América Latina es la región que más concentra delitos violentos en el mundo. Según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), para el año 2019 la región no solo seguía siendo la más peligrosa, sino que además era la única en la que la tasa de homicidios había seguido creciendo. Estas cifras no se concentran de manera homogénea en el continente, y son algunas ciudades las que destacan en los rankings de letalidad violenta. A lo anterior se suma que la violencia urbana sigue patrones de localización en determinados barrios de la ciudad, la mayoría de ellos afectados por agudas condiciones de desigualdad territorial, precariedad urbana y concentración de niveles de pobreza urbana.
Frente a esta problemática, distintas estrategias se han implementado para frenar el desarrollo de la criminalidad y especialmente del tráfico de drogas en los territorios. En algunas ciudades de América Latina se han implementado iniciativas de prevención y control de la criminalidad con aún escasos resultados demostrables. Existe un déficit de conocimiento científico sobre estas políticas de seguridad concentradas en los barrios urbanos populares. Si bien la literatura ha destacado que, en barrios como favelas, villas miseria o barrios informales de ciudades colombianas la presencia del Estado es fuerte bajo su faceta policial y coercitiva, existe menos acervo de conocimiento sobre aquellas iniciativas más híbridas que operan desde el control y de la prevención comunitaria de la criminalidad. En este sentido, un aspecto menos considerado por los estudios refiere a aquellas experiencias que han combinado iniciativas de prevención comunitaria con el accionar policial y sus alcances.
Este artículo se focaliza en la experiencia chilena, la que desde el año 2000 muestra una trayectoria continua de intervención en los barrios urbanos populares, mezclando iniciativas de prevención comunitaria con el involucramiento de las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones). Estos programas han sido impulsados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en colaboración con los municipios, y han sido, hasta ahora, poco sistematizados y analizados. Las preguntas que guían el presente análisis buscan reflexionar en torno a cómo las políticas implementadas por el Estado en los barrios urbanos populares movilizan teorías sobre las causas de la criminalidad y cómo estas son percibidas por quienes habitan en ellos. En particular, este artículo reflexiona en torno a la respuesta comunitarista chilena frente al delito y la violencia en las poblaciones, analizando las aproximaciones teóricas que estudian las políticas de seguridad en vecindarios afectados por problemas de criminalidad urbana.
Enfoques Teóricos sobre la Violencia en Barrios Vulnerables
La violencia concentrada en determinados barrios ha sido objeto de estudio desde múltiples teorías sociales y criminológicas, que buscan explicar el fenómeno desde diversas perspectivas.
Teorías Epidemiológicas y Ecológicas del Delito
Por un lado, se encuentran aquellas teorías de carácter epidemiológico que estudian los factores de riesgo concentrados en territorios marginales y que explican el involucramiento criminal de los sujetos. Por otra parte, están aquellas investigaciones de la escuela ecológica que, focalizadas en las estructuras sociales del vecindario, explican la concentración delictual a partir de variables presentes en la vida comunitaria.
La gravedad de la violencia ha situado, desde hace más de dos décadas, a la seguridad como prioridad en la agenda pública. La búsqueda de explicaciones ha ido de la mano con el desarrollo de una activa agenda de políticas, con miras a dar respuesta y contener el fenómeno criminal en nuestras ciudades. Este enfoque, promovido por procesos de transferencia de políticas públicas del norte al sur global, comenzó a aplicarse en los años noventa como respuesta a la violencia urbana. Bajo esta perspectiva, se ha promovido la idea de que la violencia y la criminalidad son fenómenos multidimensionales sobre los cuales inciden una multiplicidad de factores.
Desde este enfoque, nacer y crecer en áreas deprimidas económicamente predice el comportamiento violento. Por tanto, las políticas de seguridad deben orientarse a disminuir los factores sociales y ambientales que estarían en la base del comportamiento individual. Muchas iniciativas públicas se inspiran en estas teorías, especialmente en aquellas de carácter psicosocial y comunitarias orientadas a interrumpir el desarrollo de carreras criminales.
La Teoría de la Eficacia Colectiva y el Efecto Barrio
De manera cercana a este planteamiento, pero poniendo el foco en la estructura vecinal y el nivel de organización social, diversas intervenciones públicas se fundan en los postulados de la teoría ecológica del delito, la que intenta explicar la concentración de delito en la escala barrio. Según estos análisis, los vecindarios con alta desconfianza interpersonal, bajo capital social, y bajos niveles de arraigo y de participación de la comunidad tienen más probabilidad de concentrar mayor cantidad de problemas delictivos, dada la baja eficacia colectiva que albergan sus comunidades.
Para Sampson (2012), la eficacia colectiva es la capacidad que tienen las comunidades de ejercer el control social de manera informal en el barrio donde residen. Esta se basa en dos características: el nivel de cohesión social (densidad de vínculos sociales) y las expectativas de control del delito que comparten sus residentes. Desde esta teoría, y en miras de fortalecer el control social en los barrios, es necesario movilizar a la ciudadanía en estrategias colectivas orientadas a fortalecer el vínculo social y promover marcos normativos comunes.
Destaca Ruiz Tagle (2016) que la Teoría del efecto barrio plantea un vínculo directo entre concentración de la pobreza y problemas sociales, y ha dado pie a múltiples intervenciones urbanas. Estos postulados indican que los vecindarios pobres, bajo ciertas circunstancias localizadas, pueden desencadenar ciclos de exclusión y anomia, y que producen subculturas delictivas y formas de socialización que deterioran el capital social comunitario, y reproducen el confinamiento y la marginalidad de una generación a otra.
Condiciones Macroestructurales y la Marginalidad Avanzada
Un tercer cuerpo de conocimiento refiere a aquellos estudios que focalizan su atención en variables de tipo macroestructural, ya sean de carácter económico o político-institucional, y explican el delito en los territorios en el marco del capitalismo tardío y la debilidad del Estado bajo el modelo neoliberal. Desde una mirada diferente, y criticando el enfoque en los sujetos y comunidades que tienen las perspectivas anteriores, es posible identificar aquella tradición de estudios que, principalmente desde la economía política y la sociología urbana, han puesto el centro de interés en estas condiciones para explicar los hechos violentos en vecindarios específicos.
La teoría de la marginalidad avanzada (Wacquant, 2001; 2007; 2009a) ha puesto énfasis en las condiciones de exclusión y abandono institucional que produce la economía liberal de mercado y las consecuencias que ella conlleva para quienes habitan en contextos de pobreza urbana. Los procesos de exclusión y degradación económica, institucional, social y cultural que afectan a sus residentes estarían en la base de este fenómeno. En diálogo con esta teoría, aunque con el foco puesto en la dimensión de vida cotidiana, un conjunto de estudios ha buscado enriquecer estos postulados a partir de análisis situados sobre la violencia en los márgenes urbanos. Estas teorías ponen de relieve los significados y sentidos que se asocian al uso de la violencia y a las prácticas que esta implica.
Estas investigaciones muestran cómo la violencia y el delito se construyen de manera diferenciada en cada territorio, tiene un carácter multifacético y omnipresente en sectores que son, en la mayoría de los casos, social, económica y urbanamente precarizados. Desde esta perspectiva, la violencia y los territorios al margen de la ciudad emergen como fenómenos ensamblados. Muchas situaciones con usos cotidianos de violencia se vinculan a actividades económicas ilícitas y, al mismo tiempo, a la violencia estructural que implica el déficit del Estado en los territorios.
La Violencia Producida por el Estado
Por último, otro conjunto de investigaciones recientes se ha concentrado en estudiar la violencia letal en estos vecindarios en los márgenes, y el rol que tiene el Estado a partir de su presencia policial y militar. Estas investigaciones muestran que la política estatal en contextos de pobreza ha tenido un giro represivo, el cual se expresa tanto en altas tasas de encarcelamiento de los pobres urbanos como también en estrategias de copamiento, control policial y militar de los barrios más pobres de la ciudad.
Como se reporta en muchas experiencias de la región -por ejemplo, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, el Programa Fica Vivo en Belo Horizonte, el Plan Cinturón Sur en la provincia de Buenos Aires, la Iniciativa La Legua en Chile-, la presencia policial ha convertido con frecuencia a los barrios en campos de batalla. Como destaca Graham (2011), la militarización y policiamiento intensivo de vecindarios solo ha servido para traer la guerra desde la frontera al interior de la ciudad. Desde esta perspectiva, el Estado está presente fuertemente en los barrios urbanos populares a través de su faceta coercitiva.
Los estudios muestran la naturaleza que tiene el Estado en estos casos, donde, al mismo tiempo que castiga y reprime, corrompe y soborna a los pobres de la ciudad. Los análisis que se han realizado evidencian que esta violencia aumenta la presencia de balaceras en los vecindarios. Además, sostienen que las definiciones de vulnerabilidad que usan los programas públicos no quedan claras, y que muchas de estas intervenciones siguen criterios de focalización arbitrarios y regidos más por intereses políticos y económicos que democráticos. Para Pearce (2013), este tipo de presencia construye un Estado que es perverso, en tanto no solo es negligente para asegurar el acceso a derechos sociales a los pobres urbanos, sino también el acceso a los derechos civiles que fundan el orden democrático.
Experiencias de Intervención y Percepción Ciudadana
El paradigma que emergió en la escena latinoamericana de la mano con la transición democrática (y una década antes en el mundo anglosajón) promueve la idea de que la violencia y la criminalidad son fenómenos multidimensionales. En este escenario, el Estado ha asumido un rol de promotor de estrategias orientadas a prevenir la criminalidad, a intervenir en aquellos factores que explican las carreras criminales (población en riesgo) y a disminuir la oportunidad de ella (prevención situacional y vigilancia policial).
Programas de Prevención Comunitaria en América Latina
En América Latina existe un conjunto de estrategias públicas de prevención comunitaria que se fundan en la perspectiva ecológica. Todas ellas apuestan por la inversión pública a pequeña escala, en miras a fortalecer el tejido social y la organización vecinal siguiendo implícitamente la teoría de la eficacia colectiva, poniendo el foco en el mejoramiento de espacios públicos y del entorno urbano mediante proyectos comunitarios.
Casos como el Programa del Estado de Morelos, en México, el programa Juntos Más Seguros, en Chile, o iniciativas bajo el modelo Comunidades que se Cuidan, implementado en varios vecindarios de América Latina, han apostado por disminuir los factores ecológicos que explican la violencia en los entornos y, al mismo tiempo, coordinar la presencia de las instituciones del Estado mediante estrategias de prevención situacional y social. El objetivo, en términos generales, ha sido generar procesos de resiliencia comunitaria y empoderamiento vecinal mediante iniciativas que generan vínculos sociales y mayor arraigo en el territorio. Estas estrategias tienen un fuerte componente participativo, que apuesta por el involucramiento y la responsabilización ciudadana en este ámbito del quehacer público.
Entrevista | Acciones de prevención del delito
Estudio sobre Sentimientos de Inseguridad y Miedo al Crimen en Santiago
Un estudio realizado por Méndez, Otero y Perret (2020) en Santiago, Chile, se propuso estudiar los determinantes de los sentimientos de inseguridad y el miedo al crimen. Los autores propusieron un enfoque teórico integrador en torno al concepto de “bienestar”, el cual permite rescatar tanto las dimensiones objetivas como subjetivas expuestas en la literatura, así como los distintos contextos explorados: individuales y geográficos. Para ello, utilizaron datos de la Encuesta COES de Cohesión y Conflicto Barrial y datos georreferenciados al nivel de zona censal.
Los modelos de regresión lineal indicaron que las variables que capturan el bienestar subjetivo en el contexto barrial son las más significativas para entender las actitudes estudiadas. Específicamente, las percepciones de desorden físico/social y las experiencias de victimización indirecta mostraron asociaciones positivas. Mientras que las disposiciones de solidaridad institucional y apego/arraigo con la comunidad mostraron asociaciones negativas con los sentimientos de inseguridad y el miedo al crimen de los residentes. Respecto del bienestar objetivo, el capital económico individual fue el único factor que mantuvo su significancia estadística en las estimaciones finales.
Comparación de la Violencia en Barrios Pobres: Santiago de Chile y Río de Janeiro
En un análisis comparativo, se examinó la violencia y la criminalidad en barrios pobres de Santiago de Chile y Río de Janeiro. La comparación entre barrios marginales de ambas ciudades muestra que el diferente nivel de violencia no se explica por la historia específica de su surgimiento o por las condiciones de vida. En Chile, hay una presencia más fuerte del Estado, así como un mayor grado de organización de los pobres urbanos, permitiéndoles un manejo más eficiente de la violencia, por lo menos en algunos de los barrios pobres estudiados.
Alcances de las Políticas de Seguridad en Chile
En el caso chileno, la violencia no se distribuye de manera aleatoria en el territorio, sino que los delitos violentos se focalizan en determinados sectores de la ciudad, los que la mayoría de las veces evidencian distintos tipos de violencia y alta presencia de bandas de tráfico de drogas. Así, se ha extendido la agenda de seguridad pública en las ciudades, ya sea mediante el modelo epidemiológico y las iniciativas comunitarias que se han implementado, o mediante las políticas de control focalizadas con aumento del uso de la fuerza y de la aplicación del castigo en determinados barrios.
Los programas chilenos han mezclado iniciativas de prevención comunitaria con el involucramiento de las policías. A modo de consideraciones finales, se reflexiona sobre los alcances que tiene la prevención comunitaria del delito en estos barrios y la percepción ciudadana sobre el desempeño de las políticas de seguridad en los territorios.
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