La institución estatal chilena encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, el Servicio Nacional de Menores (SENAME), ha sido objeto de una profunda crisis evidenciada por múltiples informes y casos emblemáticos. Esta situación ha revelado un sistema con graves deficiencias estructurales, una preocupante falta de claridad en las cifras oficiales y una sistemática vulneración de los derechos de los menores bajo su tutela.
Casos Emblemáticos: Rostros Detrás de la Tragedia
El Trágico Ingreso de Guillermina
La historia de Guillermina, de 16 años, es un crudo reflejo de las fallas del sistema. Llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del SENAME a las 04:19 de la mañana, traída por un policía. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y su bebé fue a un proceso de adopción. Según el abogado querellante, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave.
El Caso Lissette: Un Detonante de la Crisis
El caso de Guillermina no es una excepción en un sistema que se encuentra "en estado terminal", según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del SENAME, sin considerar otros programas dependientes del Servicio.
En la lista de causas de muerte, una "indeterminada" fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette Villa. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del SENAME. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor, con una evaluación del SENAME que incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco cuidadoras podían contener. El lunes 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero no fue así. Según el testimonio de una de ellas, la niña se pegó un cabezazo en medio de una crisis y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. La cuidadora afirmó que "ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar". Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron bomberos y llamaron a emergencias, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Sobremedicación y Falta de Protocolos
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que la menor estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actuaba como antipsicótico. Además, Lissette estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños, con la excepción de la fluoxetina. Otro de los fármacos que tomaba, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". La situación es grave, considerando que el 63% de los niños bajo tutela del SENAME están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños carecen de la debida atención médica especializada. La entonces directora del SENAME, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento de Lissette a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación considerada poco ética que le costó el puesto.
El Caos de las Cifras Oficiales
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia (2005-2016), 185 menores murieron. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área "protección". BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica María Estela Ortiz. "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", afirma el diputado René Saffirio, quien requirió formalmente información sobre las causas de las muertes. Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del SENAME y presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido".
Un Sistema en "Estado Terminal": Deficiencias Estructurales y Abusos
Falta de Capacitación y Negligencia en la Atención
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. María Estela Ortiz subraya que "este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".
El Impacto de la Sobremedicación y Problemas de Salud Mental
"Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Francisco Estrada. A esto se suma que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay", explica Ortiz.
Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia. Lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados. Dentro de las causas frecuentes de muerte en lactantes o preescolares está el ahogamiento con sus propios fluidos.
La Estigmatización de la Pobreza y el Abandono Social
Estela Ortiz cuestiona la segregación: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Informes Lapidarios: Revelando la Violencia Sistemática
El Informe de la PDI: Radiografía de la Vulneración de Derechos
Un lapidario informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del SENAME se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". CIPER accedió a este informe de 257 páginas, un resumen de la extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del SENAME (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento. El informe de la policía consideró 240 residencias, de un total de 241 que hay en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el SENAME tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el SENAME. Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, incluyendo el Poder Judicial, pues los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año.
Hallazgos Clave y Tipos de Abusos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en: 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. La Fiscalía ordenó en junio de 2018 que la Fuerza de Tarea SENAME confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos, incluyendo 40 menores que presentaban "alta complejidad médica" y "posible riesgo vital", información que fue notificada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al SENAME y al Ministerio de Salud. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos y 187 por otros menores. El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias Estructurales
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Excluyendo residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales". Esto es especialmente grave considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 159 centros (el 66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del SENAME "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Falta de Fiscalización y Responsabilidades
La policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Los centros del SENAME también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: "El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio."
Otros Reportes que Dieron la Alerta
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del SENAME en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del SENAME.
Hacia una Reforma Urgente: Perspectivas y Desafíos
Pilares para una Solución Integral
Precisamente, un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Francisco Estrada. "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle", explica el abogado.
El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Acá existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
La Mirada Histórica y el Futuro de la Infancia Vulnerada
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el psicólogo y estudiante de doctorado, Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis que se vive en el organismo de menores. La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha sido abordada a través de diversas disciplinas. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa de los mismos.
Illanes y Morales se refieren a cómo los políticos y especialistas han puesto el foco de atención en "las causas de las muerte, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado". Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo". Illanes y Morales recalcan además que el uso del concepto de abandono puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Finalmente, sugieren que al menos parte de las estrategias futuras se deberían relacionar con "la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas".
Frente a todo lo anteriormente expuesto, Illanes y Morales se preguntan ¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente? Y responden que si bien "los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Transición al Servicio Mejor Niñez y la Urgencia del Cambio
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el SENAME y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. Las "Acciones desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores para la implementación del Servicio Mejor Niñez" son un paso hacia esta reforma. El problema es que los niños no pueden esperar. No existen cifras claras del total de menores que están bajo la tutela del SENAME, ya que el 90% de las instituciones que los acogen son administradas por privados y las de administración directa no están protocolizadas.