El concepto de vulnerabilidad en la tercera edad
El concepto de vulnerabilidad en personas mayores alude a la exposición a algún tipo de riesgo o amenaza. Las personas vulnerables estarían más expuestas a experimentar el riesgo o a sufrir las consecuencias negativas de este (Busso, 2001; Villa & Rodríguez, 2002). Algunos conceptos relacionados son los de fragilidad, indefensión o daño (Villa & Rodríguez, 002).
Grundy (2006) propone una perspectiva de la vulnerabilidad específicamente para personas mayores en Europa, restringiéndola a la vulnerabilidad a una pobre calidad de vida o a una muerte prematura o degradante. En esta relación entre riesgos y disminución de bienestar, son importantes los recursos y habilidades que tienen las personas mayores para hacerles frente (Schröder-Butterfill, 2012; Schröder-Butterfill & Marianti, 2006). Existe una concepción de las personas mayores como sujetos activos que pueden aminorar los efectos negativos de los desafíos del envejecer.
Compromiso de Ñuñoa con la comunidad mayor
La Municipalidad de Ñuñoa tiene un compromiso fundamental con el respeto a nuestra comunidad. En una sesión, la concejala Mireya Del Río se refirió a la importancia de relevar el aporte de la tercera edad, destacando que es un avance tener una visión no paternalista de las personas mayores. Asimismo, la concejala Maite Descouvieres manifestó que: «Considero perfecto que se haga una Ordenanza que valore la vejez. Ñuñoa está sobre la media de personas mayores como comuna y creo fundamental que esta Ordenanza tenga un enfoque en derechos humanos.»
Tipos de maltrato y necesidad de protección
El maltrato a menudo supone la realización de actos ilegales como la firma de documentos, donaciones o testamentos. También puede ocurrir desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existentes. La denuncia la puede hacer tanto la persona afectada como cualquier persona que advierta de un acto u omisión que infrinja las normas.
La situación generó preocupación respecto de las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores en Chile. Las vulnerabilidades en la vejez son el resultado de la trayectoria de vida de una persona. Si es una persona de bajos recursos, probablemente vive en un “sector más peligroso”, por lo que un factor crítico es el acceso a servicios de protección, como seguridad ciudadana y organización vecinal, que pueden reducir la exposición a riesgos en sectores más peligrosos.
Fortalecimiento de redes comunitarias e intergeneracionales
Las comunidades y las familias pueden contribuir a mejorar la seguridad y protección de los adultos mayores en sus hogares. Es necesario fortalecer las redes comunitarias, porque un gesto tan simple como conocer a los vecinos puede marcar la diferencia, ya que la empatía se fomenta con la interacción diaria. Se debe fomentar el respeto y cuidado hacia los adultos mayores enfatizando la promoción de la comunicación intergeneracional.
Si se pregunta a cualquier persona menor de 60 años (la edad legal en Chile para ser denominado persona mayor) si tiene vínculos con una persona mayor que no sea su familiar, muchos responden que no. Esto es producto de la segregación por edad que caracteriza a las sociedades modernas: nuestras vidas están modeladas de tal forma que la mayoría del tiempo la pasamos con pares, es decir, con gente de nuestro mismo grupo etario. Se hace imprescindible asumir esta tarea como un compromiso colectivo, reconociendo que la generación de espacios de encuentro y convivencia no debe depender exclusivamente de las políticas públicas.
La importancia de calidad de las relaciones en la vejez
Programas y acciones en Ñuñoa
Actualmente se están ejecutando con frecuencia semanal seis talleres correspondientes a áreas detectadas en el diagnóstico mencionado.
- Alianza con Fundación Braintoys: Durante el mes de marzo, el equipo profesional se adjudicó el Programa de Estimulación Cognitiva, que consiste en la entrega de un set asociado a esta área para reforzar en los adultos mayores la memoria, retención y aprendizaje, entre otras funciones cognitivas.
- Fundación Conecta Mayor: Durante las visitas domiciliarias y el diagnóstico realizado, se detectó que 23 personas mayores no disponían de internet o de equipos celulares adecuados para participar de talleres en modalidad remota. Por ello, a través de gestiones con SENAMA y la Fundación señalada, se lograron gestionar equipos celulares para estas personas, los cuales están en proceso de entrega.
- Tertulias Virtuales: Siguiendo con la modalidad remota, todas las semanas el equipo del Centro Diurno se reúne a través de Zoom con las personas beneficiarias, con el único objeto de interactuar, facilitando así la adherencia y sentido de pertenencia al proyecto.
Contexto regional de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe
La crisis sanitaria y económica ha exacerbado la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe, una región ya caracterizada por una profunda desigualdad, altos niveles de pobreza y la debilidad de los sistemas de salud y protección social. Además, ha puesto aún más en evidencia las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social, en particular entre las personas mayores.
Marcos normativos y la Agenda 2030
En la medida prioritaria 22 del capítulo C del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”, se destaca la importancia de “erradicar las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas mayores, incluyendo todas las formas de violencia contra mujeres y hombres mayores, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados con respecto a un envejecimiento con dignidad y derechos” (CEPAL, 2013, pág. 18).
Asimismo, la medida prioritaria 24 llama a “otorgar la más alta prioridad a las personas mayores en los planes de prevención, mitigación y atención de desastres, incluidas la preparación para los desastres, la capacitación de trabajadores en la prevención y atención de situaciones de emergencia y la disponibilidad de bienes y servicios” (CEPAL, 2013, pág. 18). Esta medida prioritaria establecida en el Consenso cobra gran fuerza y validez durante la emergencia sanitaria al reforzar lo indicado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).
El Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estipula que se debe “garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” (Naciones Unidas, 2015).
Demografía del envejecimiento en la región
América Latina y el Caribe tiene alrededor de 654 millones de habitantes. El 24% de esta población tiene menos de 15 años y las personas mayores (60 años y más) representan el 13%. Para 2050 se proyecta que las personas mayores representarán casi el 25% de la población, mientras que los menores de 15 años disminuirán al 17%.
También se aprecia un envejecimiento entre las personas mayores, con un notable aumento entre las que alcanzan edades más avanzadas. El grupo de personas muy mayores (80 años y más), que actualmente representa el 1,9% del total de la población (unos 12,4 millones de personas), se incrementará a una tasa especialmente rápida y se prevé que en los próximos 30 años superará los 41 millones de personas (Naciones Unidas, 2019a). Esta tendencia es significativa porque dicho grupo por lo general tiene necesidades y capacidades muy diferentes respecto de los demás grupos de edades.
Además, las mujeres, con una esperanza de vida y sobrevida mayor que los hombres, están sobrerrepresentadas entre las personas mayores, especialmente en el grupo de 80 años y más, lo que tiene importantes consecuencias para las políticas y acciones de salud y de cuidados. Actualmente, entre los mayores de 60 años hay 81 hombres por cada 100 mujeres en la región, y entre las personas de 80 años y más hay solo 64 hombres por cada 100 mujeres.
Hay países, como Cuba, Uruguay, Chile y Argentina, donde los niveles de envejecimiento ya se encuentran en una fase bien avanzada en 2020, con una quinta parte de la población de 60 años y más, y con diferenciales por sexo significativos. En el otro extremo, con un proceso de envejecimiento por debajo del promedio de la región y en una fase muy inicial, se ubican algunos países de Centroamérica y el Caribe, como Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua. En todos se registran grandes diferenciales por sexo, con más mujeres entre las personas de edad avanzada.
Factores de riesgo en la pandemia de COVID-19 para adultos mayores
A. Enfermedades crónicas y acceso a sistemas de salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la pandemia por tres características: rapidez y escala de expansión; gravedad de la enfermedad, con alta letalidad y mortalidad, principalmente en personas mayores; y poder de disrupción social y económica (OMS, 2020a). Por ello, ha propuesto que los países deben “detectar los casos, someterlos a pruebas, aislarlos y atenderlos, y poner en cuarentena a los contactos para controlar la transmisión” (OMS, 2020a, pág. 8).
Además de la edad, otro de los factores de riesgo, conocido a partir de la experiencia de los países en las etapas más avanzadas de la pandemia, y de acuerdo con lo ya señalado, es la existencia previa de enfermedades crónicas y múltiples morbilidades. Cuando sobrevino la pandemia, los sistemas de salud de muchos países presentaban grandes debilidades. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que “se trata de sistemas de salud subfinanciados, segmentados y fragmentados, que presentan importantes barreras para el acceso” (CEPAL/OPS, 2020, pág. 4).
No obstante, todos los países tuvieron que resolver de manera apresurada la posible falta de insumos y de personal de salud, procurando evitar colapsos de los sistemas de atención sanitaria. En la gran mayoría de los países de la región, las personas mayores y muy mayores son las que más se ven aquejadas por accidentes cerebrovasculares (ACV) y cardiopatías isquémicas.
Para considerar los riesgos de la población, más que saber la distribución relativa de las enfermedades, es importante conocer el porcentaje de la población que tiene estas enfermedades, ya que son personas que tendrán más probabilidad de necesitar hospitalización y ventilación mecánica. De un cuarto a un tercio de las personas de 60 años y más han sido diagnosticadas con un ACV o una cardiopatía isquémica. Los hombres presentan porcentajes más altos que las mujeres, lo que supone que tienen un mayor riesgo de agravamiento por el COVID-19. La ocurrencia de la diabetes entre las personas mayores es la que registra mayor variación entre los países, con cifras que van de un mínimo del 11% a un máximo del 45%. Otros factores de riesgo que hacen que las personas sean más vulnerables a enfermarse de gravedad con COVID-19 son la obesidad y el tabaquismo (OMS, 2020a).
B. Discapacidad en personas mayores y barreras de acceso
Los diferentes tipos de discapacidad que afectan a las personas mayores podrían incidir en que estas tengan más probabilidad de contagiarse. Si la persona mayor ya está contagiada, dependiendo del tipo de discapacidad que presente, puede experimentar una mayor gravedad de los síntomas. La OMS (2020d) indica que los obstáculos para poner en práctica algunas medidas básicas de higiene se encuentran entre los factores que incidirían en que las personas mayores con discapacidad tengan un riesgo más alto de contraer COVID-19. Por ejemplo, el lavado de manos no es fácil si la persona tiene dificultades físicas o si el lavamanos es de difícil acceso.
Las comorbilidades que presentan las personas mayores con discapacidad pueden hacer que corran más riesgo de presentar casos más graves de COVID-19 si contraen la infección. La OMS (2020d) indica que esto se debe principalmente a que “la COVID-19 exacerba los problemas de salud existentes, en particular los relacionados con la función respiratoria o la función del sistema inmunitario, o con cardiopatías o diabetes”. Además, las personas mayores con discapacidad “podrían encontrar obstáculos para el acceso a la atención de salud”.
En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad. Un análisis que se remite a los resultados proporcionados por ocho países de la región expone que alrededor de 41 de cada 100 personas mayores tenía algún tipo de discapacidad. En los censos más recientes se advierte que la tendencia es muy similar: un aumento de la proporción de personas con discapacidad a mayor edad y un leve predominio femenino.
Las personas mayores con discapacidad enfrentan barreras específicas para realizar las actividades de la vida diaria debido al COVID-19. Las restricciones de quedarse en casa generalmente no consideran sus necesidades y crean nuevos riesgos para su autonomía, salud y vida (ACNUDH, 2020). Las que dependen de apoyos (formales o informales) para actividades diarias, durante la pandemia no los reciben debido a las restricciones de movimiento y el distanciamiento físico. Esto tiene consecuencias negativas, pues corren más riesgo de no tener acceso a alimentos, bienes esenciales y medicamentos, lo que puede obligarlas a salir, aumentando la probabilidad de contagio.
Otra dificultad que se ha presentado durante esta emergencia sanitaria entre las personas mayores con discapacidad es el difícil acceso a la información pública sobre las medidas para combatir el COVID-19, pues esta no se comunica ni difunde sistemáticamente en formatos accesibles. En general, la población de 80 años y más con discapacidad se compone de personas con una alta dependencia de cuidados y una muy baja autonomía.
La importancia de calidad de las relaciones en la vejez
C. Arreglos familiares intergeneracionales y aislamiento social
Si bien América Latina y el Caribe en general tiende a alinearse con el resto de los países en desarrollo, en materia de arreglos familiares intergeneracionales se sitúa en una posición intermedia entre Asia y África, por una parte, y Europa y América del Norte, por la otra. En África y Asia más del 60% de las personas mayores residen con uno o más de sus hijos, mientras que ese porcentaje no supera el 20% en Europa o América del Norte.
Por el momento hay poca evidencia directa y sólida del papel que juega la corresidencia familiar, pues la epidemia está en curso. Sin embargo, algunos demógrafos de Europa vinculan los altos niveles de corresidencia familiar intergeneracional en los países del Sur de Europa con la magnitud y gravedad sobresalientes del COVID-19, en particular con la mortalidad y el colapso de los sistemas de urgencia (Balbo, Billari y Melegaro, 2020).
En cuanto a la prevalencia de hogares con personas mayores, aquellos con miembros particularmente sensibles en caso de contagio, las magnitudes sugieren que en alrededor de 1 de cada 3 hogares de la región vive al menos a una persona mayor, por lo que serían hogares de riesgo especial. El envejecimiento demográfico está más avanzado en Chile, duplicando a Guatemala (el país menos envejecido de los cinco examinados). Justamente por los indicios de que los niños pueden ser un vector importante y silencioso de transmisión del virus, se segmentan los hogares multigeneracionales entre aquellos donde hay niños y aquellos donde no los hay.
Las personas mayores que viven solas constituyen un grupo de riesgo ante la excepcionalidad que plantea la pandemia, pues corren peligro de verse afectadas desproporcionadamente por las medidas de distanciamiento físico. Pueden enfrentar barreras para obtener información precisa, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales durante las condiciones de cuarentena (Lloyd-Sherlock y otros, 2020). Además, los períodos prolongados de aislamiento podrían tener un efecto grave en la salud mental y provocar que los sentimientos de soledad no deseada y sus efectos vayan en aumento (OPS, 2020). No obstante, pueden estar menos expuestas al riesgo de contagio al no compartir el hogar con otras personas que quizás tengan una mayor probabilidad de contagio al tener que salir a trabajar o a realizar compras para la subsistencia diaria.
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