El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido una institución central en la protección y atención de la niñez y adolescencia. Opera a través de una extensa red de colaboradores, conforme a lo establecido por la Ley Nº 20.032, que rige el Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia.
El Rol del SENAME y su Red de Colaboradores
El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, es el pilar de un sistema que busca salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulneración. En el cumplimiento de su misión, el SENAME ha impulsado iniciativas como el Quinto Concurso Público de proyectos, que ha sido publicado en el Diario Oficial de la República de Chile en cumplimiento de lo dispuesto en el D.S.
Programas de Protección Especializados
Este concurso ha permitido el desarrollo de diversas modalidades de programas de protección, dirigidos a abordar situaciones específicas y complejas. Entre ellos se encuentran:
- Programas de intervención integral especializada (PIE).
- Programas para niños, niñas y adolescentes en situación de calle (PEC).
- Programas de explotación sexual comercial infantil y adolescente (PEE).
- Programas de reinserción educativa (PDE).
- Programas en maltrato y abuso sexual grave (PRM).
- Programas para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas (PDC).
- Programas en atención con adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS).
Programas de Protección General y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD)
Además de los programas especializados, el SENAME también financia programas de protección en general, incluyendo:
- Programas de prevención focalizada (PPF).
- Programas de protección ambulatoria para niños y niñas con discapacidad grave o profunda (PAD).
- Programas de Familias de Acogida Especializada con Programa de Protección Especializado (FAE-PRO).
Un componente clave en esta estructura son las Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (OPD), que representan una línea de acción fundamental dentro de la red del SENAME. En la actualidad, SENAME financia un total de 56 proyectos en 8 comunas, lo que instala en estas comunas una red de atención psicosocial significativamente mayor a la disponible en el resto del país.
El Programa de Seguridad Integrada PSI 24 Horas
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado a partir de 2010, es un programa intersectorial fruto de la colaboración entre la Subsecretaría de Carabineros, el Servicio Nacional de Menores (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Su objetivo general es contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes derivados del propio Programa de Seguridad Integrada PSI 24 Horas. Este año, el Programa 24 Horas ampliará su oferta a 7 comunas en seis regiones del país: Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Valparaíso y Los Ángeles, en el marco del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Las localidades de Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt, son la puerta de entrada al Programa 24 Horas.
Principios del Programa 24 Horas
El Programa 24 Horas se rige por principios fundamentales para su operación:
- Focalización: La focalización de cada modalidad es barrial o comunal y se inserta en el territorio.
- Complementariedad: El Programa 24 Horas se plantea como un modelo de gestión territorial intersectorial. Se espera que los proyectos realicen acciones para trabajar en complementariedad en los casos donde participe más de una modalidad. Las intervenciones deberán generar sinergia con las que realicen otros programas.
- Gestión Territorial: Constituye un elemento central del programa, sirviendo de enlace entre el diseño y la implementación.
La Transformación del SENAME: Nuevo Servicio de Protección Especializada
Cuando se legisla para proteger a niños, niñas y adolescentes, a menudo se lanzan “principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad”, advierten algunos expertos. El pasado 26 de mayo en la Comisión Mixta del Senado, tras una larga y tortuosa discusión, se completó la tramitación de los últimos artículos del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, el cual reemplazará al actual SENAME. Paralelamente, otro proyecto de ley se encuentra finalizando su segundo trámite.
El orden en que se aprobarán los proyectos revela un problema de técnica legislativa importante, ya que por su naturaleza funcional, el nuevo servicio debería votarse después del proyecto que establece los derechos y garantías por un lado, y la protección administrativa por el otro. Para quienes llevan tiempo trabajando en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el problema no son los nombres de las instituciones, sino sus atribuciones y los derechos que protegen, pues la institución nueva, igual que la antigua, es solo el hardware.
Desafíos y Debates en la Tramitación Legislativa
Para entender cómo se llegó a este punto, es necesario hacer un repaso de lo ocurrido durante el avance de estos proyectos. Desde su inicio, se acordó su tramitación conjunta, mérito que corresponde a la senadora Ximena Rincón, quien preside la Comisión Especial de Infancia. Con esa decisión, se hizo cargo de la demanda que por años venían haciendo grupos de la sociedad civil, del mundo académico, el gremio de jueces y, en general, los organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Un ejemplo de la importancia que tiene la aspiración de una ley de garantías fue la intervención del Premio Nobel de la Paz (2014), el activista indio Kailash Satyarthi, quien en una alocución ante la Comisión de Infancia del Senado, el 7 de octubre de 2018, llamó a “hacer una buena ley, comprensiva, holística y preventiva”. Satyarthi hizo ver a los senadores que, dado el momento tardío en que Chile ha asumido la labor de adecuar su legislación interna a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a 30 años de su suscripción, era “la oportunidad de hacer una de las mejores leyes del mundo”.
Cabe destacar que el acuerdo al que nos referimos se alcanzó en su oportunidad con la venia de senadores oficialistas, de modo que no se entiende por qué ahora se desconoce la necesidad vital de la prelación que debe tener la ley de garantías. La subsecretaria Bown, en un artículo publicado el 28 de mayo de 2020 en El Mercurio, apoyó la idea de desconocer el acuerdo de tramitación al afirmar que la ley de Garantías “tiene temas ideológicos, y estos son complicados porque cuando se discuten temas relacionados con la homoparentalidad o con la identidad de género, siempre hay mayor división”.
La tramitación vacilante, que aún no culmina, ha dejado pendiente de resolver un conflicto esencial en el texto del proyecto de la ley de garantías: la llamada "cláusula del miedo". Aunque el texto de la ley de garantías, en actual tramitación, constituye en general un avance en definiciones, desarrollo y reconocimiento de algunos derechos, es una instancia valiosa para fortalecer los derechos de los niños, huyendo de las generalizaciones, las ambigüedades y las declaraciones grandilocuentes, e intentar dar un paso adelante en la efectividad de los derechos. Se considera que la única forma válida y eficaz de lograr ese objetivo es procurando una regulación metódica y coherente que venga a normalizar el galimatías normativo existente en el Derecho Chileno en torno a la realidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su jurisdicción.
Con razón, suele afirmarse que los niños, niñas y adolescentes son la fuente más importante de retórica legal, de proclamas suntuosas y, en general, de grandes principios de tenor casi poético, pero de escasa efectividad y dudosa aplicación práctica. Pero los vaivenes discursivos no acaban ahí. En una de las sesiones en el Senado, la misma subsecretaria estimaba innecesario llevar los derechos de los niños al texto constitucional porque ya estaban suficientemente considerados en el catálogo de derechos del artículo 19 y que establecer derechos específicos para ellos podría significar su desprotección. Es así como en el proyecto aparecen fuertemente limitados, al punto que en realidad pierden eficacia, principios como el de autonomía progresiva o interés superior del niño, para cuya interpretación debe considerarse, elevado a categoría de principio, el derecho de los padres, y una serie de derechos civiles y políticos que no pueden verse restringidos. Se exige a los políticos un debate real, técnico, alejado de lo ideológico, que permita, de una vez por todas, superar la lectura decimonónica que, aún al día de hoy, pervive de la niñez en el sistema legal.
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Apoyos y Perspectivas
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cinco centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales y el Observatorio del Gasto Fiscal, contribuyendo al análisis y debate sobre estas importantes transformaciones.