El siglo XX en Chile estuvo marcado por profundas transformaciones sociales y políticas, que lamentablemente también incluyeron periodos de grave vulneración de los derechos humanos. Uno de los momentos más críticos fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende e instauró una dictadura militar que se prolongaría por casi 17 años.
El Golpe de Estado y el Inicio de la Represión
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden protagonizaron un golpe de Estado que puso fin al gobierno democrático de Salvador Allende. Desde el momento mismo de su instalación en el poder, la dictadura militar ejerció prácticas represivas como detenciones, ejecuciones, tortura y allanamientos. En los barrios periféricos de Santiago, no fue extraño observar en aquellos primeros días después del golpe los cadáveres de las víctimas en las vías públicas o a la orilla del río Mapocho.
La política de Estado represiva, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido. Esto se llevó a cabo a través de órganos estatales preexistentes como las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, y la creación de nuevas entidades como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura incluyeron la coerción de la libre circulación, detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones sin juicio previo, negación del derecho a apelar sentencias, homicidios, exilio, relegaciones, secuestros, intimidación, amenazas de muerte, allanamientos, exoneraciones, vigilancias, y la restricción del libre pensamiento y la libre expresión.
Instituciones de Protección y Resistencia
Ante la magnitud de la represión, surgieron diversas iniciativas para proteger y defender los derechos humanos. El 4 de septiembre de 1973 se creó el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), integrado por representantes de las iglesias protestantes y de la Iglesia Católica, orientado a apoyar a los extranjeros, especialmente refugiados considerados enemigos por el nuevo régimen. Posteriormente, el 6 de octubre de 1973, se formó el Comité Pro Paz, integrado fundamentalmente por la Iglesia Católica, enfocado en las víctimas chilenas.
Estas instituciones evolucionaron: CONAR daría origen a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) en 1975, y el Comité Pro Paz a la Vicaría de la Solidaridad en enero de 1976. Ambas organizaciones no gubernamentales jugaron un papel crucial en la defensa de los derechos vulnerados de miles de chilenos durante casi 17 años de dictadura.
La reacción del mundo eclesiástico fue fundamental en la formación de una red de apoyo que traspasó las fronteras chilenas. Si bien la jerarquía de la Iglesia Católica tardó algunos meses en hacer explícita su crítica al régimen, su acción en defensa de las víctimas fue temprana, como lo demuestra la creación de CONAR y el Comité Pro Paz. El sector de la Iglesia Católica que actuó en defensa de los derechos humanos estaba influenciado por la renovación post-Concilio Vaticano II, con un sector progresista sensibilizado por las problemáticas sociales y cercano a las propuestas de cambio estructural.
El Papel del Apoyo Internacional
La violación de los derechos humanos en Chile generó una inmediata reacción y apoyo internacional. Esto se explica, en parte, por el interés que generó el gobierno de la Unidad Popular como experiencia socialista democrática en el contexto de la Guerra Fría. La llegada de observadores, simpatizantes y colaboradores extranjeros, así como de refugiados políticos de otras dictaduras latinoamericanas, contribuyó a documentar y seguir de cerca la situación.
En 1971, el presidente Salvador Allende solicitó el apoyo de las iglesias cristianas para los refugiados, lo que llevó a la presentación de amplios programas con respaldo de iglesias protestantes de Europa y Estados Unidos. El golpe de Estado y la muerte de Allende provocaron un gran impacto internacional, movilizando a personas y organismos para apoyar a las víctimas del nuevo régimen.
Las embajadas de países como Suecia y México jugaron un rol preponderante en la ayuda a cientos de personas perseguidas. El apoyo internacional al movimiento de DDHH se vio acrecentado por la simpatía hacia la Unidad Popular y Salvador Allende. Las iglesias cristianas fueron clave en la formación de iniciativas de apoyo y en la creación de un cuerpo doctrinario para la lucha por los derechos humanos.
El apoyo económico, fundamental para el funcionamiento de los organismos en Chile, provino del Consejo Mundial de Iglesias y diversas organizaciones ecuménicas europeas y estadounidenses. Esta ayuda significó no solo un aporte financiero, sino también un respaldo político y pastoral crucial para las ONGs chilenas durante los años de represión.
La Red Ecuménica y la Lucha por los Derechos Humanos
La comunidad ecuménica de América Latina y otros países había recibido alertas sobre posibles intervenciones militares en la región desde inicios de 1973. La Comisión de Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias llamó a concientizar a la población y a crear organismos ecuménicos para enfrentar la amenaza. Tras el golpe de Estado en Chile, la reacción del mundo de las iglesias fue inmediata.
La información sobre lo sucedido en Chile fue rápidamente transmitida al Consejo Mundial de Iglesias, que inició consultas con la comunidad ecuménica de otros países latinoamericanos para buscar posibles países de asilo. Las políticas de información se convirtieron en una táctica clave de las redes transnacionales de defensa de los DDHH creadas por el mundo religioso en el Cono Sur.
Organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) y la Cruz Roja Internacional estuvieron presentes desde los primeros días tras el golpe, colaborando con CONAR. ACNUR realizó negociaciones con la Junta Militar para autorizar la creación del organismo y programas de repatriación y asilo político, y posteriormente estableció convenios con FASIC para el Programa de Reunificación Familiar.
La red ecuménica de DDHH se extendió a países latinoamericanos que habían experimentado dictaduras o recibían refugiados chilenos. En Argentina, se formó la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) en 1973 para atender las necesidades urgentes de los chilenos exiliados. CAREF organizó encuentros para buscar cooperación regional y auxilió a los refugiados que continuaban llegando a Argentina.
La Persistencia de las Violaciones y la Desigualdad
A pesar de los esfuerzos por la defensa de los derechos humanos, la vulnerabilidad persistió. Informes recientes, como el del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en su visita a Chile en 2015, señalan que, si bien Chile ha avanzado en desarrollo social y económico, sigue siendo una sociedad muy segregada y desigual, con tasas inaceptables de pobreza y extrema pobreza.
Los principales factores que restan eficacia a los esfuerzos por acabar con la pobreza y la desigualdad incluyen la fragmentación de los programas, la falta de institucionalidad para promover los derechos humanos, la reducida contribución de las instituciones del mercado laboral a la protección de los trabajadores, y la discriminación persistente contra grupos marginados como pueblos indígenas, niños, personas LGTBI+ y migrantes.
En el contexto de las protestas recientes, el equipo de Michelle Bachelet documentó casos de tortura, malos tratos y violencia sexual. El Ministerio Público investigó muertes ocurridas durante las protestas, determinando que algunos casos constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”, con uso innecesario y desproporcionado de fuerza letal y menos letal.
Informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad, incluyendo el mal uso de armas, violencia sexual y obstrucción a defensores de DDHH y personal médico. Estos informes coinciden en la necesidad de una reforma radical de la institución de Carabineros.
