidad, cuando una persona o grupo es impedido de acceder a una calidad de vida decente y participar plenamente en la sociedad.
La vulnerabilidad se entiende también como una tríada: exposición al riesgo, capacidad para afrontarlo y potencialidad de sufrir pérdidas, lo que permite entender que la vulnerabilidad social amplifica la vulnerabilidad antropológica ante condiciones ambientales y estructurales.
Definiciones económicas y enfoques normativos
En economía, la clase media se define a menudo en términos de ingreso o consumo, tanto de forma relativa (dentro de un rango de la distribución de ingresos) como absoluta (con umbrales específicos en dólares internacionales ajustados por PPA). Una definición relevante para políticas públicas considera a una persona miembro de la clase media cuando deja de ser vulnerable a la pobreza. La vulnerabilidad se define como la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas, influenciada por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Se argumenta que la vulnerabilidad es una condición producida históricamente y socialmente, con una participación determinante de las relaciones de poder. En ALC, se definen como aquellos que ganan entre 6,85 y 14 dólares por día (PPA 2017). La clase media, por su parte, se define como hogares con baja probabilidad de caer en pobreza, pero que no son ricos. El límite superior para la clase media se establece en 14 dólares por persona por día (PPA 2017).
La vulnerabilidad no solo se refiere a padecer una alteración de salud, sino a cómo esta genera consecuencias inmediatas que afectan la calidad de vida de la persona en su ciclo vital, así como su autonomía y capacidad en la toma de decisiones. En el contexto latinoamericano, el problema no es el consentimiento informado para hacer valer el principio de autonomía desde el principialismo, sino la situación y los determinantes sociales que influyen en el estado de salud de las personas vulnerables, relacionados más con los principios de solidaridad y justicia.
Metodologías y alcance de la investigación sobre vulnerabilidad
El corpus de los documentos revisados da cuenta de proyectos de investigación que han abordado la vulnerabilidad, principalmente desde las ciencias sociales y humanas. Se resalta que la vulnerabilidad debe considerarse como un conjunto de características individuales, sociales y programáticas que generan que un individuo o grupo pueda padecer una alteración de salud o ser lesionado: "al reconocerse como vulnerables, las personas comprenden la vulnerabilidad del otro, así como la necesidad del cuidado, de la responsabilidad y de la solidaridad, y no la explotación de esa condición por parte de otros".
La reflexión en las ciencias de la salud se centra en el cuidado, los tratamientos y los efectos en la promoción, prevención y preservación de la salud. Feito propone distinguir entre cuidado de dominio público, basado en la justicia e imparcialidad, y cuidado personal, basado en la diferencia de susceptibilidades y necesidades, que exige atención particular. La noción de sindemia amplía la idea de vulnerabilidad cuando coexisten dos o más condiciones de salud que interactúan con factores sociales y económicos. En síntesis, la vulnerabilidad(es) se construye desde el riesgo de padecer una alteración de salud y la susceptibilidad a presentarla, lo que puede generar pérdida de autonomía y desventajas sociales.
Podcast Vulnerabilidad Social
- Dimensiones de vulnerabilidad: exposición, capacidad y potencialidad.
- Impacto de factores sociales y programáticos en la salud.
- Relevancia de políticas públicas para proteger a grupos vulnerables.
En relación con Chile, destaca la necesidad de políticas de protección social que reduzcan la vulnerabilidad ante shocks económicos, sociales o sanitarios, promoviendo diálogo, resiliencia y equidad en el acceso a bienes públicos como salud y educación.
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