La situación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido un tema de constante preocupación y debate público, debido a la grave vulneración de derechos que han experimentado miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela. Esta crisis, abordada desde diversas disciplinas, ha revelado problemas estructurales, institucionales y sociales que se arrastran por décadas.
Una perspectiva histórica sobre la infancia vulnerable
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el doctorante Miguel Morales, han destacado la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del SENAME. En una columna publicada en El Mercurio, refirieron al abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, tras los hechos que han marcado el debate sobre la crisis actual. Ese hecho, aseguran, "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales".
Orígenes de la protección infantil
Illanes y Morales enumeran una serie de hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable. Explican que, "a fines de la Edad Media, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos; uno de los casos estudiados es la Barcelona del siglo XV". "Las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva", dan cuenta los historiadores. Lo anterior, aseguran, dificultó la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad. "Los registros, a su vez, mencionaron historias de maltratos y abusos. A partir de investigaciones como las descritas, dicen los académicos, se puede reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el lugar que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido.
El concepto de abandono y la desigualdad social
Illanes y Morales recalcan además que el uso del concepto de abandono en casos como los anteriores, puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Finalmente, los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados. El primero, aseguran, fue que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil.
Frente a todo lo anteriormente expuesto, Illanes y Morales se preguntan "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?". Y responden que si bien, "los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
La cruda realidad del SENAME: Informes y denuncias
La crisis del SENAME ha sido sistemáticamente documentada por diversos informes y denuncias, revelando un patrón de vulneraciones graves a los derechos humanos de los NNA bajo su cuidado. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a las autoridades a investigar los abusos.
Informe de la PDI (2017)
En 2017, un lapidario informe de la PDI investigó 240 hogares de menores en Chile. Las conclusiones fueron alarmantes:
- En el 100% de los centros que administraba el Sename directamente y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual.
- El documento policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público en su momento.
- El informe indicaba que en el 100% de los centros dependientes directamente del Sename se habían cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
- La investigación de la PDI, contenida en 28 tomos, fue solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investigaba las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, del área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Incumplimiento de protocolos y fiscalización deficiente
El equipo policial estableció que "el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename". Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales".
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar al menos cada seis meses, en dos hogares solo realizaron visitas anuales.
Salud mental y medicación: Una preocupación latente
La cifra de menores a cargo del Sename que padecían alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, era altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presentaba alguna patología médica y el 13,9% sufría una enfermedad crónica. Otro 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende:
- 42 centros no tenían un encargado de salud.
- En 55 centros que sí contaban con un responsable, la labor la realizaba un técnico de un área distinta a la salud.
- En 159 centros (el 66,3% del total) "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud".
Esta situación dramática se acrecenta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Misión de Observación INDH 2017: Un panorama desalentador
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros de todas las regiones del país. Los objetivos eran evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a NNA residentes.
Perfil de los NNA y trabajadores
De la muestra de 401 NNA entrevistados, la población de estos centros es fundamentalmente femenina (63,5%), con el 60% entre 8 y 13 años. El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años, que representan un 37,8% del total. Del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que da cuenta de una feminización del personal en los centros del SENAME.
Condiciones de vida y cuidado
Aunque las necesidades básicas estaban satisfechas, la calidad de las instalaciones no era óptima. Preocupa que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros presentaban un 21% de sobrecupo, llegando al 50% en el 12,5% de los casos. En materia de alimentación, resulta crítico que en un 1,6% de los establecimientos los NNA recibieran solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declaraba pasar hambre.
El 22% de los NNA consideraba que el personal no siempre les daba un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declaraba trato discriminatorio por parte de los funcionarios.
Vinculación con el medio, educación y familia
- En un 4% de los Centros se declara que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el juez directamente.
- Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez durante las visitas.
- El 93% de los NNA asistía a un establecimiento educacional, pero solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hacía. El 20% presentaba retraso escolar.
- El 40% de los centros ponía restricciones a los horarios de visita de la familia, y el 30% no admitía más de dos visitas a la semana.
- Un 16% de los centros utilizaba el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y el 13% reportaba suspender las visitas por mal comportamiento.
Salud mental y violencia institucionalizada
El 69% de los NNA de 14 o más años presentaba sintomatología de cuadro depresivo, y el 45% de ellos no había podido acceder a un psicólogo o psiquiatra. 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte del personal, incluyendo privación de contacto con la familia (15%), ser dejados sin comida (7%), ser encerrados (7%) y contención física (12%). El 46% reportó maltrato psicológico y el 12% agresión física leve, mientras que el 6% agresión grave.
Violencia entre pares y abuso sexual
El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. En 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses (prevalencia del 6,4%). Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, lo que indica una feminización de las víctimas. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% el abuso fue efectuado por un adulto del centro.
El caso de Guillermina y el caos estadístico
El trágico caso de Guillermina, de 16 años, quien falleció en 2012 en un centro del SENAME tras resistirse violentamente a su reingreso y ser encontrada colgada, ilustra la falta de protocolos adecuados y la negligencia en la atención a menores vulnerables con historiales complejos. Su muerte fue registrada como un "egreso" más del sistema, equiparable a un escape o una reinserción familiar, lo que evidencia la deshumanización en el manejo de estos casos.
La exsecretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, calificó al sistema de SENAME como "en estado terminal". El caos estadístico sobre el número de menores fallecidos bajo tutela estatal ha sido una constante, con cifras que varían drásticamente entre diferentes informes, lo que dificulta la real dimensión del problema. El diputado René Saffirio ha denunciado que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales.
Las voces de las víctimas: El testimonio de Catalina
El testimonio de Catalina, quien pasó parte importante de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado en distintos hogares, revela las profundas cicatrices y la falta de acompañamiento que sufren los jóvenes al egresar del sistema. "Se supone que no había cupos en la residencia donde cumplí los 18", relata. "El problema es que a los chicos y a las chicas nadie les dice con claridad cuáles son sus derechos, como que si están estudiando, el Estado debe continuar protegiéndolos hasta los 24 años".
Catalina estuvo en dispositivos del Sename desde los tres años, viviendo en la Protectora de la Infancia y luego con una familia de acogida. "Ahí sentí que se preocupaban de mí, de mis estudios, de mis necesidades", recuerda sobre su estancia con la familia de acogida. Ella enfatiza que no siempre la pobreza es la causa de la institucionalización, sino que, en su caso, fue la irresponsabilidad y la falta de competencias de sus padres.
El machismo y la hipersexualización en las residencias
Catalina, con la lucidez que le otorga su experiencia, señala que "vivimos en una sociedad machista. Somos hijas de una generación que todavía no entiende que hay cuestiones inaceptables, como la discriminación sexual, el abuso sexual, los prejuicios de género". Lo más grave, según su testimonio, es el tema sexual en las residencias: "Niñas de 6, de 7 años están hablando de eso todo el tiempo. Hiper sexualizadas. Es algo con lo que vienen y como que se te pega como en la residencia, porque dentro no hay educación, no hay charlas ni talleres, que les permitan a las niñas salir de eso".
Subraya que muchas niñas llegan a las residencias por causa de abuso sexual reiterado, y lo peor es que "lo ven como si fuera normal, que no se sientan ni se perciban a sí mismas como víctimas". Denuncia la impunidad: "No es posible que haya tantas niñas en residencias por abuso sexual y que sus abusadores estén libres. Que nunca siquiera se les haya interrogado".
El "salto al vacío" tras el egreso
Catalina describe el egreso de los jóvenes de las residencias como un "salto al vacío, sin paracaídas". "A los 18 años te dejan a la deriva como si a esa edad una pudiera mantenerse y sostenerse por sí misma. Eso es algo prácticamente imposible". Aunque ella pudo salir adelante gracias a su esfuerzo y al apoyo de personas externas al sistema, reconoce que muchos otros no tienen esa fortuna debido a problemas de aprendizaje o psiquiátricos graves.
Actualmente, Catalina es una activista y parte de Red Egresa, una fundación creada por jóvenes exresidentes para apoyar a otros en su proceso de transición a la vida independiente. "Les hablamos de lo que las residencias no les cuentan: cómo dar la PSU, cómo ahorrar, cómo postular a la universidad. Desde nuestras experiencias de vida, les mostramos que se puede salir adelante".
La "Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes" (ESCNNA)
La explotación sexual comercial de NNA bajo tutela del Estado es otra faceta oscura de esta problemática. Hasta febrero de 2022, el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por ESCNNA, con 115 menores víctimas en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez.
Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la ESCNNA, también existen casos intrarresidenciales. En 2020, en Antofagasta, se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia una residencia del Sename y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas. En 2021, una situación similar se repetía en el sur del país para otras dos jóvenes.
La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, explica que el trabajo en salud mental es crucial porque las menores han vivido vulneraciones desde que nacieron y han normalizado estas situaciones. "A veces son hijas de prostitutas o incluso han experimentado el abuso sexual en la primera infancia. Entonces, cuando les empiezan a pagar no ven la diferencia".
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, es tajante al afirmar que "el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud". Las dificultades en la persecución penal son enormes, ya que el delito de ESCNNA no está contemplado como tal en el Código Penal, lo que dificulta las formalizaciones y condenas.
Mejor Niñez: ¿Una solución a la crisis?
El 5 de enero de 2021, se publicó la Ley 21.302 que crea el "Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica", que viene a reemplazar el actual Sename. Este nuevo servicio, conocido como Mejor Niñez, busca transformar el sistema de protección.
Cambios y desafíos
Entre los principales cambios implementados por el nuevo servicio se encuentra la reconversión de los centros masivos en residencias familiares más pequeñas, con un límite de 10 a 15 NNA. Desde el servicio señalan que el propósito es entregar una atención más personalizada. Se enfatiza la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, persisten las dudas.
Para Branislav Marelic, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que van a realizar las cosas bien, "pero no asegura que cambie nada". Algunos funcionarios señalan que las residencias de Mejor Niñez están enfrentando los mismos problemas de sobrecarga, maltrato y denuncias de abuso sexual y violación, pero a una escala reducida.
La magistrada Jeldres mantiene su crítica respecto a los avances: "En materia de salud mental la oferta es inexistente". Destaca que las UCRI (Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva) aún no se han creado, a pesar de los compromisos.
Comisión de Verdad y Niñez: Buscando justicia y reparación
La Comisión de Verdad y Niñez fue creada en diciembre de 2024 a raíz de la sentencia dictada ese año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta sentencia evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer", ocurrida en 2007, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país.
La función de esta Comisión es permitir a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por estos centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de la existencia del Sename, según un informe de UNICEF.
La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informadas al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.