El sistema de protección de la infancia en Chile, a través del Servicio Nacional de Menores (Sename), ha sido objeto de severas críticas y escrutinio debido a la violación sistemática de los derechos de los niños bajo su tutela. Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
Este informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 y con copia al gobierno, no se hizo público inicialmente. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país, impulsando a la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia a tomar medidas urgentes para detener los abusos en los hogares del Sename.
Hallazgos Alarmantes del Informe de la PDI
Vulneraciones de Derechos Sistemáticas
El documento de 257 páginas de la PDI, al que CIPER tuvo acceso, es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos. Fue realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016 reportadas tras el deceso de Lissette.
- El informe indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
- El reporte de la PDI es mucho más completo que un documento previo de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. La policía consideró 240 de un total de 241 hogares en todo el país, dando cuenta de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Detalle de Abusos y Maltratos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
El documento detalla que gran parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
Se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual, de los cuales 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). Los 187 abusos sexuales restantes fueron cometidos por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Falta de Protocolos y Fiscalización
El informe policial es categórico al señalar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares carece de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que, en su mayoría, “estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, se confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales por parte de los tribunales de familia, quienes deben fiscalizarlos al menos cada seis meses.
Problemas de Salud y Cuidado
La situación de salud de los menores en Sename es preocupante:
- El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica.
- Un 14,2% presenta alguna patología médica y el 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es alarmante: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de los 198 que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios sin el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Respecto a la administración de medicamentos, en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, a quienes solo se les exige cuarto medio rendido para ser contratados.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se agrava al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La Cadena de Informes y la Reacción Oficial
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena de reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, que dio pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU.
Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. Sin embargo, el diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe de la PDI, solicitó la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, ante la gravedad de los hechos, criticando que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer el documento en diciembre del año pasado. Larraín, por su parte, descartó haber conocido el informe, afirmando que el Ministerio de Justicia no había recibido ningún informe de la PDI o de otro organismo referido a una investigación en el Sename.
Alternativas al Sistema Residencial: Familias de Acogida
En contraste con los problemas en las residencias, existen 74 proyectos de familias de acogida en el país, 69 de los cuales pertenecen a organismos colaboradores. Desde 2016, funcionan otros 5 proyectos a cargo directamente del Sename en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío.
Estos proyectos se sumaron como parte de un plan gubernamental para que la mayor cantidad de niños entre 0 y 6 años vivan en familias de acogida en lugar de permanecer en un centro, en un proceso denominado “desinternación”. Los interesados en acoger a un niño participan en charlas, evaluaciones y capacitaciones. Quienes acogen firman un compromiso, sabiendo que se trata de un proceso temporal que puede extenderse por meses o años, dependiendo de lo que determine el tribunal de familia, o mientras se busca una familia adoptiva.
Lorena y Fernando, de San Pedro en la Región del Biobío, son un ejemplo. Con dos hijos mayores, han cuidado en su casa a un niño que se ha integrado perfectamente a la dinámica familiar durante un año. Lorena reconoce que, aunque el momento de la partida será triste, “quedará la satisfacción de saber que estuvo aquí y estuvo bien”.
Durante el primer semestre de 2017, el 45% de los niños fueron derivados a familias de acogida (1.886), mientras que el 55% fue enviado a centros de protección (2.267), lo que demuestra la necesidad de seguir impulsando esta alternativa.