Un contundente informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, elaborado en 2017, ha sacado a la luz una alarmante realidad: el Estado chileno estaría violando sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela en los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y aquellos administrados por particulares.
Hallazgos devastadores del informe policial
La investigación, que abarcó 240 hogares de menores, arrojó resultados escalofriantes. Se constataron un total de 2.071 casos de abusos y vulneraciones de derechos. De estos, un preocupante 100% se registró en centros administrados directamente por el Sename, y un 88% en aquellos gestionados por entidades particulares. Dentro de estas cifras, se identificaron 310 abusos con connotación sexual.
Tan grave como la magnitud de los abusos es el hecho de que el informe policial, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público. Esta falta de transparencia ha generado indignación, especialmente tras la conmovedora muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, un suceso que movilizó a diversas instituciones del Estado para intentar detener los abusos en los hogares del Sename, sin que, según el informe, esto haya sucedido.
El documento de la PDI, de 257 páginas y resumen de una investigación más extensa contenida en 28 tomos, fue elaborado a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
Responsabilidades y falta de acción
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe, expresó su extrañeza ante la posible omisión de información por parte de las autoridades, incluyendo al ministro de Justicia, Hernán Larraín. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer el documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
El informe de la PDI no solo constata una violencia sistemática, sino que su alcance es significativamente mayor que el de un reporte previo de la ONU. Mientras el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, la policía examinó 240 de las 241 existentes a nivel nacional, abarcando a cerca de 6.500 niños y adolescentes en el sistema de residencias.
Se señala que varias instituciones deben responder por esta situación, incluyendo no solo al Sename, sino también al Poder Judicial. Se cuestiona la labor de los jueces de familia, quienes tienen la obligación de visitar los centros dos veces al año, y se pregunta si nunca constataron estas vulneraciones sistemáticas o si han ordenado su cese e investigación.
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Antecedentes y contexto de la investigación
El informe de la PDI se suma a una serie de reportes elaborados por diversas instituciones en los últimos siete años. Entre ellos destaca el Informe Jeldres, una investigación conjunta del Poder Judicial y UNICEF. La brutalidad de sus hallazgos impulsó varias investigaciones, incluyendo comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename y múltiples informes de la Contraloría, además del reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Tras cada informe, las autoridades han anunciado medidas, sanciones y reformas. La muerte de Lissette Villa actuó como catalizador para que el país conociera otras historias similares dentro del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y en particular de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para proporcionar cifras precisas sobre las muertes en los hogares, motivó la investigación penal iniciada por la Fiscalía.
El fiscal Marcos Emilfork, a cargo de la indagatoria, conformó un equipo especial de la PDI con dedicación exclusiva para investigar las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó a este equipo policial que visitara todos los centros dependientes del Sename. De las 241 residencias existentes, 240 fueron inspeccionadas, con solo una institución negándose a recibir a los investigadores.
Desglose de las vulneraciones y abusos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares (entre menores).
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) confeccionar un informe de resumen. Se identificaron casos de alta complejidad médica y posible riesgo vital, como el de 40 menores que fueron informados al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud en mayo de 2018 para la adopción de medidas urgentes.
El informe también reveló que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente ocurrieron. La mayoría de los directores de los centros indicó a la PDI no contar con información previa a 2017 sobre vulneraciones graves, lo que limita los datos recopilados principalmente a ese año.
Maltratos y abusos sexuales en distintos tipos de centros
Se detalla que una parte considerable de los maltratos perpetrados por adultos ocurrieron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), pertenecientes al área de protección, se registraron 105 maltratos de adultos hacia menores. En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes, hubo otros 137 casos similares.
En cuanto a los abusos sexuales, se constató que ocurrieron en el 50% de los hogares, sumando un total de 310 casos. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). Los 187 abusos sexuales cometidos por otros menores se concentraron mayoritariamente en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Funcionamiento deficiente y falta de protocolos
El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentó casos de “deserciones del sistema”, cifra que aumenta al 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
A pesar de que el Sename ha fijado protocolos prioritarios para asegurar un mínimo resguardo a la integridad de los niños, el equipo policial determinó que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional carece de protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa se produjo por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco disponía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Se cuestiona la falta de acción del Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, para fiscalizar el cumplimiento de estos protocolos. El informe policial indica que, si bien el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas previamente.
Los tribunales de familia también deben fiscalizar los centros del Sename al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI constató que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Problemas de salud y personal no cualificado
La PDI reporta una cifra extremadamente alta de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica: un 37,3% de los residentes. Adicionalmente, un 14,2% presenta patologías médicas, un 13,9% sufre una enfermedad crónica, un 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital, y un 19,8% tiene algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava al analizar la gestión de la salud en los centros. Un sorprendente 42 centros carecen de un encargado de salud. De los 198 centros que sí lo tienen, la función es ejercida por personal que no cumple el perfil necesario. En 55 centros, la labor de administrar medicamentos recae en un educador de trato directo sin formación profesional o técnica en salud, un cargo que solo exige tener cuarto medio rendido.
Una investigación previa de CIPER en 2016 ya había constatado la falta de control en el suministro de fármacos a niños y adolescentes del Sename, a menudo utilizados como método de contención. La dramática situación se ve exacerbada por las deficientes condiciones estructurales: el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber conocido el informe de la PDI, calificando de falso lo declarado por el parlamentario. El ministro afirmó haber tenido conocimiento de la realización del estudio, pero lo enmarcó como parte de un proceso judicial del cual el Ejecutivo no forma parte, desconociendo si ya se había concluido o si el documento estaba en posesión del juez.
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