La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado chileno, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename) y sus organismos colaboradores, ha sido objeto de una profunda crisis y severas críticas debido a las muertes y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos registradas en sus centros.
Un Drama Nacional: Cifras Oficiales y Discrepancias
La Defensoría de la Niñez y la Fiscalía
Tras solicitar el Ministerio Público el detalle de la información, la Defensoría de la Niñez, en su análisis, logró determinar que de las 878 muertes de niños, niñas y adolescentes registradas al interior de la red Sename, ocurridas entre enero de 2005 y julio de 2016, solo 347 casos fueron conocidos por la Fiscalía y 200 de ellos investigados.
Informes del Sename y Confusión Estadística
Con el objetivo de analizar los recursos presupuestarios necesarios para el adecuado funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y su proyección para el año 2017, se dio cita la Comisión Especial sobre temas de Infancia, que invitó a la Directora de Sename, Solange Huerta, especialistas y directores de centros entre otras autoridades. Según explicó el presidente de la instancia, senador Patricio Walker, esta oportunidad coincidió con la entrega del informe con la cifra de niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos entre el 1 de enero del 2005 y el 30 de junio del 2016, tanto en el sistema de protección como de justicia juvenil.
La directora del servicio, Solange Huerta, cifró en 243 el número de menores fallecidos en los centros que se encuentran bajo la administración del organismo: 210 de ellos murieron en el sistema residencial y 33 en centros de Justicia Juvenil mientras cumplían alguna medida de internación provisoria.
- De los 210 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección residencial (centros del Sename o de organismos colaboradores privados), 131 decesos estaban asociados a alguna enfermedad.
- La cifra de niños, niñas y adolescentes que fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios a cargo de organismos privados llega a 406.
- Además, en este periodo fallecieron 215 adultos que permanecían en centros de protección por tener graves discapacidades, al no existir otros organismos que los acojan.
La directora nacional expresó: "La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema, como también lo hemos indicado públicamente".
Sin embargo, existían importantes inconsistencias en las cifras. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. No obstante, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", sin considerar el área de "justicia juvenil". BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, afirmó que "el caos estadístico" es una realidad. El diputado Saffirio señaló a BBC Mundo: "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, agregó: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Comité de los Derechos del Niño y la Responsabilidad Estatal
El Comité de los Derechos del Niño, organismo a cargo de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, afirmó en 2018 que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Este organismo recomendó establecer mecanismos de reparación para las víctimas, actuales y pasadas, priorizando su derecho a ser oídas y a expresar su dolor, y desarrollar un plan de acción de reparación.
El Informe Lapidario de la PDI y la Violencia Sistemática
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. CIPER accedió a este informe de 257 páginas, el cual es un resumen de una extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.
Alcance de la Investigación Policial
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. Este reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, ya que el de la policía consideró 240, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Hallazgos Alarmantes: Abusos y Maltratos
El informe de la PDI constató 2.071 abusos y vulneraciones graves de derechos contra los niños en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Estos casos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores (la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, 62% del total).
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC). En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 abusos con connotación sexual. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de 2017.
Falta de Protocolos y Deficiencias Estructurales
La investigación policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Asimismo, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Problemas de Salud y Medicación
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El informe detalla que 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Esta situación se replica en la administración de medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
El psiquiatra Rodrigo Paz afirmó que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil".
Fiscalización Insuficiente
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la policía determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Informe de la PDI revela diversos abusos en todos los centros del Sename | 24 Horas TVN Chile
El Caso Lissette Villa: Un Catalizador de la Crisis
La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete (11 años) en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, el informe de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Cronología y Contexto Familiar
Desde los cinco años, Lissette fue separada de su familia por la Justicia debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, la menor escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus “pataletas” y una fuerza que ni cinco “tías” (cuidadoras) podían contener. En algunas ocasiones, frente a otros niños, tenían que reducirla entre dos o más personas para envolverla en frazadas y, en el peor de los casos, amarrarla.
Un año antes de su nacimiento, su hermana Solange, entonces de nueve años, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, el padre de Lissette. Lissette nació con sobrepeso y displasia, y su padre la maltrataba por su llanto. A los cinco años, funcionarias del jardín infantil se percataron de los moretones con que llegaba la niña.
El diagnóstico médico de Lissette en el Hospital San Borja fue un “trastorno conductual secundario originado por maltrato y abuso”. Antes de la medicación, Lissette era alegre y ágil, pero los últimos meses sus brazos se caían, andaba llena de saliva, se cansaba rápidamente y se autolesionaba con cortes. Estuvo a dieta, lo que le molestaba, y su tratamiento médico era desconocido para su familia. Cuando Juana (madre de Lissette) le preguntó por qué había escrito en una carta que le faltaba un pedazo de su corazón, Lissette respondió: “Tengo algo roto en mi corazón, mamá. Algo me falta.”
La Muerte en el Centro Galvarino
La noche del lunes 11 de abril, Lissette sufrió una crisis. Según el testimonio de una cuidadora, se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. La cuidadora admitió que “lo que no es normal pasa a ser normal”, por lo que no le tomaron el peso a lo que podía pasar. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el paro cardiorrespiratorio a un “cuadro agudo de angustia” por la falta de una visita familiar. Esta explicación fue considerada poco satisfactoria y ética, costándole el puesto. El juez del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, Pedro Maldonado, presentó una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. La Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) y médicos desestimaron que la muerte pudiera obedecer solo a una inestabilidad emocional, señalando la falta de espacio, problemas eléctricos y la sobrecarga de los centros.
Sobremedicación y Negligencia
El psiquiatra Rodrigo Paz aseguró: “Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada”. Le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad que se le daba, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo “expuesta a antidepresivos por años” sin que se demostrara su efecto en niños, y la sertralina podía volverla “más agresiva, impulsiva e irritable”. Francisco Estrada denunció la “poca prolijidad” con la que se manipulan estos medicamentos en los centros, sin personal especializado para suministrarlos correctamente. El senador Alejandro Navarro añadió que “el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado”.
Otras Historias: El Caso de Guillermina
El caso de Guillermina, de 16 años, ilustra también las deficiencias del sistema. En agosto de 2012, tras resistirse violentamente al reingreso al Centro de Protección Alborada del Sename, fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después de haber sido acostada. Tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, y no era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse de su estado o para un chequeo completo. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un “egreso” más del sistema. El abogado querellante, Oliver Pérez, indicó que nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave, a pesar de su historial.
Reacciones Políticas y Demandas de Soluciones
Las cifras entregadas por el Sename generaron una ola de críticas y demandas de acción. El senador Patricio Walker aseguró que "las cifras dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable", mientras que sus pares Van Rysselberghe y Ossandón criticaron la falta de un plan concreto con financiamiento desde el gobierno.
Peticiones de Comisión de Verdad y Reparación
La Defensoría de la Niñez recomendó al gobierno, en 2020, la “creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, permita establecer con la mayor claridad los graves hechos de violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes al interior de residencias de protección del Servicio Nacional de Menores o de sus organismos colaboradores”. Esta petición no recibió respuesta del Poder Ejecutivo de la época.
Críticas Legislativas
El senador Patricio Walker reiteró la necesidad de hacer una "cirugía mayor" a esta institución e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio". Según el parlamentario, "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable de muertes de niños durante los últimos 11 años, muchas de ellas no registradas. Este es un tema que tiene que cambiar".
El presidente de la Comisión Especial sobre temas de Infancia del Senado aseguró que "acá no basta contar niños muertos, tenemos que buscar soluciones, porque estamos hablando de personas, estamos hablando del futuro y del presente de Chile, de la gente más marginada. No olvidemos que la subvención basal para los niños que residen en instituciones colaboradoras de Sename es de 215 mil pesos, en circunstancias que por cada preso se invierten 600 mil pesos. Esto demuestra que los niños no son prioridad".
La senadora Jacqueline Van Rysselberghe calificó la exposición de la directora del Sename como "decepcionante", lamentando que "la crisis en el Sename surge con la muerte de una menor en el Centro Galvarino a principios de año y todavía no vemos un plan de acción concreto financiado con recursos específicos". Por su parte, el senador Manuel José Ossandón argumentó que el informe dejaba claro que "el Sename violentó los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes porque actuó en su calidad de agente del Estado".
Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia del informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”.
Hacia una Nueva Institucionalidad
El legislador afirmó que "falta crear una nueva institucionalidad que signifique una cirugía mayor al Sename para que a los niños, cuyos derechos han sido vulnerados, el Estado se los restituya. Es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad en la protección de los derechos de la infancia". El senador Walker agregó: "Tenemos que lograr un compromiso definitivo del Ministerio de Salud de atender prioritariamente y con urgencia todos los casos de niños que están con enfermedades mentales, que estén muy vulnerables o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio".
Estela Ortiz, del Consejo Nacional de la Infancia, plantea que una solución pasa por "un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado", "unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle". El segundo pilar es que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato. El tercer pilar es que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada. A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019.
Reflexiones sobre la Prioridad de la Infancia
El senador Patricio Walker indicó: "Me alegro que la Presidenta haya anunciado 16 mil quinientos millones de pesos adicionales al presupuesto de Sename, que van a apuntar a mejorar las residencias, los programas de salud mental y las fiscalizaciones a los hogares, pero los niños en Chile nunca han sido prioridad. Los niños siempre han sido el patio trasero de las preocupaciones del Estado".
El diputado Saffirio, tras presidir la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y presentar un informe con 200 medidas urgentes, aseguró que "ninguna se han cumplido". El abogado Francisco Estrada señaló: "Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".