La investigación conjunta del Poder Judicial y Unicef sobre las condiciones de vida de los aproximadamente 15.000 niños bajo protección estatal en Chile ha revelado una alarmante prevalencia de abuso sexual y violencia. Cada vulneración de derechos identificada en este informe se vincula directamente a deficiencias y omisiones por parte de los organismos encargados de la protección infantil: el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Poder Judicial.
Antecedentes y Hallazgos de la Investigación
Un ejemplo claro de estas deficiencias se remonta a 2011, cuando el propio SENAME realizó una encuesta a 4.000 niños del sistema residencial. En ese estudio, más de 200 niños reportaron haber sido tocados en sus genitales, y más de 150 afirmaron haber sido obligados a tocar las partes íntimas de otras personas. La investigación que desencadenó este "remezón" es resultado de un convenio entre Unicef y el Poder Judicial, y examinó las condiciones de vida de 6.500 niños en 10 regiones, identificando los principales nudos críticos del sistema.
La Comisión Jeldres y sus Impactantes Revelaciones
El equipo que llevó a cabo esta investigación inédita fue liderado por la jueza Mónica Jeldres e integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. En representación de Unicef participó la socióloga Carolina Bascuñán, quien diseñó muchos de los instrumentos aplicados. La Comisión Jeldres detectó la presencia constante de abuso sexual, un delito que a veces es cometido por los propios guardadores, pero en su mayoría por otros jóvenes internos.
Un caso particularmente preocupante fue el de las Aldeas Infantiles SOS, institución que fue examinada a fondo por la comisión. El informe concluye que "un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor". Además, se registró una presencia masiva de violencia física y verbal por parte de guardadores o niños mayores, así como castigos como el encierro o la privación de alimentos.
La situación en los Centros de Acogida de Menores - Testimonios 1-02-2017
Como resultado, la Comisión Jeldres identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños.
- 45 hogares con datos de violencia entre menores.
- 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño.
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
Intervención y Controversias Post-Informe
A finales del año pasado, mientras se finalizaban los resultados de la Comisión Jeldres, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Bajo la administración de Carreño y el SENAME, el informe fue cuestionado metodológicamente y, según se señala, "olvidado".
Críticas al Poder Judicial y al SENAME
El SENAME ha recibido la mayor parte de las críticas por su reacción tardía. Sin embargo, las acusaciones más graves han sido dirigidas al Poder Judicial, coautor de la investigación e inversor de aproximadamente $200 millones en ella. Esto se debe a su intento de mantener en reserva los resultados y, sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito que la investigación revelaba.
La socióloga Carolina Bascuñán señaló que Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública. No obstante, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carreño ofreció otra explicación. Francisca Palma, vocera de Unicef, explicó que era el Poder Judicial quien decidía qué hacer con la información, al ser el mandante del estudio. Se confirma que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de sus amplias facultades para intervenir hogares y terminar con los abusos.
La Lógica Institucional y el Cierre de Causas
La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, argumentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que, más allá de la innegable falta de recursos, existe una lógica institucional que impide a los jueces preocuparse por la suerte de los niños en el sistema de protección. Los jueces suelen cerrar las causas cuando envían a un niño a un hogar, como si el problema estuviera resuelto, lo cual no es el caso.
El cierre de causas se debe, en parte, a que afecta las estadísticas de "causas terminadas" y las metas de gestión del Poder Judicial. Estas metas, fijadas por una Comisión Interinstitucional (Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Ministerio de Hacienda), establecen que el 85% de las causas deben terminarse en 120 días. Esto lleva a los jueces de familia a cerrar casos a como dé lugar, afectando principalmente las causas de protección de niños y violencia intrafamiliar.
Gómez defendió la idea de que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, conforme a los convenios internacionales ratificados por Chile. Si un niño necesita atención psiquiátrica, el juez está obligado a ordenarla y el sistema debe responder, generando los recursos si es necesario. Este mensaje, que busca transformar a los jueces en "agentes activos de la protección de los menores", era transmitido en las "jornadas de transferencia técnica" de la Comisión Jeldres, que fueron suspendidas tras la intervención del ministro Carreño.
La Reacción del SENAME y la Identificación de Víctimas
El director del SENAME, Rolando Melo, recibió los datos de la Comisión Jeldres en marzo de este año, que detallaban graves situaciones hogar por hogar. Se cuestiona por qué fue necesaria la publicación de CIPER para que estos hechos fueran canalizados a través de un fiscal del Ministerio Público, y por qué las acciones actuales no se tomaron en marzo, cuando Melo tuvo conocimiento completo de los hechos.
Entre los datos recibidos por SENAME se encontraban 12 casos de abusos sexuales registrados en la encuesta de Unicef. Rolando Melo argumentó que, al no identificar la encuesta a los niños, el trabajo de SENAME para proteger a los denunciantes había sido "a oscuras". Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos del SENAME, explicó que, de los 12 casos conocidos en marzo, solo lograron identificar cinco situaciones similares tras cinco meses de trabajo. Melo y Marín insistieron en que Unicef se equivocó al realizar encuestas anónimas.
Contradicciones en la Postura del SENAME
Estas críticas resultan contradictorias, ya que la encuesta de Unicef es una continuación de otra realizada en 2011 por el propio SENAME, con las mismas características de anonimato. En esa encuesta de 2011, surgieron más de 200 casos de abuso sexual. Específicamente, en el grupo de niños de 7 a 12 años, el 7,8% (157 niños) afirmó que alguien les había tocado partes íntimas de su cuerpo, mencionando vagina, poto, pene y senos. Si se consideran solo los niños que acusan haber sido tocados, hay 238 casos que SENAME conoció en 2011.
Sin embargo, estos datos no se tradujeron en denuncias a la fiscalía. En 2011, solo hubo 35 denuncias presentadas por los directores regionales del SENAME, cifra similar a las 48 denuncias de 2012. La única acción del SENAME fue distribuir la circular Nº 18 entre sus colaboradores acreditados, estableciendo procedimientos para quienes detecten "hechos constitutivos de maltrato físico, psicológico o de delitos en contra de niños, niñas o adolescentes sujetos de atención".
Ambos documentos establecen que toda persona con conocimiento de un posible delito en hogares o residencias de menores tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes (Ministerio Público, Carabineros o PDI) en no más de 24 horas. Aunque el SENAME afirmó que la implementación de estas circulares en 2011 "buscó generar una acción rápida y efectiva", esto no ocurrió. Resulta alarmante que, ante la gravedad de los hechos detectados por la encuesta "Mi derecho a ser escuchado", tan pocos casos llegaran a la justicia. Aún más grave es que, dos años después de que estos instructivos establecieran los pasos a seguir, el SENAME recién ahora esté "articulando un registro nacional de la aplicación de estas circulares que se llevan de manera descentralizada", lo que significa que la institución no maneja cifras sobre cuántas denuncias han llegado a tribunales por parte de sus propios funcionarios o colaboradores.
Reconocimiento de Unicef y Necesidad de Mejora
Frente a las críticas del SENAME y del ministro Héctor Carreño, Unicef ha reconocido la posibilidad de mejorar el mecanismo de la encuesta para acelerar la protección de los niños que declaraban haber sido abusados. Para Unicef, la encuesta no fue diseñada para recoger denuncias específicas, y verla de esa forma simplifica el problema real del SENAME, ya que las situaciones de vulneración en la red no se limitan a los 12 casos; estos son solo una muestra representativa.
La encuesta "Mi derecho a ser escuchado" elaborada por SENAME también mostró niveles de violencia similares a los detectados por la Comisión Jeldres: el 15,7% de los niños menores de 13 años (313 casos) relató que los adultos de la residencia alguna vez les habían pegado, y un 19,9% había visto a adultos golpear a otros niños. La lentitud e ineficacia del SENAME en su reacción es un hecho documentado, incluso por la propia Comisión Jeldres en Arica, donde denunció la situación de los hogares Ajllasga y Sariri. Es criticable que, siendo el SENAME el organismo supervisor de estos hogares, una comisión de Santiago tuviera que constatar los abusos e intervenir. Seis meses antes de la visita de la Comisión Jeldres, una comisión del Ministerio de Justicia ya había visitado estos hogares y entregado un informe "duro" sobre ambas residencias.
El 13 de noviembre de 2012, surgió una discrepancia sobre si en un "pre-informe" había situaciones delictivas que Jeldres debió haber denunciado. Hay indicios de que sí las había. El ministro Héctor Carreño sostuvo ante los diputados que la comisión y las juezas que aplicaron las encuestas "estuvieron siempre en situación de dar a conocer lo que encontraban y hacer denuncias si se estimaba el caso".