La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de intensos debates y cuestionamientos, especialmente tras revelarse datos sobre la profunda conexión entre el sistema de protección estatal y la población penal adulta. Los estudios indican que el sistema, diseñado para resguardar y rehabilitar, ha enfrentado un colapso institucional prolongado que afecta gravemente el futuro de quienes pasan por él.
La conexión entre el sistema de menores y la población penal adulta
Una investigación de la Fundación San Carlos de Maipo ha expuesto una realidad alarmante: uno de cada dos reos adultos en Chile pasó por un centro del Sename durante su infancia o adolescencia. Este dato es considerado por diversos sectores como la constatación de un fracaso en las políticas públicas. Para expertos como el sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, el sistema no ha estado a la altura de las necesidades de los individuos, convirtiéndose en un entorno que, en lugar de sanar, a menudo cataliza conductas disruptivas.
Para muchos jóvenes, como es el caso de Luis o Misael, el paso por el Sename estuvo marcado por el abandono, la exposición temprana a la delincuencia y una falta de apoyo significativo. Muchos jóvenes ingresan al sistema por vulneración de derechos y egresan vinculados a la responsabilidad penal, un fenómeno donde el 77% de ellos comienza a desarrollar conductas delictivas que anteriormente no desplegaba.
Reincidencia y desafíos del modelo de justicia
El estudio de seguimiento delictual realizado por el Sename muestra cifras complejas respecto a la reincidencia. Los resultados reflejan que, en un plazo de 24 meses, cerca del 50% de los menores que cumplieron sanciones dictadas por la justicia volvieron a ser declarados culpables de una nueva infracción.
| Año de egreso | Reincidencia (12 meses) | Reincidencia (24 meses) |
|---|---|---|
| 2009 | 40,8% | 54,9% |
| 2010 | 36,8% | 50,9% |
La falta de tratamiento especializado, especialmente para menores de 14 años considerados inimputables bajo la Ley 20.084, es uno de los puntos más críticos. Al no existir una oferta técnica diferenciada, estos niños conviven con adolescentes que han cometido delitos graves, exponiéndose a dinámicas de violencia y poder que dificultan su reinserción.
Vulneración sistemática de derechos
Informes de instituciones como la PDI y la ONU han evidenciado que la vulneración de derechos es una dinámica presente dentro de los centros. La investigación realizada por la Policía de Investigaciones (PDI) en 240 hogares de menores reveló:
- 2.071 casos de maltratos graves (físicos, psicológicos y sexuales).
- Falta de cumplimiento en protocolos mínimos de seguridad y salud mental.
- Insuficiencia en la supervisión profesional para la administración de fármacos.
El informe de la PDI es categórico al señalar que estas vulneraciones se han instalado dentro de la dinámica propia de los centros, afectando incluso la seguridad de los jóvenes frente a intentos de suicidio y violencia entre pares. La investigadora Sonia Brito afirma que los jóvenes transcurren sus vidas con una "desesperanza aprendida", perdiendo la confianza en los adultos y en las instituciones encargadas de su cuidado.
Hacia una justicia restaurativa
Ante este panorama, diversos especialistas sugieren un cambio de paradigma hacia la justicia restaurativa. Esta propuesta implica que la sociedad en su conjunto contribuya al proceso de reinserción, abordando no solo al infractor, sino también a la víctima y al entorno social.
La necesidad de equipos altamente especializados y la disminución de la rotación laboral son elementos clave para superar el círculo de condenas y liberaciones. Como señalan varios expertos, la reinserción social es un proceso sistemático que requiere una colaboración efectiva entre el Estado, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, dejando atrás la idea de que el encierro es, por sí solo, un método de castigo efectivo para el desistimiento delictivo.