El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela, una conclusión lapidaria derivada de un informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. Este documento reveló una situación crítica donde en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
Origen de la Investigación: El Caso Lissette Villa
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, a pesar de estas intenciones, la situación no mejoró. El mismo documento de la PDI, al que CIPER accedió en un extenso informe de 257 páginas, indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Esta extensa investigación, contenida en 28 tomos, fue realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Hallazgos Alarmantes del Informe PDI
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, calificó como muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento. El reporte de la PDI es mucho más completo que un informe previo de la ONU, que solo visitó cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de la realidad de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
La PDI constató que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
Detalle de las Vulneraciones: Tipos y Prevalencia
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizando 310 casos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros), y 187 fueron abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Falencias en Protocolos y Condiciones Estructurales
La policía estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Estrategias de contención emocional con niños y niñas en tiempos de crisis nacional
El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”.
Crítica Situación de Salud de los Menores
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, para cuyo cargo solo se exige cuarto medio rendido.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La Cuestión de la Publicidad y la Rendición de Cuentas
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename que confeccionara un informe resumen de todos sus hallazgos, informando en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud sobre los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido, debido a que la mayoría de los directores de los centros informaron no contar con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. A su juicio, el estudio se hace para un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar que los protocolos existan y se cumplan. Los jueces de familia también deben visitar los centros dos veces al año, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, planteando la pregunta de por qué no se encontraron estas vulneraciones sistemáticas antes o por qué no se ordenó su cese.
Historial de Informes y la Cadena de Incumplimientos
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el Informe Jeldres dieron pie a media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero los abusos persisten.
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