La historia del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile está marcada por una profunda crisis, caracterizada por graves vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Durante años, este sistema fue objeto de severas críticas, investigaciones y movilizaciones ciudadanas que exigían reformas y justicia para las víctimas. La respuesta oficial, aunque a menudo tardía, incluyó visitas ministeriales y la promesa de cambios estructurales.
Contexto de la Crisis: Visitas Oficiales y Protestas
En el marco de la crisis del Sename, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, visitó la ciudad para conocer in situ los antecedentes de diversos casos y otros trámites vinculados a la situación del servicio. Durante su visita, recorrió las dos residencias donde fueron trasladados 23 niños que se encontraban en el recinto de Hualpén. En paralelo, madres y amigas se apoyaban mutuamente, abrazándose, llorando y sosteniéndose, liberándose del miedo de estar solas.
María Escobar (ME), dirigente sindical, llegó al centro de justicia junto a María Ávila, madre de una de las niñas desaparecidas. Escobar comentó la necesidad de apoyo legal: “En este momento no tenemos abogado, necesitamos el apoyo de las autoridades de algún abogado que quiera interferir por estas madres que realmente necesiten recuperar a sus hijas.” Aseguró que el diputado Gastón Saavedra y el senador Navarro ofrecieron su respaldo, este último tomando los antecedentes de las menores a quienes se les quitó a sus hijos sin consentimiento ni información judicial, ofreciendo un recurso de amparo. Sin embargo, enfatizó la urgencia de un abogado que se haga cargo para recuperar a las dos niñas desaparecidas y a otras menores involucradas a quienes también se les quitó a sus hijos sin haber pasado por tribunales.
Mientras tanto, Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile y militares con armas de grueso calibre observaban a corta distancia la pequeña concentración de manifestantes, quienes usaban silbatos para hacer ruido. En este contexto, otra joven madre se sumó a la causa, compartiendo su experiencia: “A mí me quitaron a mi hijo por yo ser menor de edad en ese tiempo, pero tenía el apoyo del padre de mi hijo y ellos lo iban a ver. Yo igual lo iba a ver siempre a mi hijo, ellos reclamaron al (niño), pero nunca le dieron respuesta, siempre inventaron cosas, excusas para entregarlo y yo era menor de edad, no podía hacer nada, y nunca firmé nada tampoco para que me lo dieran en adopción.” Su principal anhelo era “saber dónde está al menos, saber si está bien, o algo, y traer a mi hijo de vuelta conmigo.”
El Caso Lissette Villa: Un Punto de Inflexión en la Crisis del SENAME
La muerte de Lissette Villa, ocurrida en abril de 2016, fue un evento que expuso de manera cruda las graves vulneraciones físicas y emocionales sufridas por niños y niñas en el centro Cread Galvarino en Estación Central. Los castigos frecuentes por parte de los educadores de Trato Directo (ETD) incluían sobremedicación, golpes de pies y puños, contenciones con fuerza desmedida, correcciones humillantes e incluso abuso sexual. Este trágico suceso puso en tela de juicio la operatividad y supervisión del Sename.
Detalles de la Vida y Muerte de Lissette
Lissette tenía once años, medía un metro cuarenta y seis, pesaba 54 kilos, y sus hermanos la llamaban “La Rucia”. Dentro de la residencia, era objeto de burlas, con niñas de la Casa 2.2 que le gritaban “Cabeza de Pichí”. A pesar de su carácter demandante con las Educadoras de Trato Directo (ETD), Lissette podía ser muy cariñosa y su respuesta habitual era “Te amo, tía, te quiero”. Había pasado por varios hogares y era conocida por la sobremedicación de la que habría sido víctima.
Isabel Cea, psicóloga del Cread en ese entonces, relató un punto de inflexión el 15 de octubre de 2015, cuando la madre de Lissette, Juana Poblete, llamó al hogar tras varios meses de ausencia. La psicóloga le advirtió sobre el perjuicio de no cumplir las visitas, y Juana prometió asistir. Sin embargo, afectada por la ausencia de su madre, Lissette sufrió su primera descompensación esa tarde, gritando “¡No quiero nada! ¡Me quiero morir!” y arrojando piedras en el patio.
El día de su muerte, Lissette dejó su bandeja en la cocina cerca de las siete y media de la tarde. En pocos minutos, la situación escaló. Fue llevada envuelta en una frazada hacia la pieza, se escucharon gritos y una de sus zapatillas quedó tirada en el piso. Una testigo escuchó a la Educadora de Trato Directo Thiare Oyarce pedir ayuda por radio. A las 20:00, la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago recibió un llamado de emergencia del Centro Galvarino, donde encontraron a una auxiliar de enfermería intentando reanimar a Lissette, cuyo cuerpo yacía en el suelo.
Testimonio Clave y Proceso Judicial
M* (15), la mejor amiga de Lissette y compañera de habitación, fue testigo clave de los hechos. Su madre, María Díaz, relató los años difíciles vividos tras el suceso. M* fue ingresada al Cread Galvarino en 2014 por presuntas vulneraciones, en un momento en que su madre enfrentaba depresión y alcoholismo. La niña relató cómo Lissette se golpeaba la cabeza, le salió sangre de la boca y fue aseada con una toalla. Escuchó a la tía Conne decirle: “Ya poh gorda, cálmate, está bueno, para.”
El 11 de abril, Conne Fritz y Thiare Oyarce inmovilizaron a Lissette, reteniéndola boca abajo con fuerza. Conne, de noventa kilos, se subió a su espalda, provocándole asfixia. Después de varios minutos de contención, Lissette dejó de respirar.
La audiencia judicial por el caso de Lissette Villa, fijada para el 19 de mayo tras una prórroga por emergencia sanitaria, buscará determinar la responsabilidad penal de los imputados y finalizar la presunción de inocencia de algunos acusados. M* declarará como testigo. Se ha presentado una demanda contra el Estado por el daño moral y psiquiátrico permanente causado a M*, quien fue testigo de un hecho tan terrible.
Los sumarios e informes posteriores a la muerte de Lissette Villa evidenciaron que en el Cread Galvarino los maltratos y humillaciones contra los niños se habían vuelto sistemáticos. Nombres de educadores como Luis Campodónico, Yerko Reyes y Leonardo Lefián se repitieron como agresores, señalados por contenciones bruscas, golpes, provocaciones, zancadillas, apretones de cuellos y rostros, castigos con comida y golpizas. Poner a niños en sillas pequeñas para evitar que durmieran era un castigo habitual. La relación ambivalente de los niños con sus cuidadores llevó a que justificaran la violencia a cambio de afecto, como con "Papi Leo" Lefián, quien pedía disculpas y abrazaba después de golpear. Lissette misma fue víctima de la violencia de Lefián, reportando un incidente un año antes de su muerte donde él la golpeó. Los educadores, sin embargo, siempre negaron las acusaciones de violencia y el uso de contenciones con frazadas, afirmando solo realizar el “abrazo del oso”.
Una voluntaria de Caritas atestiguó haber visto a "las tías" arrastrar a las niñas y a Lissette envuelta en una alfombra “como un rollo”. Una educadora que regresó tras un pre y posnatal quedó impactada por la normalización de las contenciones, incluso viendo a Lissette autoenvolverse en una frazada "como jugando" para "calmarse sola". El libro de registro del hogar, dirigido por Mónica Monje, documentó 172 constancias de problemas conductuales de Lissette, con 72 de 81 desajustes conductuales finalizando en alguna mediación física y cuatro aplicaciones de S.O.S.
Informes Lapidarios y Evidencia de Maltratos Sistemáticos
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público inicialmente, lo que generó indignación.
Hallazgos y Omisiones del Informe PDI
El informe de 257 páginas de la PDI, que resumía una investigación de 28 tomos a petición del fiscal regional Marcos Emilfork, fue clave para indagar las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado René Saffirio, quien reveló su existencia en julio, exigió la renuncia del ministro de Justicia Hernán Larraín, criticando que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer el documento. Larraín, por su parte, negó haber recibido el informe, aunque admitió tener conocimiento de su elaboración en el marco de un proceso judicial.
El reporte de la PDI fue considerado más completo que el de la ONU, ya que investigó 240 de los 241 centros del país, abarcando a cerca de 6.500 niños. La constatación de que la violación sistemática de derechos ocurría en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename resultó especialmente grave.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves se desglosan en 432 maltratos por adultos, 1.265 entre pares, 53 por familiares dentro de los recintos, 123 abusos sexuales por adultos y 187 abusos sexuales entre menores. En 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron, y la mayoría de los directores no tenía información de vulneraciones graves anteriores a 2017.
El informe también reveló que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, y un alarmante 72,9% carecía de protocolo ante conductas suicidas, mientras que el 76,7% no tenía protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa se debió a errores en este ámbito.
La policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del Sename, estas supervisiones eran en su mayoría coordinadas previamente, y los tribunales de familia no siempre cumplían con las visitas semestrales obligatorias. La precariedad del sistema se extendía a la salud mental y física, con un 37,3% de residentes con alguna enfermedad psiquiátrica, y un 93,8% de centros sin las condiciones estructurales para atender casos complejos. En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos diurna estaba a cargo de educadores sin formación profesional ni técnica en salud, utilizando los medicamentos como paliativos para contener a los niños.
Cadena de Informes y Falta de Respuesta
El documento de la PDI fue el último de una serie de reportes, incluyendo el Informe Jeldres (2013) del Poder Judicial y Unicef, comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename (2017) e informes de la Contraloría. Todos estos documentos expusieron la brutalidad de los hallazgos y las vulneraciones, pero las autoridades, tras cada informe, solo anunciaron medidas y reformas que no lograron detener los abusos.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente la ministra de Justicia Javiera Blanco, para entregar cifras precisas de niños fallecidos en los hogares, llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal, a cargo del fiscal Marcos Emilfork. Se constató la "inhabilidad parental" como principal razón para la separación de hijos, un concepto que genera debate entre especialistas por responsabilizar a los padres sin considerar los factores contextuales de pobreza.
Informe de PDI que reveló brutales abusos en el Sename permaneció oculto
El Drama de las Familias: Adopciones Forzadas y Separación de Hijos
La crisis del Sename también se manifestó en el drama de las familias, donde madres y padres lucharon por recuperar a sus hijos, a menudo enfrentando un sistema que priorizaba la separación y, en muchos casos, la adopción internacional. Los relatos de estas familias evidencian un sistema ineficiente y, en ocasiones, arbitrario.
El Testimonio de Vanessa Olivares: Una Lucha de Años
Uno de los casos más impactantes es el de Vanessa Olivares, quien lleva 7 años tratando de recuperar a sus hijas después de que Sename les quitara la tuición. Vanessa denunció que sus hijas han sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos, además de abuso sexual y violación, y que una de ellas fue ilegalmente sacada del país y entregada en el extranjero. Su lucha busca una querella contra los responsables y la reparación por todo el daño ocasionado, incluyendo la separación de sus tres hijas.
La mayor de sus hijas, quien retornó a una residencia de menores en Ancud a fines de 2020, manifestó el daño que le dejó su paso por el sistema, llegando "destruida", con obesidad mórbida, sin estudios y con traumas. "Mi hija me decía que las tías nunca le entregaron amor ni cariño, que eso no existía en esos lugares", comentó Vanessa, añadiendo que su hija preguntó: "¿Quién me va a recuperar los pedacitos que me entregan de mi hija?". Una de sus hijas, mientras estuvo en el hogar, recibió un regalo de su hermanita desde el extranjero, una tarjeta con dirección en español e italiano, pero le rompieron la dirección para que no supiera dónde estaba. Las hermanas no pudieron despedirse y perdieron todo contacto.
Vanessa Olivares expresó que ha intentado recuperar a sus hijas por la vía legal, pero solo ha recibido trabas del sistema. Con el apoyo de testimonios reales, busca levantar una demanda para trasladar a su hermanita que cumple 16 años y recuperar a la que fue entregada en el extranjero. La experiencia de Vanessa es un claro reflejo del trato indolente y deshumanizado que muchos niños y niñas reciben al ingresar al sistema de tuición del Estado.
Otros Casos Emblemáticos de Separación Familiar
El caso de Vanessa no es aislado. Muchos padres biológicos han incubado un creciente malestar por un sistema deficiente que ha llevado a que Chile se convierta en uno de los “países emisores” de niños para adopción internacional. Entre 2014 y 2016, 299 menores a cargo del Sename fueron entregados en adopción a matrimonios extranjeros, representando el 19% del total.
Yohana perdió a sus tres hijos tras un juicio que declaró la susceptibilidad de adopción en 2012, pese a que ella mejoró su situación económica, consiguió trabajo y buscó apoyo familiar. Una carta anónima le reveló que sus hijos fueron entregados a un matrimonio francés. Yohana inició una huelga de hambre para visibilizar su caso y formó una agrupación de padres con hijos dados en adopción en el extranjero.
Arcelia Toledo vio a sus cuatro hijos internados en hogares en 2010. Aunque vivía en un entorno de alcohol y violencia, cumplió con las terapias y recuperó la tutela de dos de ellos. Sin embargo, su hija menor fue presuntamente adoptada por italianos. A pesar de estar habilitada para la tutela, le negaron información y visitas, revelándole una asistente que su hija había sido llevada a Italia.
Trinidad Veas perdió a sus tres hijos (Ailyn, Tiare y Franco) por un procedimiento de adopción mientras esperaba a su cuarto hijo. A pesar de asistir a programas de fortalecimiento parental y buscar trabajo, la flexibilidad laboral requerida por el proceso judicial fue inalcanzable. Tras la solicitud de susceptibilidad de adopción por abandono, perdió la batalla judicial en 2015, y sus hijos, según le informaron, fueron a Europa.
El Debate sobre la "Inhabilidad Parental" y Adopciones Internacionales
La principal razón invocada por la justicia para estas separaciones es la "inhabilidad parental". Sin embargo, especialistas del Sename han criticado este concepto por "hacer la vista gorda con los factores contextuales", responsabilizando exclusivamente a los padres y madres, y calificándolo como "el concepto favorito para condenar a los pobres", ya que un padre puede ser declarado inhábil por no tener casa.
Las cifras del Sename revelaron que, de 2004 a 2014, el 62,7% de los niños egresados del hogar Eleonora Giorgi de Puerto Aysén (donde estuvieron los hijos de Yohana) salieron con una familia adoptiva, y el 44% de las adopciones en la región de Aysén entre 2010 y 2015 se dirigieron al extranjero. Marcela Labraña, directora nacional del Sename de la época, reconoció que el reglamento de visitas dificultaba la relación directa y regular entre los niños y sus familiares, especialmente para familias con bajos recursos.
María Fernanda Galleguillos, jefa del departamento de adopción del Sename desde 2014, reconoció las deficiencias del sistema que llevaron a Chile a ser un "país emisor". Si bien la ley de adopciones de 1999 revirtió la prevalencia de enlaces internacionales sobre nacionales, aún hay margen de mejora. Se trabaja en un nuevo enfoque orientado a la intervención del niño en su familia, buscando reducir la judicialización y derivación a hogares externos, y exigiendo certificados de redes familiares para trabajar con referentes afectivos.
La Transformación del Servicio: Hacia "Mejor Niñez"
La profunda crisis del Sename culminó en un proceso de transformación que inició en 2021 con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como "Mejor Niñez". Este nuevo servicio, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene como objetivo asumir de manera exclusiva la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos.
Cierre Gradual del SENAME y Nuevos Desafíos
El cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil comenzó en enero de 2024 en la zona norte, continuó en la zona sur a principios de 2025 y concluye ahora en la zona centro. El Sename, creado hace 46 años, fue el primer servicio público en Chile dedicado de manera integral a la niñez y la adolescencia, abarcando tanto tareas de protección como de reinserción social. María Eugenia Fernández, directora del Sename durante el 2024 y 2025, destacó que el cierre representa un reconocimiento al compromiso y vocación de miles de funcionarios y equipos colaboradores.
A pesar de la transición, las preocupaciones persisten. Un video viralizado en marzo, que mostraba el llanto desgarrador de un niño en la "Residencia Familiar Carlos Antúnez" de Providencia (dependiente de "Mejor Niñez"), revivió el recuerdo de las "contenciones" y puso en duda cuánto había cambiado realmente el servicio. El Observatorio de Fundación para la Confianza publicó un informe que cifra en 1.182 los niños fallecidos en residencias y programas ambulatorios del Sename hasta el 31 de agosto de 2020, con datos disponibles desde 2005. Sofía Aliaga, coordinadora del Observatorio, enfatiza la importancia de atender las causas y el contexto, ya que muchas son muertes violentas y ocurren fuera de las residencias, sin eximir al Estado de su responsabilidad. Es crucial que las personas que fueron víctimas de vulneraciones en el Sename sean reconocidas como tales.
Deficiencias Estructurales y la Necesidad de un Cambio Profundo
La investigación del Sename puso en evidencia fallas estructurales profundas en cuatro ejes fundamentales: la ausencia de un sistema de protección que garantice derechos y establezca sanciones, un modelo de financiamiento basado en subvenciones y licitaciones que dificulta el control y la fiscalización, y un trabajo deficiente con las familias vulnerables.
Los sumarios incluyeron a funcionarios como Mónica Monje Lutjens (directora), Jessica Figueroa Olivos, Leonardo Lefián Morales, Orfelina Valdés Mondaca, Cinthia Galaz Tori, Luis Cerda Silva, Luis Campodónico Lecaros, Conne Fritz Castillo, Thiare Oyarce García y Juan Arrué Beltrán. Conne Fritz y Thiare Oyarce fueron acusadas por cuasidelito de homicidio en el caso Lissette Villa. La historia del Sename, según la opinión de una madre, es la de un "sistema totalmente fracasado" donde "se castiga la pobreza" y las autoridades permanecen "ciegas, sordas y mudas", a pesar de llenarse la boca con la infancia chilena.