La red de protección estatal enfrenta un desafío crítico en la atención de personas con discapacidad que, al alcanzar la mayoría de edad, quedan en un vacío legal. Niños y adolescentes que ingresan al sistema suelen permanecer en él indefinidamente, convirtiéndose en adultos abandonados por instituciones que no cuentan con la infraestructura ni el presupuesto necesario para su cuidado especializado.
El vacío legal tras la mayoría de edad
Los menores ingresan al sistema y, al cumplir 18 años, se enfrentan a la ausencia de alternativas para su transición. Tras cumplir los 24 años, no existe una ley que los ampare, dejándolos a la deriva entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). Actualmente, existen 871 adultos con discapacidad viviendo en centros del Sename, muchos de los cuales se encuentran en total abandono.
Desafíos en los modelos de residencia
El principal obstáculo para el traslado de estos adultos a centros adecuados es el elevado costo de su manutención. A menudo, viven en residencias destinadas a menores que carecen de profesionales especializados, debido a los presupuestos limitados.
- Costos de manutención: Mientras el Sename gasta aproximadamente $300.000 mensuales por adulto, el costo real necesario para un cuidado digno y especializado supera los $750.000.
- Plan piloto: En 2017, se implementó un plan de traslado hacia centros del Senadis, pero la falta de infraestructura y la mala gestión derivaron en fallas graves que afectaron la salud de los usuarios.
- Necesidades no cubiertas: Muchos centros receptores no estaban preparados para el perfil de los usuarios, quienes a menudo presentan trastornos psiquiátricos severos que requieren una atención médica de alta complejidad.
Impacto en la salud física y mental
La permanencia prolongada en residencias inadecuadas ha generado consecuencias devastadoras. Casos documentados reflejan un deterioro significativo en la salud de las personas, incluyendo cuadros infecciosos, desnutrición y daños psicológicos profundos derivados de la falta de terapias especializadas.
La falta de dispositivos de salud mental para el tratamiento de crisis y la ausencia de lugares de larga estadía para jóvenes con enajenación mental impiden una rehabilitación efectiva. En muchos casos, el tratamiento se reduce exclusivamente a la medicación, sin proporcionar el soporte terapéutico necesario para estabilizar su condición.
Conversatorio: Desarrollo e Historia de la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual
Hacia una redefinición del sistema
El gobierno ha planteado el objetivo de trasladar o mejorar las condiciones de vida de los 871 adultos en situación de discapacidad hacia centros dependientes del Senadis en un periodo de cuatro años. Sin embargo, especialistas advierten que el cambio de modelo requiere una inversión sostenida y una voluntad política que trascienda la simple transferencia de recursos.
El nuevo enfoque busca generar un cambio de paradigma: que los recursos no sean transferidos únicamente a instituciones, sino que, cuando sea posible, se entreguen a las familias para apoyar el cuidado directo. No obstante, esto requiere capacitar a las familias y asegurar que existan los dispositivos médicos necesarios para garantizar una vida digna.
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