El sistema de atención a la niñez y adolescencia en Chile, gestionado a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha enfrentado desafíos críticos relacionados con el financiamiento. Con el objetivo de evitar el cierre de instituciones por insolvencia y mejorar la calidad de la atención, se ha impulsado un proyecto de ley destinado a modificar el régimen de subvenciones vigente.
Esta iniciativa legislativa busca fortalecer las intervenciones realizadas en los centros residenciales, asegurando que los recursos permitan cubrir los costos operativos necesarios para una atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes.
Detalles técnicos y alcance de la propuesta
La propuesta central consiste en duplicar el rango actual de la subvención mensual. El ajuste implica pasar de un rango de 8,5 a 15 Unidades de Subvención Sename (USS) a uno de 15 a 30 unidades. Este cambio es fundamental para la sostenibilidad de los organismos colaboradores (OCA), cuyas estructuras de costos dependen significativamente de la contratación de profesionales, técnicos y administrativos.
Impacto presupuestario y financiamiento
El cálculo financiero para la implementación de esta ley estima los siguientes efectos en el gasto fiscal:
- Primer año de aplicación: El límite máximo efectivo se incrementaría en un 25%, pasando de 15 a 18,75 unidades, lo que representa un mayor gasto fiscal de 9.771 millones de pesos.
- Límite máximo del rango: En caso de alcanzar el techo de 30 unidades para los Centros Residenciales, el gasto fiscal ascendería a 39.108 millones de pesos.
El costo durante el primer año presupuestario será financiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la posibilidad de suplementos por parte de la Tesorería Pública en caso de ser necesario.
Análisis de la problemática: IPC vs. Índice de Remuneraciones
Históricamente, la subvención regulada por la Ley 20.032 del año 2005 ha sufrido un deterioro real. El motivo principal radica en que el valor de la USS se reajusta anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este indicador no refleja el incremento del precio de los recursos humanos en el país, medido a través del Índice de Remuneraciones (IR).
Considerando que los organismos colaboradores destinan en promedio el 73% de sus recursos a financiar personal, la desvinculación de la subvención respecto al IR ha generado un déficit significativo. Cálculos estiman que, en los 14 años de aplicación del sistema, el Estado ha dejado de invertir más de 500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables debido a esta metodología de reajuste.
Transparencia y fiscalización en el nuevo marco legal
Junto con el incremento de recursos, el proyecto de ley integra disposiciones esenciales para garantizar una gestión responsable. La normativa establece:
- Transparencia activa: Obligación de informar sobre el uso de los fondos.
- Eficiencia y eficacia: Principios orientados a la idónea administración de los recursos públicos.
- Condiciones mínimas: Se ha enfatizado, por parte de legisladores y autoridades, que la entrega de recursos adicionales debe estar supeditada al cumplimiento de estándares mínimos de atención.
Tras un amplio consenso parlamentario, que incluyó la aprobación en la Cámara de Diputados y el respaldo contundente en el Senado, la normativa ha quedado lista para su promulgación. Esta herramienta permitirá a las instituciones contar con mejores modelos de intervención, beneficiando a los más de 5 mil niños, niñas y adolescentes que permanecen bajo el sistema de residencias.
Proyecto de Ley para reponer subvención escolar ingresará al Congreso
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