La pobreza, cuando se conoce de cerca, duele y, quizá por eso, se intenta ocultar y marginar. Sin embargo, la solución a este problema es multisectorial y no conviene juzgar solo a una de las partes implicadas. La situación de la infancia vulnerable en Chile, marcada por las deficiencias del antiguo Servicio Nacional de Menores (SENAME) y las complejidades de su sucesor, "Mejor Niñez", evidencia una profunda crisis que exige un abordaje integral.
La Cruda Realidad de la Pobreza Infantil y la Vulneración de Derechos
La vulnerabilidad de la infancia chilena se manifiesta en múltiples niveles. En diversas escuelas, las observaciones revelan una realidad desoladora. Por ejemplo, en una reunión con la directora de una escuela, un niño "flaco y mal cuidado" se detiene en la puerta y se le indica una silla en el rincón. La directora comenta que el niño vive solo con sus hermanitas en una pieza, escondidos de los vecinos para evitar que llamen al SENAME. Ella le ofreció que, en vez de violentarse, fuera a su oficina cuando se sintiera mal.
La magnitud del problema es alarmante: al preguntar cuántos niños tienen ese nivel de daño, la respuesta es "80%". Esta cifra se contrastó posteriormente con profesores y asistentes en dos focus group, arrojando el mismo resultado. Estudios en otras escuelas confirman cifras similares y más relatos, como el de niños que juegan en el recreo a la PDI, donde "unos arrancan y otros buscan, apresan y esposan", reflejando la cruda realidad en sectores de pobreza dura.
Estos niños, que se encuentran bajo custodia estatal, son los niños y niñas pobres de Chile, al igual que lo fueron sus familiares que fallaron en cuidarlos. Ser niño o niña pobre en Chile es "aún más pesado, pues las fallas que la sociedad ha presentado se encadenan y tuercen, armando un anudamiento difícil de desatar, donde, a partir de la determinación de clase, se construye a un sujeto niño que es ubicado en el lugar de menor".
Orígenes y la Herencia Institucional del SENAME
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) surgió en Chile como proyecto en 1978, al alero de la dictadura cívico-militar. El cambio del antiguo CONAME (Consejo Nacional de Menores) al SENAME fue una expresión explícita del poder disciplinario de la dictadura, buscando "potenciar un organismo estatal" con el objetivo de incluir a la infancia en los procesos económicos del capitalismo neoliberal. Augusto Pinochet y su Ministra de Justicia Mónica Madariaga, en marzo de 1978, aprobaron el plan nacional para menores de edad, otorgándole alta prioridad a la gestión pública en esta materia "por considerar ese sector uno de los más abandonados, al mismo tiempo que más estratégico para el desarrollo nacional".
Sin embargo, el sueño de Pinochet y Madariaga "se convirtió en pesadilla", ya que "la infancia institucionalizada nunca ha sido un sujeto social protagónico" ni económicamente relevante para el desarrollo del país. La herencia política del SENAME es una "institución tutelar, vigilante, disciplinante, estigmatizante y maltratadora con la infancia pobre", en síntesis, una institución de clase. No se ha visto que el SENAME haya intervenido a familias de la élite chilena.
Fallas Estructurales y Críticas a la Gestión del SENAME
La crisis del SENAME no es un fenómeno reciente, sino que "habría estado sucediendo durante mucho tiempo". Un ex-trabajador del servicio en 2006, detectó irregularidades y se percató de la falta de programas especializados en el abordaje de niños con patologías psiquiátricas, quienes a menudo terminan en conflicto con la justicia, o de niños de familias con graves problemas de salud mental sin acceso a medicamentos o psicoterapia especializada.
El SENAME funcionaba "como una especie de tiradero de todos los niños pobres de Chile que por su situación de marginalidad social no tienen dónde estar", limitándose a actuar como "una especie de orfanato público, sin ningún interés, ninguna preocupación, ningún cuidado por rehabilitar a la familia, por hacer intervenciones que tengan algún destino". Esta falta de programas y atención lleva a que, mientras un niño con descontrol de impulsos en un barrio alto accede a ayuda psiquiátrica y psicológica, los niños vulnerables sin estos recursos terminan con problemas en el colegio o de drogas.
La responsabilidad estatal es innegable y "más que la gestión de uno u otro gobierno". Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (actualmente Nueva Mayoría) "saben de esto hace mucho tiempo y no han querido hacer nada" debido a una política neoliberal que busca "que el Estado se reduzca cada vez a su más mínima expresión". De hecho, "los grandes impulsores de la privatización del Sename fueron los gobiernos de la Concertación".
El Ministerio de Salud también es criticado por no tener "ningún interés en hacerse cargo de los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños que están en el Sename y a sus familias", priorizando la economización de recursos sobre la salud de una población "invisibilizada" por la ciudadanía, que a menudo "cree que son basura, que no tienen vuelta", incluso con un "racismo encubierto".
Irregularidades, Abusos y su Encubrimiento
A lo largo de los años, el SENAME ha sido escenario de graves denuncias. En noviembre del año pasado, un juez de la República, un magistrado de la Corte Suprema, el señor Héctor Carreño, tuvo en su poder "denuncias que dejaban clarísimo que había niños en el Servicio Nacional de Menores que estaban siendo víctimas de abuso sexual, que había una red de explotación sexual funcionando en Arica, que había niños que estaban siendo medicados sin supervisión médica y terminaban intoxicados en Aysén, que había niños internados sin que hubiera ningún plan de tratamiento o reinserción". Este señor Carreño, al recibir la información, "le dice a la gente de la Unicef y el Sename que esa información debe ser silenciada, que hay que guardarla y no hacer nada". Solo después de que Ciper Chile accedió a esos informes y los hizo públicos, se nombró un fiscal para investigar.
Ante esta situación, se aprobaron dos Comisiones Investigadoras en la Cámara de Diputados. Una de ellas, calificada como "trucha", con un plazo de apenas 40 días, se enfocaba en proponer medidas futuras, mientras que la otra, impulsada por diputados del PPD y de la Concertación, tiene un "objetivo bien claro: establecer por qué y cómo" no se hizo justicia a tiempo ante denuncias criminales. Existe la sospecha de que "mucha gente de la Concertación le presta servicios al Sename" y que funcionarios vinculados a partidos políticos han lucrado con programas ineficaces. Incluso UNICEF Chile es señalada por "no hacer presente ninguna de estas denuncias", a pesar de que la legislación chilena obliga a denunciar delitos contra niños.
Esta inacción se explica, en parte, porque "Chile es un país racista". Los jueces de familia, "la mayoría de ellos ven a estos niños como mestizos, morenos, flaites. No como sujetos de derecho". En contraste, "si un niño de Lo Barnechea, Vitacura, La Dehesa fuera víctima de una situación como esta, ahí sí que la justicia opera". Para muchos jueces, "estos niños son la basura de la sociedad y, si no lo piensan, al menos los tratan como si lo fueran", enviándolos a "hogares indecentes" sin seguimiento.
El Nuevo Servicio "Mejor Niñez": ¿Continuidad o Cambio Real?
En octubre de 2021, se puso en marcha el nuevo servicio Mejor Niñez para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, en un intento por mejorar el sistema. Sin embargo, un trabajador social especialista en el área, en una columna de opinión para CIPER, expone que "la institución hoy encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes en Chile -presentada bajo el nombre «Mejor Niñez»- no altera la racionalidad ni efectos políticos del antiguo SENAME".
Según esta crítica, el "nuevo" Servicio de Protección de la infancia es un "ejemplo de gatopardismo". Su implementación y propósito "no representan novedad alguna", siendo una "reproducción del antiguo dispositivo estatal conocido como SENAME". Su lógica sigue siendo "tutelar, vigilante, disciplinante, estigmatizante y maltratadora con la infancia pobre", es decir, la herencia de la dictadura bajo la actual administración. Esto se evidencia en que "ningún programa del SENAME ni del Servicio Mejor Niñez está diseñado a partir de estudios basados en evidencia de alto nivel", y en cambio, "abundan los diseños de intervención basados en objetivos de institucionalización infantil".
Propuestas como las Residencias de Alta Especialidad (RAE) o las Residencias Familiares se caracterizan por "propuestas de confinamiento, control, vigilancia y desarraigo familiar de niños, niñas y adolescentes", sin interés en intervenciones preventivas o de fortalecimiento parental. Las cifras de niños que ingresan al sistema de protección y años más tarde egresan como jóvenes condenados por la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como la violación de sus derechos fundamentales, son una prueba empírica de este fracaso.
Hacia un Nuevo Marco de Protección y Desafíos Pendientes
La sociedad chilena ha expresado un clamor con el lema "No más Sename", un grito por más justicia y una crítica a la "desidia de todos los gobiernos de las últimas décadas, que fueron incapaces de frenar esta espiral de violencia". Pensar en un futuro diferente para los niños del SENAME "implica pensar en un proyecto que nos involucra a todos y todas", con "otros modos de tratar la pobreza y sus efectos" y construir una "red de confianza y de solidaridad para acompañar la crianza de los niños y niñas".
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Junto con "Mejor Niñez", se ha creado el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que permitirá un sistema de justicia especializado para adolescentes. Esto representa una "institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia".
Sin embargo, para lograr un cambio real, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias "condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector". Es fundamental avanzar en "mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias", para asegurar que todos los niños bajo cualquier medida de protección tengan acceso a prestaciones sociales. La coexistencia de la Ley de Menores de 1967 junto a la normativa actual sigue siendo un desafío, haciendo que la "Convención Internacional de Derechos del Niño" se aplique de manera "segmentada y parcialmente".
Adicionalmente, se requiere "reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y hacer efectiva la protección y el buen trato dentro de ellas". Esto implica fortalecer el trabajo con las familias para superar las vulneraciones y lograr la reunificación, asegurando su derecho a vivir en familia. UNICEF apoya esta reformulación, colaborando con el rediseño de programas de familias de acogida y de revinculación familiar, y el cierre de los CREAD para 2021, consolidando las nuevas residencias familiares. También se apoya la articulación de actores institucionales para implementar acciones del Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025.
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, es crucial establecer el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, actualmente en discusión en el Congreso, para coordinar una oferta programática de reinserción social efectiva. También se deben mejorar las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los centros de privación de libertad, así como la supervisión de los programas que allí se brindan.
Finalmente, la perspectiva gubernamental del neoliberalismo ha llevado a que los niños y niñas del SENAME "nunca han sido empresarios de sí mismos", viviendo en objetivas condiciones de desprotección. La "racionalidad con la que funcionan los programas ambulatorios y residenciales del nuevo servicio de la niñez obedece no tanto a la impolítica y célebre máxima jurídica del «interés superior del niño», sino que a profundos procesos de confinamiento y corrección moral de las conductas infantiles en las familias del bajo pueblo". La estrategia jurídica de confinamiento demuestra un Estado que funciona como "tecnología política", donde "el deseo de protección de niños vulnerados se somete a mecanismos de estatización de la vida". La "dimensión de la muerte infantil no se expresa en la muerte física y necropolítica, sino en la notable posibilidad de hacer morir en vida a la niñez", una llamada a un debate ya no solo jurídico, sino filosófico, sobre a qué infancias se pretende "hacer vivir o dejar morir".