La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado de Chile ha sido objeto de una profunda preocupación, evidenciando una violación sistemática de sus derechos. Esta grave realidad fue confirmada por un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) en 2017, que investigó 240 hogares de menores.
Hallazgos del Informe de la PDI: Una Violencia Estructural
La investigación de la PDI, que se inició tras la conmovedora muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, reveló cifras alarmantes. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos. De estos, 310 tenían connotación sexual, 123 de ellos cometidos por adultos y 187 entre menores.
El informe policial, de 257 páginas que resumía una extensa investigación contenida en 28 tomos, fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La Fuerza de Tarea Sename de la PDI, a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork (quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016), visitó 240 de las 241 residencias existentes en el país.
Detalle de las Vulneraciones Graves
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
La PDI fue categórica al señalar que estas acciones de vulneración de derechos "se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en hogares de organismos colaboradores, otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. De los 310 abusos con connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros). Los 187 abusos sexuales cometidos por otros menores ocurrieron mayormente en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de "deserciones del sistema". Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra asciende a un 76,2%.
Fallas Estructurales y de Fiscalización en el Sename
El informe de la PDI también puso de manifiesto graves deficiencias en el cumplimiento de protocolos y en la fiscalización de los centros.
Incumplimiento de Protocolos Básicos
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", una situación crítica considerando que la muerte de Lissette Villa fue causada por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la responsabilidad de fiscalizar la existencia y cumplimiento de estos protocolos, lo cual evidentemente no ha ocurrido de manera efectiva.
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Deficiencias en la Supervisión y Responsabilidad Institucional
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa", restándoles efectividad. Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses; sin embargo, se confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. Varias instituciones, incluyendo el Poder Judicial, deben responder públicamente por este "desastre", ya que los jueces de familia, que deben visitar los centros dos veces al año, no detectaron estas vulneraciones sistemáticas.
El informe de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por diversas instituciones a lo largo de los últimos siete años, incluyendo el Informe Jeldres, la ONU, y la Contraloría. A pesar de que tras cada informe las autoridades han anunciado medidas y reformas, la situación no ha mejorado, evidenciando una ineficacia persistente.
Problemas de Salud y Cuidado en los Centros del Sename
La situación de salud de los NNA en los centros del Sename es crítica, tanto en el ámbito físico como mental.
Alta Prevalencia de Patologías y Falta de Atención
Según el reporte de la PDI, la cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además:
- Un 14,2% presenta alguna patología médica.
- El 13,9% sufre una enfermedad crónica.
- El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital.
- Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta situación es preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud. De los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 de estos centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Administración de Fármacos sin Control
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud". Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Investigaciones anteriores ya habían constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Esta dramática situación se acrecienta al considerar que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Internaciones Psiquiátricas Injustificadas y Violencia Institucional
Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicado en diciembre de 2018, reveló otra grave vulneración: jóvenes privados de libertad en centros del Sename son ingresados a unidades psiquiátricas para controlar la disciplina, incluso sin presentar patologías mentales.
Uso de Unidades Psiquiátricas como Medida Disciplinaria
Testimonios de terapeutas ocupacionales y ex-jefes de unidades psiquiátricas confirman que funcionarios de la institución utilizan esta vía cuando enfrentan conflictos de "difícil manejo", vulnerando los derechos de los adolescentes. El documento del INDH detalla que "hay adolescentes que son hospitalizados por presiones de funcionarios, como medida de castigo o como estrategia de resolución de un conflicto".
En Iquique, dos adolescentes fueron internadas en la Unidad de Atención Psiquiátrica (UHCIP) de un centro de menores privados de libertad, sin sufrir problemas de salud mental. Funcionarios del Sename presionan al personal de las UHCIP para que internen a jóvenes que solo presentan mala conducta, utilizando la vía "hospitalaria" (traslado a urgencias) para ingresar a quienes no cumplen con el perfil establecido por el Ministerio de Salud, ya que estas unidades están obligadas a recibirlos.
Sofía Sepúlveda, ex jefa de la Unidad de Atención Psiquiátrica del centro del Sename en Limache, denunció que el Sename la presionaba para ingresar a adolescentes al módulo hospitalario por su comportamiento violento, no por trastornos mentales. La denuncia de Sofía Sepúlveda fue realizada en 2018, y un año después, en julio de 2019, un actual funcionario del mismo centro de Limache aseguró que se seguían internando a jóvenes sin patologías psiquiátricas.
Violencia Cotidiana y Falta de Capacitación
En los centros, el trato violento entre los jóvenes es frecuente: "Pasan un montón de cosas complejas adentro: violaciones, intentos de suicidio, robo y tráfico", según el psicólogo y ex funcionario del Sename, Álvaro Ayala. Los "desajustes conductuales" son episodios de violencia inmanejables para los funcionarios del Sename, que buscan "descomprimir" las "casas" enviando a los más conflictivos a unidades psiquiátricas de corta estadía.
La falta de capacitación de los educadores de trato directo es un factor clave en estas internaciones injustificadas. Aunque el Sename ofrece capacitaciones en salud mental, estas son insuficientes, y no existe un plan nacional de formación. Muchos educadores, a quienes solo se les exige cuarto medio, no están preparados para trabajar con NNA con problemas de salud mental, y no cuentan con protocolos para enfrentar una crisis o desestabilización psiquiátrica.
El problema va más allá de los educadores; la salud mental es un tema que el sistema de justicia juvenil no ha logrado abordar exitosamente. La falta de formación no solo es de los funcionarios, sino también del Sename como institución, que "todavía está en pañales en temas de salud mental y en otras temáticas".
Radiografía de las Condiciones de Vida (Misión de Observación INDH 2017)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una misión de observación en 171 centros de todas las regiones de Chile. Entrevistaron a 401 NNA residentes y a trabajadores, además de evaluar infraestructura. Es importante destacar que, de los 250 centros existentes en Chile, solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename, mientras que el 95,6% restante es administrado por organizaciones colaboradoras.
Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y Trabajadores
- La población de estos centros es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% de entre 8 y 13 años. El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años (37,8% del total).
- La mayor parte del personal entrevistado corresponde a mujeres (87,9%), lo que indica una feminización del personal en los centros.
Condiciones de Vida y Cuidado
Aunque las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) suelen estar satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima, con deficiencias en calefacción, recreación, espacios comunes y resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Un 20% de los casos conviven adolescentes con niños y niñas de menor edad en un mismo dormitorio, o no se les separa por sexo.
Los centros presentan en un 21% sobrecupo, y en el 12,5% de estos casos puede llegar al 50%, e incluso superar el 75% en el 3% de los centros.
En alimentación, es crítico que en un 1,6% de los establecimientos los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias, cifra que asciende al 3% en centros que acogen a lactantes y preescolares. El 16% de los NNA entrevistados declara pasar hambre.
Trato del Personal y Discriminación
- El 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre les da un trato respetuoso y cariñoso.
- El 34% declara que existe trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios.
Vinculación con el Medio Externo y Educación
En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados para hablar directamente con el juez. Aunque el 72% de los centros reporta que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, solo el 32% de los NNA lo confirma.
En educación, el 93% de los NNA asiste a un establecimiento, pero solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar, y solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Una cifra preocupante es que solo el 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en las reuniones de apoderados, sumándose a la vulneración de derechos en el acceso y progreso educativo.
Familia e Identidad
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia el desarraigo y la pérdida de identidad. El 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por mal comportamiento del niño o niña. El INDH señala que el marco de las orientaciones técnicas del Sename es "muy amplio, discrecional e impreciso" para la revinculación familiar y el reforzamiento de la identidad.
Salud Mental, Violencia Institucionalizada, Violencia entre Pares y Abuso Sexual
- Salud mental: El 69% de los NNA de 14 años o más presenta sintomatología depresiva. Preocupa que el 45% de quienes tienen estos síntomas no pudo acceder a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no se encuentra en tratamiento.
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA declararon haber recibido algún tipo de castigo del personal en los últimos 12 meses (privación de contacto familiar, comida, encierro, contención física). El 46% reportó maltrato psicológico, el 12% agresión física leve y el 6% grave (patadas o quemaduras de cigarro).
- Violencia entre pares: El 48% de los NNA indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado. Un 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender estas situaciones.
- Abuso sexual: El estudio arrojó que en 23 casos (6,4% de prevalencia) se reportó abuso sexual en los últimos 12 meses. 8 de cada 10 víctimas son niñas, y el 78% de los casos fueron cometidos por otro menor de edad, mientras que el 7% fue por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el agresor, y el 52% sufrió abusos reiterados, con el 66% de los casos ocurriendo antes de los 14 años.
Conclusiones y Propuestas de Reforma para el Sistema de Protección
La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida que la sociedad en su conjunto debe asumir. Las conclusiones de estos informes son claras y exigen cambios profundos.
Recomendaciones Clave del INDH
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del menor.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para las residencias en la regulación de visitas de familiares u otros adultos significativos, así como en las actividades a realizar.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares por mala conducta del residente o atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA, como la existencia de un libro de vida que permita la reconstrucción de su pasado.
- Atender la estabilidad emocional de cuidadores y profesionales para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes del Sename en materia de maltrato, así como de la Ley N° 21.013 que sanciona el maltrato.
- Generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, asegurando mecanismos de denuncia efectivos y capacitación del personal para una escucha efectiva.
Salud mental, la clase que nadie nos dió | Fernando Lemarroy | TEDxTecdeMty
Desafíos y Perspectivas a Nivel Estatal
La muerte de más de mil niños bajo custodia del Sename entre 2005 y 2016 "no debe pasar como otra cifra más de una danza macabra de tragedias". Es imperativo asignar responsabilidades y revisar las políticas que permitieron esta realidad. La necesidad de una "cirugía mayor" en el Sename es evidente, pero no es suficiente. El problema tiene múltiples aristas relacionadas con la pobreza, indefensión, consumo de drogas y problemas sociales profundos, que requieren políticas públicas adecuadas y una mejor asignación de recursos.
Se propone la creación del Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del Sename (OCEP-SENAME) como entidad encargada de desarrollar programas de capacitación, formación y perfeccionamiento para los trabajadores, financiado con el presupuesto asignado al Sename.
Además, es crucial preguntarse qué sucedió para que estos niños llegaran al Sename como su hogar sustituto. Estudios muestran que un 27% de las personas privadas de libertad declararon haber estado en el Sename por medida de protección, y un 36% por infracción de ley. También, casi un 30% reportó haber vivido en la calle antes de los 18 años. Esto subraya la ecuación que asocia la marginalidad infantil con el delito y el ingreso en prisión. Se debe dar una vuelta de tuerca en el análisis del drama del Sename, aprovechando esta coyuntura dramática para priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, atendiendo a los problemas adyacentes que inciden directamente en que los niños lleguen al Sename, y que salgan de él a la calle o la cárcel.
Incluso, se debe revisar el sentido de la prisión, especialmente la parental. La evidencia empírica ha demostrado el nulo efecto reparador de la cárcel. En Chile, dos tercios de los niños vivían solamente bajo el cuidado de la madre cuando esta fue detenida. La prisión parental es un factor de riesgo para un amplio conjunto de problemas en NNA, incluyendo salud mental, abuso de drogas, fracaso académico y desempleo. Es necesario preguntarse sobre el sentido de la prisión de quienes cuidan a los niños y los dejan a la deriva cuando son encarcelados, considerando que una persona en prisión cuesta al Estado aproximadamente tres veces lo que se asigna por niño al Sename.
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