El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, organismo estatal encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de una profunda crisis y un escrutinio constante debido a las graves deficiencias y violaciones de derechos que se han constatado en sus centros. La realidad de estos menores bajo la tutela del Estado revela un sistema con fallas estructurales y una alarmante falta de protocolos adecuados.
Casos Emblemáticos de Vulneración
El Caso de Guillermina: Un Intento de Suicidio Sin Protocolo
A las 04:19 de la mañana, Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename, traída por un policía. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur del país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para hacerle un chequeo completo luego de que llegara a medio vestir. La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo llama "egresos" de su sistema, equiparando el término de la vida de uno de estos niños a un escape o la reinserción familiar.

La Tragedia de Lissette: Falta de Atención y Sobremedicación
La muerte de Lissette, de 11 años, en abril de 2016, fue un detonante clave de la crisis. Desde los 5 años, la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, tras una evaluación del Sename que incluía maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor le escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando: "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá."
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, una de sus crisis fue desatendida por las cuidadoras, quienes no tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. La cuidadora declaró a un programa de televisión que "lo que no es normal pasa a ser normal", explicando por qué no se le tomó el peso a la situación. Lissette se golpeó la cabeza, comenzó a sangrar y se desvaneció. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, ya era tarde. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.

La Problemática de la Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sostiene que la menor estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad dada, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que la sertralina, uno de los fármacos que tomaba, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves en la dosificación y un stock accesible. Esta situación es crítica, considerando que el 63% de los niños bajo tutela estatal están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 de ellos carecen de atención médica especializada. Chile, además, presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Una de las principales problemáticas es la falta de claridad respecto al número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", sin considerar a infractores de ley.

BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 del período de Justicia, darían un total de 395. Sin embargo, ni siquiera para quienes lo publicaron el número oficial parece confiable. María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, reconoce que "hay un problema de cifras". El diputado Saffirio denuncia que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Crisis al interior del Sename
Fallos Sistémicos y Abusos Generalizados
Informe PDI: Violación Sistemática de Derechos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, confirmó que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no fue hecho público. CIPER accedió a este documento de 257 páginas, el cual resumía una extensa investigación que abarcó 28 tomos.
El documento de la PDI es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. La investigación también encontró que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. Los datos levantados corresponden casi exclusivamente a 2017, ya que la mayoría de los directores de los centros no contaban con información anterior sobre vulneraciones graves.
Tipos y Lugares de Maltrato y Abuso
- Maltratos por parte de adultos: 432 casos. Buena parte se produjo en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos, y en hogares de organismos colaboradores, 137 casos.
- Maltratos entre pares: 1.265 casos.
- Maltratos por parte de familiares al interior de los recintos: 53 casos.
- Abusos sexuales cometidos por adultos: 123 casos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros).
- Abusos sexuales cometidos entre menores: 187 casos, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Las causas de muerte, determinadas por autopsias del Servicio Médico Legal, incluyen casos de extrema violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza y suicidios por ahorcamiento.

Ausencia de Protocolos y Personal Capacitado
La investigación policial reveló que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue precisamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Además, se constató que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. En cuanto al personal, el 42% de los centros no tiene un encargado de salud. En el 66,3% de los centros, la persona encargada de la administración de fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, a quien solo se le exige cuarto medio rendido. Esto se agrava porque el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica y un 14,2% presenta patología médica. Se identificaron 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”, informados en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud para la adopción de medidas urgentes.
Ineficacia de la Fiscalización
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", lo que permite a los centros prepararse. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
"Teorías" sobre las Causas de la Crisis y Propuestas de Solución
La situación del Sename no es solo un problema de un servicio, sino "del conjunto de la sociedad", ya que durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad no se han hecho cargo de estos niños, quienes son "los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen", según María Estela Ortiz.
La Pobreza como Causa Fundamental
Una de las "teorías" centrales que emerge es que la pobreza es la causa principal de ingreso al sistema de protección especializada. Como señala un análisis, "los niños son internados por pobreza". Las fallas de la sociedad se encadenan y tuercen, construyendo un sujeto niño que es ubicado en el lugar de menor. “¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?”, cuestiona Ortiz.
Un estudio del Hogar de Cristo, con foco en género, señala que las niñas y adolescentes bajo cuidado residencial se exponen a múltiples vulneraciones que las empujarán a trayectorias donde prima la ausencia de autonomía, poder y vínculos sociales significativos, replicando patrones generacionales.
Falta de Apoyo Familiar y Defensa Jurídica
Francisco Estrada propone que una solución definitiva se basa en tres pilares:
- Unidades polivalentes con apoyo psiquiátrico adecuado: Niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no las aísle. Se necesitan pocos psiquiatras infantojuveniles y la mayoría prefiere el sector privado, dejando regiones sin este recurso.
- Reintegración familiar como objetivo final: Reconocer que muchos padres de estos niños también fueron maltratados en su infancia y que la solución no es quitárselos, sino romper el círculo vicioso, entregándoles herramientas y acompañándolos. A menudo, quienes toman las decisiones optan por internar al niño debido a baja formación y falta de herramientas.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños cuenten con abogados que velen por sus derechos, a diferencia de la actual situación donde son vistos como "un trámite burocrático".
Hacia un Nuevo Servicio
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar". La consigna “No más Sename”, refleja un grito por más justicia y la desidia de décadas de gobiernos que fueron incapaces de frenar esta espiral de violencia. Pensar en otro lugar para los niños del Sename implica pensar en un proyecto de país diferente, con nuevos modos de tratar la pobreza, comprender la fragilidad y construir una red de confianza y solidaridad para acompañar la crianza, que mayormente es responsabilidad exclusiva de la madre.