La formalización de un precontrato de trabajo es una práctica cada vez más común en el mercado laboral y en los procesos de selección. Este documento, que refleja un compromiso futuro de contratación por parte de la organización y la intención del profesional de trabajar en ella, genera importantes interrogantes sobre su obligatoriedad, naturaleza vinculante y las responsabilidades civiles derivadas de su aceptación o incumplimiento.
Aunque no existe una obligación legal que imponga al empleador la formalización de un precontrato, su uso se ha extendido, especialmente para dar confianza al trabajador de que será contratado por la empresa. Esto resulta particularmente relevante si el candidato se encuentra trabajando para otra compañía al momento de la negociación.
¿Qué es un Precontrato de Trabajo?
Un precontrato de trabajo es un acuerdo legal entre empleador y trabajador en el que ambas partes se comprometen expresamente a formalizar un contrato de trabajo en una fecha futura. Es fundamental entender que no es un contrato de trabajo en sí mismo, ni un contrato "in fieri" o de ejecución diferida, sino una promesa de celebrar este más adelante. Su función principal es garantizar los intereses futuros de ambas partes: la empresa se asegura la disponibilidad del trabajador seleccionado y este afianza su futura contratación.
Características Clave del Precontrato Laboral
- Compromiso firme y bilateral: Implica una oferta de empleo aceptada con condiciones esenciales definidas, aunque pueda supeditarse a requisitos específicos (certificaciones, etc.).
- Seguridad jurídica: Tanto el empleador como el empleado garantizan la consecución de sus futuras pretensiones, incluyendo no solo el contrato de trabajo, sino también sus condiciones esenciales (tipología, salario, tareas, etc.).
- Versatilidad: Los precontratos se adaptan a todo tipo de sectores y relaciones laborales (particulares, pymes, autónomos, etc.) y pueden personalizarse con una gran variedad de cláusulas potestativas (horario, de exclusividad, vacaciones, etc.).
- Instrumento estratégico: La formalización del precontrato resulta especialmente aconsejable en posiciones cualificadas cuya selección haya supuesto un coste significativo, constituyendo un instrumento eficaz de mitigación de riesgos para la empresa.
Implicaciones Legales del Incumplimiento
Romper un precontrato, aunque parezca sencillo, puede tener consecuencias legales importantes. El precontrato laboral constituye un acuerdo vinculante para ambas partes, obligándolas a celebrar el contrato de trabajo en los términos pactados.
Base Legal y Jurisprudencial
El carácter vinculante y las sanciones por incumplimiento de estos acuerdos no están específicamente recogidos en la legislación laboral, pero se hallan amparados por los artículos 1.101 y 1.254 del Código Civil, y han recibido un sólido apoyo jurisprudencial. No se considera un incumplimiento contractual, ya que aún no existe el contrato laboral definitivo, ni se puede reclamar la incorporación forzosa a la plantilla.
Sin embargo, la consecuencia principal para el caso de incumplimiento, tanto para el empleador como para el empleado, es la indemnización de daños y perjuicios prevista en el Código Civil. La indemnización por incumplimiento de precontrato no tiene una cuantía fija; los tribunales han reconocido indemnizaciones que oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, dependiendo de las particularidades de cada caso.
Incumplimiento por Parte del Empleador
Si el empleador falta al compromiso adquirido en el precontrato, da lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios. La discrepancia entre las condiciones del precontrato y las del contrato definitivo habilita al candidato a rechazar la formalización de este, exigiendo la indemnización correspondiente.
Incumplimiento por Parte del Empleado
Cuando es el empleado quien incumple el precontrato de trabajo y se niega a ponerse a disposición del empleador, la empresa tiene derecho a demandar al acusado por los daños y perjuicios derivados de su falta de contratación. Si se recibe una reclamación, es crucial actuar con rapidez.
Es importante aclarar que los precontratos de trabajo no se consideran incumplidos si el contrato laboral prometido no se celebra por motivos que figuren explícitamente en sus cláusulas. El precontrato laboral caduca cuando llega la fecha prevista en él para la firma del contrato de trabajo.
El Concepto de "Débil Jurídico" y su Traslado al Derecho Privado
La noción de "débil jurídico" ha generado un debate significativo en el ámbito legal, especialmente en cuanto a su pertinencia y aplicación en el derecho privado. Contrario a la creencia de su origen en el derecho público, el "favor debilis" surgió en el pensamiento de los juristas romanos como una medida de protección hacia el deudor frente a los poderes del acreedor en situaciones de incumplimiento, que podían suponer una sujeción física. Esto demuestra que su vocación original era la protección entre privados.
Por ello, resulta coherente que disciplinas del derecho privado contemporáneo, como el derecho civil y el derecho de los consumidores, incorporen esta noción. En estas áreas, existe una asimetría estructural en la negociación, como en los contratos de consumo cuyas cláusulas no son negociadas individualmente. Aquí, el consumidor experimenta una inferioridad jurídica y una sujeción económica frente al proveedor que impone los términos, condiciones y modalidades de contratación. En este esquema entre privados, el Estado interviene a través de normas de orden público para proteger a la parte más vulnerable, cumpliendo una función de prevención general.
Sin embargo, la noción "débil jurídico" tiene un rendimiento limitado para el derecho público debido a la asimetría natural entre el Estado y la persona. Si todas las personas son "naturalmente débiles jurídicos" frente al Estado, el concepto se vuelve meramente descriptivo y pierde su función prescriptiva de protección. Por lo tanto, su mayor riqueza dogmática y utilidad se encuentra en el derecho privado, donde aborda el desequilibrio contractual que, como ya percibieron los juristas romanos, sigue vigente.
EL DEBIL JURIDICO
Críticas a la Noción de "Débil Jurídico" y "Vulnerabilidad" en el Ordenamiento Jurídico
A pesar de la tradición y el debate en torno al "débil jurídico", algunos juristas argumentan que su implementación en el ordenamiento jurídico, como el chileno, no es pertinente. La objeción central radica en que la idea subyacente de "inferioridad de las personas" choca con el principio de igualdad y puede generar situaciones de discriminación, estigma y exclusión.
Perspectiva Lingüística y Jurídica
- Lingüística: El término "débil" connota escasez o deficiencia (física o moral), con sinónimos como "frágil", "deficiente" o "endeble". Atribuir este adjetivo a una persona no parece plausible dada su carga conceptual peyorativa.
- Jurídica: La doctrina asocia la "debilidad" a personas en una posición desmejorada debido a "categorías sospechosas" (edad, situación económica, discapacidad) que les impiden ejercer sus derechos o les colocan en desventaja negocial. Sin embargo, estudios contemporáneos en discapacidad rechazan estas nociones que disminuyen las capacidades de las personas. El problema no reside en las condiciones intrínsecas de las personas, sino en las barreras que el entorno les impone para el goce pleno y efectivo de sus derechos.
La "personalización de la debilidad", que atribuye la debilidad a las condiciones subjetivas de una persona, es una de las principales críticas. Se argumenta que lo débil no son las personas, sino los argumentos esgrimidos para brindarles un régimen de protección. La protección debe buscarse en las instituciones jurídicas y en cómo el derecho impone barreras, no en las características personales. Las personas con discapacidad, por ejemplo, cuentan con un robusto sistema de protección internacional y sectorial; el desafío es institucional y cultural, como la justificación de regímenes de exclusión de la capacidad jurídica por motivos mentales.
En lugar de la "personalización de la debilidad", se proponen nociones contemporáneas como la autonomía relacional, la igualdad inclusiva y los factores de diligencia de los operadores (proveedores, notarios, funcionarios) que, en los hechos, provocan situaciones de exclusión jurídica. Un derecho pensado desde la inclusión no necesita conceptos que favorezcan la exclusión.
Crítica al Concepto de "Vulnerabilidad" e "Hipervulnerabilidad"
Las críticas al "débil jurídico" se extienden a la noción de "vulnerabilidad" y "hipervulnerabilidad". La doctrina de la vulnerabilidad, al sustentarse en la debilidad de las personas, reproduce la "personalización de la debilidad".
Aunque la vulnerabilidad ha sido estudiada por diversas disciplinas, incluyendo la filosofía política (donde Martha Fineman la caracteriza como universal, constante e inherente a la condición humana, sugiriendo un "sujeto vulnerable" en lugar del "sujeto ideal" liberal), su aplicación al derecho presenta desafíos.
El "mito de la vulnerabilidad" cuestiona su utilidad y necesidad para evitar abusos contra grupos históricamente desaventajados. Sus concepciones, determinación y efectos no serían adecuados para brindar una tutela calificada:
- Concepciones: La idea de "personas naturalmente vulnerables" (discapacitados, mayores, neurodivergentes) soslaya sus capacidades e invisibiliza sus realidades jurídicas concretas.
- Determinación: La elaboración de "categorías sospechosas" para atribuir vulnerabilidad puede generar "capas de vulnerabilidad", potenciando la discriminación.
- Efectos: El uso de categorías sospechosas y la calificación paternalista pueden provocar el efecto contrario al deseado: causar discriminación y soslayar las capacidades. Por ejemplo, exigir a una persona probar múltiples "capas de vulnerabilidad" (mayor, autista, consumidor, hipervulnerable) para obtener tutela especializada resulta irrazonable, desproporcionado e injustificado, derivando en discriminación arbitraria.
En este sentido, un derecho inclusivo busca eliminar barreras institucionales y culturales, garantizando la plena capacidad jurídica y la protección efectiva de los derechos de todas las personas, sin etiquetarlas como "débiles" o "vulnerables".
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