La protección de la infancia en Chile, especialmente en regiones como Los Andes, ha enfrentado históricamente graves desafíos. Las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) se han incrementado y cronificado, principalmente debido a prácticas inadecuadas en la crianza y la falta de orientación o competencias parentales adecuadas. Estas situaciones a menudo convierten a los NNA en espectadores de conflictos familiares complejos.
Organismos de Protección y Casos Emblemáticos
Organismos como establecimientos educativos, tribunales de familia y Oficinas de Protección de Derechos (OPD) demandan constantemente intervenciones para familias con conflictos permanentes que necesitan desarrollar y/o potenciar habilidades parentales. Un ejemplo de esto es el PPF Laguna del Inca, que se ha enfocado en talleres para padres y/o adultos responsables, proporcionando herramientas para una crianza basada en el buen trato y la resolución no violenta de conflictos. Adicionalmente, han realizado actividades con NNA, desde sesiones individuales hasta la inclusión en espacios formativos, promoviendo la interacción y el análisis de sus experiencias de vulneración.
Los profesionales que abordan las causales de ingreso en estos programas incluyen directores, asistentes sociales, psicólogos y gestores, quienes trabajan desde una perspectiva individual, familiar y sociocomunitaria, entendiendo a los usuarios como sujetos de derecho integrales.
La Comisión Asesora Presidencial y el Legado del SENAME
Recientemente, se ha iniciado un proceso de investigación por parte de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos a NNA resguardados por el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Aunque inicialmente el período de estudio abarcaba entre 1979 y 2021, la persistencia de irregularidades en el nuevo servicio, Mejor Niñez, ha llevado a extenderlo hasta 2024. Este hito, consecuencia de la constitución de la comisión en diciembre de 2024, plantea la crucial pregunta sobre la posibilidad de reparar los daños derivados de la traumatización causada por la violencia estatal contra NNA, quienes sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, llegando incluso a la muerte, todo bajo la promesa de cuidado y protección.
El impacto del trauma en el desarrollo infantil - Maestría en Psicología UCdC
La clínica del trauma indica que este se constituye en dos momentos: un hecho real abusivo que interrumpe la continuidad de la existencia, y un segundo momento de desmentida por parte del entorno cercano y social. Los silencios, la falta de reconocimiento, de verdad, justicia y reparación, profundizan el trauma. Reconocer el silencio cómplice de tantos años ha sido un proceso doloroso, catalizado por eventos como la muerte de Lissette Villa en 2016, cuyo relato en los medios de prensa impidió seguir sosteniendo la indulgencia con la que las autoridades abordaban estos casos.
Previamente, el Informe Jeldres de 2013 ya había revelado cifras alarmantes: el 88% de las residencias registraron vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos del SENAME incurrieron en prácticas sistemáticas que lesionaban los derechos de los NNA.
Historia de las Reformas y Desafíos Actuales
La historia de las deficiencias en el sistema de protección se remonta a la ratificación en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que comprometió a Chile a adecuar su normativa y políticas. Desde 1992, los informes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas señalaron la necesidad de una nueva ley de infancia y la obligación ética de atender las malas condiciones de la niñez bajo protección estatal.
A pesar de los avances del actual gobierno, como la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la reforma integral al sistema de adopción y la comisión actual, la cantidad de años que la sociedad ha esperado para detener esta violencia es alarmante. Es importante señalar que en este esfuerzo quedaron fuera las víctimas de entornos eclesiásticos, una denuncia dolorosa de la Red de sobrevivientes.
La comisión no es solo un acto político; representa una oportunidad para superar la desmentida que por años ha tomado la forma de eufemismos, contradicciones y un "en la medida de lo posible". Oír los testimonios, reconocer las experiencias y, sobre todo, no olvidar, es un imperativo ético.
Casos Específicos en Los Andes: La Residencia Sagrada Familia
Un caso que ilustra la complejidad de la situación es el de una madre, Vitalia, cuyas dos hijas han estado albergadas en Casa Belén y Sagrada Familia en Los Andes durante seis años. Según Vitalia, el Juzgado de Familia de San Felipe les quitó la custodia debido a presuntas tocaciones por parte de su pareja. La hija mayor, de 12 años, quien reside en Casa Sagrada Familia, escribió cartas a su madre denunciando el exceso de fármacos administrados en el hogar.
Vitalia asegura que su hija se ha fugado varias veces de la Residencia Sagrada Familia y que en una ocasión la encontró en la calle, incluso sin zapatos. Estas cartas, en las que la niña pide ayuda a su madre, fueron desconocidas por el personal de la residencia hasta que la madre las presentó. La psicóloga del centro, al enterarse, se acercó a la niña, quien confirmó haberlas escrito bajo el dictado de su madre "para no tener dificultades con ella".
Atención Médica y Psicológica en las Residencias
El proyecto de la Residencia Sagrada Familia tiene una cobertura de 25 niñas. La psicóloga a cargo explicó que la niña en cuestión es evaluada por una psicóloga de forma particular, con sesiones semanales de al menos una hora. Además, al no dar respuesta en salud mental solo con esa atención, el sistema residencial cuenta con una psiquiatra particular que se relaciona con la psicóloga y la enfermera, atendiendo personalmente a la niña cada seis meses.
En relación a los fármacos, la psicóloga mencionó que hay niñas preadolescentes con un nivel de impulsividad extremadamente alto que se expresa en conductas agresivas. Para casos como el de esta pequeña, quien es "altamente agresiva en ocasiones", existen fármacos que actúan a nivel cerebral para ayudar a controlar el impulso.
Desde la perspectiva profesional, la psicóloga considera que la señora Vitalia "busca dar respuesta y claridad a su inquietud", pero prioriza el fin sobre los medios. Reconoce el deseo de la madre de vivir con su hija, pero señala que este deseo es "poco claro" desde el punto de vista de lo que la madre puede brindarle en términos de protección y cuidados para evitar futuros eventos traumáticos, razón por la cual existe una medida de protección.
El Nuevo Servicio "Mejor Niñez"
El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, no es ni el "ex" ni el "nuevo SENAME". Es una nueva institución que busca construir una nueva historia para los NNA vulnerados en sus derechos, comenzando con un cambio de paradigma y de estructura. Una profesional que se sumó al equipo implementador de Mejor Niñez desde marzo de este año, proveniente del diario virtual El Líbero, trabaja en el área de comunicaciones y gestión del cambio, enfrentando el desafío de instalar una nueva cultura en la institución.
Ella describe la experiencia como "enriquecedora, llena de desafíos", que le ha permitido conocer realidades diversas en todo Chile, unida por el compromiso común de mejorar la vida de los NNA en protección. El gran reto es "terminar con la desesperanza instalada y la deuda histórica en materias de niñez", ya que la sistematicidad de los fallos ha erosionado la confianza de la gente.
Tragedia y Revisión de Familias de Acogida
La muerte de Ámbar, una menor de un año y siete meses en Santiago, presuntamente por abusos sexuales y golpes por parte de la pareja de su tía, generó una transversal condena social. Este ataque ocurrió mientras la menor estaba bajo el cuidado de su familia extensa, por decisión del Tribunal de Familia de Los Andes, y era acompañada por el programa FAE Ayün de la ONG Galerna, organismo colaborador del SENAME.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y SENAME anunciaron una querella contra el autor de los hechos y una revisión de las familias de acogida para asegurar la protección de los niños bajo su cuidado. El Presidente Sebastián Piñera también indicó que se realizaría una "exhaustiva supervisión" al programa en cuestión.
Las familias de acogida buscan asistir y proteger a menores que han sufrido vulneraciones como abandono, violencia sexual u otras formas de maltrato, y que han sido judicialmente separados temporalmente de su grupo familiar de origen. Esto implica una evaluación y diagnóstico para aplicar medidas que restablezcan la convivencia. Algunas de estas familias dependen directamente del servicio, mientras que otras son administradas por organismos colaboradores supervisados por el SENAME, mediante licitaciones públicas.
Los requisitos evaluados incluyen "interés y aptitudes para la crianza infantil; ingresos económicos estables; salud psíquica y física compatible; mantener vínculos de afecto y desprendimiento", ya que el niño deberá regresar con su familia de origen o ir a vivir con una familia adoptiva. En el caso de familias extensas, se evalúan requisitos adicionales, como la existencia de una relación previa con el menor. Ambos programas tienen los mismos lineamientos, pero el administrado directamente por el servicio suele potenciar familias externas.