A 15 años del escándalo de La Polar, la Corte Suprema confirmó que siete ex ejecutivos de la compañía deberán indemnizar a AFP Provida por pérdidas que superan los 2,5 millones de UF. El pasado 13 de marzo, el máximo tribunal ratificó que los antiguos altos mandos de la multitienda deberán responder por los perjuicios económicos que afectaron a la administradora tras el desplome de la firma en 2011, en el marco de una de las causas de fraude financiero más recordadas del país.
El origen del conflicto: El sistema de repactaciones unilaterales
El conflicto tiene su origen hace más de una década, cuando La Polar reconoció haber realizado repactaciones de deudas en las tarjetas de crédito de clientes morosos sin su consentimiento. Este mecanismo, denominado eufemísticamente como "repactaciones unilaterales", permitió a la cadena aparentar una cartera de créditos vigente, ocultando deudas y entregando estados financieros irreales al mercado.
La implementación de este sistema automatizado buscaba que la empresa exhibiera mejores resultados de los que realmente tenía, falseando la información entregada al directorio, a los entes reguladores y al público general. Como consecuencia, las acciones y bonos emitidos por la empresa se valorizaron a precios inconsistentes con su situación patrimonial, al mostrar utilidades inexistentes y no dar cuenta de las provisiones incobrables.
Impacto patrimonial en los fondos de pensiones
De acuerdo con la demanda, estas distorsiones influyeron directamente en las inversiones de los fondos de pensión administrados por Provida, que mantenían más de $100 mil millones en recursos de acciones y bonos de la firma. Al destaparse el escándalo el 9 de junio de 2011, el valor de estos instrumentos cayó abruptamente.
Según el fallo de la Corte Suprema, al 8 de junio de 2011, el total invertido por AFP Provida era de $101.568 millones, distribuidos aproximadamente en un 40% en acciones y un 60% en bonos. El perjuicio se evidencia en la drástica caída del valor de los títulos:
| Instrumento / Fecha | Valor al 9 de junio de 2011 | Valor al 30 de noviembre de 2011 |
|---|---|---|
| Acciones de La Polar S.A. | $2.355,85 | $371,55 |
El total del daño sufrido por los fondos de pensiones administrados por Provida asciende a 2.575.388 UF (aproximadamente $102.607 millones). Los fondos A, B, C, D y E se vieron afectados, manteniendo para ese entonces más de 17 millones de acciones y cuatro series de bonos por un valor de UF 2.769.500.
Los conflictos de interés del caso La Polar y la regulación financiera en Chile
Responsabilidades de los ex ejecutivos y el fallo judicial
La justicia determinó la responsabilidad civil extracontractual de siete ex altos ejecutivos, afirmando que participaron en estas prácticas o las permitieron como parte de un sistema premeditado. Los condenados a indemnizar son:
- Pablo Alcalde Saavedra (Ex presidente y ex gerente general)
- Julián Moreno de Pablo (Ex gerente de productos financieros)
- Nicolás Ramírez Cardoen (Ex gerente general)
- María Isabel Farah (Ex gerenta de administración)
- Pablo Fuenzalida May
- Martín González Iakl (Ex gerente general interino)
- Santiago Grage (Ex gerente de finanzas)
El fallo descartó las defensas presentadas por los demandados, como la existencia de acuerdos previos o la imposibilidad de volver a discutir los hechos. La Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Mario Carroza, Jorge Zepeda, Hernán Crisosto y las abogadas Fabiola Lathrop y Andrea Ruiz, dictó la sentencia de forma unánime, estableciendo que los hechos fijados en instancias anteriores son inamovibles.
Descargos de los condenados
Durante el proceso, algunos ejecutivos como Santiago Grage afirmaron estar "arruinados" económicamente y haber actuado basándose en información auditada. Por su parte, Pablo Alcalde argumentó que los daños no eran claros y que la administradora había participado en convenios judiciales previos que extinguirían su responsabilidad. Sin embargo, el tribunal concluyó que existió una conducta ilícita consistente en la entrega de información falsa al mercado y a los accionistas.
Alertas ignoradas y fallas en el control
A pesar del descalabro masivo, existieron señales que algunos actores del mercado detectaron. La firma G&S notó que, mientras el tercer trimestre solía ser el peor para el retail, en La Polar era el mejor, lo que levantó sospechas sobre la veracidad de sus ingresos. Asimismo, se detectó que La Polar lideraba el segmento de "otros servicios", superando incluso a competidores multiformato más grandes.
En el ámbito de las AFP, AFP Capital comenzó a vender su participación un año antes del colapso, reduciendo sus acciones de 12 millones a 9 millones tras observar riesgos en las políticas de crédito. No obstante, al momento de estallar el escándalo, las AFP en conjunto poseían el 24% de la propiedad de la compañía y US$ 337 millones en bonos de deuda.
El rol de la auditora PwC y el Directorio
El fallo y las investigaciones previas también apuntaron a la responsabilidad de PwC, la firma encargada de auditar las carpetas de los clientes. Se cuestionó que no se reparara en los miles de casos repactados sin comprobantes físicos o grabaciones telefónicas. Dentro del directorio, si bien directores como Francisco Gana y René Cortázar (postulados por las AFP) expresaron dudas sobre el manejo de provisiones hacia fines de 2010, el fraude se mantuvo oculto en los "cimientos" de la contabilidad de la empresa.
Recientemente, la auditora PwC propuso un plan de pagos de US$47 millones para diversas AFP (incluyendo Provida, Capital, Habitat, Cuprum y PlanVital), cifra que se encuentra lejos de las expectativas de las administradoras, que buscan recuperar cerca de US$ 100 millones por los perjuicios causados.
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