Los sistemas educacionales, definidos como el conjunto de acciones e instituciones creadas por la sociedad para integrar culturalmente a las nuevas generaciones, son fundamentales. Las educadoras de párvulos, después de la familia, inician este proceso de aprendizaje en salas cuna o jardines infantiles. Sin embargo, una gran parte de la formación en la niñez no reside solo en estas instituciones, sino en las relaciones sociales construidas en el entorno cotidiano: la casa, el barrio, la comunidad.
Es así como las educadoras y docentes deben suplir desde el aula necesidades afectivas y materiales de los niños, dada la precariedad de las condiciones de vida de muchas familias chilenas.
Contexto de la niñez vulnerable en Chile
Pobreza multidimensional y hacinamiento
En octubre del presente año, el Observatorio de la Niñez y Adolescencia emitió el informe “Infancia Cuenta”, revelando una cruda realidad: uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional. Esto significa que sus familias tienen bajos ingresos y dificultades en educación, salud, vivienda y acceso a redes familiares y sociales. Además, un 18,2% de los menores vive en pobreza por ingresos y el 5,3% en situación de indigencia. El 22,7% reside en hogares con alto nivel de hacinamiento.
Deficiencias en el sistema judicial
El sistema judicial, tanto en sus aristas penales como de familia, incumple gravemente procedimientos y derechos básicos de los niños que llegan a tribunales para resolver problemas derivados de la precariedad. A pesar de las capacitaciones, los niños y jóvenes son tratados con la lógica penal de los adultos, lo que resulta en soluciones totalmente inapropiadas. La ejecución de las penas a menudo queda sujeta a la buena voluntad de un defensor, ya que no existen “defensores de ejecución” específicos. En la arista familiar, una investigación de Ciper en mayo del presente año evidenció el total abandono de los principios del debido proceso por parte del Estado en los Tribunales de Familia, con falencias como la ausencia de abogados, peritos sin título o falsa acreditación, sentencias sin audiencia y declaraciones de niños frente a múltiples jueces.
La crisis del Sename: Faltas en la custodia y reintegro
La institución a cargo de la custodia y reintegro de estos menores a la sociedad, el Sename, no ha contado con las condiciones mínimas para cumplir su labor adecuadamente. Un informe reservado filtrado a la prensa en agosto reveló graves problemas de gestión y vulneración de derechos en más de 33 centros. Se registró la muerte de 273 niños en dependencias del Sename, de los cuales 170 ocurrieron en centros no directamente estatales, con fiscalización precaria.
El sesgo de clase es lamentable, ya que gran parte de la sociedad chilena desconoce esta realidad. Las consecuencias de la precariedad y las fallas del sistema son invisibles para quienes no las viven directamente.
Hacia un nuevo enfoque de protección: Familia de acogida y comunidad
La alternativa de las familias de acogida
Ante la crisis, una de las soluciones más destacadas es la expansión del programa de familias de acogida. Actualmente, existen 74 proyectos de familias de acogida en el país, 69 de ellos gestionados por organismos colaboradores. Desde 2016, 5 proyectos son administrados directamente por el Sename en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, como parte de un plan gubernamental para que más niños entre 0 y 6 años vivan en familias de acogida en lugar de centros ("desinternación").
Quienes acogen a un niño firman un compromiso, sabiendo que es un proceso temporal que puede extenderse por meses o años, dependiendo de la resolución del tribunal de familia. El periodo de permanencia está ligado a la intervención con la familia biológica o a la búsqueda de una familia adoptiva. Experiencias como la de Lorena y Fernando, quienes acogieron a un niño en San Pedro, demuestran la exitosa integración y el bienestar que estas familias pueden ofrecer.
Durante el primer semestre de 2017, el 45% de los niños fueron derivados a familias de acogida (1.886), mientras que el 55% fue a centros de protección (2.267), lo que muestra la necesidad de seguir fortaleciendo el modelo de acogimiento familiar.
La comunidad como centro de la protección
La protección de la infancia es una tarea de toda la comunidad, no solo del Estado. El vínculo familiar es esencial y las instituciones no pueden suplir completamente esa necesidad básica. La internación, aunque sea una medida de protección, a menudo opera como una sanción velada, privando al niño de su entorno familiar. Para muchos especialistas, la adopción y la internación deben ser los últimos recursos.
Es fundamental apostar institucionalmente por las familias, abandonando la mirada fiscalizadora y sancionadora que pesa sobre ellas, y comprendiendo el contexto de exclusión social y económica en el que se desenvuelven. La idea es que la comunidad reciba a los niños no para que sean "sus hijos" (adopción), sino para ser solidaria con hijos de otras familias que atraviesan dificultades, brindando el apoyo que el Estado está obligado a proporcionar.
El tránsito por instituciones debe ser breve, idealmente no más de dos años, para evitar las huellas profundas que las estadías prolongadas dejan en los niños, incluso en residencias sin abusos ni malos tratos.
La institucionalización por pobreza
Existe un debate sobre si hay una institucionalización por pobreza. Testimonios como el de una mujer de 27 años que fue "rescatada de la pobreza" a los dos años e internada en un hogar, a pesar de no sufrir violencia ni maltrato en su familia, sugieren que la pobreza a menudo es malinterpretada como "negligencia parental". Expertos como el psicólogo Camilo Morales han señalado que gran parte de los niños en el sistema de protección no fueron maltratados ni abusados por sus padres y podrían regresar a sus hogares si recibieran la ayuda adecuada.
La Ley 19.620 sobre adopción establece que esta procede solo cuando la familia de origen no es capaz de satisfacer las necesidades espirituales y materiales del niño. La ley exige al juez verificar la inhabilidad real de los padres y que la adopción represente ventajas concretas y objetivas para el niño, agotando los esfuerzos para habilitar a la familia extensa antes de recurrir a otras alternativas.
Cooperación intersectorial y desafíos pendientes
Convenios y colaboraciones
El Sename ha sido objeto de duras críticas, pero a menudo se ignora la falta de apoyo de otras instituciones corresponsables. Para mejorar la atención a los niños, se han establecido convenios intersectoriales:
- Ministerio del Deporte, Ministerio de Justicia, Instituto de Deportes y Sename: Para facilitar la incorporación de niños en programas deportivos.
- Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Sename: Para promover actividades de colaboración e intercambio.
- Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social y Sename: Para asegurar el intercambio y cooperación en el desarrollo de políticas para la niñez, adolescencia y familia.
- Junaeb y Sename: Para compartir información de niños en el sistema educacional y que reciban apoyo oportuno de programas y becas.
- Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF): Para establecer mecanismos de coordinación en la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, protección de víctimas y perfeccionamiento de procedimientos policiales.
- Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil: Para obtener información cuantitativa y cualitativa y diseñar políticas para su erradicación.
Propuestas para la mejora del sistema
Para abordar las deficiencias, se proponen diversas mejoras:
- Responsabilidad de padres y cuidadores: A través de programas de habilidades parentales con seguimiento profesional.
- Visibilización de la niñez: Que todas las instituciones gubernamentales brinden atención integral a los niños, independientemente de su pertenencia al Sename.
- Centros CREAD: Deben ser la última instancia de ingreso, con perfiles definidos de los niños que realmente los requieren, y una población no mayor a 30 NNA.
- Profesionales especializados: Contar con personal experto en maltrato en todas sus formas, con postítulos obligatorios en la materia.
- Unidades de Salud en CREAD: Presencia de un médico a cargo y un diagnóstico exhaustivo para definir otros profesionales necesarios.
- Fiscalización: Una entidad fiscalizadora externa que supervise el accionar del Sename.
- Autocuidado de funcionarios: Implementar programas de autocuidado al menos dos veces al año y rotación de personal cada 4 años para prevenir el Síndrome de Burnout.
El Nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
La aprobación de la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplaza al Sename, genera la esperanza de un cambio real. Sin embargo, la efectividad dependerá de la implementación de políticas públicas y reformas legislativas que garanticen una protección efectiva de los derechos humanos de los niños. Es crucial que el nuevo servicio no se cargue con tareas propias de las políticas sociales universales (salud, educación, vivienda, pobreza), las cuales deben ser responsabilidad de las instituciones pertinentes, articuladas por la Ley de Garantías.
La Comisión Verdad y Niñez
Creada bajo el gobierno de Boric para esclarecer violaciones a los DDHH de menores del Sename, la Comisión Verdad y Niñez ha enfrentado desafíos, incluyendo la renuncia de cuatro de sus consejeros. El subsecretario de DDHH, Pablo Mira, ha señalado la importancia de fortalecer su trabajo y mejorar su eficiencia, dado que se estima que entre 1979 y 2024, unos 700 mil menores pasaron por centros del Sename. La tarea es titánica y busca reconocer, aprender del pasado, acompañar a las víctimas y dar garantías de no repetición.