La reinserción social de jóvenes infractores de la ley es un tema complejo y desafiante en Chile, que ha generado un debate y problematización permanentes debido a la baja incidencia de éxito. A pesar de los avances en leyes, normativas y procedimientos, las cifras históricas han mostrado un sistema con deficiencias, aunque se han registrado mejoras recientes. La Ley 20.084, conocida como Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, promulgada en 2005 y en vigencia desde 2007, nació con la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad.
Traspaso y Reestructuración del Sename
El Servicio Nacional de Menores (Sename) ha estado en un proceso de reestructuración y traspaso de sus funciones. Desde 2021, el Sename se encarga únicamente del área de justicia juvenil. Durante 2023, atendió a 9.119 adolescentes y jóvenes que infringieron la ley en sus diversos programas y centros a lo largo del país, ejecutando 140 centros y proyectos.
La directora del Sename, María Eugenia Fernández, asumió su cargo el 1 de marzo, continuando el proceso de traspaso al nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este nuevo servicio inició operaciones en enero de 2024, haciéndose cargo de las regiones del norte del país. Desde esa fecha, el Sename se responsabiliza de los jóvenes desde Valparaíso hasta Magallanes y la Antártica Chilena.
El traspaso de regiones continuará gradualmente: en enero de 2025 se hará cargo de las regiones desde el Maule al sur, y en 2026, las regiones Metropolitana, O'Higgins y Valparaíso. Este proceso marcará el fin del Servicio Nacional de Menores tal como se conoce.
Análisis de las Cifras de Reincidencia
En su cuenta pública, la directora del Sename, María Eugenia Fernández, destacó una disminución en las tasas de reincidencia entre 2009 y 2020. Las tasas de reincidencia disminuyeron en 14,2 puntos porcentuales a los 12 meses y en 16,5 puntos porcentuales a los 24 meses de seguimiento.
Según el informe de la directora, en 2009, cinco de cada 10 jóvenes reincidieron 24 meses después de haber cometido algún delito, mientras que en 2020, solo tres de cada 10 jóvenes reincidieron. Esta mejora se relaciona con que la modalidad de sanción del Programa de Libertad Asistida Especial (intervención ambulatoria especializada e intensiva a través del control y acompañamiento de un delegado, orientada a su reintegración social) presenta la tasa más baja de reincidencia a los 12 y 24 meses en todos los grupos estudiados, y la más alta proporción de egresos satisfactorios.
Factores Demográficos y la Reincidencia
El estudio detectó que la mayor reincidencia se produce en el grupo de 14-15 años (50,8%), y va descendiendo a medida que aumenta la edad de los jóvenes, donde el grupo de mayores de 18 años representa el 28,9% de los casos. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y el director del Sename, Rolando Melo, destacaron la validez de los datos obtenidos siguiendo pautas internacionales.
La investigación aplicó un modelo similar al utilizado en Inglaterra, que midió además de egresos, los ingresos a programas en medio libre y centros semicerrados, considerando la posibilidad de que el joven cometiera nuevos delitos mientras cumplía la primera condena. En este caso, la reincidencia se estableció en un 29,5%.
Programas Socioeducativos y Empleabilidad
Fernández también relevó la realización de 674 talleres socioeducativos en los centros privativos de libertad, con el objetivo de intervenir directamente en la reinserción de los jóvenes y aportar a su conocimiento. El 56% de los jóvenes de los centros participó en al menos uno de estos talleres (arte, gastronomía, creación literaria, cultura científica, cultura cívica, entre otros), y el 51% participó en uno o más cursos durante su estadía.
En cuanto a la ocupación y empleabilidad, durante 2023 se llevaron a cabo 17 cursos en 9 regiones del país, beneficiando a 147 jóvenes.
Desafíos y Nudos Críticos del Sistema
La Ley 20.084, a pesar de sus intenciones, mostró ser insuficiente durante años. El 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresaron antes de completar algún programa de protección del Estado, y el 47% de los adultos en la cárcel pasaron previamente por el Sename. La falta de acceso a salud mental dentro de los Centros de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) agravó la situación.
Experiencias Personales de Jóvenes
Historias como la de Misael Ortiz y Felipe Benavides, aunque con una década de diferencia, reflejan problemas similares: abandono parental, inicio delictual en la infancia y experiencias negativas en los centros del Sename. Misael, quien pasó gran parte de su juventud en distintos centros, describió su experiencia como "muy mala", con peleas, robos y drogas. Felipe, quien comenzó a robar a los 11 años, también expresó que no aprendió nada útil en los talleres de los Centros de Internación.
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Violencia y Condiciones en los Centros
Daniel Ballesteros, un adolescente de 17 años, fue apuñalado en su dormitorio en 2013, a pesar de haber alertado sobre las amenazas. Su muerte puso en evidencia las deficiencias en la seguridad y gestión de los centros, con denuncias de relaciones de poder, agresiones constantes, drogas y celulares, asemejándolos a cárceles comunes. La trabajadora social Sonia Brito afirma que los niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados en sus derechos, desarrollando una "desesperanza aprendida".
Hallazgos de la Defensoría de la Niñez y la Fundación Ítaca
La Defensoría de la Niñez observó que desde 2016 a 2024, el porcentaje de términos con salida judicial efectiva disminuyó del 74% al 51%, y las sentencias definitivas condenatorias se redujeron del 34% al 15%. Al mismo tiempo, aumentaron los archivos provisionales (del 11% al 27%) y los términos por facultad de no investigar (del 6% al 15%). Estos datos sugieren una agudización de nudos críticos en el proceso de investigación penal.
Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, que ha trabajado en la reinserción, recalcó que el 47% de las personas adultas en la cárcel estuvieron en hogares del Sename, lo que evidencia el fracaso del sistema en su conjunto para lograr la reinserción social.
La Multicausalidad de Factores Delictivos
Expertos como Juan Carlos Cornejo y Gines Alvarado, Educadores de Trato Directo con décadas de experiencia en centros como "Tiempo Joven", resaltan la multicausalidad de factores que influyen en las conductas delictivas. Los jóvenes provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares con alta densidad poblacional y familias disfuncionales, donde el abandono parental, el consumo de drogas y la escasez de reglas son comunes. Francisco Jara, Educador Diferencial, añade que muchos adolescentes llevan una vida delictual desde muy temprana edad, a veces desde los ocho años, sin hábitos y con familias muy disfuncionales, donde robar se convierte en un patrón cultural.
Hacia un Nuevo Enfoque: Justicia Restaurativa
La propuesta legal, expresada en el artículo segundo de la Ley 20.084, subraya la necesidad de considerar el interés superior del adolescente. Sonia Brito destaca que la sociedad en su conjunto debe contribuir al proceso de reinserción, reconociendo a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y actores sociales.
Comelin Fornés afirma que el trabajo con jóvenes infractores de la ley no es simple y debe ser abordado por profesionales altamente especializados y equipos consolidados. Propone un modelo de justicia restaurativa como el sistema ideal para lograr una reinserción efectiva y garantizar una verdadera reparación para el victimario y su entorno. La falta de este enfoque lleva a un ciclo de condenas y liberaciones que no benefician a nadie y pueden causar más daño a los infractores que viven una precariedad social, psicológica y física.
Alejandra Michelsen enfatiza que, para lograr un mayor porcentaje de reinserción, es fundamental la colaboración de toda la sociedad, dejando atrás la idea de que el encierro como método de castigo es efectivo, ya que, según ella, se logrará lo contrario. Misael y Felipe comenzaron su camino hacia la reinserción solo cuando organismos privados, como la Fundación Ítaca, desempeñaron un papel de acompañamiento crucial, ayudándolos a iniciar un proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismos.
Mortalidad y Suicidio en el Sistema
Un aspecto alarmante es el creciente número de menores de edad que han muerto de manera violenta. Entre 2018 y 2023, 75 adolescentes entre 14 y 17 años fallecieron violentamente, mientras que la cifra asciende a 119 jóvenes mayores de edad en el sistema, donde el Estado debía protegerlos. Recientemente, el 9 de enero de 2024, un joven de 17 años se quitó la vida en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Además, en la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, hubo 160 adolescentes que intentaron quitarse la vida mientras estaban bajo la protección del Estado, lo que evidencia que "el Estado les ha fallado".
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